RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04544-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04544-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04544-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 30 de julio de 2026, dictada por Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia del amparo constitucional, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04544-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04544-01
Accionante: SOCIEDAD UNIMEZCLAS S.A.
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C, Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial — confirma decisión que
declaró improcedencia del amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 30 de julio del 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 3 de julio del 20262, el a quo admitió la acción constitucional, y
mediante la providencia del 24 de agosto del 20263 se concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La accionante, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción
de tutela el 11 de junio de 2026 en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera
Subsección C y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión. Con la solicitud de amparo pretende que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
«publicidad de las decisiones judiciales», y de «confianza legítima».

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a los autos

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 11 del expediente electrónico de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno

precisar que se tuvo por accionante a la Sociedad Unimezclas S.A., y como accionados al
Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión. Además, se dispuso la vinculación como tercero con interés del Instituto
Nacional de Vías – INVIAS.
3 Índice 31 del expediente digital de primera instancia en Samai.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Sociedad Unimezclas S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04544-01

del 24 de enero y 17 de septiembre de 2025, proferidos, en su orden, por la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, y la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en virtud de los cuales se rechazó
por falta de subsanación, la demanda ejecutiva que promovió contra el Instituto
Nacional de Vías – Invías4.

1.2. Hechos

3. El 9 de febrero de 2012, la Sociedad Unimezclas S.A. promovió demanda
ejecutiva contra el Instituto Nacional de Vías, (en adelante Invías), con el fin de
obtener el pago de la suma que le correspondía conforme al acuerdo conciliatorio
aprobado por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 4 de diciembre de 2006 y
corregido el 6 de febrero de 2007, junto con su actualización e intereses.

4. Mediante auto del 30 de octubre de 2013, el despacho sustanciador del
Tribunal negó el mandamiento de pago, al considerar que el título ejecutivo no
era exigible por la orden de suspensión del pago impartida con ocasión de
investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría
General de la República. No obstante, mediante auto del 15 de febrero de 2019,
la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado declaró la nulidad de
esa providencia por falta de competencia funcional.

5. Posteriormente, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante auto del 20 de marzo de 2024, rechazó la demanda por
caducidad. La decisión fue revocada por la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado mediante providencia del 23 de septiembre de 2024, en la
que ordenó resolver sobre el mandamiento de pago, previa verificación de los
demás requisitos legales.

6. En cumplimiento de lo anterior, mediante auto del 27 de noviembre de
2024, notificado por estado electrónico el 28 de noviembre siguiente, el Tribunal
inadmitió la demanda y concedió cinco días para corregir los defectos advertidos.

7. Posteriormente, el 24 de enero de 2025, la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la demanda ejecutiva, con
fundamento en los artículos 143 del Código Contencioso Administrativo y 85 del
Código de Procedimiento Civil, al advertir que dentro del término correspondiente
la ejecutante no presentó el escrito de subsanación.

8. La ejecutante apeló esa determinación y promovió incidente de nulidad, al
considerar que el auto inadmisorio debía ser comunicado al correo electrónico
informado durante el proceso y que la notificación exclusivamente por estado
desconoció sus derechos al debido proceso, publicidad y confianza legítima.

9. El Tribunal negó la nulidad mediante auto del 3 de marzo de 2025, al

4 Proceso identificado con el radicado 05001-23-33-000-2012-00213-00/01/02.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Sociedad Unimezclas S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04544-01

estimar que la notificación se ajustó al artículo 321 del Código de Procedimiento
Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo, y concedió el recurso de apelación.

10. La Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, mediante
decisión del 17 de septiembre de 2025, confirmó el rechazo. Consideró que el
proceso continuaba sometido al Código Contencioso Administrativo y, por
remisión, al Código de Procedimiento Civil; además, señaló que el auto
inadmisorio no estaba incluido entre las providencias cuya notificación debía
realizarse personalmente, por lo que su comunicación por estado electrónico se
ajustó a la normativa aplicable.

11. Asimismo, indicó que el principio de confianza legítima no permitía
modificar las reglas procesales de orden público ni consolidar una expectativa de
recibir por correo electrónico todas las decisiones judiciales. Por tanto, concluyó
que correspondía a la ejecutante atender oportunamente la carga de subsanar la
demanda y confirmó la providencia apelada.

12. Finalmente, el auto que resolvió la apelación fue comunicado el 7 de
noviembre de 2025, y notificado por estado del 10 de noviembre siguiente5,
mientras que la sociedad presentó la acción de tutela el 11 de junio de 2026.

1.3. Sustento de la vulneración

13. La parte actora sostuvo que las autoridades judiciales incurrieron en
defecto procedimental absoluto, porque consideraron debidamente notificado por
estado electrónico el auto del 27 de noviembre de 2024, mediante el cual se
inadmitió la demanda ejecutiva, pese a que durante el trámite había informado
una dirección electrónica para recibir notificaciones.

14. Afirmó que, conforme a la Ley 2213 de 2022, la providencia también debió
ser comunicada al correo electrónico informado el 17 de febrero de 2023, como,
según indicó, había ocurrido con decisiones anteriores; por ello, sostuvo que la
modificación en la forma de comunicación la indujo a esperar el respectivo
mensaje e impidió que conociera oportunamente el auto y subsanara la
demanda.

15. En ese sentido, alegó que la notificación efectuada desconoció sus
derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
«publicidad de las decisiones judiciales», y de «confianza legítima», pues la falta
de comunicación electrónica produjo el rechazo del proceso promovido para
obtener el pago del acuerdo conciliatorio.

16. Finalmente, invocó la Sentencia T-515 de 2025 de la Corte Constitucional,
relacionada con el deber de garantizar la debida notificación y la participación

5 Índice 20 del expediente electrónico con radicado 05001-23-33-000-2012-00213-02 en Samai.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Sociedad Unimezclas S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04544-01

efectiva de los sujetos procesales mediante el uso de medios digitales. Además,
frente al requisito de inmediatez, citó la Sentencia T-038 de 2017 y sostuvo que
la afectación continuaba vigente, porque no había obtenido el pago de la
obligación conciliada y persistían las consecuencias derivadas del rechazo de la
demanda ejecutiva.

1.4. Intervenciones

17. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
declarar improcedente la acción por incumplimiento del requisito de inmediatez,
pues la providencia cuestionada fue notificada por estado el 10 de noviembre de
2025 y la tutela se presentó una vez superado el plazo de seis meses. Además,
sostuvo que la accionante pretende reabrir, como si se tratara de una instancia
adicional, el debate sobre la notificación del auto que inadmitió la demanda
ejecutiva.

18. Agregó que la providencia cuestionada examinó el régimen procesal
aplicable y concluyó que el auto inadmisorio debía notificarse por estado,
conforme al artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y al artículo 9 de la
Ley 2213 de 2022, sin que el principio de confianza legítima permitiera modificar
esas reglas. Por ello, afirmó que la decisión se profirió con sujeción al
ordenamiento jurídico y que no se configuró el defecto procedimental alegado.

19. Por su parte, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia señaló que rechazó la demanda ejecutiva mediante auto del 24 de
enero de 2025, porque la sociedad no subsanó los defectos advertidos dentro del
término concedido. Indicó que los fundamentos de esa determinación estaban
contenidos en la providencia y sostuvo que no se vulneraron los derechos
fundamentales invocados, ni se acreditaron los requisitos de inmediatez y
relevancia constitucional. Finalmente, remitió el expediente digital.

1.5. Sentencia de primera instancia

20. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante fallo del 30 de julio
de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito general de inmediatez.

21. Como fundamento, señaló que el auto del 17 de septiembre de 2025,
mediante el cual la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado
confirmó el rechazo de la demanda ejecutiva, fue notificado el 7 de noviembre de
2025, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 11 de junio de 2026,
esto es, aproximadamente siete meses después. Por ello, consideró superado el
plazo general de seis meses establecido por la jurisprudencia para cuestionar
providencias judiciales.

22. Asimismo, concluyó que la accionante no expuso una razón válida que
justificara la tardanza ni acreditó una circunstancia de debilidad manifiesta que

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Sociedad Unimezclas S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04544-01

permitiera flexibilizar dicho requisito.

1.6. Impugnación

23. La Sociedad Unimezclas S.A. impugnó la sentencia e insistió en que la
acción satisface el requisito de inmediatez, pues la vulneración alegada es
continua y permanece vigente mientras no se permita proseguir la ejecución del
acuerdo conciliatorio. En ese sentido, sostuvo que el plazo no debía valorarse de
manera estricta, dadas las dificultades y decisiones judiciales que, según afirmó,
prolongaron el proceso ejecutivo durante más de catorce años.

24. Asimismo, reiteró los cuestionamientos sobre la notificación del auto
inadmisorio, la exigencia de requisitos que consideró improcedentes y la
supuesta afectación de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. Agregó que la tardanza obedeció a la necesidad de
estudiar las decisiones cuestionadas, a la difícil situación económica de la
empresa y a los problemas de salud de su representante legal.

25. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia del 30 de julio
de 2026 y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

26. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia del amparo solicitado por no encontrarse acreditado el requisito
de inmediatez, por los motivos que pasan a explicarse a continuación.

2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

27. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Sociedad Unimezclas S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04544-01

defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

28. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

29. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

30. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

31. La Sala advierte que la Sociedad Unimezclas S.A., está legitimada en la
causa por activa, porque integra la parte demandante dentro del proceso
ejecutivo en que se dictaron las providencias que se reprochan mediante esta
vía. Por otro lado, se evidencia que la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado y la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, están legitimadas en la causa por pasiva por haber proferido las
decisiones cuestionadas a través del presente trámite.

32. Inmediatez. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de
tutela debe ejercerse en un plazo razonable10, el cual debe ser ponderado por el
juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido
por el constituyente en virtud del cual la finalidad de este mecanismo
constitucional es ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo11.

33. De acuerdo con lo anterior, esta Sección12 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual

9 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
10 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia

05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad.
11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
12 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana

Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Sociedad Unimezclas S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04544-01

corresponde a la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar
a la solicitud de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo
se declara su improcedencia.

34. El examen de este requisito debe ser especialmente riguroso cuando la
tutela se dirige contra una providencia judicial, pues su flexibilización injustificada
mantendría indefinidamente en discusión decisiones ejecutoriadas y afectaría los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

35. No obstante, se debe analizar en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado.

36. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional
indicó que la acción de tutela será procedente:

[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración
de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración
es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual13.

37. Bajo esa óptica, corresponde confirmar la improcedencia de la acción
constitucional, por las razones que pasan a exponerse.

38. En el presente asunto, la sociedad Unimezclas S.A. cuestionó los autos
del 24 de enero de 2025 y del 17 de septiembre de 2025, mediante los cuales la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la
demanda ejecutiva por falta de subsanación y la Sección Tercera, Subsección C,
del Consejo de Estado confirmó dicha determinación, respectivamente.

39. La providencia de segunda instancia, que puso fin a la controversia, fue
comunicada el 7 de noviembre de 2025 y notificada por estado del 10 de
noviembre siguiente, mientras que la acción de tutela fue presentada el 11 de
junio de 2026. Por tanto, incluso si el término se contabiliza desde esta última
fecha, más favorable para la accionante, transcurrieron aproximadamente siete
meses, lapso superior al plazo razonable de seis meses establecido por esta
Corporación para cuestionar providencias judiciales.

Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
13 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de

2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Sociedad Unimezclas S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04544-01

40. La sociedad sostuvo desde la demanda de tutela, y reiteró con mayor
amplitud en la impugnación, que la tardanza encontraba justificación en la
prolongación del proceso ejecutivo durante más de catorce años y en el carácter
continuo de la afectación, al no haber obtenido el pago del acuerdo conciliatorio.
Sin embargo, esos argumentos se refieren al desarrollo general del proceso y no
explican la existencia de una circunstancia concreta que le hubiera impedido
presentar la acción de tutela dentro de los seis meses siguientes a la notificación
de la decisión que cerró el debate ordinario.

41. Tampoco resulta suficiente afirmar que la vulneración es continua porque
subsisten los efectos del rechazo de la demanda ejecutiva. La permanencia de
las consecuencias jurídicas de una providencia ejecutoriada no implica, por sí
sola, que la afectación alegada se renueve indefinidamente ni permite
desconocer el requisito de inmediatez, pues, de aceptarse esa interpretación,
cualquier decisión judicial podría ser controvertida mediante tutela sin límite
temporal.

42. En la impugnación, la accionante agregó que atravesaba una difícil
situación económica y que su representante legal había enfrentado problemas de
salud. No obstante, expuso esas circunstancias de manera general, sin precisar
cuándo ocurrieron, cuál fue su duración o de qué forma impidieron concretamente
la presentación de la tutela dentro del plazo razonable, ni aportó elementos que
permitieran acreditar una imposibilidad material para ejercer oportunamente el
mecanismo constitucional.

43. Asimismo, la necesidad de estudiar las providencias cuestionadas
tampoco constituye una justificación suficiente, pues desde su notificación la
sociedad conocía las razones por las cuales se confirmó el rechazo y contaba
con representación judicial. Además, los argumentos formulados en la tutela
reproducen, en esencia, los reparos sobre la notificación del auto inadmisorio y
la confianza legítima que ya habían sido planteados en el recurso de apelación y
resueltos por la autoridad judicial accionada.

44. En ese orden, no se acreditó una razón válida para la inactividad, una
condición de debilidad manifiesta, un hecho nuevo o una imposibilidad material
que permitiera flexibilizar el requisito. Por el contrario, la tutela fue presentada
una vez superado el plazo razonable, pese a que la accionante conocía la
decisión y se encontraba asistida por apoderado judicial.

45. La Sala no desconoce la extensa duración del proceso ejecutivo ni la
importancia económica que el acuerdo conciliatorio representa para la sociedad
accionante. Sin embargo, tales circunstancias no permiten mantener
indefinidamente abierta la posibilidad de controvertir una decisión judicial
ejecutoriada, especialmente cuando fue proferida por el órgano de cierre de la
jurisdicción y no se acreditó un motivo concreto que justificara la presentación
tardía del amparo.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Sociedad Unimezclas S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04544-01

2.2. Conclusión

46. La Sala confirmará la sentencia del 30 de julio de 2026, mediante la cual
la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela por incumplimiento del requisito general de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 30 de julio de 2026, dictada por Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia del amparo
constitucional, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente en comisión de servicios

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.