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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04571-01

Fecha
1 de octubre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04571-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de agosto de 2026, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, frente a la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por carecer de relevancia constitucional para, en su lugar: SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados, de conformidad con lo expuesto en precedencia. TERCERO: Confirmar la decisión de improcedencia de la acción por falta de legitimación en la causa por activa del señor Sady Andrés Orjuela Bernal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04571-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

1 de octubre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04571-01
Accionante: Sady Andrés Orjuela Bernal y otro
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Revocar la decisión de declarar improcedente la acción de tutela por
falta de relevancia constitucional para, en su lugar, negar las
pretensiones de la acción de tutela.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 6 de
agosto de 2026, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
activa respecto del señor Sady Andrés Orjuela Bernal y por carecer de relevancia
constitucional frente al señor ángel Eduardo Núñez Pérez.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Ángel Eduardo Núñez Pérez, por conducto de su apoderado judicial Sady
Andrés Orjuela Bernal y, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó a la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué, con la finalidad de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos que negaron el reconocimiento de la bonificación judicial creada a
través del Decreto 383 de 2013 como factor salarial. A título de restablecimiento del
derecho, solicitó la reliquidación de las prestaciones sociales y el pago de las
diferencias respectivas.

3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia
del 4 de marzo de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda y i) declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados; ii) condenó a las entidades
demandadas a reconocer y pagar la bonificación judicial como factor salarial, desde
el 15 de noviembre de 2014 y mientras permaneciera vigente la relación legal y
reglamentaria, por el tiempo efectivamente laborado, con la correspondiente

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reliquidación de las prestaciones sociales devengadas; iii) ordenó pagar las
diferencias derivadas de dicha reliquidación, al incluir la bonificación judicial como
factor salarial; y iv) dispuso la actualización de las sumas adeudadas.

4. Luego, la parte accionante promovió demanda ejecutiva a continuación del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener el
cumplimiento de la decisión judicial anterior. Al respecto, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante providencia del 14 de mayo de 2025,
libró mandamiento de pago, por concepto de las diferencias indexadas, los intereses
a la tasa DTF, los intereses moratorios a la tasa comercial y la obligación de hacer
consistente en incorporar a la nómina la bonificación judicial como factor salarial,
así como efectuar su consecuente liquidación permanente mientras el ejecutante
permaneciera vinculado a la Rama Judicial.

5. Contra esta decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación, al considerar que el Despacho había omitido pronunciarse
frente a la negativa de librar mandamiento de pago por la obligación de hacer, las
cuales se derivan del incumplimiento, como de perjuicios moratorios y, en subsidio,
compensatorios.

6. El Juzgado, a través de la providencia del 9 de julio de 2025, negó el recurso de
reposición, argumentando que la obligación de hacer se encontraba comprendida
dentro de las actuaciones necesarias para materializar la obligación de pago ya
contenida en el título y en el mandamiento ejecutivo. Además, indicó que los
perjuicios moratorios y compensatorios no resultaban procedentes, toda vez que la
obligación derivada de la sentencia comprendía, principalmente, el pago de una
suma de dinero determinable. En esa misma providencia, concedió el recurso de
apelación.

7. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante providencia del 4 de diciembre de
2025, confirmó la anterior decisión.

2.2. Fundamento jurídico

8. La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:

• Sustantivo: por falta de aplicación del inciso final del artículo 422 del CGP,
al omitir analizar que dicha disposición permite que tengan mérito ejecutivo
los demás documentos que señale la ley. En particular, sostuvo que el
artículo 2.8.6.4.2 del Decreto 1342 de 2016 impone a la entidad la obligación
de expedir, dentro de los dos meses siguientes a la comunicación efectuada
por el apoderado, la resolución de liquidación y pago, obligación que, a su
juicio, es clara, expresa y exigible y, por tanto, susceptible de ejecución. No
obstante, en el caso concreto se ignoró su consideración.

• Procedimental: afirmó que la autoridad judicial accionada se encontraba
limitada a advertir únicamente la existencia del título ejecutivo y que la
solicitud de perjuicios se ajustara a la ley. Sin embargo, excedió sus
competencias al analizar de fondo si la obligación era de hacer o de dar, si

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había doble pago, si el procedimiento presupuestal generaba obligación
autónoma, pese a que estos asuntos deben ser alegados en la etapa de
excepciones.

• Violación directa de la Constitución Política: se desconocieron los
artículos 2, 29 y 228 de la Constitución, al omitir la aplicación del artículo 65
de la Ley 179 de 1994 y del artículo 2.8.6.4.2 del Decreto 1342 de 2016, así
como las obligaciones de «hacer», expresamente previstas en la sentencia,
relacionadas con la reliquidación de prestaciones y los aportes a pensión.

• Desconocimiento del precedente judicial: las autoridades accionadas se
apartaron del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
Corte Suprema de Justicia y distintos Tribunales, sin justificarlo.

2.3. Pretensiones

9. La parte accionante solicitó:

«1. Se protejan los derechos fundamentales de los cuales soy titular como
beneficiario de un porcentaje de la sentencia; los de mi cliente el Dr. ANGEL
EDUARDO NUÑEZ PEREZ , previstos en PREAMBULO, los artículos 1
(respeto a la dignidad humana); 2 (servir a la comunidad y garantizar la
efectividad de los principios); 29 (debido proceso); 229 (acceso a la
administración de justicia); previstos en la Constitución Política de Colombia y
cuales quiera otro que resulte probado dentro del presente tramite, vulnerados
por la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, al desconocer abierta y directamente el
contenido de su PROPIA SENTENCIA (Que se le asigne un carácter
prestacional a la "bonificación judicial", específicamente para liquidar cesantías,
prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por
servicios prestados y cuales quiera otro emolumento prestacional que se pague
en virtud de la relación legal y reglamentaria que los actores tienen con la Rama
Judicial del Poder Público en su calidad de empleados judiciales), la Ley 1437
de 2011, artículos 189, 192, 195; en los Artículos 2.8.6.1.1., 2.8.6.2.1.,
2.8.6.2.2., 2.8.6.2.3., 2.8.6.2.4., 2.8.6.3.1., 2.8.6.4.1., 2.8.6.4.2., 2.8.6.5.1.,
2.8.6.6.1., y 2.8.6.6.2., Decreto 1068 de 2015; Decreto artículos 2.8.6.5.1. y
2.8.6.5.1., Decreto 2469 de 2015; artículos 1 y 2, Decreto 1342 de 2016; Arts.
426, 428 y 433 C.G.P.; Art. 1610 C.C., las normas de preparación,
implementación y ejecución del presupuesto concretamente y los perjuicios que
se derivan de las sentencias contenciosas, además de su propio precedente.

2. Que como consecuencia de lo anterior se ordene dejar sin efectos jurídicos
la providencia proferida por el Auto del 14 de mayo de 2025– JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, Rad. 73001-33-
33-002-2024 00279-00, J.P. JESÚS ORLANDO PARRA, " DECLARAR de
oficio la PRESCRIPCIÓN - PARCIAL - de los derechos reclamados". 3. Que se
exhorte al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO IBAGUE
• TOLIMA, para que en adelante y en asuntos similares ordene librar
mandamiento de pago por obligaciones de hacer».

2.4. Intervenciones

10. Por medio del auto del 2 de septiembre de 2026, se admitió la acción de tutela y
se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Tolima y al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Ibagué como accionados a la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional como terceros interesados en el resultado del proceso.

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11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial estimó que el abogado
Sady Andrés Orjuela Bernal carece de legitimación en la causa por activa. Respecto
del señor Ángel Eduardo Núñez Pérez indicó que la acción de tutela carece de
relevancia constitucional, pues se pretende reabrir un debate judicial que ya fue
objeto de pronunciamiento por parte del juez natural del proceso.

12. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué solicitó su
desvinculación del proceso de la referencia por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

13. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

14. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de agosto
de 2026, declaró improcedente la tutela por falta de legitimación en la causa por
activa de Sady Andrés Orjuela Bernal y, respecto de Ángel Eduardo Núñez Pérez,
por falta de relevancia constitucional. Consideró que la tutela pretendía reabrir un
debate ya resuelto por el juez natural sobre la procedencia del mandamiento de
pago por obligaciones de hacer, perjuicios moratorios y compensatorios.

15. Asimismo, señaló que los argumentos sobre el precedente judicial no eran
nuevos, sino que buscaban reforzar los planteados en los recursos ordinarios, los
cuales ya habían sido examinados y desestimados por el juez natural, al concluir
que los perjuicios no estaban previstos en el título ejecutivo y que la mora ya estaba
resarcida mediante los intereses del artículo 192 del CPACA.

2.6. Impugnación

16. La parte accionante impugnó la decisión y sostuvo que la tutela sí reviste
relevancia constitucional, pues las providencias cuestionadas vulneraron el debido
proceso al analizar, en la etapa del mandamiento ejecutivo, la naturaleza de la
obligación, pese a que, conforme al artículo 433 del C.G.P. y al precedente
vinculante de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dicho asunto debía
debatirse en la etapa de excepciones. Añadió que esta actuación constituyó un
defecto procedimental y que, además, implicó una violación directa de la
Constitución al privar de efectos prácticos una sentencia ejecutoriada que había
reconocido derechos laborales y prestacionales.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

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3.2. Cuestión previa

18. Aunque la parte accionante dirige la acción de tutela contra las providencias
expedidas el 9 de julio de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Ibagué y el 4 de diciembre del mismo año por el Tribunal Administrativo del
Tolima, lo cierto es que esta última decisión confirmó la anterior. Por ende, esta
Subsección se abstendrá de analizar la providencia del 9 de julio de 2025.

19. De otra parte, se alegó la configuración de un defecto por violación directa de la
Constitución Política. Sin embargo, la argumentación no permite establecer de qué
manera la decisión cuestionada habría desconocido los artículos 2, 29 y 228
superiores, ni cuál sería la relación entre dichas disposiciones y el artículo 65 de la
Ley 179 de 1994, el artículo 2.8.6.4.2 del Decreto 1342 de 2016 y las obligaciones
de hacer previstas en la sentencia, relacionadas con la reliquidación de las
prestaciones sociales y los aportes a pensión.

20. Asimismo, la parte accionante planteó un presunto desconocimiento del
precedente judicial. Para sustentar este reproche, citó varias providencias de esta
Corporación, de la Corte Suprema de Justicia y de distintos tribunales. No obstante,
no explicó por qué tales decisiones serían aplicables al caso concreto, ni identificó
la regla jurídica contenida en ellas que habría sido desconocida por la autoridad
judicial accionada. Tampoco precisó las razones por las cuales esta se habría
apartado de dicho precedente sin ofrecer una justificación válida. En su lugar, se
limitó a exponer una interpretación particular de las providencias citadas, sin
establecer su pertinencia frente al asunto objeto de controversia.

21. En consecuencia, esta Subsección no advierte elementos suficientes que
permitan abordar el estudio de los defectos por violación directa de la Constitución
Política y desconocimiento del precedente judicial.

22. Por último, teniendo en cuenta que la parte accionante no formuló en el recurso
de impugnación ningún reparo relacionado con la decisión de declarar improcedente
la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa del señor Sady
Andrés Orjuela Bernal, esta Subsección se abstendrá de efectuar pronunciamiento
al respecto.

3.3. Problema jurídico

23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad,
en especial el de relevancia constitucional. En caso afirmativo, deberá establecerse
si el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima incurrieron en los defectos sustantivo y procedimental, al
interior del proceso ejecutivo con radicado 73001-33-33-002-2024-00308-01.

3.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

24. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las

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personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.

25. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo
para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos
judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.

27. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.

28. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

29. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.4.1.1.1. Relevancia constitucional. Contrario a lo expuesto por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, esta Subsección estima que sí se encuentra cumplido este
requisito, en la medida en que la controversia se centra en determinar si la autoridad
judicial accionada vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al incurrir,
presuntamente, en los defectos sustantivo y procedimental. Además, los reproches
formulados se encuentran suficientemente sustentados y no se limitan a plantear
una simple discrepancia de carácter legal o probatorio.

3.4.1.1.2. Subsidiariedad. También se satisface este requisito, pues la providencia
cuestionada, se encuentra ejecutoriada y no existen recursos ordinarios o
extraordinarios idóneos para controvertirla.

3.4.1.1.3. Inmediatez. Se cumple igualmente este requisito, puesto que la acción de
tutela fue presentada dentro de un término razonable y proporcionado. En efecto,

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entre la ejecutoria de la providencia cuestionada, ocurrida el 16 de diciembre de
2025, y la presentación de la solicitud de amparo, el 16 de junio de 2026, no
transcurrieron más de 6 meses.

3.4.1.1.4. Irregularidad procesal con incidencia sustancial. Este presupuesto se
cumple en el caso concreto, en la medida en que la parte accionante alegó un
supuesto defecto procedimental debido a que, a su juicio, la autoridad judicial
accionada anticipó, en la etapa de mandamiento de pago, un análisis de fondo sobre
la naturaleza de la obligación, el eventual doble pago y el procedimiento
presupuestal, asuntos que, de ser procedentes, debían plantearse mediante
excepciones.

3.4.1.1.5. Identificación de los hechos que generaron la vulneración. Este requisito
también se encuentra satisfecho, pues la parte accionante identificó de manera clara
la providencia cuestionada, las actuaciones que considera lesivas de sus derechos
fundamentales y las razones por las cuáles estima que la autoridad judicial
accionada habría incurrido en los defectos alegados.

3.4.1.1.6. Que no se trate de una sentencia de tutela. La providencia cuestionada
no corresponde a una sentencia de tutela, sino a una decisión proferida dentro de
un proceso ejecutivo.

30. Por lo anterior, se advierte que se revocará la decisión de declarar improcedente
la acción de tutela y se analizará si se configuraron los defectos alegados.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

31. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic)
que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite
la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En
suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de
la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de
juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»1.

32. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando
la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento
del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos

1Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.

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precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable
por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de
la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto
que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha
facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada,
emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra
limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de
Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que
toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen
al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea,
por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque
su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada
inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar
vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos
a los expresamente señalados por el legislador»2.

33. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.5.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto

34. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo por falta de aplicación del inciso final del artículo 422 del CGP, al
omitir analizar que dicha disposición permite que tengan mérito ejecutivo los demás
documentos que señale la ley. En particular, sostuvo que el artículo 2.8.6.4.2 del
Decreto 1342 de 2016 impone a la entidad la obligación de expedir, dentro de los

2 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.

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dos meses siguientes a la comunicación efectuada por el apoderado, la resolución
de liquidación y pago, obligación que, a su juicio, es clara, expresa y exigible y, por
tanto, susceptible de ejecución.

35. Para determinar si se configuró el defecto alegado, resulta pertinente destacar el
fundamento de la decisión cuestionada:

«Como se observa, en las sentencias bases del título ejecutivo existen dos tipos
de obligaciones, la primera, que corresponde a una obligación de dar, que se
concreta en el pago de una suma de dinero – prestaciones laborales-, y la
segunda, que se materializa en una obligación de hacer – la cual consiste en
liquidar las condenas impuestas en la sentencia concretadas en un acto
administrativo.

Ahora al revisarse el contenido del Auto que libra mandamiento de pago – Auto
del 14 de mayo de 2025-, se vislumbra que, en efecto el Juzgado de
Conocimiento libró mandamiento de pago incluyendo las dos obligaciones antes
mencionadas.

Por ende, la solicitud elevada por la parte ejecutada no resulta procedente,
atendiendo que, la obligación de hacer, que traduce en la expedición de la
liquidación y del acto administrativo que acoge el fallo, su inclusión en el
presupuesto para pago y la debida notificación de éste va intrínseca al momento
que la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL proceda a efectuar el cumplimiento de la
obligación - pago-, por ende, no se genera una obligación adicional a la ya
decretada por el A Quo en el auto que libra mandamiento de pago.

De otra parte, en relación con la solicitud de pago de perjuicios compensatorios,
tampoco hay lugar a su decreto, como quiera que, dentro de las órdenes
impartidas en contra del NACIÓN-RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL en ningún momento dispuso dicha obligación, por
tal razón, proceder como lo solicita el ejecutante, sería crear una situación
jurídica nueva que no es posible ejecutar con los títulos ejecutivos presentados
con el presente medio de control.

Cabe recordar que, dentro de las sentencias emitidas dentro del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho se dispuso el cumplimiento
de las ordenes en los términos del artículo 192 del CPACA, por ende, el retraso
en el cumplimiento de esta obligación lleva intrínsecamente el pago de intereses
moratorios a la tasa DTF y Corrientes hasta que se materialice su cumplimiento,
de tal manera que no hay lugar a reconocer los perjuicios adicionales invocados
por el recurrente.

En este orden de ideas, considera la Sala que deberá ser CONFIRMADA la
providencia del 14 de mayo de 2025, mediante la cual el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Ibagué libró mandamiento de pago de forma
parcial, negando la solicitud consistente en proferir mandamiento de pago por la
obligación de hacer, así como de ejecución por perjuicios, de conformidad a lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia».

36. Si bien el artículo 422 del CGP establece que pueden demandarse
ejecutivamente, además de las obligaciones que reúnan las condiciones allí
previstas, aquellas contenidas en los demás documentos que la ley señale y, con
fundamento en esta última regla, la parte accionante invocó el artículo 2.8.6.4.2 del
Decreto 1342 de 2016, lo cierto es que la sola existencia del deber legal allí previsto
no conduce a concluir que la autoridad judicial accionada hubiera desconocido el
artículo 422 del CGP.

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37. En efecto, la decisión cuestionada no desconoció que la entidad estuviera
obligada a adelantar el trámite de liquidación y expedir el acto administrativo
correspondiente. Lo que determinó fue que tales actuaciones hacen parte del
procedimiento necesario para materializar la obligación de pago reconocida en las
sentencias y, por tanto, no constituyen una obligación de hacer autónoma y
adicional a aquella que ya fue incorporada en el mandamiento ejecutivo. Esta
conclusión resulta razonable, en tanto la expedición del acto administrativo de
liquidación y pago no tiene una finalidad distinta de concretar y hacer efectiva la
condena dineraria contenida en el título.

38. De igual manera, fue acertada la decisión de negar la ejecución por concepto de
perjuicios compensatorios, pues el juez de la ejecución debe circunscribirse a las
obligaciones que fueron expresamente reconocidas en el título ejecutivo y no puede
incorporar prestaciones distintas ni extender el alcance de la condena. En este caso,
comoquiera que las sentencias objeto de ejecución no impusieron el pago de tales
perjuicios, su reconocimiento en el proceso ejecutivo habría supuesto modificar el
contenido material del título y, con ello, exceder los límites de la ejecución.

39. Así, la autoridad judicial accionada no desconoció la posibilidad prevista en el
inciso final del artículo 422 del CGP de ejecutar los documentos a los que la ley
atribuya mérito ejecutivo. Por el contrario, examinó el alcance de las obligaciones
cuya ejecución se pretendía y concluyó que la obligación de hacer invocada no tenía
carácter autónomo frente a la condena dineraria, mientras que los perjuicios
compensatorios no hacían parte del título. Se trata, entonces, de una interpretación
sustentada en el contenido de las providencias objeto de ejecución y en los límites
propios del proceso ejecutivo, que no puede calificarse de irrazonable ni de
manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico.

40. Por consiguiente, no se configura el defecto sustantivo alegado, por el contrario,
el reparo de la parte accionante evidencia, en realidad, su desacuerdo con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial respecto del alcance y contenido
del título ejecutivo, circunstancia que no evidencia la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

3.6. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial

41. En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se advierte que
este se presenta cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus
actuaciones generan una denegación de la justicia. Este defecto procedimental
puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a
la administración de justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se
oponen a la vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se
exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda
tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea
comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad procedimental en la
apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a

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ello hay lugar .

42. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en todos sus supuestos fácticos, también requiere: i) que se trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el
fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no
se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la
irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales .

3.7. Análisis del presunto defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto en el caso concreto

43. La parte accionante afirmó que la autoridad judicial accionada se encontraba
limitada a advertir únicamente la existencia del título ejecutivo y que la solicitud de
perjuicios se ajustara a la ley. Sin embargo, incurrió en un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto al analizar de fondo si la obligación era de hacer o de
dar, si había doble pago, si el procedimiento presupuestal generaba obligación
autónoma, pese a que estos asuntos deben ser alegados en la etapa de
excepciones.

44. De la revisión de las pruebas allegadas por la parte accionante y del expediente
digital que obra en SAMAI, se advierte que la parte ejecutante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación contra el auto que libró mandamiento de
pago. En dicha oportunidad, cuestionó que el Juzgado no se hubiera pronunciado
sobre la procedencia de librar mandamiento de pago respecto de la obligación de
hacer derivada del incumplimiento, así como sobre los perjuicios moratorios y,
subsidiariamente, compensatorios, que consideró procedentes de conformidad con
los artículos 426 y 428 del Código General del Proceso.

45. Por consiguiente, el pronunciamiento de la autoridad judicial accionada acerca
de la naturaleza y el alcance de las obligaciones contenidas en el título ejecutivo no
constituye una actuación contraria a las normas procesales ni vulneradora de los
derechos fundamentales invocados. Por el contrario, dicho análisis resultaba
necesario para resolver los reparos formulados en el recurso y sustentar las razones
por las cuáles se confirmaría la decisión de negar la solicitud de librar mandamiento
de pago por la obligación de hacer y por concepto de perjuicios.

46. En consecuencia, esta Subsección no advierte que la autoridad judicial
accionada incurriera en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, así
como tampoco en el defecto sustantivo. Por lo tanto, se revocará la sentencia
proferida el 6 de agosto de 2026, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
frente a la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por carecer de
relevancia constitucional para, en su lugar, negar las pretensiones de la misma.
Adicionalmente, se confirmará la decisión de falta de legitimación en la causa por

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activa del señor Sady Andrés Orjuela Bernal por cuanto no fue objeto de
impugnación.

47. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de agosto de 2026, por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, frente a la declaratoria de improcedencia de la acción
de tutela por carecer de relevancia constitucional para, en su lugar:

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados, de
conformidad con lo expuesto en precedencia.

TERCERO: Confirmar la decisión de improcedencia de la acción por falta de
legitimación en la causa por activa del señor Sady Andrés Orjuela Bernal, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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