Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04569-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04569-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04569-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04569-00
Demandante: María Lili López Morcillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Sustitución pensional / Defecto procedimental, fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por María Lili López Morcillo en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. María Lili López Morcillo promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la seguridad social, al mínimo vital y a la confianza
legítima, con ocasión de la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 66001-33-33-003-2021-00042-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. A Gregorio Morcillo Medina se le reconoció la pensión gracia mediante la
Resolución 08976 del 22 de agosto de 1983, por valor de un salario mínimo, la cual
fue reliquidada incrementándose con inclusión de factores salariales a través de la
Resolución 13391 del 23 de diciembre de 1994; por lo tanto, para la fecha de su
fallecimiento(3 de febrero de 2020) percibía una mesada de $1.549.661,74.
2.2. Con posterioridad, mediante la Resolución RDP 010921 del 5 de mayo de
2020 se reconoció la sustitución pensional en favor de la demandante como
1
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04569-00
Demandante: María Lili López Morcillo
cónyuge supérstite, por un menor valor de $877.164, decisión contra la cual se
interpusieron los recursos de reposición y apelación, sin embargo, la decisión fue
confirmada por la Resolución 019463 del 27 de agosto de 2020.
2.3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP2, con el fin
de que se dejaran sin efectos los referidos actos administrativos y se ordenara
reconocerle la sustitución pensional en proporción del 100% de lo que devengaba
el pensionado, con base en todos los factores salariales.
2.4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, en
sentencia del 22 de agosto de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda, al
considerar que, al reconocerse la sustitución pensional se redujo el monto de la
pensión por un error en la liquidación original de la prestación del causante, lo que
suponía la revocatoria directa del acto administrativo que reliquidó la pensión del
causante, sin la autorización previa de la beneficiaria, quien sucedió al causante en
todos sus derechos. Decisión contra la cual la parte demandada interpuso recurso
de apelación.
2.5. El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia del 14 de mayo de 2026
revocó el fallo de primera instancia al considerar que no se logró desvirtuar la
legalidad de los actos administrativos atacados, pues a pesar de que el pago de la
prestación se sostuvo en el tiempo, ello no constituía la consolidación de un derecho
adquirido, en tanto que no resultaba adecuado debido la ilegalidad del
reconocimiento de la reliquidación de la pensión gracia efectuada por retiro del
servicio y aunque no fue atacada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad o revocatoria directa, fue
la solicitud de la demandante la oportunidad de la entidad para analizar el caso
particular nuevamente, por lo que se encontró que, en efecto, para la determinación
del monto de la pensión gracia se debe tener en cuenta el año anterior a la
adquisición del estatus de pensionado y no del retiro del servicio.
2.6. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico,
sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente, como se explica a
continuación:
2.6.1. Defecto procedimental: Se omitió pronunciarse sobre la solicitud de declarar
desierto el recurso de apelación de la UGPP por falta de sustentación material
suficiente y, pese a ello, resolvió la alzada.
2.6.2. Defecto fáctico: Se fundamentó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia en la supuesta ilegalidad de la Resolución 013991 de 1994, acto
administrativo que no fue demandado ni constituía objeto del litigio.
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De ahora en adelante UGPP.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04569-00
Demandante: María Lili López Morcillo
2.6.3.Defecto sustantivo: Se efectuó una interpretación contraria a los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima, al privar de efectos a un acto particular
consolidado durante más de 3 décadas sin que mediara revocatoria directa válida o
acción de lesividad.
2.6.4. Desconocimiento del precedente: Se desconoció la jurisprudencia de
unificación de la Corte Constitucional sobre estabilidad de actos administrativos
consolidados y protección de los derechos derivados de la sustitución pensional3.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, seguridad jurídica, confianza legítima y seguridad
social de la señora MARÍA LILI LÓPEZ DE MORCILLO.
SEGUNDA. Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado No. 66001-33-33-003-2021-00042-01.
TERCERA. Ordenar al Tribunal Administrativo de Risaralda proferir una nueva decisión
respetando las garantías constitucionales vulneradas y resolviendo expresamente todos
los argumentos formulados por la parte demandante.
CUARTA. Como medida provisional, suspender los efectos jurídicos de la sentencia
cuestionada mientras se resuelve la presente acción constitucional. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo de Risaralda4 solicitó declarar improcedente y/o
negar el amparo invocado, al considerar que la tutela pretende reabrir un debate ya
resuelto en las instancias ordinarias sobre la sustitución pensional derivada de una
reliquidación de pensión gracia, pues sostuvo que no se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en especial la
relevancia constitucional, la subsidiariedad y la inmediatez.
4.1. Asimismo, argumentó que no existió defecto procedimental absoluto, ya que
la solicitud de declarar desierto el recurso de apelación fue decidida de manera
oportuna; tampoco se vulneró el principio de congruencia o decisión extra petita, en
la medida en que el análisis de la legalidad de la reliquidación pensional era
indispensable para resolver la pretensión de sustitución.
4.2. Igualmente, afirmó que no se configuró defecto sustantivo ni
desconocimiento del precedente, porque la sentencia se fundamentó en la
3
Al respecto, citó las sentencias SU-182 de 2019, SU-014 de 2021 y SU-128 de 2021 de la Corte
Constitucional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04569-00
Demandante: María Lili López Morcillo
jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la
facultad de la administración para examinar la legalidad del derecho pensional al
resolver una sustitución.
4.3. Por último, destacó que la providencia cuestionada fue debidamente
motivada, sustentada en el material probatorio y en criterios de legalidad y
sostenibilidad del sistema pensional, por lo que no presentaba vicios que justificaran
su anulación por vía de tutela.
5. La UGPP5 pidió declarar improcedente y/o negar la solicitud de tutela, al
considerar que la demandante pretendía utilizar este mecanismo como una
instancia adicional para dejar sin efectos una sentencia judicial ejecutoriada que
negó sus pretensiones relacionadas con una sustitución pensional, además sostuvo
que no se cumplen los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, en especial los de subsidiariedad, inmediatez y relevancia constitucional.
5.1. Por su parte, no se acreditó un perjuicio irremediable y también existía la
posibilidad de acudir a mecanismos extraordinarios como la revisión y no se
configuró defecto sustantivo, fáctico o procedimental en la decisión cuestionada.
Argumentó además que el fallo atacado respetó el debido proceso, se fundamentó
en las normas aplicables, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado y en las pruebas obrantes en el expediente respecto a lo cual
precisó que la tutela no es el mecanismo adecuado para obtener el reconocimiento
o reliquidación de prestaciones económicas ya debatidas en sede judicial y que
reabrir la controversia desconocería los principios de cosa juzgada, seguridad
jurídica y autonomía judicial.
6. Los demás terceros interesados guardaron silencio.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04569-00
Demandante: María Lili López Morcillo
del 6 de abril de 20216, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema8. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
11. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado9 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
12. Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
6
Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04569-00
Demandante: María Lili López Morcillo
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos11, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales12.
14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
15. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró los
derechos fundamentales de María Lili López Morcillo con ocasión de la sentencia
del 14 de mayo de 2026 con la cual negó la pretensión de nulidad de los actos con
los que se efectuó la sustitución pensional por un monto inferior al de la mesada
que percibía el causante, incurriendo, presuntamente, en defectos procedimental,
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
16. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud
de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.5.2. Del defecto procedimental
17. Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto
procedimental fue definido por la Corte Constitucional desde la Sentencia T-231 de
1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces, el
defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en el que el juez
11
Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04569-00
Demandante: María Lili López Morcillo
ordinario adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso
de una etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.
18. A partir de la Sentencia T-1306 de 2001, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un
exceso ritual manifiesto, producto de una indebida preferencia por las formas
procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones
judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales.
19. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y,
que lesione bienes ius fundamentales.
2.5.3. Del defecto fáctico
20. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»13, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»14. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»15.
21. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía
de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.5.4. Del defecto sustantivo
22. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez
adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en
una norma evidentemente inaplicable al caso concreto16. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta17, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado social de derecho.
13
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell
14
Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
15
Sentencia T-538 de 1994.
16
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
17
Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04569-00
Demandante: María Lili López Morcillo
23. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
24. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la
decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos fundamentales de los sujetos procesales18.
2.5.5. Desconocimiento del precedente judicial
25. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
26. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
27. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
18
Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
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Demandante: María Lili López Morcillo
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.5.6. Sobre el caso concreto
28. María Lili López Morcillo acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia del 14 de mayo de 2026 con la cual el Tribunal Administrativo de
Risaralda negó la pretensión de nulidad de los actos con los que se efectuó la
sustitución pensional en menor cuantía.
29. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en defecto
procedimental al resolver la apelación sin pronunciarse sobre su solicitud de
declararla desierta por falta de sustentación; en defecto fáctico por incongruencia al
fundamentar la decisión en la presunta ilegalidad de la Resolución 013991 de 1994,
acto que no era objeto del proceso; en defecto sustantivo por desconocer la
seguridad jurídica y la confianza legítima derivadas de un acto administrativo
consolidado durante décadas; y en desconocimiento del precedente constitucional,
al apartarse de la jurisprudencia sobre estabilidad de actos administrativos
particulares y protección de los derechos pensionales sin una justificación suficiente.
30.Al descender al caso en concreto, se observa que el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, en sentencia del 22 de agosto de
2024, accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que «[…]la
demandada al reconocer la sustitución pensional redujo el monto de la pensión por un error
en la liquidación original de la pensión del causante, lo que supone la revocatoria directa
del acto administrativo que reliquidó la pensión del causante, sin la autorización previa de
la beneficiaria, quien sucedió al causante en todos sus derechos; por lo tanto, mientras esté
vigente la Resolución 013991 del 23 de diciembre de 1994, produce efectos y se encuentra
amparado por la presunción de legalidad, razón por la cual no puede ser desconocida por
la administración. […]».
31. La demandada interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que «[…]los
actos administrativos fueron expedidos conforme a la normativa aplicable, por lo que la
pensión gracia se liquida con los factores devengados en el año anterior a la adquisición
del estatus pensional, sin que sea procedente la reliquidación con base en el último salario
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04569-00
Demandante: María Lili López Morcillo
devengado al momento del retiro; en consecuencia, al ser ilegal la Resolución 013991 del
23 de diciembre de 1994, no es procedente la sustitución en los términos pretendidos por
la parte demandante, pues ello genera un enriquecimiento sin justa causa. […]».
32. De tal manera, respecto a la falta de decisión sobre la solicitud de declarar
desierto el recurso de apelación por ausencia de sustentación material como defecto
procedimental, se evidencia que la demandante presentó recurso de reposición en
la primera instancia contra el auto que concedió la alzada, el cual fue resuelto por
el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira con auto del 26
de noviembre de 2024, en el sentido de no reponer la decisión:
«[…] En consecuencia, concurren las exigencias formales para la concesión del recurso
interpuesto por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
para que el superior funcional estudie su admisibilidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, no existen argumentos suficientes para reponer la
providencia dictada el 10 de octubre de 2024, a través de la cual se concedió el recurso
de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, se ordenará que por
secretaría se remita el expediente al superior. […]». (sic)
33. Con posterioridad, el Tribunal Administrativo de Risaralda en providencia del 4
de febrero de 2025, consideró que se encontraban cumplidos los requisitos legales
y procedió a admitir el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Decisión contra la cual no se interpuso recurso
alguno.
34. De tal manera, no se configuró el defecto procedimental alegado, en la medida
en que la referida solicitud fue presentada ante el juez competente y este se
pronunció al respecto.
35. De tal manera, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Risaralda en
sentencia del 14 de mayo de 2026 revocó lo resuelto por el juez de primera instancia
para en su lugar negar las súplicas de la demanda con las siguientes
consideraciones:
«[…] Dentro del presente asunto, se observa que al señor Gregorio Morcillo Medina se
le reconoció la pensión gracia por medio de la Resolución 08976 del 22 de agosto de
1983, en cuantía de $7.832,92, efectiva a partir del 9 de abril de 1981 y mediante
Resolución 013991 del 23 de diciembre de 1994, se le reliquidó en cuantía de
$168.829,57, a partir del 1º de agosto de 1993, por retiro definitivo del servicio.
Posteriormente, ante su fallecimiento, a través de la resolución RDP 6600 del 10 de
marzo de 2020, se reconoció de manera provisional la sustitución de la pensión a favor
de la demandante, equivalente al 100% de lo devengado por el causante conforme a la
Resolución 8976 del 22 de agosto de 1983.
Luego, por medio de la Resolución 010921 del 5 de mayo de 2020, se reconoció de
manera definitiva dicha prestación, por cuanto consideró la demandada que no es
procedente reconocer el monto de la sustitución pensional con base en la reliquidación
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Demandante: María Lili López Morcillo
efectuada en la Resolución 013991 de 1994 por ilegal, dado que la liquidación debe
efectuarse con base en lo devengado en el último año de adquisición del estatus y no
del retiro del servicio. Decisión que fue confirmada por medio de las Resoluciones RDP
016898 del 23 de julio de 2020 y RDP 019463 del 27 de agosto de 2020.
En resumen, la prestación se sustituyó por la mesada establecida en la Resolución 8976
del 22 de agosto de 1983, sin derecho a incluir la reliquidación otorgada al causante
mediante la Resolución 013991 del 23 de diciembre de 1994.
Por consiguiente, de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial desarrollado
en los acápites precedentes, la reliquidación de la pensión gracia con inclusión de
factores salariales devengados durante el año anterior al retiro definitivo del servicio del
causante resulta manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, por lo que no es
procedente la sustitución pensional en el monto pretendido, en tanto se funda en una
reliquidación que careció de sustento legal y que, por ello, nunca debió producir efectos
jurídicos válidos.
En este punto, se recuerda que la pensión gracia se causa y se liquida de manera
definitiva al momento de la adquisición del estatus pensional, de acuerdo con los
parámetros vigentes para entonces, como ocurrió en el sub lite, razón por la cual
únicamente es transmisible en ese monto inicial y no en aquel resultante de incrementos
posteriores efectuados con desconocimiento de la ley.
De otra parte, el hecho de que el señor Morcillo Medina hubiera percibido durante varios
años una reliquidación pensional irregular no comporta, por el solo paso del tiempo, la
convalidación de su ilegalidad ni la consolidación de un derecho adquirido protegido
constitucionalmente. La Constitución Política ampara únicamente los derechos
adquiridos con arreglo a la ley, mas no aquellos originados en actos administrativos
contrarios al ordenamiento, aun cuando sus efectos se hayan prolongado en el tiempo,
por lo que no resulta arbitraria ni desproporcionada la decisión de negar la sustitución
pensional en el monto reclamado, pues no es jurídicamente admisible transmitir a los
beneficiarios un derecho del cual el causante no podía legítimamente gozar.
Finalmente, aun en gracia de discusión, tampoco se acreditó la configuración de una
afectación al derecho fundamental al mínimo vital, en la medida en que la demandante
no demostró una alteración cierta, actual y grave de sus condiciones materiales de
subsistencia derivada de la negativa cuestionada, máxime cuando subsiste el derecho a
percibir la pensión gracia en el monto legalmente reconocido; en consecuencia, la
decisión adoptada se ajusta a los principios de legalidad, sostenibilidad del sistema
pensional y correcta destinación de los recursos públicos, sin que se evidencie
vulneración alguna de derechos fundamentales. […]». (sic)
36. En cuanto al defecto fáctico por incongruencia al fundamentar la decisión en la
presunta ilegalidad de la Resolución 013991 de 1994, acto que no era objeto del
proceso, se observa que aquel consistía en establecer la procedencia de la
sustitución pensional con fundamento en una reliquidación efectuada al momento
del retiro del servicio docente (Resolución 13391 del 23 de diciembre de 1994).
37. En ese contexto y desde la jurisprudencia aplicable que a continuación se citará,
resultaba razonable efectuar un examen sobre la legalidad del acto de reliquidación
que sustentaba la pretensión, ya que el derecho a la sustitución pensional depende
del reconocimiento válido del derecho principal y no constituye una prestación
independiente. Por ello, ese análisis no puede considerarse un pronunciamiento
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Demandante: María Lili López Morcillo
extra petita, sino una valoración previa, necesaria y jurídicamente relevante para
adoptar una decisión de fondo respecto del litigio. Así se precisó en la providencia
cuestionada al indicar que tanto la administración como la jurisdicción cuentan con
facultades para verificar la legalidad del derecho cuya sustitución se reclama.
38. Sumado a esto, se evidencia que la discusión planteada por la parte demandante
en el defecto sustantivo y desconocimiento del precedente guarda relación con el
estudio del defecto fáctico señalado, frente a lo cual resulta pertinente recordar que
esta corporación judicial como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
• administrativo ha superado tal controversia en varios pronunciamientos en los que
reitera el mencionado criterio jurídico, es decir, que cuando el reconocimiento
primigenio fue hecho de manera ilegal, no es procedente su reconocimiento en la
sustitución pensional. Al respecto, en sentencia del 20 de octubre de 202219, esta
subsección consideró:
«[…] Observa la Sala que los mismos tiempos de carácter nacional fueron los que
sirvieron para reconocer la pensión gracia como la pensión de jubilación del señor
Gildardo de Jesús Herrera Agudelo, lo que está prohibido al desconocer los lineamientos
del artículo 128 de la Constitución Política que impide la doble asignación de recursos
del tesoro público.
En este orden de ideas, se advierte que a la luz de lo establecido en el inciso primero
del artículo 1 de la Ley 91 de 1989, es improcedente acceder al reconocimiento de la
pensión gracia, teniendo en cuenta el carácter excepcional de esta prestación, en la
medida en que se hace indispensable que el causante acredite el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913 y demás normas
concordantes; en especial, el referente a que haya prestado los servicios docentes en
planteles educativos del orden Departamental o Municipal, durante mínimo 20 años.
Ante el reconocimiento de las pensiones gracia como de su sustitución se expidió el
lineamiento No 122 Acta No 1172 del 07 y 08 de julio de 2016 por parte de la Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscal UGPP en donde se resolvió que, en estos casos, se
deben verificar los requisitos para el reconocimiento de la pensión ya que la mayoría de
estas pensiones fueron concedidas de manera ilegal.
A pesar de que el señor Gildardo de Jesús Herrera Agudelo (q.e.p.d), desde el día 12 de
enero de 1992 fecha en que surtió efectos fiscales la pensión de gracia, percibió y
disfrutó de la misma sin ningún pronunciamiento de fondo sobre alguna irregularidad o
ilegalidad respecto del reconocimiento de dicha pensión, no es óbice para que cuando
la accionada se percató de la ilegalidad de este reconocimiento a través de la petición
de sobrevivientes al analizar nuevamente el caso, pueda negar el mismo con los
argumentos referidos, al sostener que los servicios prestados fueron de carácter
nacional, y por ende resolver negar el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes, por lo que su actuar corresponde a lo determinado en la ley.
Por lo expuesto la afirmación de la parte demandante relativa a que el pago constante
de la pensión gracia durante más de 22 años consolidó un derecho adquirido sobre tal
prestación, no resulta adecuada al caso sub judice, puesto que tal como se adujo
previamente, aquella figura jurídica no se configura por el paso del tiempo sino por la
legalidad de su origen y estructuración siempre y cuando ésta no sea rebatida en vía
judicial con un fallo ejecutoriado.
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Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 20 de octubre de 2022.
Radicado 66001-23-33-000-2018-00073-01 C.P. César Palomino Cortés.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04569-00
Demandante: María Lili López Morcillo
No comparte la Sala lo relacionado con que el actuar de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP va en contravía del principio constitucional de confianza
legítima, el cual otorga al administrado el poder de exigir una protección jurídica de sus
expectativas legítimas, cuando al tener razones objetivas para confiar en la estabilidad
de la situación jurídica preexistente, la alteración repentina de las mismas sin haber
proporcionado el tiempo y los mecanismos necesarios para su adaptación a la nueva
situación, desencadena una alteración grave de sus condiciones económicas y
patrimoniales, ya que las expectativas que se protegen son las legales y no las
provenientes del abuso del derecho.
Frente a la obligación de la entidad accionada de demandar sus propios actos, donde se
pueden hacer los reproches necesarios, además de esta posibilidad se encuentra en
cabeza del organismo demandado una vez se solicita la reliquidación de la pensión
gracia así como la sustitución, realizar un nuevo estudio del cumplimiento de los
requisitos para la procedencia del derecho que se pretende reliquidar o sustituir, toda
vez que no se podría limitar al ente prestacional, cuando una vez observe la irregularidad
o ilegalidad en su emisión seguir permitiendo esta situación, siempre que se trate de un
acto arbitrario, opuesto a la Constitución y la Ley, obviamente los motivos del estudio
deben ser reales, objetivos y trascendentes.
La administración cuenta con la posibilidad de realizar un nuevo análisis respecto del
acto administrativo creador del derecho y cuando considere que el mismo es ilegal o
vulnere el ordenamiento jurídico, puede negar la reliquidación o sustitución deprecada,
para poner fin a una situación que considera irregular y en consecuencia, hacer cesar
sus efectos.
Debido a las infinitas inconsistencias en el reconocimiento de pensiones y con el
propósito de fortalecer el principio de moralidad que debe preceder la actividad de dicho
reconocimiento, así como para afrontar el tema de la corrupción que tanto perjudica las
finanzas públicas, considerando que el pago de las pensiones se nutre de los recursos
del erario, ya de por sí limitados, y que imponen un examen exigente y riguroso frente a
los montos que se autorizan, pues un exceso en tales sumas, que no correspondan con
lo dispuesto legalmente, y afecta la liquidez y solvencia del sistema, es obligación de los
organismos pensionales cuando se conceden derechos sin el lleno de los requisitos,
negar la concesión de una pensión de sobrevivientes que fue otorgada a su titular con
desconocimiento la ley. […]». (sic)
39. Al respecto, debe precisarse que tal postura resulta acorde a lo señalado por la
Corte Constitucional en sentencia SU-182 de 2019, respecto de la revocatoria
directa del acto administrativo de reconocimiento de la pensión, que sostuvo: «[…]
Desde la Sentencia C-835 de 2003, la jurisprudencia constitucional ha reconocido
inequívocamente la revocatoria unilateral frente a pensiones irregulares. Posición que
también es compartida por el Consejo de Estado. En la actualidad, no se discute que una
pensión obtenida por medios ilegales o en abierto incumplimiento de los requisitos, al punto
de entrar en la órbita del derecho penal, pueda ser revocada sin el consentimiento del
interesado. […]».
40. Así pues, esta Sala de decisión considera razonable y ajustada a la normatividad
vigente la valoración de las pruebas aportadas al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho efectuada por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
razón por la cual llega a la convicción de que la argumentación que sustenta los
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04569-00
Demandante: María Lili López Morcillo
defectos alegados no desvirtúa la presunción de legalidad del acto administrativo
que negó la sustitución de la pensión gracia.
41. En este orden de ideas y en atención a que no se observa una interpretación
absurda o desmesurada por parte del tribunal demandado en la providencia judicial
cuestionada y a que esta se encuentra acorde con los pronunciamientos que esta
corporación judicial ha emitido respecto al tema no es posible concluir que incurriera
en un defecto procedimental, factico, sustantivo y tampoco en desconocimiento del
precedente, pues precisamente aquella se encuentra acorde al ordenamiento
jurídico y los principios y valores constitucionales de orden supremo que se
encuentran implícitos en la controversia planteada.
42. Así las cosas, más allá de concretar las razones por las cuales se configuraría
el defecto procedimental, fáctico, sustantivo, procedimental y desconocimiento del
precedente o alguna interpretación irrazonable, lo que se evidencia es su
desacuerdo con las consideraciones efectuadas por el juez de la causa, con lo cual
pretende que se realice un nuevo estudio de legalidad que no procede en sede de
tutela.
43. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación
jurídica del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.
44. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en los
defectos especiales alegados, debido a que fue proferida según las normas que
regulan la materia y aquellas se apoyaron en el material probatorio aportado al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado.
45. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado
de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la
medida en que aquella visión de los hechos presentada por las autoridades
judiciales demandadas cuenta con soporte y está debidamente razonada y
justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una
tercera instancia.
3. Conclusión
46. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales de María Lili López Morcillo, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04569-00
Demandante: María Lili López Morcillo
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de María Lili López
Morcillo, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Risaralda.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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