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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04560-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04560-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04560-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Eduardo Cañón Palacio.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Primera – Subsección C.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04560-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES
1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El 1 de agosto de 2025, el señor Eduardo Cañón Palacio en ejercicio
del medio de control de nulidad presentó demanda contra el Municipio de
Zipaquirá, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución
núm.1211 del 7 de octubre de 2022, por medio de la cual se revocó una
sanción impuesta a COOTRANSZIPA A.C., por incumplimiento del régimen
del plan de rodamiento en el servicio público de transporte urbano.

1.2. La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante decisión de 2 de septiembre de 2025,
resolvió adecuar la demanda al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por considerar que la pretensión aparejaba

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el restablecimiento del derecho subjetivo del actor. A su vez, remitió el
asunto a los Juzgados Administrativos de Zipaquirá por competencia.

1.3. El Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá, mediante auto del
9 de octubre de 2025 rechazó la demanda por caducidad de la acción.

1.4. Inconforme con la decisión anterior el accionante presentó recurso
de apelación.

1.5. La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante providencia de 27 de mayo de 2026,
confirmó el rechazo de la demanda por caducidad de la acción.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que el asunto tiene evidente relevancia
constitucional porque “[…] se discute la garantía de imparcialidad objetiva del
juez, que forma parte esencial del derecho fundamental al debido proceso
[…]”, además aseguró que involucra el acceso efectivo a la administración de
justicia, no es meramente patrimonial ya que el accionante es una persona
adulta mayor y existe noticia criminal por presunto prevaricato por acción
relacionado con la expedición de la resolución acusada.

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo por aplicación rígida de los artículos 137, 138 y 164 del CPACA y
porque “[…] La causal de impedimento prevista en el artículo 141 numeral 6
del Código General del Proceso se refiere al evento de haber conocido del
proceso en instancia anterior […] por lo que […] la funcionaria judicial debió
manifestar impedimento […]”.

Aseguró que la autoridad accionada incurrió en violación directa de la
Constitución al negar el acceso efectivo a la administración de justicia, a la
igualdad, al trabajo, al mínimo vital, la vida digna y a la tutela judicial efectiva,
ya que en el Auto núm. 390 de 2025 la Magistrada ya había expresado su
posición jurídica concreta sobre el asunto al considerar que la pretensión del

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accionante implicaba el restablecimiento automático de un derecho subjetivo.

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico por valoración incompleta del contexto constitucional del caso y porque
“[…] El Auto No. 205 redujo la controversia a una discusión formal sobre
caducidad, sin valorar integralmente el contexto constitucional del caso […] lo
que […] condujo a una decisión restrictiva del acceso a la justicia y contraria a
la prevalencia del derecho sustancial […]”.

Afirmó que la providencia cuestionada desconoció el precedente constitucional
relativo a la incidencia del plan de rodamiento y la distribución de rutas que
afectan el derecho fundamental al trabajo y a la igualdad, en particular la
Sentencia T-677 de 2001.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Primera

Amparar los derechos fundamentales del señor EDUARDO CAÑÓN
PALACIO al debido proceso, juez imparcial, igualdad, trabajo, mínimo
vital, vida digna, seguridad social y tutela judicial efectiva.

Segunda

Dejar sin efectos el Auto Interlocutorio No. 205 del 27 de mayo de 2026,
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, dentro del radicado No. 25899-33-33-002-2025-
00203-01.

Tercera

Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca rehacer la actuación
de segunda instancia correspondiente al recurso de apelación interpuesto
contra el auto del 9 de octubre de 2025, garantizando que la nueva
decisión sea adoptada sin la participación de la Magistrada Ana Margoth
Chamorro Benavides, por haber emitido previamente la valoración jurídica
determinante contenida en el Auto No. 390 del 2 de septiembre de 2025.

Cuarta

Ordenar que, al resolver nuevamente el recurso de apelación, la autoridad
judicial competente valore de manera integral:

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a. La dimensión constitucional del plan de rodamiento en el transporte
público cooperativo.
b. La incidencia del plan de rodamiento en los derechos al trabajo y a la
igualdad.
c. El precedente constitucional contenido en la Sentencia T-677 de 2001.
d. La excepción prevista en el numeral 3 del artículo 137 del CPACA.
e. La finalidad prevalente de la demanda presentada por el accionante.
f. La ausencia de pretensión indemnizatoria o patrimonial individual.
g. La relevancia constitucional e institucional de la Resolución 1211 de
2022.
h. La existencia de noticia criminal relacionada con la expedición de dicho
acto administrativo.
i. La afectación actual al mínimo vital del accionante derivada del
embargo de su pensión.

Quinta

Ordenar que se garantice el acceso efectivo a la administración de justicia
del accionante, evitando que una interpretación formalista de la
caducidad, adoptada con afectación de la imparcialidad objetiva, bloquee
definitivamente el control judicial de un acto administrativo con relevancia
constitucional, pública y social.

Sexta

Decretar las medidas necesarias para evitar la consolidación de un
perjuicio grave e irreversible sobre los derechos fundamentales del
accionante […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 18 de junio de 2026, se admitió la presente acción de tutela,
se notificó a la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y se vinculó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Zipaquirá y al Municipio de Zipaquirá, en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe en el que pidió declarar improcedente la solicitud
de amparo ya que busca debatir en sede de tutela aspectos procesales y
jurídicos que desbordan el ámbito de competencia del juez de tutela.

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Afirmó que el rechazo de la demanda se sustentó en que el actor no acudió al
medio de control adecuado y que se verificó la extemporaneidad de la
demanda en tanto subyace un interés principalmente particular, por lo que no
hubo vulneración de derechos fundamentales.

2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá, rindió informe
en el que solicitó negar las pretensiones del accionante por no acreditarse
vulneración de derechos fundamentales atribuible a este despacho y declarar
la improcedencia del amparo en tanto se pretende reabrir un debate procesal
ya resuelto y revisado por el superior funcional.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 27 de
mayo de 2026 en el marco del proceso de nulidad con radicación núm. 25899-
33-33-002-2025-00203-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una

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arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
[…]” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que la autoridad accionada no debió confirmar el rechazo de la demanda al
considerar que el medio de control procedente era el de nulidad y
restablecimiento del derecho y que este último se encontraba caducado,
circunstancia que se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto
por el juez natural de la causa judicial, como quiera que el tribunal accionado
expuso de manera coherente, razonada y fundamentada las razones jurídicas
por las cuales el medio de control se encontraba caducado.

Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis adoptada por la
autoridad accionada, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria o
caprichosa y mucho menos sea catalogada como vulneradora de derechos
fundamentales.

En este contexto, se considera que los argumentos de la parte actora más que
develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia
constitucional” que conlleve la presunta transgresión de derechos
fundamentales, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad accionada como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio
de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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