Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04540-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04540-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-04540-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04540-00
Accionante: BELISARIO JIMÉNEZ LUQUEZ
Accionado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Belisario Jiménez Luquez, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en
conexidad con los principios de legalidad y soberanía popular, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 12 de marzo de 2026, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad electoral con número
de radicación 44001-23-40-000-2025-00078-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Señaló que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral núm. 44001-23-40-000-2025-00078-00/01, con el fin de que se declarara
la nulidad del formulario E-26 ALC de 18 de mayo de 2025 en el que consta la
elección de Ivón Rosana Manjarrez Ustáriz como alcaldesa del municipio de La Jagua
del Pilar (La Guajira) para lo que resta del periodo 2024-2027.
2.2. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia, al
Tribunal Administrativo de La Guajira, autoridad judicial que, mediante sentencia de
18 de diciembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionantes: Belisario Jiménez Luquez
2.3. Manifestóque interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 12 de marzo de 2026,
confirmó la decisión de primera instancia.
2.4. Comentó que las providencias antes referidas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en conexidad
con los principios de legalidad y soberanía popular, por haber incurrido en los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
2.5. Respecto del defecto sustantivo, señaló que “[…] el Consejo de Estado aplicó el
principio de preclusión del articulo 192 del Código Electoral a la acción de Nulidad
Electoral, artículo 275.7 del CPACA y manifestó que como no se presentó reclamación
alguna en la etapa de los escrutinios, había perdido el derecho. Considero que es una
vía de hecho por cuanto las causales de reclamación del articulo 192 del Estatuto
Electoral Colombiano y las causales de nulidad el articulo 275 del CPACA son
autónomas, no se exige agotar reclamación previa exigirlo constituye indudablemente
una barrera inconstitucional de acceso a la justicia, articulo 229 Superior, confundir el
régimen de reclamaciones en escrutinios con el de nulidad electoral es un defecto
sustantivo, pues son acciones con naturaleza, términos y competencia distintas […]”.
2.6. Igualmente estableció su configuración por desconocer el artículo 117 de la Ley
136 de 1994, “[…] El citado artículo […], manifiesta entre sus apartes con el fin de
mejorar la prestación de los servicios… los Concejos pondrán dividir sus municipios
en comunas… y en corregimientos en el caso de las zonas rurales de acuerdo al
artículo 300.6 de la C.P. las Asambleas crean municipios mas no corregimientos. “[…]”
Es claro e indudable que el Consejo de Estado confundió creación de municipios con
creación de corregimientos. Sin duda estamos al frente de un defecto sustantivo por
aplicación indebida del articulo 300.6 Constitucional e inaplicación del artículo 117 de
la Ley 136/94 […]”.
2.7. Sobre el defecto fáctico argumentó que “[…] En el parágrafo 92. Reconoce que
aporté certificación expedida por el Presidente del Consejo (sic) del Municipio de La
Jagua del Pilar, que prueba que el corregimiento “El Plan” no tiene soporte alguno de
creación legal, pero esta corporación no resuelve si existe o no, se va a la preclusión
[…]”. Agregó que “[…] es una vía de hecho y hay defectos facticos (sic) cuando el Juez
enuncia la prueba determinante, pero omite valorarla es una motivación aparente que
viola el articulo 29 constitucional […]”.
2.8. Sostuvo que “[…] Lo que hizo el Consejo de Estado al usar la ordenanza 018 de
1998, para probar la existencia legal de “El Plan” como corregimiento, la ordenanza
crea el municipio, mas no crea corregimientos, usar o utilizar esa prueba para acreditar
competencia del Concejo Municipal es valoración irrazonable, valorar una prueba que
no demuestra el hecho alegado es defecto factico (sic) […]”.
2.9. Mencionó, en relación con el desconocimiento del precedente judicial, que “[…] La
actuación del Consejo de Estado la enuncia en el párrafo 93 reconoce la prueba de
trashumancia con SISBEN/ADRES y censo electoral 4.473 vs 2.732 del Dane, y no
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Accionantes: Belisario Jiménez Luquez
aplica el estándar probatorio desconociendo el precedente de diferencia entre el censo
electoral y DANE superior al 20% es un indicio grave que invierta la carga de la prueba.
En las elecciones atípicas desarrolladas en el municipio de La Jagua del Pilar, existió
una diferencia del 63% del resultado electoral, el Consejo de Estado debía anular o
exigir al demandado probar arraigo […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Se amparen mis derechos Constitucionales y fundamentales al
debido proceso, art. 29 numeral 1, artículo 3 de la Ley 1437 del 2011 y artículo
14 de la Ley 1564 del 2012), Derechos Políticos art 40, Soberanía Popular art.
3 Principio de Legalidad art. 121, Acceso a la Administración de justicia, art. 229
Constitucionales Garantías judiciales, art. 8.1 Derechos políticos art. 23
Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales fueron
flagrantemente vulnerados por la sentencia de primera y segunda instancia
proferidas los días 18 de Diciembre de 2025 y 12 de Marzo de 2026, por El
Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira y el Consejo de Estado –
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta dentro de la acción
Nulidad Electoral con Radicación 44001-23-40-000-2025-00078-01, al incurrir
en múltiples vías de hecho (hoy llamadas requisitos específicos de
procedibilidad), puntualmente en los defectos fácticos y sustantivo, por indebida
valoración probatoria y una aplicación incongruente de normas, configurando
causales específicas para la procedencia excepcional de la Acción de Tutela en
contra de providencia judicial como es el caso que aquí nos ocupa.
SEGUNDA: Se declare que la sentencia de segunda instancia proferida por El
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, el
día 12 de Marzo de 2026, dentro de la acción de Nulidad Electoral, consagrado
en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 del 2011, con radicado No.
44001-23-40-000-2025-00078-01, incurrió en defectos tanto generales como
específicos que habilitan excepcionalmente la procedencia de la presente
Acción de Tutela contra providencias judiciales, conforme a los parámetros
fijados por la jurisprudencia Constitucional.
TERCERA: Con fundamento en los hechos relacionados, solicito a Usted Señor
Magistrado de la Corte Constitucional, tutelar mis derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, consagrado en la Constitución Política en el
artículo 29 entre otros por manifiesta violación en la valoración probatoria
realizada en la sentencia de segunda instancia por parte de la Magistrada
ponente GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA.
CUARTA: Con fundamento en los hechos relacionados, solicito a Usted Señor
Magistrado de la Corte Constitucional, tutelar el derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia, consagrado en la Constitución Política en el
artículo 229 por manifiesta violación en la interpretación normativa sobre las
normas de tránsito en Colombia
QUINTA: En consecuencia, a la vulneración, solicito al despacho deje sin
efectos la sentencia del 12 de Marzo de 2026, y en su lugar se proceda a
conminar al Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Quinta, a emitir una nueva decisión que garantice la debida aplicación del
debido proceso sobre la valoración probatoria y se garantice la interpretación
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Accionantes: Belisario Jiménez Luquez
normativa adecuada sobre las normas de tránsito en Colombia. […]”. [Negrilla
del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 16 de junio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, negó las medidas
provisionales solicitadas por el accionante y vinculó como terceros con interés
directo en el resultado del proceso al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, a los señores Germán Ernesto Escobar Higuera e Ivón
Rosana Manjarrez Ustáriz y al Tribunal Administrativo de La Guajira.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Consejo Nacional Electoral - CNE solicitó su desvinculación del presente
trámite de tutela “[…] ante la falta de legitimación en la causa por pasiva debido a
que no es la autoridad competente para satisfacer las pretensiones del accionante
[…]”.
5.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado manifestó que la presente acción de
tutela no reviste de relevancia constitucional, debido a que, “[…] la parte actora se
limitó a exponer su inconformidad con las consideraciones de la sentencia
cuestionada, pues se recuerda, que la tutelante insiste en el desconocimiento del
precedente, la indebida aplicación normativa y la indebida valoración probatoria,
respecto del funcionamiento irregular de las mesas de votación en un corregimiento
que a su juicio no estaba creado y la presunta trashumancia que se presentó en el
certamen respectivo. […]”. Por lo anterior, solicitó, de forma principal, declarar la
improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, o, en su defecto, negar el amparo solicitado.
5.3. La señora Ivón Rosana Manjarrez Ustáriz, por intermedio de apoderado, enfatizó
en que no se observa violación alguna a los derechos fundamentales invocados por
el accionante y que la presente acción no reúne los requisitos establecidos por la
jurisprudencia, por lo que considera que se debe negar el amparo solicitado.
5.4. El
Tribunal Administrativo de La Guajira solicitó declarar improcedente la
acción de tutela por ausencia de relevancia constitucional, “[…] El accionante centra
sus reproches en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, sin atribuir vulneración o amenaza a sus derechos
fundamentales por parte del Tribunal Administrativo de La Guajira por medio de la
sentencia de primera instancia de 18 de diciembre de 2025 […]”. Agregó que “[…]
se concreta en reiterar los argumentos formulados en sede de nulidad electoral que,
incluso, fueron analizados de forma rigurosa y detallada en ambas instancias del
proceso […]”.
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Accionantes: Belisario Jiménez Luquez
5.5. La Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC solicitó negar la protección
invocada, “[…] toda vez que no se evidenció vulneración de derecho fundamental
alguno […]”. Asimismo, expuso que, “[…] en la acción constitucional, lo que se
advierte es que se insiste en puntos que fueron resueltos de fondo por otros jueces
en virtud de sus especificas competencias la acción de tutela pierde su carácter
autónomo procesal y se convierte en un recurso ordinario; en ese sentido, la
doctrina ha expuesto los factores que permiten identificar cuándo una demanda de
tutela camufla un recurso ordinario […]”. Finalmente, solicitó la desvinculación de la
acción de tutela por considerar que se configura la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de desvinculación procesal
presentadas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
7
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006 , señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
1 “[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3 “[…][ Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela
[…]”.
4 “[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho […]”.
5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Accionantes: Belisario Jiménez Luquez
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente
de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional
del Estado Civil hicieron parte del proceso judicial cuyas actuaciones se cuestionan
mediante la presente acción de tutela, la Sala considera que a estas entidades sí
les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional.
10. Por
lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación presentadas,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Accionantes: Belisario Jiménez Luquez
14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionantes: Belisario Jiménez Luquez
19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
20. Elseñor Belisario Jiménez Luquez, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en
conexidad con los principios de legalidad y soberanía popular, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 12 de marzo de 2026, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad electoral con número
de radicación 44001-23-40-000-2025-00078-00/01.
21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.
23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.
24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Accionantes: Belisario Jiménez Luquez
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04540-00
Accionantes: Belisario Jiménez Luquez
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.
27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.
28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en conexidad
con los principios de legalidad y soberanía popular, por haber incurrido en los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
28.1. Respecto del defecto sustantivo, señaló que “[…] el Consejo de Estado aplicó el
principio de preclusión del articulo 192 del Código Electoral a la acción de Nulidad
Electoral, artículo 275.7 del CPACA y manifestó que como no se presentó reclamación
alguna en la etapa de los escrutinios, había perdido el derecho. Considero que es una
vía de hecho por cuanto las causales de reclamación del articulo 192 del Estatuto
Electoral Colombiano y las causales de nulidad el articulo 275 del CPACA son
autónomas, no se exige agotar reclamación previa exigirlo constituye indudablemente
una barrera inconstitucional de acceso a la justicia, articulo 229 Superior, confundir el
18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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régimen de reclamaciones en escrutinios con el de nulidad electoral es un defecto
sustantivo, pues son acciones con naturaleza, términos y competencia distintas […]”.
28.2. Igualmente estableció su configuración por desconocer el artículo 117 de la Ley
136 de 1994, “[…] El citado artículo […], manifiesta entre sus apartes con el fin de
mejorar la prestación de los servicios… los Concejos pondrán dividir sus municipios
en comunas… y en corregimientos en el caso de las zonas rurales de acuerdo al
artículo 300.6 de la C.P. las Asambleas crean municipios mas no corregimientos. “[…]”
Es claro e indudable que el Consejo de Estado confundió creación de municipios con
creación de corregimientos. Sin duda estamos al frente de un defecto sustantivo por
aplicación indebida del articulo 300.6 Constitucional e inaplicación del artículo 117 de
la Ley 136/94 […]”.
28.3. Sobre el defecto fáctico argumentó que “[…] En el parágrafo 92. Reconoce que
aporté certificación expedida por el Presidente del Consejo (sic) del Municipio de La
Jagua del Pilar, que prueba que el corregimiento “El Plan” no tiene soporte alguno de
creación legal, pero esta corporación no resuelve si existe o no, se va a la preclusión
[…]”. Agregó que “[…] es una vía de hecho y hay defectos facticos (sic) cuando el Juez
enuncia la prueba determinante, pero omite valorarla es una motivación aparente que
viola el articulo 29 constitucional […]”.
28.4. Sostuvo que “[…] Lo que hizo el Consejo de Estado al usar la ordenanza 018 de
1998, para probar la existencia legal de “El Plan” como corregimiento, la ordenanza
crea el municipio, mas no crea corregimientos, usar o utilizar esa prueba para acreditar
competencia del Concejo Municipal es valoración irrazonable, valorar una prueba que
no demuestra el hecho alegado es defecto factico (sic) […]”.
28.5. Mencionó, en relación con el desconocimiento del precedente judicial, que “[…] La
actuación del Consejo de Estado la enuncia en el párrafo 93 reconoce la prueba de
trashumancia con SISBEN/ADRES y censo electoral 4.473 vs 2.732 del Dane, y no
aplica el estándar probatorio desconociendo el precedente de diferencia entre el censo
electoral y DANE superior al 20% es un indicio grave que invierta la carga de la prueba.
En las elecciones atípicas desarrolladas en el municipio de La Jagua del Pilar, existió
una diferencia del 63% del resultado electoral, el Consejo de Estado debía anular o
exigir al demandado probar arraigo […]”.
29. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional; y
ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia
con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano de cierre de
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
30. La Sala advierte que el accionante, incluso, en el escrito de tutela señaló que “[…]
Es importante advertir a los Honorables Magistrados que los defectos que reitero en
esta acción constitucional fueron expuestos en el trámite de la acción de nulidad
electoral de la referencia. […]”. En consecuencia, resulta evidente que la tutela
reproduce los mismos cuestionamientos planteados y resueltos en el proceso
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Accionantes: Belisario Jiménez Luquez
ordinario, sin plantear una cuestión de relevancia constitucional que justifique la
intervención excepcional del juez de tutela.
31. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
32. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que la Sección Quinta del Consejo
de Estado confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
33. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue analizada
por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la providencia cuestionada:
“[…] 91. Corresponde a la Sección determinar si, en este caso, se logra verificar
la participación de ciudadanos ajenos al municipio de La Jagua del Pilar (La
Guajira) y, de encontrar acreditada tal circunstancia, si ello influyó en el
resultado.
[…]
2.4.1. Sobre la instalación de mesas en El Plan.
95. Como base de su reproche el demandante afirma que se trasgredió el
artículo 192.1 del Código Electoral. Esa disposición indica: «ARTICULO 192. El
Consejo Nacional Electoral o sus Delegados tienen plena y completa
competencia para apreciar cuestiones de hecho o de derecho y ante
reclamaciones escritas que les presenten durante los escrutinios respectivos los
candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente
constituidos y apreciando como pruebas para resolver únicamente los
documentos electorales, podrán por medio de resolución motivada decidir las
reclamaciones que se les formulen con base en las siguientes causales:
«Cuando funcionen mesas de votación en lugares o sitios no autorizados
conforme la Ley».
96. Sobre el particular aclara la Sala, que la norma que se alega como infringida
contempla una de las causales de reclamación que se exponen en el curso de
los escrutinios, asunto que exige que tales circunstancias sean alegadas en esa
instancia so pena de incumplir con el principio de preclusión.
[…]
98. Se estima que cuando se trata de reclamaciones, bajo el amparo de las
causales contenidas en el artículo 192 del Código Electoral, para presentarlas
como reproche de la demanda en sede judicial deberá el actor acreditar que en
la instancia respectiva (comisión escrutadora) se elevaron tales pedimentos.
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99. En este asunto, se tiene que el recurrente desde el escrito inicial no acreditó
que hubiera puesto en consideración en la respectiva instancia una reclamación
aduciendo que las mesas ubicadas en el corregimiento de El Plan funcionaran
en un sitio que no fue autorizado de conformidad con la ley.
[…]
101. La Sala insiste que no se demostró que en las mesas ubicadas en el
corregimiento El Plan, el demandante hubiera efectuado alguna reclamación
con base en el artículo 192.1 del Código Electoral; por lo tanto, no puede
pretender por vía de demanda electoral, cuestionar el asunto cuando, se reitera,
la oportunidad le precluyó.
102. Con todo, para la sala es importante, en aras de la transparencia del
proceso, señalar que, si bien el Concejo Municipal de La Jagua del Pilar el 1°
de julio de 2025, señaló que: «no se encontraron desde la fecha de la
creación del municipio hasta la actualidad ningún registro de acto
administrativo de ninguna de sus categorías que verse sobre la creación
del corregimiento de El Plan».
103. La RNEC al contestar la demanda, entre otros documentos, allegó la
Ordenanza 018 de 1998 proferida por la Asamblea Departamental de La
Guajira, quien, de acuerdo con las atribuciones del artículo 300 de la
Constitución Política de 1991 en consonancia con el artículo 9 de la Ley 136 de
1994 dispuso la creación del municipio de La Jagua del Pilar, el cual está
integrado, por el corregimiento de El Plan.
[…]
2.4.2. Sobre la trashumancia y la autorización para votar
112. Otro de los reproches del demandante, es aquel dirigido a indicar que 573
ciudadanos trashumantes participaron en la contienda, ello a partir de la
consulta en las bases de datos ADRES y SISBEN, en donde se evidencia que
tienen el servicio de salud en otro municipio.
113. La Sala observa que, el demandante aportó como prueba un listado en
donde asegura que existen trashumantes en las 12 mesas que componen la
jurisdicción electoral de La Jagua del Pilar, en el que aparentemente señala los
reportes que aparecen en ADRES y SISBEN, sin embargo, se precisa que no
acompañó el respectivo reporte de la consulta o algún certificado que corrobore
la información suministrada. También se precisa que, si bien en la demanda y
en el recurso de alzada hizo alusión a los registros de cámara de comercio e
instrumentos públicos, lo cierto es que no señaló ninguna información en el
aparte respectivo.
114. En ese sentido, se tiene que el demandante no aportó ningún elemento de
juicio que permita a la Sala Electoral, corroborar que, en efecto, la información
suministrada por el actor coincide con la que aparece en las bases de datos que
afirma consultó.
115. Por lo anterior, comparte la Sección la valoración efectuada por el a quo,
en donde la presunción de residencia electoral no se desvirtúa a partir del dicho
del actor, porque, además de no demostrarlo con las pruebas en que debía
sustentarlo, se debe recordar que una persona puede tener su lugar de
habitación en un municipio, servicio de salud y su actividad económica en otro
pudiendo escoger a partir de ellos su residencia electoral.
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116. En este punto es importante resaltar, que al igual de lo ocurrido en el
estudio que realizó el CNE en sede administrativa, dentro de esta actuación
judicial, no se demostró que tales ciudadanos fueran trashumantes, dado que,
el cruce con una sola base de datos, o a lo sumo dos, no es suficiente para
acreditar que persona inscrita tiene residencia en otro municipio diferente de
donde pretende votar.
[…]
2.4.2. Sobre la autorización para votar
118. El apelante afirma que de manera ilegal la RNEC autorizó a ciudadanos y
jurados a sufragar en el certamen electoral sin el cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 117 del Código Electoral.
[…]
121.Para materializar el ejercicio del voto a partir de la autorización, la
organización electoral habilita la última mesa del puesto de votación, para lo
cual, el respectivo formulario E-11 de ese lugar, se dispone de un espacio con
ese fin.
[…]
122. Sobre este aspecto la Sala considera, al igual que lo hizo el juzgador de
instancia, que el demandante no identificó los ciudadanos y jurados que
incurrieron en la supuesta irregularidad que alega, simplemente de manera
general se centró en determinar que participaron en la contienda y que fueron
ilegalmente autorizados para votar.
123. A pesar de lo anterior, al verificar las pruebas que obran en el plenario,
concretamente los formularios E-11, en particular de la mesa 010, puesto 00,
zona 00 de la cabecera municipal del La Jagua del Pilar y la mesa 002, puesto
12, zona 99 del corregimiento El Plan, que son las mesas habilitadas para este
fin, se observa que contiene los espacios para diligenciar respecto de quienes
se autorizan para votar (E-12), sin embargo, ninguna de ellas reporta algún
registro.
124. Lo anterior denota que, si bien el actor eleva un reproche, los documentos
electorales son demostrativos de que en el certamen electoral que se analiza
no se realizó ninguna autorización, razón suficiente para negar el cargo. […]”.
[Negrilla del texto]
34. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por el juez contencioso y no se observa que la decisión
proferida en sede ordinaria hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los
derechos fundamentales de la parte accionante en el proceso de nulidad electoral.
35. Lo que se observa es que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión
en el material probatorio válidamente incorporado al proceso, el cual fue objeto de
valoración en ejercicio de la autonomía e independencia judicial. Asimismo,
examinó los argumentos expuestos por la parte actora en el recurso de apelación,
ofreciendo las razones que sustentaron la decisión adoptada, sin que se evidencie
una actuación caprichosa o arbitraria que comprometa la protección de los derechos
fundamentales invocados.
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Accionantes: Belisario Jiménez Luquez
36. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20.
37. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”21. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.
38. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibid.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04540-00
Accionantes: Belisario Jiménez Luquez
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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