Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04543-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04543-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04543-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-04543-00
Demandante RAMÓN DAVID PEÑARANDA NAVARRO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Temas Acción de tutela. Mora judicial. Acción Popular. Audiencia especial para
pacto de cumplimiento. Carencia actual de objeto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir, en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por el señor Ramón David Peñaranda Navarro, quien actúa en nombre
propio, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de junio de 20261, el señor Ramón David Peñaranda Navarro, actuando en
nombre propio, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, en razón
a la presunta mora judicial en la que se estaría incurriendo al no haber dictado el
auto que fija fecha para llevar a cabo la audiencia especial en la acción popular
54001-23-33-000-2025-00235-00.
En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones2:
(sic para toda la cita)
«Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva del señor RAMÓN PEÑARANDA, los cuales
se consideran vulnerados por la mora judicial presentada dentro de la Acción Popular
radicada bajo el No. 54001-23-33-000-2025-00235-00 que cursa ante el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
Segundo. Ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por conducto del
despacho a cargo del proceso radicado No. 54001-23-33-000-2025-00235-00, que dentro del
término perentorio que el juez constitucional considere razonable adopte las actuaciones
procesales necesarias para impulsar el trámite de la acción popular y garantizar su avance
efectivo.
Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, dentro del término
fijado por el juez constitucional, proceda a programar y realizar la audiencia especial de pacto
de cumplimiento prevista en la Ley 472 de 1998, o en su defecto adopte la decisión procesal
que jurídicamente corresponda respecto de dicha etapa procesal.
Cuarto. Como medida de no repetición, ordenar que el proceso continúe tramitándose con
observancia de los principios de celeridad, eficacia, economía procesal y acceso efectivo a la
administración de justicia que gobiernan las acciones constitucionales de protección de
derechos e intereses colectivos.
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Samai, índice 2.
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Samai, índice 2.
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Demandante: Ramón David Peñaranda Navarro
Quinto. SUBSIDIARIAMENTE, solicito se compulse copia de la presente actuación a las
autoridades administrativas competentes de la Rama Judicial para que evalúen la adopción
de medidas de gestión, descongestión o fortalecimiento institucional que permitan superar
las circunstancias que dieron origen a la mora judicial evidenciada en el presente caso».
2. Hechos
Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Para el año 2025, el personero del municipio de La Esperanza presentó una
acción popular contra el departamento de Norte de Santander, la alcaldía del
municipio de La Esperanza y el Instituto Nacional de Vías INVIAS,
pretendiendo la protección de los derechos fundamentales y colectivos de la
comunidad que requieren la construcción de una estructura que permitiera el
tránsito seguro sobre la quebrada La Lejía.
Esta demanda le fue repartida en primera instancia al Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, despacho del magistrado Bernardino Carrero Rojas,
bajo el radicado 54001-23-33-000-2025-00235-00.
2.2. El 22 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
dictó auto admitiendo la demanda. El señor Peñaranda Navarro señaló que
las partes dentro de la acción popular ejercieron su derecho de defensa
allegando las correspondientes contestaciones, «quedando el proceso en
condiciones de avanzar hacia las etapas subsiguientes».
2.3. El 27 de noviembre de 2025, el expediente ingresó al despacho del magistrado
Bernardino Carrero Rojas.
2.4. El accionante asegura que desde que el expediente ingresó al despacho,
luego de cumplirse lo ordenado en el auto admisorio, no se ha convocado a la
audiencia especial («pacto de cumplimiento»), ni se ha «adoptado decisión judicial
orientada a impulsar el trámite», a pesar de que han transcurrido más de seis
meses.
3. Fundamentos de la acción
El señor Ramón David Peñaranda Navarro, actuando en nombre propio, acusó la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva con ocasión de la presunta
mora judicial en la que estaría incurriendo el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, al no haber dictado el auto que fija fecha para llevar a cabo la audiencia
especial en la acción popular 54001-23-33-000-2025-00235-00, a pesar de que han
transcurrido más de seis meses desde que el expediente ingresó al despacho luego
de que se cumplieran las órdenes dadas en el auto admisorio.
Explicó que esta acción de tutela no tiene como fin debatir la autonomía del
magistrado ponente, ni controvertir providencias que se hayan dictado en el
proceso, sino que cuestiona la mora judicial en la que se estaría incurriendo «pese a
la naturaleza preferente de la acción popular y a la relevancia constitucional de los derechos e
intereses colectivos cuya protección se reclama».
Indicó que la demora en el trámite del proceso es preocupante pues esa acción
popular se relaciona directamente con los derechos fundamentales a la vida, a la
salud, a la movilidad y con los derechos colectivos al espacio público sano y seguro
de las personas del municipio de La Esperanza (Norte de Santander), quienes
requieren la construcción de una estructura que permita el tránsito seguro sobre la
quebrada La Lejía (intersección del centro poblado de La Pedregosa).
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Demandante: Ramón David Peñaranda Navarro
Destacó que han transcurrido más de seis meses sin que se convoque a la
audiencia de pacto de cumplimiento ni se adopte actuación alguna encaminada a
impulsar el proceso hacia una decisión de fondo.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Con providencia del 17 de junio de 20263, el despacho ponente requirió previo
a admitir, con la finalidad de que el señor Ramón David Peñaranda Navarro
acreditara su legitimación para cuestionar la mora judicial en la acción popular
54001-23-33-000-2025-00235-00. Con memorial del 22 de junio de 20264 el
señor Peñaranda subsanó el requerimiento informando que al mencionado
proceso remitió solicitud para ser tenido como coadyuvante5, sin embargo, el
tribunal «aún está pendiente de pronunciarse desde el 11 de noviembre de 2025».
4.2. En providencia del 9 de julio de 20266, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela interpuesta por el señor Ramón David Peñaranda Navarro,
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
En calidad de terceros con interés se vinculó al personero del municipio de La
Esperanza, al Instituto Nacional de Vías INVIAS, al municipio de La
Esperanza, al departamento de Norte de Santander, al Ministerio Público, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y a los demás
demandantes, demandados y terceros con interés que participan en el proceso
54001-23-33-000-2025-00235-00. Se ofició al Tribunal Administrativo de Norte
de Santander para que notificara a las partes y terceros de la acción popular,
a su vez, para que autorizara el acceso al expediente a través del Sistema de
Gestión Samai. Se ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado que
fijara un aviso dando a conocer la existencia de la presente acción. Y se ordenó
efectuar las notificaciones pertinentes.
4.3. La Gobernación de Norte de Santander7 rindió informe en el que manifestó
que no se encuentra legitimado por pasiva para atender las pretensiones de la
parte actora. Explicó que la inconformidad del accionante emana de la
presunta mora judicial en la que estaría incurriendo la autoridad judicial
(Tribunal Administrativo de Norte de Santander). Por lo que, solicitó ser
desvinculado de la presente acción.
Añadió que no desconocía la importancia de que la acción popular se adelante
dentro de los términos de ley y sin una dilación injustificada, dada la
problemática que vive el municipio de La Esperanza en razón al paso de la
quebrada La Lejía.
4.4. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander8 manifestó que no existe
vulneración a los derechos fundamentales del accionante dado que el 14 de
julio de 2026 esa corporación resolvió las solicitudes de coadyuvancia que se
encontraban pendientes y convocó a la audiencia especial de pacto de
cumplimiento.
A su vez, mencionó que el titular de ese despacho desde el 2 de octubre de
2025 ha adelantado las actuaciones en los procesos de primera, segunda
instancia, y en los procesos constitucionales como se evidencia en SIERJU.
Explicó que actualmente solo cuenta con tres empleados permanentes y uno
en descongestión, y que en el transcurso del segundo trimestre se recibieron
3
Samai, índice 5.
4
Samai, índice 9.
5
Samai Tribunal, índice 24. Expediente 54001-23-33-000-2025-00235-00.
6
Samai, índice 11.
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Samai, índice 20.
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Samai, índice 21.
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Demandante: Ramón David Peñaranda Navarro
63 incidentes de desacato, 41 impugnaciones, 60 procesos ordinarios de
segunda instancia, y 11 tutelas de primera instancia, procesos todos que
deben ser atendidos con diligencia y prontitud.
En consecuencia, solicitó que se negaran las pretensiones de la acción y
aportó el enlace de consulta en el Sistema de Gestión Samai del expediente
54001-23-33-000-2025-00235-00 y las piezas procesales.
4.5. El personero del municipio de La Esperanza, el Instituto Nacional de Vías
INVIAS, el municipio de La Esperanza, el Ministerio Público, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás terceros vinculados
en el proceso 54001-23-33-000-2025-00235-00, guardaron silencio a pesar de
haber sido notificados en debida forma9.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199110, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, la acción de tutela es subsidiaria de otras herramientas judiciales,
salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Cuestión previa. Legitimación en la causa
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares. La Corte Constitucional11 ha señalado que
la legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal
que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela, y quien está llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta
resulte demostrada.
En el presente asunto, el accionante cuestiona la vulneración de sus derechos
fundamentales por parte del Tribunal Administrativo de Norte de Santander en razón
a la presunta mora judicial en la que se estaría incurriendo al no haber dictado el
auto que fijara la fecha para llevar a cabo la audiencia especial en la acción popular
54001-23-33-000-2025-00235-00.
Por su parte, la Gobernación de Norte de Santander manifestó que carecía de
legitimación en la causa por pasiva, porque la vulneración alegada le correspondía
al Tribunal Administrativo de Norte de Santander al tratarse de una presunta mora
en el trámite de un proceso judicial. No obstante, la vinculación de esta autoridad
no fue como parte demandada, sino en calidad de tercero con interés. En
consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación.
3. Planteamiento del problema jurídico
9
Samai, índice 14, 18, 27, 28 y 29.
10
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
11
Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
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Demandante: Ramón David Peñaranda Navarro
Le corresponde a la Sala determinar si operó la figura de la carencia actual de
objeto, debido a que, en el trámite de la acción de tutela, el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander adelantó gestiones que garantizaron los derechos
fundamentales que el señor Ramón David Peñaranda Navarro consideró
vulnerados.
4. Carencia actual de objeto
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata,
oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares. Su
finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese.
Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no
hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
Cualquier pronunciamiento al respecto carecería de fundamento. Este fenómeno
ha sido denominado por la jurisprudencia constitucional como carencia actual de
objeto dividido en tres escenarios: (i) hecho superado12; (ii) daño consumado13 y
(iii) situación sobreviniente14.
Sobre esta clasificación desde sus inicios la Corte Constitucional en sentencia T-
494 de 1993, precisó lo siguiente:
«La doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para
identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra
el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos
que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el
género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se
ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una
“situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.»
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial».
12
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-624 de 2016 y
T-021 de 2017.
13
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
14
Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.
5
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Demandante: Ramón David Peñaranda Navarro
De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que «la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones».
5. Del trámite impartido por la autoridad accionada. Caso concreto
5.1. El señor Ramón David Peñaranda Navarro cuestionó en su escrito de tutela
que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander vulneró sus derechos
fundamentales con la presunta mora judicial en la que se estaría incurriendo
al no haber dictado el auto que fijara fecha para llevar a cabo la audiencia
especial en la acción popular 54001-23-33-000-2025-00235-00, a pesar de que
manifestó que han transcurrido más de seis meses desde que el expediente
ingresó al despacho luego de que se cumplieran las órdenes dadas en el auto
admisorio.
Destacó que la demora en el trámite del proceso resultaba preocupante pues
esa acción popular se relaciona directamente con derechos fundamentales y
colectivos de las personas del municipio de La Esperanza (Norte de Santander),
quienes requieren la construcción de una estructura que permita el tránsito
seguro sobre la quebrada La Lejía (intersección del centro poblado de La
Pedregosa).
5.2. Sería del caso establecer si el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
incurrió en mora judicial en la acción popular 54001-23-33-000-2025-00235-00,
si no fuera porque durante el trámite de esta acción el tribunal adelantó
gestiones correspondientes al proceso en cuestión.
Lo anterior dado que la pretensión principal del accionante era que se
procediera «a programar y realizar la audiencia especial de pacto de cumplimiento prevista
en la Ley 472 de 1998, o en su defecto adopte la decisión procesal que jurídicamente
corresponda respecto de dicha etapa procesal», al considerar que esa autoridad
incurría en mora judicial, no obstante, de la contestación que brindó el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y de la revisión que realizó esta Sección
al expediente que obra en el Sistema de Gestión Samai advirtió que el
despacho del magistrado Bernardino Carrero Rojas dictó auto citando a la
audiencia especial de la acción popular, como se evidencia a continuación:
Actuaciones relevantes en primera instancia en la acción popular
54001-23-33-000-2025-00235-00 (Samai Tribunal)
Fecha de actuación Descripción de la actuación adelantada
Se radica y reparte el expediente en el Tribunal Administrativo de Norte
16 de septiembre de 2025
de Santander (Samai, índice 1)
22 de octubre de 2025 Se dicta auto admisorio (Samai, índice 6)
27 de noviembre de 2025 Ingresa expediente al despacho (Samai, índice 29)
Se dicta auto que admite la intervención de los coadyuvantes Dora Lis
Hernández, Nelly Mejía Gutiérrez y Ramón David Peñaranda Navarro
14 de julio de 2026 y citó a las partes y terceros vinculados a la audiencia especial para
pacto de cumplimiento para el 19 de agosto de 2026 a las 9:00 a.m.
(Samai, índice 35)
15 de julio de 2026 Pasó el expediente a la Secretaría (Samai, índice 36)
La Secretaría compartió el enlace de conexión a la audiencia. (Samai,
16 de julio de 2026
índice 38)
Se registró en el sistema el acta de la audiencia especial de pacto de
19 de agosto de 2026
cumplimiento (Samai, índice 47)
De conformidad con lo anterior, se concluye que el 14 de julio de 2026 el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander dictó auto en el que se
resolvieron las intervenciones de coadyuvancia y se convocó a la audiencia
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Demandante: Ramón David Peñaranda Navarro
de pacto de cumplimiento, de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998,
para el 19 de agosto de 2026. Esto en los siguientes términos:
«PRIMERO: ADMITIR la intervención de la señora Dora Lis Hernández, en calidad de
coadyuvante del actor popular, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ADMITIR la intervención de la señora Nelly Mejía Gutiérrez, en calidad de
coadyuvante del actor popular, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR la solicitud presentada por la coadyuvante Nelly Mejía Gutiérrez de
integrar al contradictorio al Municipio de Abrego, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: ADMITIR la intervención del señor Ramon David Peñaranda Navarro, en calidad
de coadyuvante del actor popular, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: NEGAR la solicitud presentada por el coadyuvante Ramon David Peñaranda
Navarro de integrar al contradictorio al Departamento del Cesar, Municipio de San Alberto-
Cesar, Municipio de Abrego, Norte de Santander y a la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: CITAR a las partes y al Ministerio Público y coadyuvantes a audiencia especial
para pacto de cumplimiento, fijando al efecto el día diecinueve (19) de agosto de dos mil
veintiséis (2026) a las 09:00 a.m. […].» (Sic a toda la cita)
A su vez, se advirtió que la mencionada audiencia se celebró el pasado 19 de
agosto de 2026, como se advierte a continuación:
Por lo tanto, la pretensión principal que planteó el señor Ramón David
Peñaranda Navarro ya fue resuelta, pues el tribunal ya dictó el auto que
convocó a la audiencia de pacto de cumplimiento, de que trata el artículo 27
de la Ley 472 de 1998, y fue celebrada el pasado 19 de agosto de 2026, de la
cual ya obra acta en el expediente.
Así las cosas, carece de objeto emitir un pronunciamiento de fondo en relación
con el planteamiento de la presunta mora judicial en la que estaría incurriendo
la autoridad accionada, ya que lo pretendido por el accionante perdió cualquier
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Demandante: Ramón David Peñaranda Navarro
motivo que lo justificara, pues al citarse y celebrarse la audiencia especial en
la acción popular no hay razón por la cual esta instancia deba realizar un
estudio, pues ya se resolvió el asunto.
6. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto, ya
que a la fecha no existe vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, respecto del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, pues esta autoridad ya resolvió la situación que motivó el amparo al
celebrar la audiencia especial en la acción popular 54001-23-33-000-2025-00235-00.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR la solicitud de desvinculación invocada por la Gobernación de Norte
de Santander.
2. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, en relación con las pretensiones
de la acción de tutela promovida por el señor Ramón David Peñaranda
Navarro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada esta decisión ENVIAR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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