Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04573-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04573-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04573-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04573-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
24 de julio de 2026
Radicado: 11-001-03-15-000-2026-04573-00
Accionante: Eduardo Moreno Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04573-00
Accionante: Eduardo Moreno Martínez
Accionado: Secretaría del Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela derecho de petición – niega el amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Eduardo Moreno Martínez contra la
Secretaría del Tribunal Administrativo del Huila y la Oficina de Gestión de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones CETIC.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Eduardo Moreno Martínez, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela
con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de petición, los cuales considera vulnerados por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Huila y la Oficina de Gestión de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones CETIC, con ocasión de la decisión de no conceder al señor Diego
Fernando Álvarez Benito acceso al expediente digital identificado con el radicado
número 41001-23-33-000-2018-00203-00.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:
2.1. El señor Eduardo Moreno Martínez promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para que se dejaran sin efectos las
resoluciones mediante las cuales se le negó el reconocimiento y pago de una pensión
de sobrevivientes.
1
Índice 00002 del expediente digital en Samai, certificado B51F967F4DA33A03 7DD639A57978E065
CEF208D1DB7B8E38 62DAD6BFF888214D.
Ibidem.
0000
Radicado: 11-001-03-15-000-2026-04573-00
Accionante: Eduardo Moreno Martínez
2.2. El proceso le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Huila bajo el
radicado núm. 41001-23-33-000-2018-00203-00, autoridad judicial que, mediante
sentencia del 16 de noviembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda. Dicha
decisión fue confirmada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado mediante sentencia del 26 de julio de 2024. Ejecutoriada esta última
providencia, el expediente fue devuelto al tribunal de primera instancia y se realizó el
archivo definitivo.
2.3. El 24 de marzo de 2026, el señor Diego Fernando Álvarez Benito, quien
manifestó actuar como nuevo apoderado del señor Eduardo Moreno Martínez,
solicitó acceso al expediente a través del aplicativo SAMAI. No obstante, dicha
petición fue negada debido a que el proceso se encontraba archivado y quien
presentó la solicitud no contaba con personería jurídica reconocida.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
3.1. La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, que se ordene permitir el acceso al expediente digital dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela.
3.2. Como fundamento de la solicitud, sostuvo que la negativa de permitir el acceso al
expediente digital mediante la plataforma SAMAI vulnera sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia.
Lo anterior, por cuanto impone barreras administrativas que, a su juicio, carecen de
sustento legal y resultan arbitrarias. En particular, afirmó que la exigencia de aportar
el poder conferido al señor Diego Fernando Álvarez Benito constituye una carga
desproporcionada, dado que la solicitud elevada no pretendía promover actuación
judicial alguna ni obtener una decisión de la autoridad competente, sino únicamente
acceder al expediente de un proceso que ya se encuentra archivado.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 18 de junio de 2026 2, el despacho de la magistrada ponente
admitió la presente acción de tutela. En dicha providencia advirtió que la
inconformidad del actor recaía sobre la decisión de negar el acceso al expediente
digital, adoptada por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Huila, razón por la
cual dispuso vincularla como autoridad accionada.
En consecuencia, admitió la acción contra la Oficina de Gestión de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones del Consejo de Estado (CETIC), administradora
de la plataforma SAMAI, y contra la Secretaría del Tribunal Administrativo del Huila.
Asimismo, ordenó practicar las notificaciones correspondientes, puso en
conocimiento de las autoridades accionadas la posibilidad de rendir informe, dispuso
2
Índice 00004 en el aplicativo SAMAI, certificado 79A58F88F408FC19 B7125C89599124B6
3803179F3AF4A215 6EDE1A9A2077E339.
2
0000
Radicado: 11-001-03-15-000-2026-04573-00
Accionante: Eduardo Moreno Martínez
tener como pruebas los documentos aportados con la solicitud de tutela y decretó la
suspensión de los términos.
Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Huila3, solicitó negar el amparo,
al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales alegados y que su
actuación se ajustó plenamente al ordenamiento jurídico y a las reglas que regulan el
acceso a los expedientes judiciales.
Explicó que la solicitud presentada por quien manifestó actuar como apoderado del
accionante fue negada conforme a los parámetros establecidos para el otorgamiento
de accesos especiales en el sistema SAMAI, debido a que no se allegó el poder
debidamente conferido por el señor Eduardo Moreno Martínez ni existía dentro del
expediente reconocimiento de personería en favor del abogado Diego Fernando
Álvarez Benito. Agregó que, tratándose de un expediente archivado, resultan
aplicables reglas específicas para su consulta.
Precisó que los procesos judiciales de carácter público pueden ser consultados por
cualquier ciudadano; sin embargo, el acceso mediante usuario registrado en la
plataforma SAMAI constituye un acceso privilegiado, que permite visualizar la
totalidad de los documentos, acceder a actuaciones que eventualmente puedan estar
sometidas a reserva y radicar memoriales directamente dentro del expediente digital.
En ese contexto, sostuvo que el otorgamiento de dicho acceso exige acreditar la
legitimación para actuar, especialmente cuando quien lo solicita afirma representar a
una de las partes del proceso. No obstante, indicó que el señor Diego Fernando
Álvarez Benito no acreditó un poder válido, pues únicamente allegó copia de su
documento de identidad, documento que no demuestra la representación judicial ni
habilita el acceso a las funcionalidades restringidas de la plataforma.
Añadió que, al encontrarse el proceso definitivamente archivado, el acceso físico al
expediente también se encuentra sujeto al cumplimiento de los trámites
administrativos correspondientes, sin que ello implique que el sistema SAMAI deba
conceder automáticamente un acceso privilegiado.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que la Secretaría actuó conforme a los
principios de legalidad y de seguridad de la información judicial. Además, precisó que
no negó el acceso al expediente en sí mismo, pues el accionante conserva la
posibilidad de consultar la información pública del proceso por los canales ordinarios,
sino que únicamente rechazó la solicitud de acceso privilegiado, al no encontrarse
acreditada la legitimación del solicitante.
3
Índice 00010 en el aplicativo SAMAI, certificado FF8B86E596E3AE13 85783A67C19B6E09
A36D982E27AF588B FCC54185CBCD7901.
3
0000
Radicado: 11-001-03-15-000-2026-04573-00
Accionante: Eduardo Moreno Martínez
4.2. La Oficina de Sistemas del Consejo de Estado–CETIC 4 alegó su falta de
legitimación en la causa por pasiva al no existir participación en el acto que el
accionante considera vulnerador de sus derechos fundamentales.
Explicó que el 20 de marzo de 2026 el señor Diego Fernando Álvarez Benito
presentó, a través de la Ventanilla de Atención Virtual, una solicitud de acceso para
consultar el expediente identificado con el radicado núm. 41001-23-33-000-2018-
00203-00, registrada con el consecutivo 2692752.
No obstante, precisó que dicha solicitud no fue atendida por esa dependencia, en
razón de que el CETIC carece de competencia para resolver solicitudes de acceso a
expedientes judiciales, reconocer personerías, habilitar accesos discrecionales o
modificar las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales competentes.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1 La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez
que Eduardo Moreno Martínez es titular de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, en su condición de demandante dentro del proceso identificado con el
radicado núm. 41001-23-33-000-2018-00203-00.
2.2. De igual manera, está acreditada la legitimación en la causa por pasiva, en
tanto la Secretaría del Tribunal Administrativo del Huila fue la autoridad que resolvió
la petición y la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado – CETIC fue la autoridad
en contra de la cual se direccionó la acción de tutela.
3. Problema jurídico.
De conformidad con el escrito de tutela, la Sala advierte que, si bien el accionante no
invocó de manera expresa la presunta vulneración del derecho fundamental de
petición, resulta necesario abordar su estudio. Ello obedece a que, del análisis
material de la solicitud de tutela y de las pruebas obrantes en el expediente, se
desprende una posible afectación de dicha garantía, en tanto los argumentos de la
acción se encaminan a cuestionar la respuesta negativa emitida frente a la solicitud
de acceso al expediente digital.
4
Índice 00011 en el aplicativo SAMAI, certificado A55DCF279ADB5989 DB356C5A0B7A9791
05BDCC46CCF27F98 A717B75787D8D2E3.
4
0000
Radicado: 11-001-03-15-000-2026-04573-00
Accionante: Eduardo Moreno Martínez
Al respecto, conviene recordar que, en virtud del principio de eficacia de los derechos
fundamentales, el juez de tutela no se encuentra limitado por la denominación o
formulación estricta de los derechos invocados por la parte actora. Por el contrario,
está facultado para identificar y proteger aquellos derechos fundamentales que, de
acuerdo con las circunstancias del caso concreto, resulten efectivamente
comprometidos.
En ese contexto, corresponde a la Sala determinar si, en el presente asunto, la
decisión de negar el acceso privilegiado al expediente digital del proceso identificado
con el radicado núm. 41001-23-33-000-2018-00203-00, a través de la plataforma
SAMAI, vulneró los derechos fundamentales de petición y al debido proceso del
accionante.
4. Derecho de petición
El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general
o particular, y a obtener una pronta resolución. Su regulación está establecida en el
Título II de la Primera Parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo5, y de acuerdo con el artículo 13 6 de dicho cuerpo
normativo, las personas tienen derecho a presentar, de forma respetuosa, solicitudes
de interés general o particular ante las autoridades y a “obtener pronta resolución,
completa y de fondo”.
La Corte Constitucional7 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías se encuentran
(i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro
del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y
efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la
situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha indicado que a este
derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la
respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la consecuente
notificación de la respuesta al peticionario”
5
Título sustituido por la Ley 1755 de 2015.
6
Ley 1755 de 2015, artículo 13. “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos
señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución
completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin
que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento
de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la
prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos,
formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de
petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o
formación”
7
Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005., T-236 de
2005, T718 de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013,
T-268 de 2013 y T083 de 2017, entre otras.
5
0000
Radicado: 11-001-03-15-000-2026-04573-00
Accionante: Eduardo Moreno Martínez
Además, la jurisprudencia constitucional ha definido el núcleo esencial de este
derecho bajo los siguientes términos:
“El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos
intangibles que lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales
no pueden ser intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de
petición, la Corte ha indicado que su núcleo esencial se circunscribe a: i) la
formulación de la petición; ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y
iv) la notificación al peticionario de la decisión”8
De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para
contestarla, debe informar de inmediato al interesado, ya sea verbalmente o por
escrito, y proceder con la remisión de esta al competente y enviar copia del oficio
remisorio al peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así deberá
comunicarlo9.
Por lo tanto, una autoridad debe, frente a una petición respetuosa, responderla de
fondo y de manera congruente a lo solicitado; requerir que sea completada si
considera que es necesario, para luego resolverla de fondo; o remitirla a quien tenga
competencia.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que negará el amparo solicitado, por las razones que pasan a
exponerse.
5.1. La parte actora sostuvo que se vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, al considerar que la respuesta negativa a la solicitud de acceso al
expediente digital a través de la plataforma SAMAI le impide acceder de manera
efectiva a la administración de justicia. En su criterio, dicha restricción constituye una
barrera administrativa arbitraria y carente de sustento legal.
En particular, afirmó que resulta desproporcionado exigir la presentación de un poder
conferido al señor Diego Fernando Álvarez Benito como requisito para autorizar el
acceso solicitado, toda vez que la petición no pretende promover actuación judicial
alguna ni obtener una decisión de la autoridad competente. Por el contrario, se limita
a solicitar el acceso al expediente digital de un proceso que ya se encuentra
definitivamente archivado.
5.2. A partir de los hechos expuestos en la solicitud de tutela y de los argumentos
consignados en los informes rendidos por las autoridades accionadas, la Sala
advierte, en primer lugar, que la petición presentada el 24 de marzo de 2026 por el
señor Diego Fernando Álvarez Benito fue resuelta de manera expresa y oportuna en
sentido desfavorable, como se evidencia en el índice 00075 del expediente digital
correspondiente al proceso ordinario.
8
Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
9
Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
6
0000
Radicado: 11-001-03-15-000-2026-04573-00
Accionante: Eduardo Moreno Martínez
De lo anterior se desprende que la negativa de conceder el acceso solicitado
obedeció a que el señor Diego Fernando Álvarez Benito no tenía reconocida
personería para actuar dentro del proceso y, por consiguiente, no acreditó la
legitimación necesaria para acceder al expediente digital mediante la modalidad de
acceso privilegiado.
5.3. Ahora bien, la Sala advierte que, conforme a lo expuesto por el accionante en el
escrito de tutela, no existe controversia respecto de la falta de acreditación de la
calidad de apoderado del señor Diego Fernando Álvarez Benito para representar
judicialmente al señor Eduardo Moreno Martínez. En efecto, el propio accionante no
cuestiona dicha circunstancia, sino que sostiene que la exigencia de acreditar esa
representación resulta desproporcionada, por cuanto la solicitud formulada se
limitaba a obtener acceso al expediente de un proceso definitivamente archivado.
5.4. Por su parte, en el informe rendido dentro del presente trámite, la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Huila explicó la diferencia entre la consulta pública de los
expedientes judiciales y el acceso privilegiado a través de la plataforma SAMAI.
Asimismo, precisó los requisitos exigidos para el otorgamiento de esta última
modalidad de acceso, en los siguientes términos:
“La solicitud fue negada por la Secretaría, conforme a los parámetros
establecidos para el otorgamiento de accesos especiales en el sistema SAMAI.
No obstante, se precisa que:
• En la solicitud no se allegó poder debidamente otorgado por el
señor Eduardo Moreno Martínez a favor del abogado solicitante.
• Tampoco obra dentro del expediente judicial reconocimiento de
personería jurídica al referido profesional del derecho.
Igualmente, es cierto que el proceso judicial se encuentra archivado, conforme
consta en el expediente, lo cual implica reglas específicas de acceso.
La decisión adoptada por la Secretaría no constituye vulneración de derecho
fundamental alguno, por cuanto se ajusta a las reglas que gobiernan el acceso a
expedientes judiciales en el entorno digital SAMAI:
Diferencia entre consulta pública y acceso especial
Los procesos judiciales son públicos y pueden ser consultados por
cualquier ciudadano a través de los mecanismos de consulta
disponibles.
7
0000
Radicado: 11-001-03-15-000-2026-04573-00
Accionante: Eduardo Moreno Martínez
Sin embargo, el acceso a través de usuario en SAMAI no es una simple
consulta, sino un acceso privilegiado, que permite:
o Visualizar documentos completos,
o Acceder a actuaciones eventualmente sujetas a reserva, o
Radicar memoriales directamente dentro del expediente digital.
Por ello, dicho acceso exige la acreditación de legitimación, especialmente
cuando se actúa en representación de una de las partes.
El solicitante Diego Fernando Álvarez Benito no acreditó poder válido.
Únicamente se allegó copia de documento de identidad, lo cual:
o No acredita representación judicial,
o Ni habilita el acceso a herramientas reservadas del sistema.
En consecuencia, la Secretaría actuó conforme al principio de legalidad y
seguridad de la información judicial.
Dentro del expediente judicial no existe reconocimiento de personería
jurídica al abogado solicitante, por tanto, no es posible otorgar acceso como
apoderado a quien no tiene calidad procesal dentro del expediente.
El proceso se encuentra archivado definitivamente, tal como se indica en la
tutela. Para estos casos:
• El acceso físico al expediente requiere el cumplimiento de los trámites
administrativos correspondientes, entre ellos, el pago del arancel judicial,
cuando sea aplicable.
El sistema SAMAI, en estos eventos, no está diseñado para otorgar acceso
privilegiado automático, especialmente a personas sin legitimación acreditada.
No se configura vulneración del derecho al debido proceso ni al acceso a la
administración de justicia, por las siguientes razones:
1. No se negó el acceso al expediente como tal, sino únicamente un tipo
específico de acceso (privilegiado en SAMAI).
2. El accionante puede consultar el proceso por los canales públicos, conforme
al principio de publicidad.
3. La negativa se sustentó en:
-Falta de poder
-Falta de reconocimiento de personería,
-Estado archivado del expediente
4. La actuación de la Secretaría se enmarca en:
-La protección de la información judicial,
-El control de accesos en sistemas digitales,
-El respeto por las reglas procesales
Se resalta que:
8
0000
Radicado: 11-001-03-15-000-2026-04573-00
Accionante: Eduardo Moreno Martínez
El titular de la solicitud en SAMAI fue el señor Diego Fernando Álvarez
Benito,
Mientras que la acción de tutela fue presentada por Eduardo Moreno
Martínez, quien afirma haber otorgado poder,
Sin embargo, dicho poder no fue aportado ni acreditado ante la
Secretaría al momento de la solicitud.
Esto evidencia que la negativa no fue arbitraria, sino derivada de la falta de
acreditación formal exigida por la ley.”
De lo anterior se desprende que la decisión adoptada por la Secretaría del Tribunal
obedeció a que el señor Diego Fernando Álvarez Benito no aportó, junto con la
solicitud, el poder conferido por el demandante dentro del proceso ordinario; además,
en el expediente no obraba reconocimiento de personería a su favor y el proceso se
encontraba definitivamente archivado.
5.5. En el asunto bajo examen, la Sala concluye que al tratarse de un expediente
archivado, es decir, legalmente concluido, las peticiones posteriores al archivo deben
ser presentadas por las partes del proceso o sus apoderados. De acuerdo con los
hechos expuestos por el accionante, el señor Diego Fernando Álvarez Benito no fue
apoderado en el trámite del proceso ordinario y tampoco aportó, junto con la solicitud
de acceso al expediente, el respectivo poder conforme a lo establecido en el artículo
160 del CPACA y en los artículos 74 y 75 del CGP.
En esa misma línea, la Sala destaca que la solicitud de acceso fue presentada
directamente por el señor Diego Fernando Álvarez Benito, quien manifestó actuar
como nuevo apoderado del demandante; no obstante, al momento de formular la
petición no acreditó dicha calidad mediante el correspondiente poder.
Así las cosas, la negativa de conceder acceso privilegiado al expediente digital no
obedeció a una decisión arbitraria o caprichosa de la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Huila sino a la ausencia de acreditación de la legitimación invocada
por quien formuló la solicitud. En consecuencia, la actuación de la autoridad
accionada se sustentó en razones objetivas y verificables, sin que se advierta la
vulneración de los derechos fundamentales de petición o al debido proceso del
accionante.
5.6. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala pone de presente que la decisión de negar el
acceso privilegiado al expediente digital mediante la plataforma SAMAI no tiene
carácter definitivo.
En consecuencia, si el accionante mantiene interés en acceder al expediente, podrá
presentar una nueva solicitud con el cumplimiento de los requisitos previstos para tal
efecto. En particular, deberá otorgar poder cuando la petición sea formulada por un
abogado distinto del que actuó y fue reconocido dentro del proceso ordinario y, de ser
procedente, efectuar el pago del arancel correspondiente en caso de que el
expediente se encuentre en medio físico.
9
0000
Radicado: 11-001-03-15-000-2026-04573-00
Accionante: Eduardo Moreno Martínez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por Eduardo Moreno Martínez
contra la Secretaría del Tribunal Administrativo del Huila y la Oficina de Gestión de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones CETIC, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
AOB
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.