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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04545-00

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04545-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR la solicitud del Ministerio de Educación Nacional de declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y su desvinculación del presente trámite constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela frente al cargo relativo a la omisión de respuesta a los argumentos sustanciales de oposición a la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 11001-03-15-000-2026-04545-00 Accionante: Guillermo Andrés Echavarría Gil medida cautelar, por falta de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. NEGAR el amparo solicitado frente a los demás cargos formulados en la demanda de tutela, esto es, defecto sustantivo, violación directa de la Constitución, defecto procedimental absoluto y desconocimiento del precedente constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO. Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04545-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04545-00
Accionante: GUILLERMO ANDRÉS ECHAVARRÍA GIL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA
Vinculado: ÁLVARO JAVIER IGLESIAS IBARRA – CONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR – MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Defecto sustantivo, violación
directa de la Constitución, defecto procedimental absoluto y desconocimiento del
precedente constitucional, atribuidos a las providencias que decretaron y
confirmaron la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo de
designación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. La Sala declarará improcedente la acción frente al cargo relativo a la omisión de
respuesta a los argumentos de oposición a la medida cautelar, por no haberse
agotado la solicitud de adición y complementación de la providencia prevista en el
artículo 287 del Código General del Proceso. Frente a los demás cargos —defecto
sustantivo, violación directa de la Constitución, defecto procedimental absoluto y
desconocimiento del precedente constitucional—, se negará el amparo, al no
encontrar acreditados los defectos alegados.

II. ANTECEDENTES

El escrito de tutela

2. El señor Guillermo Andrés Echavarría Gil, por conducto de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el
fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso y desempeño de funciones públicas, a la igualdad y al trabajo. Atribuyó la
vulneración de estas garantías a los autos proferidos el 7 y 28 de mayo de 2026
dentro del proceso de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2026-00109-
00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04545-00
Accionante: Guillermo Andrés Echavarría Gil

Hechos relevantes

3. Mediante Acuerdo 017 del 21 de octubre de 2025, el Consejo Superior de la
Universidad Popular del Cesar fijó el cronograma para la designación del rector para
el período 2026-2030. El señor Echavarría Gil se inscribió el 26 de noviembre
siguiente y aportó certificaciones sobre su experiencia académica en educación
superior.

4. Por medio del Acuerdo 008 del 28 de noviembre de 2025, el Tribunal de
Garantías Electorales inadmitió inicialmente su candidatura porque consideró que
no acreditó los cinco años de experiencia académica exigidos para el cargo. El
aspirante interpuso recurso de reposición contra esa decisión.

5. Mediante Acuerdo 009 del 17 de diciembre de 2025, el Tribunal de Garantías
Electorales repuso la decisión y admitió la candidatura del señor Echavarría Gil.
Según la demanda de tutela, ese órgano consideró que acreditó seis años de
experiencia académica en educación superior a partir de la equivalencia entre
períodos académicos y años de experiencia.

6. El 26 de febrero de 2026 se realizó la consulta estamentaria, en la cual el señor
Echavarría Gil obtuvo 5.270 votos. Posteriormente, mediante Acuerdo 011 del 9 de
marzo de 2026, el Consejo Superior Universitario lo designó rector de la
Universidad Popular del Cesar para el período 2026-2030.

7. El 23 de abril de 2026, el señor Álvaro Javier Iglesias Ibarra promovió demanda
de nulidad electoral contra esa elección y solicitó la suspensión provisional de los
efectos del Acuerdo 011 de 2026. El proceso correspondió a la Sección Quinta del
Consejo de Estado bajo el radicado 11001-03-28-000-2026-00109-00.

8. Mediante auto del 24 de abril de 2026 se corrió traslado de la solicitud de
suspensión provisional. Durante ese término, el señor Echavarría Gil, el Consejo
Superior de la Universidad Popular del Cesar, el Ministerio de Educación Nacional
y el Ministerio Público presentaron escritos de oposición.

9. En auto del 7 de mayo de 2026, la Sección Quinta decretó la suspensión
provisional de los efectos de la elección. Para efectos de esa decisión cautelar,
consideró que la experiencia académica requerida para acceder al cargo debía
acreditarse al momento de la inscripción y concluyó que, para el 26 de noviembre
de 2025, el señor Echavarría Gil no reunía los cinco años exigidos.

10. Contra la suspensión provisional se interpuso recurso de reposición. Mediante
auto del 28 de mayo de 2026, la Sección Quinta resolvió no reponer la decisión
cautelar y corrigió el numeral primero del auto anterior en cuanto a la identificación
del demandante del proceso electoral.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04545-00
Accionante: Guillermo Andrés Echavarría Gil

Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, la parte actora solicitó: (i) declarar que el auto
del 7 de mayo de 2026 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso y desempeño de funciones y cargos públicos, a la igualdad y al trabajo; (ii)
declarar que el auto del 28 de mayo de 2026 incurrió en los mismos defectos y
agravó la vulneración alegada, en especial ante la falta de pronunciamiento sobre
el tiempo transcurrido para adoptar la medida cautelar; y (iii) dejar sin efectos ambas
providencias, en cuanto decretaron y mantuvieron la suspensión provisional de los
efectos del Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026.

12. También solicitó: (iv) ordenar a la Sección Quinta que, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, profiera una nueva decisión cautelar que examine los
argumentos de oposición, verifique la vigencia de las normas aplicables y observe
el Auto 846 de 2024 y la Sentencia SU-342 de 2024; (v) ordenar al Consejo Superior
de la Universidad Popular del Cesar que adopte las medidas necesarias para que
el señor Echavarría Gil reasuma el cargo de rector; y (vi) advertir a la Sección Quinta
que se abstenga de fundamentar la medida en jurisprudencia no invocada en el
concepto de violación y de aplicar retroactivamente subreglas restrictivas
inexistentes al momento de los hechos.

Fundamentos de la demanda de tutela

13. Como sustento de esas pretensiones, la parte actora atribuyó a las providencias
cuestionadas, en su orden: (i) violación directa de la Constitución, por la creación
de un extremo temporal no previsto en la normativa aplicable para acreditar la
experiencia académica, con desconocimiento de los artículos 84, 29 y 40 de la
Constitución Política; y (ii) defecto sustantivo, integrado por la aplicación del artículo
3° del Acuerdo 036 de 2004, que remite a una norma derogada, por el
desconocimiento de los límites del artículo 231 del CPACA al fundamentar la medida
cautelar en la Sentencia SU-339 de 2025 y en el artículo 3° del Acuerdo 036 de
2004, disposiciones que el demandante no invocó en la solicitud cautelar, y por un
error en el cómputo de la experiencia académica.

14. Alegó, además: (iii) defecto procedimental absoluto, derivado de la omisión de
respuesta a seis de los once argumentos sustanciales de la oposición —que, a su
vez, configuraría una decisión sin motivación suficiente— y del alegado
prejuzgamiento, sustentado en el lapso de siete horas, ocho minutos y cuarenta y
siete segundos transcurrido entre el ingreso del expediente al despacho y la
publicación del auto que decretó la suspensión, así como en el error de identificación
del demandante contenido en esa providencia; y (iv) desconocimiento del
precedente constitucional y judicial, respecto del Auto 846 de 2024, la Sentencia
SU-342 de 2024 y la jurisprudencia de la propia Sección Quinta sobre el momento
en que deben acreditarse los requisitos para acceder al cargo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04545-00
Accionante: Guillermo Andrés Echavarría Gil

Trámite en primera instancia

15. Mediante auto del 10 de julio de 2026, la Magistrada Ponente admitió la acción
de tutela, negó la medida provisional solicitada y dispuso la vinculación, como
terceros con interés, del señor Álvaro Javier Iglesias Ibarra, el Consejo Superior de
la Universidad Popular del Cesar y el Ministerio de Educación Nacional.

Intervenciones

16. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de la magistrada ponente
de las providencias cuestionadas, solicitó declarar improcedente la acción de tutela
por falta de relevancia constitucional o, en subsidio, negar el amparo. Señaló que
los reparos del actor expresan su inconformidad con asuntos examinados en el
proceso electoral y pretenden convertir la tutela en una instancia adicional. Agregó
que los autos cuestionados cuentan con motivación suficiente, atendieron los
argumentos de defensa y sustentaron la acreditación de la experiencia a partir de la
fecha de inscripción.

17. El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, a través de su
presidente, solicitó declarar improcedente la acción por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad. Sostuvo que el proceso de nulidad electoral continúa en curso y
constituye el escenario judicial para controvertir las decisiones cuestionadas.
Añadió que la suspensión provisional no define la legalidad de la elección y que el
actor no acreditó un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez
constitucional.

18. El señor Álvaro Javier Iglesias Ibarra, a través de apoderado judicial, solicitó
declarar improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Argumentó que los cuestionamientos formulados corresponden al proceso de
nulidad electoral, que aún se encuentra en trámite, y que varios de ellos ya fueron
planteados al controvertir la suspensión provisional. Añadió que no se acreditó una
amenaza real e inminente que justifique desplazar al juez del proceso electoral.

19. El Ministerio de Educación Nacional, a través del jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que
no intervino en la designación del rector ni profirió las providencias cuestionadas, y
que carece de competencia para modificarlas o disponer que el accionante reasuma
el cargo. Solicitó, en consecuencia, su desvinculación del trámite constitucional.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

20. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, de conformidad con el numeral 7° del artículo 1°
del Decreto 1983 de 2017, que modificó el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del

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Decreto 1069 de 2015, modificado a su vez por el Decreto 333 de 2021, por dirigirse
la acción contra providencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Problema jurídico y metodología de la decisión

21. La Sala establecerá si se cumplen los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. De superarse, determinará si la
Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo, violación
directa de la Constitución, defecto procedimental absoluto o desconocimiento del
precedente constitucional al proferir los autos del 7 y 28 de mayo de 2026 y si, en
consecuencia, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso y
desempeño de funciones y cargos públicos, a la igualdad y al trabajo del señor
Guillermo Andrés Echavarría Gil.

Análisis de la Sala

22. Legitimación en la causa. El señor Guillermo Andrés Echavarría Gil está
legitimado por activa, pues actuó como demandado dentro del proceso de nulidad
electoral radicado 11001-03-28-000-2026-00109-00 y los autos cuestionados
suspendieron provisionalmente los efectos del acto que lo designó rector de la
Universidad Popular del Cesar. Por pasiva, la legitimación recae en la Sección
Quinta del Consejo de Estado, autoridad judicial que profirió las providencias del 7
y 28 de mayo de 2026.

23. El señor Álvaro Javier Iglesias Ibarra, el Consejo Superior de la Universidad
Popular del Cesar y el Ministerio de Educación Nacional fueron vinculados como
terceros con interés. El primero promovió el proceso de nulidad electoral; el Consejo
Superior expidió el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026 e intervino en el trámite de
la medida cautelar; y el Ministerio fue reconocido como tercero impugnador dentro
de ese proceso. En consecuencia, conservarán su vinculación, pues tienen interés
directo en el resultado de esta acción constitucional.

24. No se accederá a la solicitud del Ministerio de Educación Nacional de declarar
su falta de legitimación en la causa por pasiva. La entidad no fue vinculada como
autoridad accionada, sino como tercero con interés, debido a su participación en el
proceso de nulidad electoral. Por esta razón, el hecho de que no hubiera proferido
las providencias cuestionadas no determina su desvinculación de este trámite
constitucional.

25. Inmediatez. Aunque el examen de este requisito es más estricto cuando la tutela
se dirige contra providencias judiciales, en este caso se encuentra satisfecho. Los
autos cuestionados se profirieron el 7 y 28 de mayo de 2026, y la solicitud de amparo
se radicó el 12 de junio siguiente, esto es, quince días después de la última decisión.
Este lapso resulta razonable y es inferior al parámetro de seis meses reconocido
por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

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26. Además, las providencias cuestionadas resolvieron una medida cautelar dentro
de un proceso de nulidad electoral que aún se encuentra en trámite, de modo que
la suspensión provisional mantiene sus efectos sobre el acto administrativo de
designación y conserva actual la controversia constitucional planteada.

27. Subsidiariedad. El proceso de nulidad electoral radicado 11001-03-28-000-
2026-00109-00 se tramita en única instancia ante la Sección Quinta del Consejo de
Estado, de conformidad con el numeral 4 del artículo 149 del CPACA.

28. Contra el auto del 7 de mayo de 2026, que decretó la suspensión provisional, el
señor Guillermo Andrés Echavarría Gil interpuso oportunamente recurso de
reposición, único recurso procedente contra esa decisión, según el inciso final del
artículo 277 del mismo estatuto. La Sección Quinta lo resolvió mediante auto del 28
de mayo siguiente, en el que decidió no reponer la medida y advirtió que contra esa
providencia no procedía recurso alguno. Asimismo, declaró improcedente el recurso
de súplica. Por tanto, el accionante agotó los mecanismos disponibles para
controvertir las providencias cuestionadas.

29. Aunque el proceso electoral continúa en trámite, la tutela se dirige contra los
autos que decretaron y mantuvieron la medida cautelar, a los cuales se atribuyen
defectos constitucionales relacionados, entre otros aspectos, con la aplicación de
una disposición que remite a un cuerpo normativo derogado, con un error en el
cómputo de la experiencia académica y con el alegado prejuzgamiento. Frente a
esos reproches, el accionante no cuenta con otro recurso ordinario o extraordinario
que permita su revisión.

30. No ocurre lo mismo frente al cargo relativo a la falta de respuesta a varios de
los argumentos sustanciales de oposición a la medida cautelar. El ordenamiento
procesal prevé, para esa clase de omisiones, la solicitud de adición y
complementación de la providencia, en los términos del artículo 287 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA. El
accionante no elevó esa solicitud ante la Sección Quinta antes de acudir a la tutela.

31. Cuando la parte estima que el juez omitió pronunciarse sobre alguno de los
extremos del litigio, debe agotar ese mecanismo ordinario antes de promover la
acción de tutela. Frente a este cargo puntual, la acción resulta improcedente por
falta de subsidiariedad y así se declarará, sin perjuicio del estudio de los demás
cargos en el caso concreto.

32. Esta conclusión se refuerza por la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.
La suspensión recae sobre una designación para el período 2026-2030,
actualmente en curso, y su transcurso es irreversible: el tiempo durante el cual el
accionante no ejerza el cargo no se recupera con posterioridad, ni una eventual
decisión favorable adoptada al final del período restablecería su ejercicio efectivo.

33. Ese perjuicio no admite reparación por la vía del proceso electoral ordinario,
cuya duración no está atada al tiempo del período rectoral. Una sentencia favorable

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proferida después de agotado el período no restituiría el ejercicio del cargo, sino
que declararía una vulneración ya consumada. Por esa razón, la controversia exige
un pronunciamiento oportuno que la sola pendencia del proceso ordinario no puede
satisfacer.

34. El perjuicio, además, tiene alcance institucional. La suspensión incide en la
dirección de la Universidad Popular del Cesar, que debe adoptar decisiones
académicas, administrativas, contractuales y presupuestales que no admiten
dilación. Se satisface, así, el requisito de subsidiariedad, salvo frente al cargo
señalado en el numeral anterior.

35. Relevancia constitucional. La jurisprudencia constitucional ha señalado que
este requisito busca preservar la competencia de las jurisdicciones ordinarias,
restringir la tutela a cuestiones que afecten derechos fundamentales e impedir que
se convierta en una instancia adicional para controvertir las decisiones de los
jueces; para ello, exige que la controversia verse sobre un asunto constitucional y
no meramente legal o económico, y que involucre el contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental1.

36. En este caso, los autos cuestionados suspendieron provisionalmente los
efectos del Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026, mediante el cual el Consejo
Superior de la Universidad Popular del Cesar designó al señor Guillermo Andrés
Echavarría Gil como rector para el período 2026-2030, después de la consulta
estamentaria en la que obtuvo 5.270 votos.

37. La controversia no se limita, entonces, a la interpretación de la normativa
universitaria, pues compromete el alcance de los derechos al debido proceso y al
acceso y desempeño de funciones públicas frente a una decisión judicial que impide
al accionante ejercer el cargo para el cual fue designado.

38. Además, los cargos no pretenden únicamente reabrir el debate sobre el
cumplimiento del requisito de experiencia. El accionante cuestiona la motivación de
las providencias, la aplicación de la normativa que sustentó la suspensión, el trámite
de la medida cautelar y el desconocimiento del precedente constitucional, en
particular, del estándar fijado en el Auto 846 de 2024 respecto de la adopción de
medidas cautelares cuando existen distintas interpretaciones sobre el requisito
objeto de controversia.

39. La controversia compromete, igualmente, los derechos electorales de terceros
ajenos al proceso. La designación cuestionada fue precedida por una consulta
estamentaria en la que participaron 5.270 electores, cuya voluntad quedó
suspendida por las providencias cuestionadas. Ese componente colectivo refuerza
la trascendencia constitucional del asunto.

1Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.

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40. Esa dimensión colectiva excede la esfera patrimonial o laboral del accionante.
Mientras la controversia electoral permanezca sin resolver, el resultado de un
ejercicio democrático interno queda en suspenso, sin que el paso del tiempo dentro
del proceso ordinario remedie esa incertidumbre. Ese componente refuerza la
trascendencia constitucional del asunto.

41. Estos reproches plantean un juicio de validez constitucional de las providencias
y no una simple discrepancia con la interpretación del juez electoral. Por lo anterior,
la Sala encuentra superado el requisito de relevancia constitucional.

42. Irregularidad con efecto decisivo. Los cargos formulados, relativos al trámite y
motivación de la medida cautelar, la norma aplicada y el precedente constitucional
invocado, inciden directamente en las decisiones cuestionadas, pues, de
acreditarse, comprometerían el fundamento de los autos que decretaron y
mantuvieron la suspensión provisional.

43. Identificación razonable de los hechos y derechos vulnerados. El accionante
identificó con claridad los hechos y actuaciones que estima irregulares, entre ellos,
la cronología del trámite registrada en SAMAI, el cómputo de la experiencia exigida
y la normativa empleada para decretar la medida cautelar. Asimismo, señaló como
vulnerados sus derechos al debido proceso, al acceso y desempeño de funciones y
cargos públicos, a la igualdad y al trabajo.

44. No se trata de una acción de tutela contra otra sentencia de tutela, de
constitucionalidad proferida por el Consejo de Estado o por la Corte Constitucional,
o una sentencia interpretativa de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz
de la JEP. Las providencias cuestionadas fueron proferidas dentro de un proceso
de nulidad electoral.

45. Superados los requisitos generales, procede la Sala a verificar si se configuran
las causales específicas de procedibilidad invocadas: defecto sustantivo, violación
directa de la Constitución, defecto procedimental absoluto y desconocimiento del
precedente constitucional.

Caso concreto

46. Defecto sustantivo. El accionante atribuye este defecto a tres circunstancias: la
aplicación del artículo 3° del Acuerdo 036 de 2004, que remitiría a una norma
derogada; el desconocimiento de los límites del artículo 231 del CPACA, por
fundamentar la medida cautelar en normas no invocadas; y un error en el cómputo
de la experiencia académica. Ninguna de esas circunstancias tiene vocación de
prosperidad.

47. Norma derogada. El artículo 3° del Acuerdo 036 de 2004 remite al artículo 2°
del Acuerdo 033 de 2004, norma derogada por el artículo 12 del Acuerdo 038 de
2004. La Sección Quinta no desconoció esa derogatoria: verificó las calidades
exigidas al demandado con la norma vigente, esto es, el artículo 2° del Acuerdo 038

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de 2004. La derogatoria del Acuerdo 033 afectó las calidades exigidas para el cargo,
no el momento en que deben acreditarse, extremo que regula de manera autónoma
el artículo 3° del Acuerdo 036 de 2004.

48. Ese artículo conserva su vigencia porque no es contrario al Acuerdo 038 de
2004. La Sección Quinta encontró que ambas disposiciones se complementan: el
artículo 3° del Acuerdo 038 de 2004 exige la presentación de la hoja de vida y los
soportes documentales al momento de la inscripción, y el artículo 3° del Acuerdo
036 de 2004 fija ese mismo momento como extremo temporal para acreditar las
calidades, por lo cual, no existe una incompatibilidad que permita concluir que el
segundo derogó tácitamente al primero.

49. Artículo 231 del CPACA. El accionante sostiene que la Sección Quinta
fundamentó la suspensión provisional en la Sentencia SU-339 de 2025 y en el
artículo 3° del Acuerdo 036 de 2004, normas que, según afirma, no se invocaron en
la solicitud cautelar.

50. El cargo no prospera. La Sección Quinta aclaró que no aplicó la SU-339 de
2025 como fundamento de su decisión: se refirió a ella para responder al argumento
que el propio demandado planteó al descorrer el traslado de la medida cautelar.

51. En cuanto al artículo 3° del Acuerdo 036 de 2004, el artículo 231 del CPACA
autoriza al juez a decretar la suspensión provisional cuando la violación surja del
estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, no solo de las normas invocadas
en la demanda; el examen del régimen estatutario de la Universidad hizo parte de
ese estudio probatorio.

52. Error en el cómputo. El accionante alega que, para el 17 de diciembre de 2025,
fecha en que el Tribunal de Garantías Electorales admitió su candidatura, ya
contaba con cinco años exactos de experiencia.

53. El argumento parte de una premisa equivocada sobre el momento relevante
para el cómputo. La Sección Quinta explicó que el Tribunal de Garantías Electorales
solo valora los documentos aportados al momento de la inscripción, y que el
cronograma del proceso electoral no contempla una etapa posterior para subsanar
defectos sustanciales. El extremo temporal para el cómputo es, entonces, el 26 de
noviembre de 2025, fecha de la inscripción, y no el 17 de diciembre de 2025.

54. Bajo ese extremo temporal, y con la misma metodología del Tribunal de
Garantías Electorales, según la cual dos períodos académicos equivalen a un año,
el demandado acreditó cuatro años, diez meses y veintiséis días de experiencia: el
segundo semestre académico de 2025 se encontraba en ejecución y no podía
contabilizarse como completo.

55. A esa conclusión se suma que la experiencia certificada por UPARSISTEM
S.A.S. no podía tenerse en cuenta, pues esa entidad presta servicios de educación
para el trabajo y el desarrollo humano, actividad que la ley prohíbe equiparar a la

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educación superior. El cálculo no obedeció, entonces, a un error aritmético, sino a
la valoración objetiva de las pruebas allegadas al proceso.

56. Violación directa de la Constitución. El accionante atribuye a las providencias
cuestionadas la creación de un extremo temporal no previsto en la normativa
aplicable, con desconocimiento del artículo 84 de la Constitución Política.

57. El cargo no prospera: ese extremo temporal no fue creado por la Sección
Quinta, sino que está consagrado en el artículo 3° del Acuerdo 036 de 2004, norma
vigente y aplicable al proceso de designación rectoral de la Universidad Popular del
Cesar.

58. La Sección Quinta se limitó a aplicar esa disposición estatutaria, sin introducir
requisitos adicionales a los previstos en el ordenamiento interno de la institución.

59. El accionante también invoca el artículo 29 de la Constitución Política, con
fundamento en los mismos hechos alegados como omisión de respuesta y como
prejuzgamiento: la falta de pronunciamiento sobre varios argumentos de oposición
y el lapso de siete horas, ocho minutos y cuarenta y siete segundos empleados para
decretar la suspensión. El primer aspecto ya fue declarado improcedente por falta
de subsidiariedad, y el segundo no configura defecto alguno, según se explica más
adelante. Por las mismas razones, tampoco se configura la violación directa del
artículo 29 de la Constitución.

60. El artículo 40 de la Constitución Política se invoca, a su vez, con fundamento en
el error alegado en el cómputo de la experiencia y en la aplicación del artículo 3° del
Acuerdo 036 de 2004. Como se explicó al resolver el defecto sustantivo, el cómputo
fue correcto y esa disposición se encuentra vigente. En consecuencia, la suspensión
provisional no constituyó una privación injustificada del ejercicio de funciones
públicas, sino la consecuencia de no acreditar, al momento de la inscripción, la
experiencia académica exigida para el cargo.

61. Defecto procedimental absoluto. En cuanto al prejuzgamiento, el accionante lo
sustenta en tres hechos: la manifestación de impedimento del magistrado Omar
Joaquín Barreto Suárez antes de vencer el traslado de la medida cautelar, el lapso
de siete horas, ocho minutos y cuarenta y siete segundos transcurridos entre el
ingreso del expediente al despacho y la publicación del auto que decretó la
suspensión, y el error en la identificación del demandante contenido en esa
providencia. Ninguno de esos hechos, valorado individualmente o en conjunto,
configura el defecto alegado.

62. La causal de impedimento por amistad íntima tiene naturaleza subjetiva:
corresponde a un sentimiento privado del magistrado que puede afectar su
imparcialidad, y su manifestación constituye un deber legal, no un indicio de
prejuzgamiento. El momento en que el magistrado la exterioriza no depende del
estudio de fondo de la medida cautelar ni se rige por el término de traslado.

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63. Tampoco constituye prejuzgamiento el tiempo empleado para adoptar la
decisión cautelar. La Sección Quinta verificó que la etapa de traslado se cumplió a
cabalidad, que todos los intervinientes presentaron sus escritos de oposición y que
la providencia recurrida atendió cada uno de los argumentos expuestos. La
celeridad con la que se profirió el auto, por sí sola, no acredita que la decisión
hubiera sido adoptada de antemano.

64. Tampoco el error en la identificación del demandante permite acreditar el
prejuzgamiento alegado. Si bien la providencia consignó equivocadamente el
nombre de José Rafael Sierra Lafaurie, se trató de un error material posteriormente
corregido, sin incidencia en la identificación del acto electoral cuestionado, del
elegido o de la controversia sometida a consideración. De ese yerro subsanable no
puede derivarse que la providencia hubiera sido elaborada antes del vencimiento
del traslado.

65. Así las cosas, la cronología registrada en el sistema SAMAI, el momento en que
se manifestó el impedimento y el error material en la identificación del demandante,
aun valorados en conjunto, no permiten concluir que la Sección Quinta hubiera
adoptado anticipadamente la decisión cautelar. Por tanto, no se configura el defecto
procedimental por prejuzgamiento.

66. Desconocimiento del precedente constitucional. El accionante atribuye este
defecto al desconocimiento del Auto 846 de 2024 y de la Sentencia SU-342 de 2024,
proferidos dentro del proceso electoral de Altus Alejandro Baquero Rueda como
magistrado del Consejo Nacional Electoral, y a la aplicación indebida de la
Sentencia SU-339 de 2025. El cargo no prospera.

67. El Auto 846 de 2024 y la Sentencia SU-342 de 2024 resolvieron una
controversia particular sobre el extremo temporal para contabilizar la experiencia
exigida a los magistrados del Consejo Nacional Electoral.

68. La SU-342 de 2024 dejó sin efectos la suspensión provisional decretada en ese
proceso y consideró contraria a la Constitución la interpretación entonces aplicada
por la Sección Quinta.

69. Ese pronunciamiento fue precisado por la Sala Plena de la Corte Constitucional
en la Sentencia SU-339 de 2025, al resolver la tutela contra la sentencia que declaró
la nulidad de la elección de Baquero Rueda. La Corte reconoció que la subregla
fijada por la Sección Quinta sobre el extremo temporal para acreditar la experiencia
era razonable, y precisó que la vulneración advertida en ese caso no provino de la
subregla, sino de su aplicación inmediata y retrospectiva a una situación
consolidada bajo un entendimiento distinto.

70. De la Sentencia SU-342 de 2024 no se deriva, entonces, una regla general
conforme a la cual la experiencia deba acreditarse siempre al momento de la
elección, ni una prohibición de fijar un extremo temporal anterior. Por esa razón, la
Sección Quinta no desconoció el precedente al considerar que los requisitos para

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acceder al cargo de rector debían acreditarse al momento de la inscripción,
conforme a las normas internas de la Universidad Popular del Cesar.

71. Tampoco se configura el defecto por la referencia a la Sentencia SU-339 de
2025. El accionante reconoce que el régimen de elección de los magistrados del
Consejo Nacional Electoral difiere del previsto para la designación del rector de la
Universidad Popular del Cesar.

72. Esa diferencia no acredita el cargo, porque la Sección Quinta no trasladó una
regla normativa del régimen electoral del Consejo Nacional Electoral al proceso
universitario, sino que acudió a la sentencia como criterio jurisprudencial de apoyo,
después de examinar de manera autónoma los acuerdos que rigen la designación
rectoral.

73. La sentencia de reemplazo proferida por la Sección Quinta el 14 de mayo de
2026 en el proceso de Baquero Rueda tampoco evidencia el desconocimiento
alegado. En esa oportunidad, la fecha de la elección se tomó como extremo
temporal por orden expresa de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-339 de
2025, para resolver ese caso en particular, y no como una regla general aplicable a
todo proceso electoral.

74. Finalmente, el Auto 846 de 2024 no contiene una prohibición general de
decretar la suspensión provisional cuando existan interpretaciones jurídicas
distintas. Esa decisión fue adoptada como medida provisional dentro del trámite de
tutela de Baquero Rueda y debe entenderse dentro de la secuencia que la propia
Corte Constitucional precisó después, en la Sentencia SU-342 de 2024 y en la
Sentencia SU-339 de 2025.

75. Por todas las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción
de tutela, sin perjuicio de declarar la improcedencia del cargo relacionado con la
omisión de respuesta a los argumentos de oposición a la medida cautelar, por falta
de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la solicitud del Ministerio de Educación Nacional de declarar su
falta de legitimación en la causa por pasiva y su desvinculación del presente trámite
constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela frente al cargo
relativo a la omisión de respuesta a los argumentos sustanciales de oposición a la

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medida cautelar, por falta de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO. NEGAR el amparo solicitado frente a los demás cargos formulados en
la demanda de tutela, esto es, defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución, defecto procedimental absoluto y desconocimiento del precedente
constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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