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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04578-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04578-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Jurídica, Alcaldía Mayor de Bogotá. Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Juan Camilo Briceño Martínez en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y otro. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04578-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04578-00
Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para el reconocimiento de una relación laboral
encubierta / Ausencia del elemento de subordinación / Defecto
fáctico

Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela formulada por Juan Camilo Briceño Martínez en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes
1.1. La solicitud1

1. Juan Camilo Briceño Martínez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al trabajo y a la seguridad social, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 15 de octubre
de 2024 y el 30 de abril de 2026 por el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento de
derecho identificado con el radicado 11001-33-42-050-2023-00359-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «2ED_TUTELA20260616T14303(.pdf) NroActua 2».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04578-00
Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de
Integración Social, mediante los cuales se negó el reconocimiento de la relación
laboral encubierta y, en consecuencia, el de las acreencias derivadas de esta, por
los servicios prestados como secretario y abogado entre el 18 de diciembre de 2017
y el 15 de agosto de 2023.

2.2. El Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en sentencia
del 15 de octubre de 2024 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que,
si bien se demostró la prestación personal del servicio y la remuneración, no sucedió
lo mismo con la subordinación. En consecuencia, encontró probada la excepción de
mérito de inexistencia de contrato realidad. En contra de esta decisión interpuso
recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
en sentencia del 30 de abril de 2026 confirmó la decisión del a quo, al concluir que,
«como no se acreditó, fehacientemente, a través de las pruebas allegadas y practicadas en
el proceso, que los contratos de prestación de servicios mutaron en una relación laboral,
sino que se desarrollaron en el ámbito de un contrato de prestación de servicios, ejecutado
con autonomía, con las destrezas y habilidades de la demandante, se concluye, que no
existen elementos de juicio capaz de soportar la nulidad del acto que se demanda» [sic].

2.4. Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales
al incurrir en un defecto fáctico, por indebida valoración probatoria. En esencia, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó los testimonios al considerarlos
«generales». En particular, las declaraciones rendidas por Katherine Cruz Serrano y
María del Rosario Durán Jaramillo que demostraban la falta de autonomía funcional
y técnica del trabajador.

2.5. Asimismo, valoró indebidamente las pruebas documentales, especialmente, los
correos mediante los cuales se asignaba el lugar de trabajo y se exigían informes,
ordenes de trabajo, así como el manual de funciones de la entidad y el
agendamiento diario de las audiencias. Estas pruebas, valoradas en conjunto con
la permanencia de la vinculación, demostraban la subordinación y la similitud de las
labores con cargos de planta. Por eso mismo, la sentencia cuestionada incurrió en
una «ruptura evidente, flagrante y protuberante con la realidad procesal -principio de la
primacía de la realidad sobre las formas».

1.2. Pretensiones

3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Declarar que los accionados han vulnerado los derechos fundamentales al
debido proceso, a la administración de justicia, derecho al trabajo, derecho a la igualdad,

2

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Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

a la seguridad social de Juan Camilo Briceño Martínez, al incurrir en vía de hecho por
defecto fáctico en la sentencia judicial de primera y segunda instancia de fecha 15
de octubre de 2024 y 30 de abril de 2026, respectivamente, emitidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “D” Radicado No.
11001-33-42-046-2024-00091-01 y Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá
Sección Segunda.

2.Dejar sin efecto las sentencias de fecha 15 de octubre de 2024 y 30 de abril de 2026,
respectivamente, emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - Subsección “D” Radicado No. 11001-33-42-046-2024-00091-01 y Juzgado
Cincuenta Administrativo de Bogotá Sección Segunda

3.Ordenar a la Subsección “D” – Sección Segunda – Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, emitir una sentencia que proteja los derechos fundamentales al debido
proceso, la seguridad social y acceso a la administración de justicia del trabajador Juan
Camilo Briceño Martínez, reconociendo la existencia de una relación laboral durante el
lapso de tiempo comprendido entre el día 18 de diciembre de 2017 al 15 de agosto de
2023, con el consecuente pago de los aportes de seguridad social a pensión y
prestaciones legales ordinarias y comunes.

4. Ordenar al Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá Sección Segunda, emitir una
sentencia que proteja los derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad social
y la administración de justicia del trabajador Juan Camilo Briceño Martínez, reconociendo
la existencia de una relación laboral durante el lapso de tiempo comprendido entre el día
18 de diciembre de 2017 al 15 de agosto de 2023, con el consecuente pago de los
aportes de seguridad social a pensión y prestaciones legales ordinarias y comunes, o en
su defecto se ordene cumplir la nueva sentencia que emita la Subsección “D” – Sección
Segunda – Tribunal Administrativo de Cundinamarca. […]» [sic].

1.3. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D2 solicitó que se declarara improcedente la tutela o, en subsidio, se negara el
amparo al considerar que la sentencia cuestionada no incurrió en defecto fáctico ni
en ninguna otra causal de procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, pues se encontraba debidamente motivada y sustentada en el material
probatorio del expediente. Además, sostuvo que el demandante pretendía reabrir
una discusión ya resuelta en las instancias ordinarias, convirtiendo la tutela en una
tercera instancia.

5. ElJuzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá3
pretendió que se negara la solicitud de amparo, por cuanto no se configuró el
defecto fáctico alegado, pues las pruebas fueron valoradas de manera razonable y
no se acreditó la subordinación del demandante. En particular, señaló que los

2Ver índice 26 de Samai del archivo denominado
«21_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaContestaciontutela (.pdf) NroActua26».
3Ver índice 25 de Samai del archivo denominado «20_MemorialWeb_RespuestaInformeTutela2026

(.pdf) NroActua 25».

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Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

testimonios no daban cuenta de órdenes específicas y que las instrucciones, ajustes
a los documentos y coordinación del horario correspondían a la ejecución del
contrato de prestación de servicios.

6. La Secretaría Distrital de Integración Social4 solicitó que se negara el amparo,
al considerar que el demandante pretendía reabrir el debate probatorio ya resuelto
por los jueces ordinarios y que no se configuró el defecto fáctico alegado. Señaló lo
dicho por el tribunal relacionado con que las pruebas fueron valoradas de manera
razonada y que las circunstancias invocadas eran compatibles con la coordinación
y supervisión propias de los contratos de prestación de servicios. Además, pidió
declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

7. La Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Jurídica Distrital5 solicitó la
desvinculación de la entidad al considerar que no tenían legitimación en la causa
por pasiva, pues la eventual vulneración alegada se atribuía a las decisiones
judiciales cuestionadas y no a una actuación u omisión de esas entidades.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestiones previas - delimitación del
asunto a decidir - solicitud de desvinculación por legitimación en la causa por pasiva;
iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del
problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20216 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y
otro.

4Ver índice 12 de Samai del archivo denominado
«11_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaRESPUESTAACCIONDE (.pdf) NroActua 12».
5 Ver índice 13 de Samai del archivo denominado «14_MemorialWeb_Respuesta-2202610385_1

(.pdf) NroActua 13».
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.

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Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

2.2 Cuestiones previas

2.2.1. Delimitación del asunto a decidir

10. Se advierte que, pese a que en el escrito de tutela se cuestionan las decisiones
proferidas por el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se
observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto
de una y otra.

11. Por lo anterior, y en atención a que la sentencia del 15 de octubre de 2024,
mediante la cual el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda, fue recurrida mediante recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, mediante providencia del 30 de abril de 2026, que confirmó lo
resuelto por el a quo, el reclamo constitucional será estudiado solo respecto de esta
última, en tanto fue la que puso fin a la discusión.

2.2.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva

12. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo
señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.

13. La Corte Constitucional7 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en los
trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la

7 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
8 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”10 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».

14. La Secretaría Distrital de Integración Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá
solicitaron su desvinculación del asunto al considerar que no se les atribuyó la
trasgresión que dio lugar a la interposición de la petición de amparo.

15. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue
en calidad de terceros con interés, al ser la parte demandada dentro del proceso
contencioso en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y
contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

16. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado11, unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al
respecto señalo lo siguiente

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias

9 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
10 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]»

17. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

18. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo13, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

19. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

20. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales16.

13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004

y C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

16Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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21. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.5. Problema jurídico

22. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, vulneró los
derechos fundamentales de Juan Camilo Briceño Martínez, con ocasión de la
providencia del 30 de abril de 2026, mediante la cual, confirmó la decisión de negar
las pretensiones de reconocimiento de una relación laboral encubierta al no
encontrar configurado el elemento de la subordinación, con la que incurrió,
presuntamente, en defecto fáctico?

2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

23. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto fáctico

24. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional17, tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite la «la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»18, «o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente»19. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia
pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas»20.

25. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelante el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia
y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

17 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016, entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell.
19 Sentencia SU-159 de 2001, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentenria,

Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltran Sierra
20 Sentencia T-539 de 1994

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Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

2.6. Sobre el caso concreto

26. Juan Camilo Briceño Martínez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en virtud de la cual se negaron
sus pretensiones de declarar la existencia de una relación laboral encubierta y
reconocer las consecuencias salariales y prestacionales derivadas de esta.

26.1. Loanterior, al considerar que se incurrió en defecto factico por indebida
valoración probatoria, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
desestimó los testimonios al considerarlos «generales». En particular, las
declaraciones rendidas por Katherine Cruz Serrano y María del Rosario Durán
Jaramillo que demostraban la falta de autonomía funcional y técnica del trabajador.

26.2. Asimismo, valoró indebidamente las pruebas documentales, especialmente los
correos mediante los cuales se asignaba el lugar de trabajo y se exigían informes,
ordenes de trabajo, así como el manual de funciones de la entidad y el
agendamiento diario de las audiencias. Estas pruebas, valoradas en conjunto con
la permanencia de la vinculación, demostraban la subordinación y la similitud de las
labores con cargos de planta. Por eso mismo, la sentencia cuestionada incurrió en
una «ruptura evidente, flagrante y protuberante con la realidad procesal -principio de la
primacía de la realidad sobre las formas.».

26.3. En razón a la controversia a decidir, se recuerda que el Consejo de Estado,
Sección Segunda en la sentencia de unificación CE-SUJ2 No. 5 de 201621
estableció que, para declarar la existencia de una relación laboral encubierta, se
debían acreditar tres elementos, entre estos la subordinación, respecto del cual
puntualizó:

«[…] En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano
legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto
en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de
contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso
de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en
la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta
el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de
horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con
derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C,P.

Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04578-00
Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

[…]

En otras palabras, el denominado “contrat[o] realidad” aplica· cuando· se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes
y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto
de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación
propia de las relaciones laborales22.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda23recordó
que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor
público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el
vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la
labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de
comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos
por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de
servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la
existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales
a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó
una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público,
dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o
elección y su correspondiente posesión. […]» [sic].

35. Así las cosas, es el elemento de la «subordinación o dependencia» el que
define si se está frente a una relación laboral encubierta o, a un contrato de
prestación de servicio, no la ejecución de las funciones. En ese orden de ideas, el
mencionado requisito no fue acreditado en el asunto bajo estudio, según lo explicó
la autoridad judicial demandada en su providencia:

«[…] Observa la Sala que, el actor celebró contratos de prestación de servicios con la
Secretaría de Integración Social, desde el 18 de diciembre de 2017 hasta el 15 de agosto
de 2023, cuyo objeto contractual durante el tiempo de ejecución de estos consistió en
ejercer funciones como secretario y abogado de apoyo en las comisarías de familia. […]

Revisado el expediente contractual se observa que, la parte actora suscribió varios
contratos de prestación de servicios profesionales con la entidad demandada, y que el
desempeño de sus labores fue por un lapso de más de 5 años – 18 de diciembre de
2017 hasta el 15 de agosto de 2023-, con algunas interrupciones, sin embargo, de las
pruebas obrantes con las que se pretende modificar la relación jurídica originada, no
existe material probatorio que dé cuenta de la configuración del elemento subordinación,
comoquiera que solo se aportaron como documentales copia de constancias de los
contratos de prestación de servicios, las cuales no llevan al convencimiento de la
existencia de una relación laboral encubierta.

22 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en

sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Remando Alvarado Ardila, expediente:
5001-23-31-000-1998-03542-01 (0202-10).
23 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente: Gerardo Arenas

Monsalve, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01
(03162014), actora: Magda Viviana Garrido Pinzón, demandado: Unidad Administrativa Especial de
Arauca.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04578-00
Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

Así entonces, los anteriores elementos no constituyen prueba suficiente para concluir la
existencia de una relación laboral encubierta, pues de la simple lectura de las
obligaciones contractuales no se logra desprender por sí mismo el requisito de la relación
laboral concerniente a la subordinación y dependencia continuada.

Lo anterior, teniendo en cuenta el análisis de las cláusulas contractuales a partir de cada
uno de los contratos, se advierte que las actividades desarrolladas por la accionante se
relacionan directamente con la finalidad del servicio contratado, el cual, consistió en
apoyar la función desempeñada por el comisario de familia. De este modo, en ninguno
de los contratos se advierte que se restringe por parte de la Secretaría Distrital de
Integración Social, el modo, tiempo, plazo y cantidad de trabajo para cumplir con las
dichas laborares, para que pudiera concluirse el direccionamiento y control de las
mismas, pues esta Sala, no observa dentro del acervo probatorio obrante en el
expediente prueba documental alguna que permita inferir que la prestación del servicio
se dio bajo los supuestos de subordinación y dependencia.

En este punto, es evidente que las actividades desarrolladas por el señor Juan Camilo
Briceño Martínez no denotan ningún indicio de subordinación, habida cuenta que las
mismas se relacionan directamente con el objeto para el cual fue contratado el cual se
circunscribe a brindar apoyo a la Comisaria de Familia, de lo que resulta lógico poner a
su disposición los expedientes objeto de la diligencias que este debía adelantar, las
peticiones y acciones de restablecimiento de derechos que requerían de la emisión de
una respuesta, en ese orden, el hecho de que eventualmente le fuera impartida la
instrucción de dar agregar conceptos jurídicos a los documentos redactados, es la labor
de coordinación que debe ejercer la entidad para la buena marcha en el cumplimiento
de sus objetivos institucionales, así entonces, dichas exigencias no sobrepasan el límite
de la coordinación en la actividad contratada.

[…]

La Sala considera que las declaraciones de los testigos no ofrecen suficientes elementos
de juicio para concluir la subordinación o dependencia a la que dicen estuvo sometido el
señor Juan Camilo Briceño Martínez mientras atendió las labores contractuales en la
Secretaría Distrital de Integración Social como secretario y apoyo a las Comisarías de
Familia, pues si bien afirmaron que el demandante recibió órdenes, cumplió un horario
o estuvo sometido a ciertas directrices por parte de los Comisarios de Familia, no dan
cuenta de las órdenes específicas que a este le eran dadas, y únicamente lo que se logra
extractar es que las instrucciones que pudieron haberse impartido, fueron con el fin de
coordinar el cumplimiento del objeto contratado, que eran labores de apoyo jurídico.

Asimismo, respecto a las manifestaciones de los testigos señalando que el actor recibía
direccionamientos o lineamientos, no resulta posible concebirlas como exigencias u
órdenes, en cuanto las mismas se relacionaban directamente o estaban en armonía con
las obligaciones específicas consignadas en los contratos suscritos por el demandante
con la SDIS, pues, según los testigos era que el señor Briceño Martínez empleara los
formatos de la Comisaría de familia y después de la revisión de los documentos por parte
del Comisaría se agregaran conceptos o se organizara la redacción.

De allí que, tales directrices que haya podido recibir serían propias de la manifestación
de supervisión de las actividades contractuales que debía ejercer el funcionario
(supervisor) asignado para ello, lo cual estarían encaminado a que la labor contratada
se cumpliera con los estándares de calidad requeridos para la entidad, sin que, por ello,
se pueda considerar una forma de subordinación, ya que no está probado, dado que

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04578-00
Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

ninguna testigo lo manifestó, ni obra prueba documental o de otro tipo que permite
afirmar que el Comisario de Familia impusiera criterios jurídicos para la resolución de las
situaciones a su cargo ni tampoco la forma en que debía ejercer el cargo.

[…]

Bajo el anterior contexto, es necesario indicar que el eventual establecimiento de un
horario, la permanencia del demandante en las sedes de las Comisarías de Familia
dentro de las jornadas de los empleados de planta y en las cuales se prestaba el servicio
a sus usuarios, la asignación de términos para la sustanciación de expedientes y el
cumplimiento de turnos de atención a la ciudadanía, resultan acordes con la coordinación
inherente que debe existir en el desarrollo de un contrato de prestación de servicios.

Más aún, teniendo en cuenta que para el procedimiento mismo de las diferentes
actuaciones a cargo la entidad, se encuentran supeditadas a unos términos legales, por
ende, las labores se desarrollaban como apoyo a la función de las Comisarias en temas
legales, lo que supone que las mismas fueran concomitantes a la función por estas
desarrolladas para las cuales colaboraba la demandante.

En tal sentido, el apoyo jurídico brindado por el abogado demandante con ocasión de
contratos de prestación de servicios suscritos obedece a necesidades puntuales y
específicas que no configuran una relación laboral al no aparecer demostrado el principal
requisito de la relación laboral como lo es el de la subordinación.

De la misma forma, obran dos correos electrónicos, uno del 6 de agosto de 2022 y otro
del 6 de mayo de 2023, suscritos por la Subdirectora para la Familia de la Subdirección
para la Familia de la SDIS en el que indica el lugar donde realizaría las labores y que
efectuará informe de entrega. Sin que para esta Sala ninguno constituya una orden sino
la coordinación para el desarrollo del contrato y/o su finalización.

La Jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido pacífica al señalar que la existencia de
un contrato de prestación de servicios, en ningún caso implica la prohibición de
instrucciones o el ejercicio de control y supervisión del contratante sobre el contratista,
ni que la delegación de actividades que impliquen representación del empleador
conduzca a concluir que se está en presencia de un contrato de trabajo.

Así las cosas, la alta Corporación tiene precisado que, la vigilancia, el control y la
supervisión que el contratante de una relación contractual realiza sobre la ejecución de
las obligaciones derivadas del mismo no es equiparable a los conceptos de
“subordinación y dependencia” propios de la relación de trabajo, pues estos últimos
tienen una naturaleza distinta.

Por otra parte, la Sala resalta que la testigo Katherine Cruz Serrano, indicó que, durante
las horas de almuerzo, ella como contratista- psicóloga reemplazaba en funciones al
señor Juan Camilo Briceño Martínez, lo que deja entrever que las mismas podían ser
desarrolladas por profesionales en áreas diferentes a las jurídicas y que tampoco
necesita vigilancia constante y o estar supeditados al cuidado por parte del Comisario
de Familia, ya que no obra prueba de que dicho reemplazo necesitara previa autorización
de alguna persona.

Ahora bien, con relación a la programación de audiencias, se observa que las mismas
fueron agendadas entre el 20 de octubre de 2022 y el 30 de diciembre de 2022, pero
estas se agendaban de 7:30am a 12:00pm, lo que implica que, tal y como lo indicó el a-
quo no hay certeza que después de esa hora se le exigiera estar en la Comisaría,

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Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

máxime cuando la testigo María del Rosario Durán Jaramillo compartió con el accionante
solo hasta 2019, y la testigo Katherine Cruz Serrano señaló que la labor del señor
Briceño Martínez consistía en asistencia a las audiencias de 7AM a 4PM lo cual, es
contradictorio pues, se reitera las mismas se programaban hasta las 12PM. Por ende,
no está probado el cumplimiento de horario.

Asimismo, del interregno -18 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2020- es necesario
advertir que la fijación de audiencias no sirve como prueba, ya que, según la testigo
María del Rosario Durán Jaramillo y los contratos de prestación de servicios, la labor del
actor era de funciones secretariales, diferentes a las de sustanciación, por lo ende, no
está probado que durante dicho lapso se hubiera cumplido horario de forma subordinada.

En igual sentido, pese a que las Resoluciones 0594 de 201646, 0650 de 201647 “por la
cual se establece el horario y turnos de trabajo de los servidores/as de la Secretaría
Distrital de la Integración Social”, las mismas son regulaciones dirigidas a servidores
públicos, calidad que NO tenía el señor Juan Camilo Briceño Martínez al ser contratista.
De allí que, no puede tenerse como prueba de imposición de horario por parte de la
entidad demandada dichos actos administrativos.

[…]

Ahora, es la labor probatoria de la parte demandante y no de la entidad accionada, la
que debe estar dirigida a desvirtuar la naturaleza contractual de la relación suscrita y la
presencia real dentro de la actividad desplegada, de los elementos señalados –
prestación personal del servicio, contraprestación por los mismos y, principalmente el de
subordinación, cuyo elemento es el que caracteriza la existencia de una relación laboral
encubierta.

[…]

Así, la Sala colige que en este caso no hay pruebas que permitan desvirtuar los contratos
de prestación de servicios suscritos entre la demandante y la SDIS, pues como se indicó
en párrafo anterior, se encuentran ausentes los elementos de convicción encaminados
a probar el control efectivo de las actividades ejecutadas por la actora, como la exigencia
del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder
disciplinante o del ius variandi, pues el señor Briceño Martínez no logró desvirtuar que
las labores profesionales de apoyo a las Comisarías fueron solo para los fines
establecidos en cada uno de los contratos de prestación de servicios suscritos sin que
en ningún momento se extralimitara la labor de coordinación de actividades necesaria
para la correcta ejecución del objeto contratado.

También se observa que los contratos de prestación de servicios suscritos entre el
accionante y la demandada fueron por un espacio aproximado de 5 años y medio, sin
embargo, debe precisarse que si bien podría constituir un indicio de permanencia, tal
situación no conlleva a deducir una presunción de subordinación, en este sentido, al no
demostrarse todos los elementos de la relación de trabajo, no es posible concluir que la
temporalidad en las labores ejecutadas por el demandante sea el elemento de juicio
determinante para tener por probada al existencia de la relación laboral encubierta.

En este sentido, como ya se precisó el asunto sub examine no reposan pruebas
contundentes de que la prestación del servicio, hubiese sido con ausencia de autonomía,
imposición de un horario y de órdenes, o que se haya ejercido poder disciplinante a
través de memorandos, llamados de atención o el acatamiento de un manual de

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Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

funciones o reglamento de trabajo, por el contrario, la misma testigo que afirma la
existencia de órdenes, también alude a la autonomía con la que contaba la demandante,
en ese orden, se puede colegir que no se logró demostrar la configuración de la totalidad
de los elementos requeridos para configuración de la relación laboral encubierta.

[…]

Ahora bien, en gracia de discusión y se encontrara una función similar a la de un
empleado de planta, tal aspecto por sí solo, no resulta relevante en el asunto sub
examine teniendo en cuenta que la actora no logró demostrar la existencia del elemento
de la subordinación propio de la relación laboral. […]» [sic].

27. Una vez analizada la sentencia cuestionada, la Sala encuentra que no se
configuró el defecto fáctico alegado, pues la autoridad judicial demandada valoró
las pruebas obrantes en el expediente para resolver la controversia y explicó las
razones por las cuales consideró que no se encontraba acreditada la subordinación
laboral. En esencia, se cuestiona una valoración indebida de los testimonios y de
las pruebas documentales aportadas al proceso que, podían llegar a demostrar la
subordinación. Sin embargo, se observa que el tribunal sí examinó dichos medios
de prueba y explicó las razones por las cuales no les atribuyó el alcance pretendido,
de forma que no se advierte una omisión probatoria ni una valoración arbitraria que
permita configurar el defecto fáctico alegado.

28. Por una parte, en relación con las pruebas testimoniales, en particular, los
testimonios de Katherine Cruz Serrano y María del Rosario Durán Jaramillo, la Sala
advierte que sí se valoró su contenido y se tuvo en cuenta las circunstancias que,
según ellas, podían dar cuenta de subordinación, como el horario, las instrucciones
impartidas por los comisarios, la revisión de documentos y la dirección de las
audiencias. Sin embargo, al confrontar estas afirmaciones con los demás elementos
del expediente, concluyó que no eran suficientes para acreditar un poder
permanente de dirección y control.

29. En primer lugar, frente a la declaración de Katherine Cruz Serrano, quien
coincidió con Juan Camilo Briceño Martínez entre septiembre de 2022 y abril o mayo
de 2023 en la Comisaría de Familia de Bosa II, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sí tuvo en cuenta que este realizaba labores de apoyo jurídico,
asistía a las audiencias y cumplía, según el testimonio, un horario de 7:00 a. m. a
4:00 p. m. También, señaló que las audiencias eran dirigidas por la Comisaria de
Familia y que el comisario revisaba los documentos elaborados y podía pedir
ajustes. Sin embargo, al comparar esta declaración con la programación de las
audiencias, que entre el 20 de octubre y el 30 de diciembre de 2022 se encontraban
fijadas entre las 7:30 a. m. y las 12:00 p. m., la autoridad concluyó que no había
certeza ni prueba de que después de esa hora tuviera que permanecer en la
Comisaría.

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Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

30. Aunando en lo anterior, también destacó que, el mismo testimonio daba cuenta,
por ejemplo, que, durante las horas de almuerzo, Katherine Cruz Serrano, en su
condición de contratista y psicóloga, reemplazaba al demandante en sus funciones.
A partir de ello, consideró que las labores que este realizaba podían ser
desarrolladas por profesionales de áreas diferentes a la jurídica y que tampoco
requerían vigilancia permanente por parte del Comisario de Familia. Además,
señaló que no había prueba de que dicho reemplazo requiriera autorización previa.

31. En cuanto al testimonio de María del Rosario Durán Jaramillo se reconoció que
la misma compartió con Juan Camilo Briceño Martínez entre 2018 y octubre de 2019
en la Comisaría de Familia de Puente Aranda. Señaló que cumplía un horario de
lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m, pues era una comisaría diurna y recibía
órdenes e instrucciones del Comisario de Familia, lo que evidencia que no tenía
autonomía, pues sus actuaciones debían ser revisadas y firmadas por este. Agregó
que, como secretario, realizaba autos admisorios, medidas de protección,
solicitudes relacionadas con el restablecimiento de derechos e ingreso de
solicitudes, labores que conocía directamente porque lo reemplazaba durante la
hora del almuerzo.

32. A partir de esta declaración, el tribunal tuvo en cuenta que María del Rosario
Durán Jaramillo coincidió con el demandante hasta 2019 y que, durante ese tiempo,
este se desempeñaba como secretario. Por ello, al analizar el período comprendido
entre el 18 de diciembre de 2017 y el 31 de mayo de 2020, consideró que la
programación de audiencias no permitía acreditar el cumplimiento de un horario.

33. Lo anterior, por cuanto para ese lapso el testimonio y los contratos de prestación
de servicios daban cuenta de funciones secretariales, distintas de las labores de
sustanciación. En consecuencia, concluyó que no estaba probado que durante
dicho período se hubiera cumplido un horario en condiciones de subordinación.

34. De esta manera, la Sala advierte que el tribunal no omitió las declaraciones ni
les restó valor de manera arbitraria, sino que examinó su contenido y lo contrastó
con los demás medios de prueba. Ahora bien, el hecho de que haya llegado a una
conclusión distinta de la pretendida no evidencia un defecto fáctico, pues la
valoración realizada expone las razones por las cuales los testimonios no resultaban
suficientes para acreditar la subordinación como elemento del contrato de trabajo.

35. En cuanto a las pruebas documentales, la Sala advierte que la autoridad judicial
demandada sí valoró los correos electrónicos del 6 de agosto de 2022 y 6 de mayo
de 2023, mediante los cuales se indicó el lugar en el que debían desarrollarse las
labores y se solicitó la presentación de un informe de entrega. Sin embargo,
consideró que estas comunicaciones no constituían órdenes propias de una relación
de subordinación, sino actuaciones dirigidas a coordinar la ejecución y finalización
de los contratos.

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Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

36. En ese sentido, explicó que la indicación del lugar de prestación del servicio y la
solicitud de informes se encontraban relacionadas con el desarrollo y seguimiento
de las obligaciones contractuales. Además, se fundamentó en la jurisprudencia del
Consejo de Estado, según la cual la existencia de un contrato de prestación de
servicios no impide que el contratante ejerza labores de control, vigilancia y
supervisión sobre su ejecución, pues estas actuaciones no son equivalentes, por sí
mismas, a la subordinación y dependencia propias de una relación laboral.

37. Finalmente, frente al manual de funciones de la entidad, el tribunal tampoco
omitió su valoración ni realizó una interpretación contraevidente. Por el contrario,
comparó las funciones de los cargos de planta invocados con las labores realizadas
mediante los contratos de prestación de servicio. En particular, examinó los cargos
de comisario de familia y profesional especializado y concluyó que no estaba
probado que el demandante hubiera ejercido esas funciones.

38. En relación con el cargo de comisario de familia, el tribunal señaló que no estaba
probado que Juan Camilo Briceño Martínez hubiera ejercido las funciones propias
de ese empleo, como implementar programas de prevención en materia de violencia
intrafamiliar o definir provisionalmente aspectos relacionados con la custodia, los
alimentos y las visitas.

39. Para llegar a esta conclusión, tuvo en cuenta los testimonios, ya que Katherine
Cruz Serrano señaló que las audiencias eran dirigidas por la Comisaria de Familia
y que María del Rosario Durán Jaramillo indicó que las actuaciones realizadas por
el demandante debían ser revisadas y firmadas por el comisario. A partir de ello,
concluyó que no se acreditó que hubiera asumido las funciones propias de ese
cargo, ni como secretario ni como abogado.

40. Respecto del cargo de Profesional Especializado, el tribunal tampoco encontró
similitud entre sus funciones y las que desarrollaba el demandante. Al respecto,
señaló que, como secretario, debía pasar los derechos de petición y memoriales al
despacho del comisario, elaborar notificaciones y organizar los expedientes,
mientras que al profesional especializado le correspondía, entre otras actividades,
consolidar información de diferentes instituciones, analizar y proyectar respuestas
a derechos de petición, consultas, quejas y tutelas, y hacer seguimiento a la
elaboración de términos de referencia para determinadas contrataciones. A partir
de esta comparación, concluyó que las funciones previstas para el cargo de planta
no coincidían con las desempeñadas por el tutelante.

41. Incluso, en gracia de discusión, el tribunal señaló que, aun si se aceptara que
alguna de las funciones realizadas era similar a la de un empleado de planta, ello
no sería suficiente para demostrar una relación laboral. Explicó que esa similitud
puede ser un indicio, pero solo adquiere relevancia cuando también están presentes

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Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

los demás elementos de la relación laboral, especialmente la subordinación. Como
este elemento no fue acreditado, consideró que una eventual similitud de funciones
no permitía, por sí sola, desvirtuar la naturaleza de los contratos de prestación de
servicios.

42. Frente a las pruebas documentales, la Sala advierte que el tribunal tampoco
incurrió en una valoración arbitraria. Por el contrario, examinó los correos
electrónicos, el agendamiento de las audiencias, y explicó las razones por las cuales
no les atribuyó el alcance pretendido. Así, consideró que los correos correspondían
a actos de coordinación contractual, que el agendamiento de las audiencias no
permitía acreditar el cumplimiento de un horario subordinado en los períodos
analizados y que las funciones de los cargos de planta comparados no coincidían
con las efectivamente desarrolladas.

43. En consecuencia, aunque se pretenda otorgar a estas pruebas una
interpretación distinta, ello no demuestra que el Tribunal las hubiera omitido o
valorado de manera contraevidente, por lo que tampoco se configura el defecto
fáctico alegado.

44. En estas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la
solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.

45. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró
probado.

3. Conclusión

46. En ese orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Juan Camilo Briceño Martínez en la solicitud de
tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro.

47. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley.

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Demandante: Juan Camilo Briceño Martínez

FALLA:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Secretaría Distrital de
Integración Social y la Secretaría Jurídica, Alcaldía Mayor de Bogotá.

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Juan Camilo Briceño
Martínez en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y otro.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CJE/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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