Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04563-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04563-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04563-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04563-00
Demandantes: LUIS NORBERTO AGUIRRE VERGARA Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“C”
TEMAS: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedencia por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 11 de junio de 2026, el señor Luis Norberto Aguirre Vergara y otros 1, por medio
de apoderado, presentaron acción de tutela con el fin de que se les amparen sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a las «Garantías Judiciales».
Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “C” que por medio de sentencia de 9 de diciembre de
2025 modificó2 el fallo de 19 de agosto de 2022, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el que había declarado probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo
identificado con el radicado 05001-23-33-000-2015-01072-01, que promovieron los
1 María Margarita García Giraldo, Claudia Patricia Aguirre Cáceres, Andrés Yesid Idárraga García,
Jairo León Giraldo y María Beatriz Velásquez Gómez.
2 En la que también se declaró probada la excepción de caducidad pero solo respecto de los señores
Luis Norberto Aguirre Vergara, María Margarita García Giraldo, Claudia Patricia Aguirre Cáceres,
Andrés Yesid Idárraga García, Jairo León Giraldo, María Beatriz Velásquez Gómez, Edgar Darío
Giraldo Velásquez, Wilson Alirio Giraldo Velásquez y María Otilia Giraldo Bedoya.
Adicionalmente, y por su parte, se declaró la responsabilidad de la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional y Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional por los daños padecidos
por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas Libardo Antonio Castaño Buriticá, Carmen
Rosa Gómez Montoya, Luz Aleida Castaño Gómez y John Jairo Castaño Gómez, ocurrido en el año
2000, y en consecuencia condenó a las referidas autoridades solidariamente a indemnizar a las
víctimas por los perjuicios morales y a los bienes constitucionales y convencionales, así como pagar
a cada uno de los sujetos procesales el equivalente a 40 SMLMV, más otras medidas no pecuniarias.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04563-00
Demandantes: Luis Norberto Aguirre Vergara y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y
otros.
1.2. Pretensiones
Los accionantes presentaron las siguientes:
PRIMERO: Que se deje sin ningún efecto la decisión adoptada en el numeral 1º del
ordinal Segundo de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, de la
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C. del H.
Consejo de Estado, proferida el 9 de diciembre de 2025, en el Medio de Control de
Reparación de Perjuicios causados a un Grupo, con radicado 05001 23 33 000 2015
01072 01 (69.128), decisión mediante la cual, desconociendo lo dispuesto por la H.
Corte Constitucional en Sentencia SU – 254 de 2013, se declaró “…probada la
excepción de caducidad respecto de Luis Norberto Aguirre Vergara, María Margarita
García Giraldo, Claudia Patricia Aguirre Cáceres, Andrés Yesid Idárraga García, Jairo
León Giraldo, María Beatriz Velásquez Gómez, Edgar Darío Giraldo Velásquez,
Wilson Alirio Giraldo Velásquez y María Otilia Giraldo Bedoya.”
SEGUNDO: Que, en consecuencia, la Sala accionada reestructure la sentencia de
segunda instancia, proferida en el citado medio de control, extendiendo las
consideraciones y decisiones allí adoptadas en relación con la declaratoria de
responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por los daños y perjuicios ocasionados como
resultado del desplazamiento forzado del que fueron víctimas mis mandantes, así
como todos los demandantes originales y en general todo el grupo representado,
según los hechos ocurridos en los meses de marzo, abril y diciembre del año 2000;
imputación que la Sala formuló contra los entes demandados, para el caso de los
cuatro demandantes originales de la acción de Reparación Directa que fuera
acumulada a la de Grupo, “a título de falla en el servicio” por “omisión del deber de
protección”, para lo cual se adecuaran así mismo las demás condenas
correspondientes.
TERCERO: Que se adopten por la misma Sala accionada, las demás decisiones
propias de estas acciones de origen constitucional y naturaleza colectiva, conforme
la regulación legal y las pretensiones específicas que se formularon al promover el
citado medio de control.
CUARTO: Las demás órdenes que la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado estime necesarias y adecuadas para una eficaz protección de los
derechos constitucionales fundamentales de mis mandantes en particular, así como
los de todos los accionantes originales y los del grupo que fue representado al
promoverse el Medio de Control de Reparación de Perjuicios causados a un Grupo,
acogiéndose a lo dispuesto expresamente por el artículo 145 de la Ley 1437 de 2011
y en atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 sobre el contenido
de la sentencia.3
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
1.3.1. Para empezar, se debe poner de presente que el proceso ordinario que
originó esta acción de tutela es el resultado de la acumulación de dos procesos, a
saber: (i) expediente 05001-23-33-000-2015-01072-00 – Medio de control de
3 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
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Demandantes: Luis Norberto Aguirre Vergara y otros
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reparación de perjuicios causados a un grupo4 y (ii) expediente 05001-33-33-007-
2015-00907-00 – Medio de control de reparación directa5.
De modo que, para mayor claridad, la referencia a ambos procesos se hará de
manera independiente.
1.3.2. Expediente 05001-23-33-000-2015-01072-00 – Medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo6
El 22 de mayo de 2015, los señores Luis Norberto Vergara, Jairo León Giraldo y sus
respectivos familiares7 presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo, por medio de la cual solicitaron
declarar patrimonialmente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional por los daños sufridos por el desplazamiento forzado del que
fueron víctimas por residir en las márgenes de izquierda y derecha de la autopista
Medellín – Bogotá, a la altura de los municipios de San Luis, San Francisco,
Cocorná, El Santuario, Marinilla, Rionegro y El Carmen de Viboral, en el
departamento de Antioquia, durante marzo, abril y diciembre del 2000.
1.3.2.1. Las pretensiones las formularon en los siguientes términos:
“Primero: Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación –
Ejército y Policía Nacional, por los perjuicios que sufrieron todos los integrantes del grupo
representado, de conformidad con los criterios de identificación y definición que sean
aceptados, por su calidad de víctimas del delito de desplazamiento forzado, según hechos
que sucedieron durante los meses de marzo, abril y diciembre del año 2000 en los municipio
[sic] de San Luis, San Francisco, Cocorná, El Santuario, Marinilla, Rionegro y el Carmen de
Viboral, concretamente en las áreas afectadas de la autopista Medellín – Bogotá.
Segundo: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Nación –
Ministerio de Defensa y Policía Nacional, a pagar a título de indemnización por los perjuicios
ocasionados a cada uno de los miembros del grupo, así:
a. Por los perjuicios materiales en sus modalidades de daño emergente y lucro cesante,
que sean acreditados mediante tramite incidental posterior y de acuerdo con los parámetros
que se fijen en la sentencia, en cuantía que no excederá de cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes por cada uno de los grupos familiares afectados por el
desplazamiento masivo de que fueron víctimas.
b. Por los perjuicios morales una suma equivalente a cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes para cada uno de los miembros del grupo.
c. Por el daño a la vida de relación, la suma de cincuenta salarios mínimos legales
mensuales para cada uno de los miembros del grupo.
Tercero: Que se condene en costas a la parte demandada.
4 Tramitada inicialmente ante el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Medellín.
5 Adelantado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
6 Proceso donde fungieron como actores los tutelantes de esta acción de amparo.
7 En su momento, en el proceso ordinario se hizo claridad en la subsanación de la demanda, en la
que se acompañó el poder de María Margarita García Giraldo, compañera permanente de Luis
Norberto Aguirre, y los de sus hijos, Claudia Patricia Aguirre Cáceres y Andrés Yesid Aguirre García,
así como el otorgado por María Beatriz Velásquez Gómez, cónyuge del señor Jairo León Giraldo,
los de sus hijos, Edgar Darío Giraldo Velásquez y Wilson Alirio Giraldo Velásquez, y los de su madre,
María Otilia Giraldo Bedoya.
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Demandantes: Luis Norberto Aguirre Vergara y otros
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Cuarto: Que se fijen los honorarios de conformidad con lo previsto por la Ley 472 de 1998.
Como sustento de su demanda, adujeron que los miembros del grupo actor tenían
su domicilio y su lugar de trabajo o estudio en uno u otro costado de la Autopista
Medellín – Bogotá, concretamente, a la altura de los municipios de San Luis, San
Francisco, Cocorná, El Santuario, Marinilla, Rionegro y El Carmen de Viboral, en el
departamento de Antioquia, y se dedicaban, en su gran mayoría, al cultivo de la
tierra, a la crianza de animales domésticos o al comercio.
Asimismo, manifestaron que al cabo de unos meses regresaron a sus viviendas,
puesto que las AUC habían aceptado su retorno.
1.3.3. Expediente 05001-33-33-007-2015-00907-00 – Medio de control de
reparación directa
El 10 de julio de 2015, los señores Libardo Antonio Castaño Buriticá, Carmen Rosa
Gómez Montoya, Luz Aleida Castaño Gómez y John Jairo Castaño Gómez
presentaron una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa,
mediante la cual solicitaron declarar patrimonialmente responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional por los daños sufridos por el
desplazamiento forzado del que fueron víctimas por residir en la vereda La Iberia,
en la jurisdicción del municipio de San Luis, al margen de la Autopista Medellín –
Bogotá durante el año 2000.
1.3.3.1. Las pretensiones las formularon en los siguientes términos:
1. se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional, por los perjuicios de índole material, moral y por el
daño a bienes constitucionales, ocasionados a mis mandantes en su calidad de
víctimas del delito de desplazamiento forzado, por los hechos ocurridos durante los
meses de marzo, abril y diciembre de 2000, en la Autopista Medellín – Bogotá.
2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Nación –
Ministerio de Defensa –Ejército Nacional a pagar a título de indemnización por los
perjuicios ocasionados a cada uno de los miembros del grupo, así:
a. Por los perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente en favor del señor
LIBARDO ANTONIO CASTAÑO BURITICÁ la suma de CINCUENTA Y SIETE
MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($ 57.102.143)
más NOVENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
DOCE PESOS ($95.054.512) por concepto de daños materiales en su modalidad de
Lucro cesante, para un total de Ciento cincuenta y dos millones ciento cincuenta y
seis mil seiscientos cincuenta y cinco ($152.156.655).
b. Por los perjuicios morales una suma equivalente a cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes para los señores LIBARDO ANTONIO CASTAÑO BURITICÁ,
CARMEN ROSA GÓMEZ MONTOYA, LUZ ALEYDA [sic] CASTAÑO GÓMEZ Y
JOHN JAIRO CASTAÑO GÓMEZ, para cada uno de ellos para un total de 400
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de formular de esta acción
que representan la suma total de Doscientos cincuenta y siete millones setecientos
cuarenta mil pesos ($257.740.000).
c. Para los demandantes LIBARDO ANTONIO CASTAÑO BURITICÁ, CARMEN
ROSA GÓMEZ MONTOYA, LUZ ALEYDA [sic] CASTAÑO GÓMEZ Y JOHN JAIRO
CASTAÑO GÓMEZ, por concepto del daño a bienes constitucionales la suma de
CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES a cada
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uno de ellos, para un total de Doscientos salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de formular esta acción, por un valor total de Ciento veintiocho
millones ochocientos setenta mil pesos ($128.870.000).
Tercero: La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse en sumas
líquidas y se ajustarán conforme con lo dispuesto por el artículo 187, inciso final, del
CPACA.
Cuarto: Las demás medidas que considere pertinentes el Tribunal, tendientes a la
reparación integral de mis mandantes.
Quinto: Se dispondrá que la sentencia se cumpla en los términos de los artículos 192
a 195 del CPACA.
1.3.3.2. Para soportar las pretensiones, en la demanda se manifestó que los
demandantes conformaban un núcleo familiar asentado al margen de la carretera
Autopista Medellín – Bogotá, en la jurisdicción del municipio de San Luis, en una
parcela que poseían legítimamente desde 1997, en donde el señor Libardo Antonio
Castaño, como cabeza del hogar, proveía por su familia a través de actividades de
cultivo, la explotación comercial de cría de pesca de estanque y un lavadero de
carros.
1.3.4. Los procesos 05001-23-33-000-2015-01072-00 y 05001-33-33-007-2015
00907-01 se acumularon y en primera instancia, el trámite le correspondió al
Tribunal Admirativo de Antioquia, que el 19 de agosto de 2022 profirió sentencia en
la que declaró la caducidad del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo, en consideración a que el término de dos años previsto por el
CPACA, en el caso del desplazamiento forzado, debía computarse desde la fecha
en la que los demandantes retornaron al lugar del cual fueron desplazados.
El a quo adujo que la SU 254 de 2013 de la Corte Constitucional, que previó el
referido término para la población desplazada, en lo que hace a futuros procesos
judiciales que se adelanten ante la jurisdicción contencioso-administrativa
solamente podía iniciar su conteo a partir de la ejecutoria de dicha providencia.
El tribunal determinó que la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional
que estipuló que el término de caducidad para la población desplazada, «en lo que
hace a futuros procesos judiciales que se adelanten ante la jurisdicción contencioso
administrativa» solamente podía iniciar su conteo a partir de la ejecutoria de dicha
providencia— únicamente resultaba aplicable al medio de control de reparación
directa o a la acción de tutela para la determinación del monto de la indemnización
administrativa, pues tal era la interpretación según la cual esa decisión guardaba
relación con el problema jurídico estudiado en la sentencia de unificación, además
de que los efectos dispuestos por el proveído eran, expresamente, inter comunis,
sin que el caso particular compartiera los presupuestos fácticos.
El a quo hizo referencia a la sentencia de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, con expediente 61033, en la que se dispuso que el término de
caducidad previsto por el legislador resultaba extensible a las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pudiera solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, y se computaba desde
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cuando los afectados conocieron o debieron conocer la posibilidad de imputarle
responsabilidad a la administración, sin que se contabilizara durante el tiempo en el
que existiera una imposibilidad material de ejercer el derecho de acción.
1.3.5. Inconformes con la decisión del a quo, se presentaron dos escritos de
impugnación por parte de los accionantes, a saber, por un lado, los señores Luis
Norberto Aguirre Vergara, María Margarita García Giraldo, Claudia Patricia Aguirre
Cáceres, Andrés Yesid Idárraga García, Jairo León Giraldo, María Beatriz
Velásquez Gómez, Edgar Darío Giraldo Velásquez, Wilson Alirio Giraldo Velásquez
y María Otilia Giraldo Bedoya, y por su parte, los señores Libardo Antonio Castaño
Buriticá, Carmen Rosa Gómez Montoya, John Jairo y Luz Aleida Castaño Gómez.
1.3.6. De modo que, en segunda instancia, el proceso le correspondió al Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, que, en fallo de 9 de diciembre de
2025, decidió lo siguiente:
SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia del 19 de agosto del 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia para, en su lugar, disponer:
1°.- DECLARAR probada la excepción de caducidad respecto de Luis Norberto
Aguirre Vergara, María Margarita García Giraldo, Claudia Patricia Aguirre
Cáceres, Andrés Yesid Idárraga García, Jairo León Giraldo, María Beatriz
Velásquez Gómez, Edgar Darío Giraldo Velásquez, Wilson Alirio Giraldo
Velásquez y María Otilia Giraldo Bedoya. (Negrillas fuera del texto original)
2°.- DECLARAR la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los daños padecidos
por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas Libardo Antonio Castaño
Buriticá, Carmen Rosa Gómez Montoya, Luz Aleida Castaño Gómez y John Jairo
Castaño Gómez, ocurrido en el año 2000.
3°.- CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, solidariamente, a indemnizar los perjuicios
morales y a los bienes constitucionales y convencionales, según lo expuesto en esta
sentencia, a favor de Libardo Antonio Castaño Buriticá, Carmen Rosa Gómez
Montoya, Luz Aleida Castaño Gómez y John Jairo Castaño Gómez.
4°.- En consecuencia, CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar a cada uno de
los antedichos demandantes el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, a la fecha de la presente sentencia.
Igualmente, como medidas de reparación no pecuniarias, CONDENAR a estas
entidades a (i) publicar la parte resolutiva de esta sentencia en un diario de circulación
nacional; (ii) socializar entre sus altos manos la presente providencia y, en particular,
lo relacionado con el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales de la
fuerza pública, con el fin de estructurar estrategias eficaces para la prevención del
desplazamiento masivo; y (iii) celebrar un acto público de ofrecimiento de disculpas a
los demandantes.
5°.- CONDENAR en costas a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a favor de Libardo Antonio Castaño
Buriticá, Carmen Rosa Gómez Montoya, Luz Aleida Castaño Gómez y John Jairo
Castaño Gómez, que se liquidarán de manera concentrada por el juez de primera
instancia, teniendo en cuenta que la agencias fueron fijadas, para ambas instancias,
en el equivalente a 2 salario mínimos legales mensuales vigentes, que deberán ser
pagadas en parte iguales por el extremo pasivo, a favor de los demandantes Libardo
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Antoni Castaño Buriticá, Carmen Rosa Gómez Montoya, Luz Aleida Castaño Góme y
John Jairo Castaño Gómez, en partes iguales.
1.3.7. Como sustento de la decisión, la autoridad judicial accionada adujo que de
los medios de convicción arrimados al trámite encontraron la lesión consistente en
el desplazamiento forzado del señor Luis Norberto Aguirre Vergara y su grupo
familiar cesó en mayo de 2001, y desde ese mismo momento contaron con los
elementos necesarios para pretender atribuir la responsabilidad de la administración
por omisión.
Adujo, además, que no se avizoraron circunstancias que hubieran impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción desde el 2001 hasta el 2015,
momento de la formulación de las pretensiones.
Por otra parte, no se observó que «los demandantes que formularon el medio de
control de reparación de perjuicios causados a un grupo hicieran parte del supuesto
fáctico de la sentencia SU-254 de 2013, en cuanto no existe evidencia de que
hubieran instaurado una acción de tutela para reclamar el derecho fundamental a la
indemnización administrativa».
En ese sentido para el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, en
mérito del derrotero ampliamente expuesto, fue claro que «el término de caducidad
debe computarse desde mayo del 2001, momento en el que los demandantes
volvieron a sus lugares de origen, sin perjuicio de que los efectos derivados del
daño, patrimoniales y extrapatrimoniales, se hubieran mantenido en el tiempo.
Siendo así, la oportunidad para presentar la demanda feneció en mayo del 2003,
por lo que debe concluirse que, respecto de estos demandantes, operó la
caducidad», razón por la cual, no formularon sus pretensiones en el término legal,
y por consiguiente no se estudió de fondo su caso concreto.
Por su parte, y respecto de los actores del medio de control de reparación directa,
a saber, los señores Libardo Antonio Castaño Buriticá, Carmen Rosa Gómez
Montoya, John Jairo Castaño Gómez y Luz Aleida Castaño Gómez, la judicatura
demandada, manifestó que a pesar de que señalaron que fueron víctimas de los
dos mismos desplazamientos en marzo y diciembre del 2000, no refirieron haber
regresado después de la segunda migración forzada.
Igualmente, adujo que estudió el testimonio del señor Ramón Castaño (padre del
señor Libardo Antonio Castaño), no obstante, no fue claro en manifestar si estas
víctimas regresaron a su vereda después del segundo desplazamiento.
Por consiguiente, el ad quem, en virtud de los principios pro damato, pro actione y
pro homine, y ante la falta de certeza acerca de la cesación del daño respecto de
estos demandantes, decidió estudiar sus pretensiones de fondo, en el entendido de
que no estaba probado que el término de caducidad hubiera iniciado su conteo.
En ese orden de ideas, y después de hacer un detenido análisis, el juez del proceso
ordinario consideró que para el caso de los señores Libardo Antonio Castaño
Buriticá, Carmen Rosa Gómez Montoya, John Jairo Castaño Gómez y Luz Aleida
Castaño Gómez, no solo formularon las pretensiones ante la jurisdicción en el
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término legal, sino que lo hicieron de manera particular e individual, y como quiera
que sus pretensiones no estaban caducadas, su suerte no seguía la del grupo del
medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, en cuanto era
posible distinguir el término de caducidad del grupo al de las suyas, individualmente
consideradas.
Respecto al tema relacionado con la caducidad, la sentencia de 9 de diciembre de
2025 contempló que el término no debe contarse a partir de la ejecutoria de la
sentencia SU-254 de 2013, pues no se comprobó que los demandantes estuvieran
en las mismas circunstancias fácticas que aquellos tutelantes, por lo que los efectos
inter comunis de dicha providencia no les resultan extensibles a estos actores.
Por el contrario, aseguró que el término debe computarse desde que los
desplazados regresaron a sus lugares de origen, en cuanto ese es el momento en
el que se acredita la superación del daño.
Aunado a lo dicho, arguyó que, los hoy tutelantes, en el trámite ordinario no
probaron que después de haber regresado a su territorio de origen, hubiesen tenido
algún impedimento para acudir de manera efectiva a la justicia.
Finalmente manifestó:
[…] se recuerda que, incluso en daños derivados de la comisión de delitos de lesa
humanidad, el término de oportunidad de la demanda aplica para pretensiones
resarcitorias ante la jurisdicción contencioso-administrativa, cuyo conteo inicia según
lo establecido en la sentencia de unificación del 2020 de la Sala Plena de esta Sección
—esto es, desde que se tienen los elementos para atribuir la responsabilidad al
Estado y siempre que no se acrediten circunstancias que impidan materialmente el
acceso a la justicia— reglas que, por lo demás, garantizan a las víctimas de estos
delitos el pleno goce de los derechos fundamentales al acceso a la justicia y a la
reparación de sus perjuicios. Asimismo, en razón a que, en el presente proceso se
reclama la reparación derivada del desplazamiento al que se le endilga la naturaleza
de delito de lesa humanidad, el derrotero de la sentencia de unificación sí le resulta
aplicable.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El señor Luis Norberto Aguirre Vergara y otros8 consideraron que el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “C” transgredieron sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a las «Garantías Judiciales» con ocasión de la sentencia de 9 de diciembre
de 2025.
Puntualmente, los accionantes expusieron que la referida providencia incurrió en
desconocimiento del precedente, para lo cual citaron la SU-254 de 2013 que en su
parte resolutiva, ordinal vigésimo cuarto, estableció para la población desplazada
en general una excepción temporal a la forma de contabilizar el término de
caducidad de dos años regulado por el legislador, para los procesos que se
8 María Margarita García Giraldo, Claudia Patricia Aguirre Cáceres, Andrés Yesid Idárraga García,
Jairo León Giraldo y María Beatriz Velásquez Gómez.
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promovieran ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a partir de la
ejecutoria de dicha sentencia, criterio al cual, según dijeron los actores, se acogen.
Asimismo, para justificar el yerro y su inconformidad, trajeron a colación las
sentencias T-374 de 2023 y T-004 de 2025, proferidas por las Salas Séptima y
Octava de Revisión de la Corte Constitucional, respectivamente.
Respecto de la primera sentencia, expusieron que en la Sentencia T – 374 de 2023,
se «REVOCÓ “…la sentencia de tutela de segunda instancia que declaró
improcedente el amparo invocado por los peticionarios, por incumplir el requisito de
subsidiariedad…”, para confirmar a su vez “…la decisión del juez de tutela de
primera instancia, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que profirió
el 20 de octubre de 2022, mediante la cual amparó los derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los
accionantes, por las razones expuestas en esta providencia».
Adujeron que en esa oportunidad la Corte Constitucional expuso que «con respecto
al defecto específico de desconocimiento del precedente constitucional, concluyó
que, en efecto, no se tomó en consideración la Sentencia SU-254 de 2013, que
estableció que el término de caducidad para la población víctima de desplazamiento
forzado que acudiera a la jurisdicción contenciosa administrativa a futuro, debía
contabilizarse a partir de la ejecutoria de dicho fallo. En este caso, los accionantes
se encuentran en los mismos supuestos fácticos de los accionantes de la sentencia
de unificación, sumado a que los supuestos jurídicos allí abordados les son
plenamente aplicables».
Por su parte, y respecto de la sentencia T – 004 de 2025, fechada el 15 de enero
de 2025, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional se pronunciaron, de
igual manera, sobre cómo determinar la caducidad de la acción para la población
víctima de desplazamiento forzado que acudiera a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia de Unificación SU –
254 de 2013.
Frente al punto manifestaron que en esa providencia que puso de presente que «la
Sala encontró configurado el defecto de desconocimiento del precedente
constitucional, pues consideró que las autoridades accionadas han debido aplicar
la regla de caducidad fijada por la Sentencia SU-254 de 2013».
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 17 de junio de 2026, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante y al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “C”.
Asimismo, y como terceros con interés, vinculó al Tribunal Administrativo de
Antioquia, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Ejército
Nacional, Defensoría del Pueblo, Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del
Estado, a los señores Edgar Darío Giraldo Velásquez, Wilson Alirio Giraldo
Velásquez, María Otilia Giraldo Bedoya, Antonio Castaño Buriticá, Carmen Rosa
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Demandantes: Luis Norberto Aguirre Vergara y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
Gómez Montoya, Luz Aleida Castaño Gómez y John Jairo Castaño Gómez, al grupo
afectado por hechos de la demanda acumulada al proceso ordinario, así como las
demás partes, personas y/o entidades que hubieren participado en el expediente
con radicado 05001-23-33-000-2015-01072-01, para que, si lo consideraban del
caso intervinieran en el presente asunto.
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la Corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a las autoridades judiciales respectivas, la remisión digital del expediente del
proceso ordinario donde se dictó la providencia censurada.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
Por medio de memorial de 23 de junio de 2026, intervino en el presente asunto y se
opuso a la prosperidad de esta acción constitucional con fundamento en que la
sentencia de 9 de diciembre de 2025 no incurrió en el defecto alegado.
Como sustento de lo dicho adujo que al estudiar el presupuesto de oportunidad del
medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, dividió el análisis
en dos partes: (i) uno respecto de los demandantes que fueron desplazados
temporalmente y retornaron a sus domicilios (hoy accionantes en tutela), y (ii) otro
frente a los demás demandantes cuyo retorno no dio cuenta el expediente (y frente
a los cuales, además, se concedieron las pretensiones).
Expuso que antes de efectuar el correspondiente conteo, la Sala hizo un recuento
jurisprudencial sobre como la Sección Tercera ha tratado el fenómeno del
desplazamiento, su doble naturaleza de hecho dañoso y daño, la calidad de daño
continuado hasta la cesación de la lesión (retorno al domicilio o condiciones de
seguridad para el retorno), y cómo se ha manejado la caducidad en el interior de
las subsecciones (enfatizando en la postura de la Subsección “C”).
Asimismo, mencionó y explicó la sentencia de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado número 61033 de enero de 2020, que definió la oportunidad
para presentar la demanda de reparación directa en casos de graves violaciones a
los derechos humanos.
Mencionó, que en la sentencia enjuiciada resultó pertinente, puesto que se refirió a
la SU 254 de 2013, proferida por la Corte Constitucional, la cual fijó, como inicio del
conteo de caducidad –en eventos de víctimas de desplazamiento que solicitaron
indemnización en acción social e interpusieron acción de tutela–, la ejecutoria de
esa sentencia de unificación (bajo una hermenéutica que tuvo, como eje central, el
estado de indefensión de las víctimas de desplazamiento y, además, las dificultades
de acceso a la administración de justicia cuando existe una reclamación
administrativa previa).
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Sin embargo, aseguró que en la decisión reprochada se precisó que esa providencia
no era vinculante en este caso porque el ámbito de la regla fijada solo abarcó a las
víctimas de desplazamiento que, con anterioridad al proceso de reparación directa,
solicitaron una indemnización administrativa ante acción social y, posteriormente,
formularon acciones de tutela por la negativa o silencio de esa entidad. Supuesto
de hecho en el que no se encontraban los mencionados accionantes (o no
acreditaron dentro del proceso esa circunstancia). (Resaltas fuera del texto original)
Dijo que, en este último aspecto, la decisión reprochada fue enfática y reiterativa, y
se fundó en los destinatarios de la sentencia SU-254 de 2013 y en la posición
reiterada por las subsecciones B y C (que explican las razones para apartarse,
precisamente, de esa sentencia de unificación).
Arguyó que, por consiguiente, la regla para el conteo de caducidad aplicada fue la
contenida en la mencionada sentencia de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado número 61033 de enero de 2020. «Es decir, (i) desde la
ocurrencia del hecho, o (ii) desde el conocimiento de la participación de agentes del
Estado en ese hecho (con consideración de las barreras de acceso a la
administración de justicia). Además, al ser un caso de desplazamiento, desde la
cesación del daño continuado».
Indicó que, al estudiar concretamente la oportunidad del medio de control promovido
por los señores Luis Norberto Aguirre Vergara, María Margarita García Giraldo,
Claudia Patricia Aguirre Cáceres, Andrés Yesid Idárraga García, Jairo León Giraldo
y María Beatriz Velásquez Gómez, se estimó que las pruebas dieron cuenta que
estos, luego de ser desplazados por las AUC, retornaron a sus domicilios en mayo
de 2001, momento cuando cesó el desplazamiento. Entonces, a partir de esa fecha
se efectuó el cómputo de oportunidad, el cual, como se concluyó, feneció en el año
2003.
El magistrado, después de exponer los argumentos que sustentaron el sentido de
la decisión frente a la caducidad del término para interponer la demanda en relación
con los hoy accionantes, precisó que la sentencia reprochada no desconoció los
derechos fundamentales invocados, ni incurrió en desconocimiento de precedente,
puesto que:
(i) la sentencia reprochada se fundó en las normas y jurisprudencia de la Sección
Tercera aplicable al caso; (ii) se soportó, además, en las pruebas del expediente que
demostraron el retorno de los demandantes a sus lugares de domicilio, es decir, el
momento de cesación del desplazamiento. Por último, y más importante, (ii) mencionó
la decisión constitucional contenida en la sentencia SU 254 de 2013 y justificó –de
manera razonable– el por qué la providencia no era vinculante al caso concreto (los
demandantes no formularon reclamación administrativa ni presentaron acciones de
tutela por estas reclamaciones).
Adujo que, al interior del proceso ordinario, en auto interlocutorio, se negó la
excepción de caducidad que formuló la parte accionante, sin embargo, puso de
presente que las decisiones interlocutorias (previas a la sentencia definitiva) no son
vinculantes para los jueces de instancia; sobre todo en aspectos en los que el juez
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debe retomar el estudio de los presupuestos procesales por razones de orden
público.
Para concluir planteó que esta solicitud de tutela no demuestra una afectación de
los derechos fundamentales alegados, situación que, por demás, no se produjo con
la sentencia reprochada.
En concordancia con lo dicho, manifestó que en este caso la petición de amparo
«se está usando como una oportunidad para reabrir el debate propio de las
instancias ordinarias o mejor aún, como un instrumento para ampliar el objeto del
litigio del proceso ordinario, es decir, se emplea la tutela como una instancia
adicional del proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo que ya
concluyó, sobre todo, en cómo el juez ordinario hizo el estudio de la caducidad
respecto de algunos de los demandantes». (Énfasis del texto original)
Por consiguiente, explicó que el fallo de 9 de diciembre de 2025 se profirió con
estricto apego al ordenamiento jurídico y a las pruebas aportadas en el proceso.
1.6.2. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
En oficio de 23 de junio de 2026, adujo que en el presente asunto había una
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante
como resultado de la expedición de la decisión judicial reprochada, por consiguiente,
«en el sub judice, no existen elementos de juicio que acrediten vulneraciones a las
reglas procedimentales y sustanciales definidas por la ley, aunado a ello, es preciso
destacar que la sola mención de la vulneración de un derecho fundamental y la
asociación de dicha afectación con la configuración de un defecto es insuficiente
para tener por acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia
constitucional».
Adicionalmente, analizó el caso concreto y adujo que, en la decisión de 9 de
diciembre de 2025, la autoridad judicial accionada dentro del análisis que adelantó
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, se encontraron probados
una serie de eventos que permitieron declarar la caducidad, a saber:
3.3. El cómputo de la caducidad en el caso concreto
De lo anterior, esta Sala advierte que la lesión consistente en el desplazamiento
forzado de estos demandantes cesó en mayo del 2001, y desde ese mismo momento
contaron con los elementos necesarios para pretender atribuir la responsabilidad de
la Administración por omisión, tal como fue plasmado en la demanda. Asimismo, no
se avizoran circunstancias que hubieran impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción desde el 2001 hasta el 2015, momento de la formulación de las
pretensiones.
Por otra parte, no se observa que los demandantes que formularon el medio de control
de reparación de perjuicios causados a un grupo hicieran parte del supuesto fáctico
de la sentencia SU-254 de 2013, en cuanto no existe evidencia de que hubieran
instaurado una acción de tutela para reclamar el derecho fundamental a la
indemnización administrativa.
En este sentido, en mérito del derrotero ampliamente expuesto, el término de
caducidad debe computarse desde mayo del 2001, momento en el que los
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demandantes volvieron a sus lugares de origen, sin perjuicio de que los efectos
derivados del daño, patrimoniales y extrapatrimoniales, se hubieran mantenido en el
tiempo. Siendo así, la oportunidad para presentar la demanda feneció en mayo del
2003, por lo que debe concluirse que, respecto de estos demandantes, operó la
caducidad.
Frente al punto, precisó que, en virtud de los presupuestos fijados en la
jurisprudencia, permitían considerar que, a partir de mayo de 2001 se debía
computar el término de la caducidad en ese asunto, pues no puede confundirse el
conocimiento del daño con la magnitud de este.
Por lo tanto, manifestó que «la extinción del derecho de acción se configuró en mayo
de 2003 y, como se documentó en el sub judice, solo hasta el 2015 se formuló el
medio de control de reparación de perjuicios causados, sin que se acreditara las
circunstancias de impedimento para instaurar la demanda; es decir, que la acción
se encontraba ampliamente superada, configurándose así el fenómeno jurídico de
la caducidad».
Finalmente, solicitó negar el amparo en el presente asunto.
1.6.3. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
En documento de 23 de junio de 2026, hizo un recuento de los hechos y
pretensiones que suscitaron la radicación de esta acción constitucional y afirmó que
la sentencia de 9 de diciembre de 2025 no adolece de defecto por desconocimiento
del precedente.
Además, dijo que no era de recibo que la parte actora trasladara a la magistratura
o en su defecto a la parte demandada su obligación de probar sus fundamentos
fácticos, pues es su carga arrimar al proceso elementos probatorios que permitan
al fallador establecer la verdad sobre el conocimiento de los hechos y/o el
impedimento por el cual no se acudió antes a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en el entendido que se habla de un suceso que se da entre los años
2000 y 2001, es decir, que pasaron más de 14 años.
Para terminar, solicitó que no se modifique el fallo reprochado, puesto que no ha
trasgredido los derechos fundamentales de los tutelantes, además, porque es
evidente que lo que se pretende con esta acción es reabrir un debate que ya
terminó, en el cual medió un análisis jurídico, un estudio integral del caso y una
debida valoración de los medios de convicción que se arrimaron al proceso
ordinario.
1.6.4. Luis Norberto Aguirre Vergara
Uno de los accionantes, previo requerimiento de la Secretaría General, por medio
de documento allegó los datos de los terceros con interés con el objetivo de que
fueran debidamente notificados y por ende vinculados a este trámite tutelar.
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1.7. Manifestación de impedimento
El 28 de julio de 2026, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó
impedimento para conocer del presente asunto dado que consideró que se
encontraba incurso en la causal prevista en el numeral 1º del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal9, norma que es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o
algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad, tenga interés en la actuación procesal.
Lo anterior, con fundamento en que su hijo se desempeña como profesional
universitario del nivel central de la Defensoría del Pueblo, entidad que fue vinculada
como tercero con interés en este trámite constitucional.
De manera que, por medio de providencia de 30 de julio de 2026, suscrita por el
magistrado ponente de esta decisión, se declaró infundada la referida manifestación
de impedimento, ello, con fundamento en que la causal invocada requiere de la
constatación de elemento subjetivo, y en este asunto no se configura este factor, en
atención a que, el solo hecho de trabajar en esa entidad no conlleva a que el hijo
del magistrado Barreto Suárez tenga interés en todos los procesos en los que esa
dependencia es parte o tercero con interés.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Luis Norberto Aguirre Vergara y otros10 contra el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, de conformidad con lo establecido en
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021
y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales del señor Luis Norberto Aguirre Vergara y otros11, con ocasión de la
sentencia de 9 de diciembre de 2025, en la que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “C” modificó el fallo de 19 de agosto de 2022, proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en el que había declarado probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación de perjuicios causados
a un grupo identificado con el radicado 05001-23-33-000-2015-01072-01, que
9 Aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.
10 María Margarita García Giraldo, Claudia Patricia Aguirre Cáceres, Andrés Yesid Idárraga García,
Jairo León Giraldo y María Beatriz Velásquez Gómez.
11 María Margarita García Giraldo, Claudia Patricia Aguirre Cáceres, Andrés Yesid Idárraga García,
Jairo León Giraldo y María Beatriz Velásquez Gómez.
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promovieron los accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional y otros.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 12,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales14.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección
12 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
14 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:
[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En la solicitud de amparo que ocupa la atención de esta colegiatura, señor Luis
Norberto Aguirre Vergara y otros16, reprochan la sentencia de 9 de diciembre de
2025, en la que modificó el fallo de 19 de agosto de 2022, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, a través de la cual declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo
identificado con el radicado 05001-23-33-000-2015-01072-01, que promovieron los
accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y
otros.
Pues bien, en el presente asunto, los tutelantes adujeron que el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “C” en el fallo de 9 de diciembre de 2025, incurrió en
un desconocimiento del precedente porque no tuvieron en cuenta que la SU-254 de
2013 en su parte resolutiva, ordinal vigésimo cuarto, estableció para la población
desplazada en general una excepción temporal a la forma de contabilizar el término
de caducidad de dos años regulado por el legislador, para los procesos que se
promovieran ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual,
en su caso no debió declarar probada la excepción de caducidad. Asimismo, trajo a
colación las sentencias T-374 de 2023 y T-004 de 2025, proferidas por las Salas
Séptima y Octava de Revisión de la Corte Constitucional, respectivamente, en las
que se tuvo en cuenta la referida «salvedad».
En este punto resulta pertinente recordar que el cargo de la solicitud de amparo se
podría resumir en la oposición que tienen los tutelantes frente a la forma como se
computó la caducidad del medio de control, particularmente porque a su juicio se
debió aplicar la excepción contemplada en la parte resolutiva de la SU-254 de 2013,
y no de la manera en la que lo contó el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “C”, es decir, desde que cesó el desplazamiento, es decir, cuando los
actores retornaron al domicilio en condiciones de seguridad para su regreso.
16 María Margarita García Giraldo, Claudia Patricia Aguirre Cáceres, Andrés Yesid Idárraga García,
Jairo León Giraldo y María Beatriz Velásquez Gómez.
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
Pues bien, en pertinente poner de presente en la sentencia enjuiciada, el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” expuso que en el escrito de apelación
contra el fallo de 19 de agosto de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, los tutelantes expusieron que no estaban de acuerdo con que se
declarara probada la excepción de caducidad, y por consiguiente «sostuvieron que
el término de caducidad en desplazamiento forzado debía contarse desde la
ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013 Corte Constitucional», es decir, el mismo
reparo que expusieron en sede constitucional.
Por consiguiente, y con el objetivo de analizar ese punto, la autoridad judicial
demandada explicó en la decisión de 9 de diciembre de 2025 los motivos por los
cuales en el caso particular «el cómputo inicial de la caducidad debía situarse en la
cesación de la lesión y no desde la ejecutoria de la sentencia de unificación SU-254
de 2013», a saber:
Ahora, habiendo concluido que el punto de partida para el inicio del respectivo
cómputo es el regreso de las víctimas a sus lugares de origen, o que se hayan dado
las condiciones de seguridad que así lo permitan, para esta Sala es evidente que el
comienzo de su conteo no se prorroga —en todos los eventos de
desplazamiento forzado— hasta la ejecutoria de la sentencia SU-254 del 2013.
(Negrilla fuera del texto original)
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, para complementar lo
dicho, aseguró en el fallo controvertido lo siguiente:
[…] los efectos inter comunis que la Corte Constitucional expresamente le confirió a
su sentencia de unificación se predicaban respecto de personas que compartieran los
presupuestos fácticos en los que se encontraban los allí tutelantes, esto es que Acción
Social —hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social— hubiera
rechazado o ignorado sus solicitudes de reparación administrativa, y que, en
consecuencia, hubieran presentado acciones de tutela. Esto, en consideración a que,
únicamente a partir de esa sentencia del 2013, la Corte unificó su jurisprudencia
respecto de la condena en abstracto prevista en el artículo 25 del Decreto 2591 de
1991, y particularmente sobre su improcedencia en esos casos.
Por lo anterior, en garantía al derecho fundamental de reparación integral, los
desplazados que se hallaran bajo ese supuesto fáctico tenían la posibilidad de
reclamar la indemnización por vía judicial, mediante las acciones contencioso
administrativas, sin que los términos anteriores contaran para los efectos de la
caducidad, pues lo contrario implicaría cercenar el derecho de quienes optaron por la
acción de tutela —dejando de lado las acciones ordinarias— para elevar pretensiones
resarcitorias con fundamento en la confianza de la eficacia de la condena en abstracto
por ese medio.
Y finalizó indicando:
Fuerza concluir que la sentencia SU-254 no aplica a todos los desplazamientos, pues
lo cierto es que, si las víctimas no comparten el supuesto fáctico antedicho, la fecha
de cesación del daño corresponde al inicio del cómputo de caducidad, sin que la
ejecutoria de la unificación de la Corte Constitucional reviva los términos ya fenecidos,
ni prolongue el plazo dispuesto por el legislador.
De ahí que, el ad quem del proceso ordinario advirtiera que «la lesión consistente
en el desplazamiento forzado de estos demandantes cesó en mayo del 2001, y
desde ese mismo momento contaron con los elementos necesarios para pretender
atribuir la responsabilidad de la Administración por omisión, tal como fue plasmado
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04563-00
Demandantes: Luis Norberto Aguirre Vergara y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
en la demanda».
Asimismo, aseguró que no avizoró circunstancias que hubiesen impedido
materialmente al señor Luis Norberto Aguirre Vergara y otros el ejercicio del derecho
de acción desde el 2001 hasta el 2015, momento de la formulación de las
pretensiones.
Y concluyó:
Por otra parte, no se observa que los demandantes que formularon el medio de control
de reparación de perjuicios causados a un grupo hicieran parte del supuesto fáctico
de la sentencia SU-254 de 2013, en cuanto no existe evidencia de que hubieran
instaurado una acción de tutela para reclamar el derecho fundamental a la
indemnización administrativa.
En este orden de ideas, esta colegiatura no puede pasar por alto que en la solicitud
de amparo no se controvierten las razones por las cuales la autoridad judicial
accionada confirmó la caducidad de la pretensión del medio de control de reparación
de perjuicios causados a un grupo en el marco de una «decisión arbitraria o
irrazonada», sino que se limitó a no compartir cómo el ad quem computó el término
preclusivo, particularmente porque no tuvo en cuenta la excepción de la sentencia
de unificación. No obstante, ello se debió a que, según lo expuso la judicatura
demanda, la misma solo aplica «en eventos de víctimas de desplazamiento que
solicitaron una indemnización administrativa ante Acción Social y, posteriormente,
formularon acciones de tutela por la negativa o silencio de esa entidad. Supuesto
de hecho en el que no se encontraban los mencionados accionantes o no
acreditaron dentro del proceso esa circunstancia».
En consecuencia, si bien la parte actora intenta exponer las razones por las cuales
considera que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” en el fallo
del 9 de diciembre de 2025 incurrió en un defecto por desconocimiento del
precedente, y por ello sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a las «Garantías Judiciales», lo cierto es
que, en realidad lo que se evidencia es una mera inconformidad con lo dispuesto
por el ad quem, de modo que, pretende usar la acción de tutela como una instancia
adicional.
Por todo lo anterior, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional para encontrar superado el requisito de relevancia
constitucional, puesto que la controversia se enfocó en intentar, con sustento en la
presunta transgresión de unos derechos fundamentales, en reabrir el debate
probatorio y pretender modificar el criterio del ad quem que, a primera vista, no
resulta irrazonable o arbitrario.
En este sentido, para esta Sección, resulta claro que la controversia es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»17 en lo que respecto al desconocimiento
del precedente.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
18
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Demandantes: Luis Norberto Aguirre Vergara y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
2.5. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo promovida por los actores contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “C”, comoquiera que no se encontró satisfecho el
requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Luis Norberto Aguirre Vergara y otros18 contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “C”.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx »
18 María Margarita García Giraldo, Claudia Patricia Aguirre Cáceres, Andrés Yesid Idárraga García,
Jairo León Giraldo y María Beatriz Velásquez Gómez.
19
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