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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04560-01

Fecha
9 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04560-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de 9 de julio de 2026, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-04560-01 Demandantes: Eduardo Cañón Palacio

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04560-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

9 de septiembre de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04560-01
Demandantes: Eduardo Cañón Palacio

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04560-01
Demandante: Eduardo Cañón Palacio
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
Temas: Tutela contra providencia judicial, requisitos generales de
procedencia

Sentencia segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante, contra la
providencia de 9 de julio de 2026, dictada por la Sección Primera del Consejo de
Estado, que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de junio de 2026, el señor Eduardo Cañón Palacio, mediante apoderado judicial,
formuló acción de tutela contra la Sección Primera, Subsección C del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por estimar vulnerados los derechos fundamentales
al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, de acceso a la administración de justicia,
a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«(…)
Segunda Dejar sin efectos el Auto Interlocutorio núm. 205 del 27 de mayo de 2026,
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
dentro del radicado núm. 25899-33-33-002-2025-00203-01.

Tercera Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca rehacer la actuación de
segunda instancia correspondiente al recurso de apelación interpuesto contra el auto del 9
de octubre de 2025, de modo que se garantice que la nueva decisión sea adoptada sin la
participación de la Magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides, por haber emitido
previamente la valoración jurídica determinante contenida en el Auto núm. 390 del 2 de
septiembre de 2025. (…)»

2. Hechos

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Demandantes: Eduardo Cañón Palacio

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Situación administrativa que dio origen al medio de control

El señor Cañón Palacio es propietario del vehículo de transporte público clase
microbús de placa TSM-162, vinculado a COOTRANSZIPA A.C., cooperativa
prestadora del servicio público de transporte urbano en el municipio de Zipaquirá.

En el año 2020 el actor presentó queja formal contra COOTRANSZIPA A.C. por el
incumplimiento del plan de rodamiento, toda vez que la ruta asignada a su vehículo
no era objeto de rotación, lo que generó una afectación directa a sus derechos como
propietario vinculado a la cooperativa.

Mediante Resolución núm. 260 del 25 de marzo de 2022, la Secretaría de Transporte
y Movilidad de Zipaquirá declaró responsable a la empresa de servicio público de
transporte terrestre automotor colectivo Cooperativa Zipaquireña de Transportadores
Cootranszipa AC, por incumplir lo establecido en el artículo 2.2.1.1 en cuanto a la
interpretación y aplicación del Plan de Rodamiento. Por ello, la sancionó con multa de
doscientos setenta (270) UVT, que equivalían a $10.261.080.

La anterior decisión fue adicionada y confirmada por la Resolución núm. 546 del 18
de julio de 2022. Posteriormente, mediante Resolución núm. 1211 del 7 de octubre de
2022, el entonces alcalde municipal de Zipaquirá́ revocó en vía de apelación la sanción
impuesta a COOTRANSZIPA A.C.

Con posterioridad, COOTRANSZIPA A.C. excluyó al señor Cañón Palacio como
asociado mediante decisión del 30 de enero de 2023.

Medio de control de simple nulidad 2025-00203-00/01

Inconforme con la revocatoria de la sanción, el señor Eduardo Cañón Palacio
demandó en simple nulidad al municipio de Zipaquirá para obtener la anulación de la
Resolución núm. 1211 del 7 de octubre de 2022. A título de restablecimiento, solicitó
dejar en firme las decisiones iniciales de la Secretaría de Transporte y Movilidad
(Resoluciones núms. 260 y 546 de 2022) mediante las cuales se había sancionado a
COOTRANSZIPA A.C. en el proceso administrativo sancionatorio núm. 260.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en auto del 2 de septiembre de 2025, adecuó la
demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y declaró la
falta de competencia. Por ello, remitió el proceso a Juzgados Administrativos de
Zipaquirá.

El Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá, en providencia del 9 de octubre
de 2025, rechazó el medio de control al considerar que la demanda se interpuso contra
un acto administrativo de carácter particular que no encuadra dentro de las
excepciones previstas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. Explicó que, de
prosperar la pretensión de nulidad formulada, se produciría un restablecimiento
automático de un derecho a favor del demandante, lo cual desvirtuaba la procedencia
del medio de control invocado.

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Demandantes: Eduardo Cañón Palacio

Señaló que el actor buscaba obtener un beneficio directo la declaratoria de nulidad,
pues ello implicaría la reviviscencia de una decisión administrativa anterior que le
resultaría favorable. En ese sentido, precisó que, si bien el accionante no fue parte
dentro del proceso sancionatorio, este tuvo origen en las quejas presentadas por el
actor contra Cootranszipa A.C. con las que pretendía que se autorizara la rotación de
sus automotores en las diferentes rutas de la empresa.

En consecuencia, concluyó que no era posible tramitar la demanda bajo el medio de
control de nulidad simple, por lo que el medio de control idóneo era el de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Finalmente, en atención a los principios de debido proceso y economía procesal,
examinó la eventual caducidad de dicho medio de control y concluyó que, aunque en
el expediente no obraba constancia de ejecutoria de la Resolución núm. 1211 de 2022,
por el tiempo transcurrido desde su expedición, había operado la caducidad, del medio
de control de nulidad y restablecimiento motivo por la que había lugar al rechazo de
la demanda.

El actor apeló esa decisión con fundamento en que no operó la caducidad, porque la
demanda que presentó era de simple nulidad. Agregó que adecuar el trámite al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho no cambiaba la naturaleza del
medio de control originalmente ejercido, ni habilitaba el rechazo por caducidad, toda
vez que nunca solicitó el reconocimiento de un derecho subjetivo ni una reparación
individual, sino el control de legalidad del acto administrativo demandado.

Señaló que la finalidad primordial de la demanda era la preservación del orden jurídico,
dado que al revocar la sanción se afectaba de manera grave el orden público
económico, social y ecológico en la prestación del servicio público de transporte
urbano en Zipaquirá, al permitir prácticas contrarias a la regulación del plan de
rodamiento. Con base en ello estimó que el caso encaja dentro de la excepción
prevista en el numeral 3 del artículo 137 del CPACA, que habilita la nulidad simple
contra actos particulares.

Finalmente, invocó la doctrina de los móviles y finalidades y afirmó que a su juicio era
procedente el medio de control de simple nulidad respecto de actos administrativos
particulares cuando comprometían intereses colectivos de especial trascendencia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en
auto del 27 de mayo de 2026, confirmó la decisión de primera instancia, con
fundamento en similares argumentos a lo expuestos por el juez de primera instancia.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en las siguientes causales
específicas de procedibilidad:

Defectos orgánico y procedimental absoluto. Consideró que la magistrada que
confirmó el rechazo de la demanda ya había fijado la postura determinante del caso
al ordenar, en providencia del 2 de septiembre de 2025, la adecuación del trámite a
nulidad y restablecimiento del derecho por advertir un restablecimiento automático. De
ahí que, al haber comprometido su criterio y conocido previamente del asunto, debió

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Demandantes: Eduardo Cañón Palacio

declararse impedida conforme al numeral 6 del artículo 141 del CGP; al no hacerlo,
afectó la imparcialidad objetiva, su competencia funcional y el debido proceso.

Defecto sustantivo y falta de motivación. Anotó que la autoridad judicial demandada
aplicó de forma rígida los artículos 137, 138 y 164 del CPACA al equiparar un beneficio
indirecto con el restablecimiento subjetivo de un derecho. Además, dijo que el Tribunal
omitió motivar y analizar si procedía la simple nulidad bajo la excepción del numeral 3
del artículo 137 ibídem, dado el impacto del plan de rodamiento en el servicio público
de transporte.

Desconocimiento del precedente. Alegó que el tribunal accionado desconoció el
precedente de la sentencia T-677 de 2001 sobre la incidencia del plan de rodamiento
en los derechos al trabajo.

Finalmente, indicó que la solicitud de amparo es procedente por configuración de un
perjuicio irremediable, porque es una persona adulta mayor cuya pensión constituye
su única fuente de subsistencia y la misma está afectada por un medida de embargo
del 35 % decretada en el proceso ejecutivo civil con radicado 25899-40-03-003-2023-
00595-00, tramitado ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Zipaquirá, que inició
la Cooperativa en su contra al momento de excluirlo de la sociedad, situación que
compromete su mínimo vital.

4. Trámite previo

El 18 de junio de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción
de tutela, negó la solicitud de medida cautelar, ordenó notificar a las partes, al Juzgado
Segundo Administrativo de Zipaquirá́ y al Municipio de Zipaquirá como terceros con
interés directo a quienes remitió copia de la demanda.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera – Subsección C
se remitió a los argumentos de la providencia cuestionada y solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, dado que el actor busca debatir aspectos procesales
y jurídicos que ya habían sido resueltos en el proceso ordinario.

El Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá explicó que la providencia del 9
de octubre de 2025 fue proferida dentro del marco de las competencias legales y con
fundamento en el análisis de las pretensiones de la demanda, la naturaleza del acto
administrativo cuestionado y las reglas previstas en los artículos 137, 138 y 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Precisó que el principal reproche formulado en la acción de tutela se refiere a la
presunta afectación de la imparcialidad objetiva en la segunda instancia, por la
participación de la magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en la decisión que resolvió la apelación, razón por la que consideró que dicho
cuestionamiento no corresponde a una actuación atribuible a ese juzgado, pues no
interviene en la conformación de las salas de decisión del Tribunal, ni en la asignación
de ponencias, ni en la valoración de eventuales impedimentos de los magistrados.

Finalmente señaló que el actor pretende reabrir un debate procesal ya surtido ante el
juez natural.
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Demandantes: Eduardo Cañón Palacio

Por lo expuesto solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda al no
acreditarse la vulneración alegada o que en su defecto se declare improcedente la
solicitud de amparo.

6. Sentencia de primera instancia

El 9 de julio de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo, al considerar que había sido utilizada como una
instancia adicional dentro del proceso ordinario, con el propósito de reabrir una
discusión que ya había sido resuelta por el juez natural de la causa.

7. Impugnación

La parte demandante impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en los
siguientes argumentos:

Afirmó que el debate trasciende la mera legalidad procesal, pues la decisión
cuestionada finalizó el proceso. Además, que no se tuvo en cuenta que la decisión
cuestionada no estudió la dimensión pública del plan de rodamiento en el transporte
urbano, que da lugar a la excepción del numeral 3 del artículo 137 del CPACA, ni la
existencia de una noticia criminal por presunto prevaricato contra el acto administrativo
demandado.

Sostuvo que la misma magistrada fijó la tesis que resultó determinante en el auto del
2 de septiembre de 2025, mediante el cual adecuó oficiosamente la demanda al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y que posteriormente actuó como
ponente del auto del 27 de mayo de 2026 que confirmó el rechazo por caducidad
derivado de dicha calificación. Precisó que no le era exigible recusar previamente a la
funcionaria y que el carácter colegiado de la decisión no subsana el vicio alegado,
pues fue la ponencia la que definió el criterio de la decisión.

Cuestionó que el fallo de primera instancia si bien expuso en los antecedentes los
defectos alegados, declaró la improcedencia con fundamento en que no se acreditó
relevancia constitucional; de modo que omitió resolver los cargos planteados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04560-01
Demandantes: Eduardo Cañón Palacio

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Problema jurídico

En los términos del escrito de impugnación, a la Sala le corresponde determinar si se
debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Eduardo Cañón Palacio.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos, (i) sobre la
relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales y (ii) el análisis del caso concreto.

(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(iii) Caso concreto

La Sala advierte que el actor alegó la configuración de un defecto procedimental en la
medida en que el proceso objeto de debate fue conocido en dos momentos procesales
distintos por la misma magistrada y al no manifestarse impedida comprometió su
criterio e imparcialidad.

Sobre el particular, se encuentra que el accionante interpuso demanda de simple
nulidad contra un acto administrativo proferido por el municipio de Zipaquirá. En
primera instancia conoció del trámite la magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que en
providencia del 2 de septiembre de 2025, dispuso: i) adecuar el trámite al medio de

4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Ibidem.
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control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que el acto demandado era
de contenido particular y su nulidad implicaría un restablecimiento automático; ii) como
consecuencia de lo anterior afirmó que carecía de competencia para conocer del
asunto y remitió el trámite a los juzgados administrativos de Zipaquirá.

Una vez el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá conoció del proceso en auto
del 9 de octubre de 2025 explicó que el actor buscaba obtener un beneficio directo
derivado de la declaratoria de nulidad del acto acusado, pues ello implicaría la
reviviscencia de una decisión administrativa anterior que le resultaría favorable.

Y al analizar el cumplimiento de los requisitos de la demanda bajo el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho concluyó que frente a este había operado
el fenómeno de la caducidad y por tanto había lugar al rechazo de la demanda.

Dicha decisión fue apelada por el actor y la magistrada Ana Margoth Chamorro
Benavides del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 27 de
mayo de 2026, conoció de la apelación de la decisión como ponente. Al respecto,
indicó que en el caso objeto de estudio no era aplicable la excepción del numeral 3
del artículo 137 del CPACA, por afectación al orden público económico o social,
porque la pretensión del actor no era independiente ni autónoma, sino que estaba
ligada a su interés individual, particular y concreto.

En efecto, explicó que la eventual nulidad del acto demandado conllevaría
necesariamente la reviviscencia de la sanción administrativa y con ello la modificación
del plan de rodamiento, con un beneficio directo y específico para el actor, lo cual
excluía el carácter objetivo de la acción.

Además, concluyó que la simple invocación del interés general no transformaba una
pretensión subjetiva en una acción de nulidad simple, ni permitía desconocer la regla
expresa del artículo 137 del CPACA y su parágrafo, que obligaba a tramitar el asunto
como nulidad y restablecimiento del derecho.

En este contexto, la Sala considera que este cuestionamiento no satisface el requisito
general de relevancia constitucional, pues el actor sustentó la presunta falta de
imparcialidad de la magistrada en apreciaciones subjetivas, sin desarrollar una
argumentación suficiente que permitiera identificar la dimensión constitucional de su
reproche. Por tanto, su percepción sobre la actuación de la magistrada no satisface la
carga argumentativa mínima necesaria para justificar la intervención del juez de tutela.

Además, la participación de la magistrada como ponente de la decisión que resolvió
la apelación correspondió al ejercicio de la función del tribunal como superior del
juzgado, al que le competía revisar los fundamentos del rechazo de la demanda,
incluida la configuración de la caducidad, sin que esa actuación, por sí sola, permita
atribuirle la vulneración alegada.

Por lo tanto, no es de recibo lo expuesto por el demandante.

Ahora bien, respecto a los demás argumentos alegados por el actor en la
impugnación, esto es, la presunta falta de estudio de la dimensión pública del plan de
rodamiento y de la excepción del numeral 3 del artículo 137 del CPACA, se tiene que
estos no cumplen con el requisito de relevancia constitucional, porque con ellos el
actor busca reabrir la discusión ya definida por el juez natural de la causa.
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Demandantes: Eduardo Cañón Palacio

Sobre el particular, resulta necesario recordar que el demandante en el marco de la
presente solicitud de amparo alegó que el tribunal demandado incurrió en defecto
sustantivo porque a su juicio no analizó de manera suficiente la excepción prevista en
el numeral 3 del artículo 137 del CPACA, que permite ejercer la nulidad simple contra
actos particulares cuando sus efectos nocivos afectan gravemente el orden público,
político, económico, social o ecológico. Que para el presente caso encuadraría
plenamente, por tratarse del cumplimiento de la ley, la cual es de carácter general y
su no aplicación altera el orden justo y socava la seguridad jurídica.
Dicho argumento ya había alegado en el recurso de apelación que ejerció contra la
decisión proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá el 9 de octubre
de 2025 en el que expuso textualmente:

«Ahora bien, el propósito principal de la declaración de nulidad del acto administrativo
demandado es buscar la preservación del orden jurídico, toda vez que la Resolución 1211
de 2022 afecta el orden público económico y social del servicio de transporte en Zipaquirá,
de la siguiente forma:

ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO: Regulación de rutas de transporte público y planes de
rodamiento
ORDEN PÚBLICO SOCIAL: Servicio esencial de transporte colectivo urbano
ORDEN PÚBLICO ECOLÓGICO: Cumplimiento de normativa ambiental en materia de
transporte.
Encajando en la excepción del artículo 137.3 del CPACA.(…)».

En otras palabras, en la presente solicitud de amparo reitera los mismos argumentos
expuestos en el marco del proceso ordinario, con la finalidad de que se cambie la
decisión que fue adversa a sus intereses.

De lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por el demandante
fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, en la providencia del 27 de mayo de 2026, que, en lo que interesa,
consideró:

«Se confirmará el rechazo de la demanda por caducidad ya que el artículo 137 del CPACA impone
que, cuando de la sentencia de nulidad que se produjere genere el restablecimiento automático de
un derecho, como ocurre en este caso, el medio de control procedente es el de nulidad y
restablecimiento del derecho, que debe impetrarse en el plazo legal. Invocar una supuesta afectación
al orden público no es suficiente para mutar el medio de control adecuado.
Conforme a lo anterior, la escogencia del medio de control no depende de la discrecionalidad del
demandante, sino de los efectos de una eventual sentencia de nulidad.
En el presente caso se observa que el demandante pide la nulidad del acto administrativo que revocó
la sanción impuesta contra COOTRANSZIPA A.C. Sin embargo, reconoció que la nulidad apareja el
restablecimiento automático de su derecho subjetivo, porque revive la Resolución 260 de 2022
favorable a sus intereses, porque fortalece su posición frente a la empresa COOTRANSZIPA A.C.
ya que incide en la operación y rotación de los vehículos de su propiedad dentro del servicio de
transporte público dentro de dicha empresa.
Por tal motivo, la revocatoria no solo elimina un acto administrativo, sino que mejora de manera
directa y concreta su situación jurídica subjetiva.
Además, no es aplicable la excepción del numeral 3 del artículo 137 del CPACA, por afectación al
orden público económico o social, porque la pretensión del actor no es independiente ni autónoma
sino que está ligada a su interés individual, particular y concreto.
En efecto, la eventual nulidad del acto demandado conllevaría necesariamente la reviviscencia de
la sanción administrativa y con ello la modificación del plan de rodamiento, con un beneficio directo
y específico para el actor, lo cual excluye el carácter objetivo de la acción.
Además, la simple invocación del interés general no transforma una pretensión subjetiva en una
acción de nulidad simple, ni permite desconocer la regla expresa del artículo 137 del CPACA y su
parágrafo, que obliga a tramitar el asunto como nulidad y restablecimiento del derecho.
En vista de lo anterior, adecuar la demanda era imperativo; y también cumplir los presupuestos del
medio de control adecuado, en este caso, la caducidad.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04560-01
Demandantes: Eduardo Cañón Palacio

Adicionalmente, la Sala advierte que no se configuró una vulneración al derecho de acceso a la
administración de justicia, toda vez que el rechazo de la demanda no constituyó una restricción
indebida de dicho derecho, en la medida en que el actor contó con un medio de control judicial idóneo
dentro del término legal y no lo ejerció oportunamente. .(…)».

(subrayado fuera de texto)

De lo anterior, es posible concluir que la autoridad judicial demandada valoró el
conjunto de pruebas aportadas al proceso, analizó las consecuencias de declarar la
nulidad del acto administrativo demandado y concluyó que de conformidad con la
norma había lugar a tramitar el proceso como nulidad y restablecimiento del derecho
y este no cumplía con el requisito de caducidad razón por la que era procedente
rechazar.

Además, la autoridad judicial accionada precisó que invocar una supuesta afectación
al orden público no es suficiente para mutar el medio de control adecuado.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, porque tal como lo indicó el a quo el
actor reiteró los argumentos que expuso en el marco del proceso ordinario, lo que
permite evidenciar que la inconformidad del actor se generó con las conclusiones del
juez natural, las cuales no coinciden con sus intereses.

Finalmente, la Sala no se pronunciará sobre el argumento relativo a la existencia de
una noticia criminal por presunto prevaricato asociada a la expedición de la Resolución
núm. 1211 de 2022, por tratarse de un planteamiento nuevo. Dicho reproche no fue
formulado en el recurso de apelación que resolvió el tribunal accionado ni en el escrito
de tutela, sino únicamente en la impugnación del fallo de primera instancia.

Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión impugnada en la medida
en que la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional que habilite el estudio de los cargos invocados por parte del juez
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de 9 de julio de 2026, dictada por la Sección Primera del
Consejo de Estado conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

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Demandantes: Eduardo Cañón Palacio

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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