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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04579-01

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04579-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de julio de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 26 Ibidem. 10 Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04579-01 Accionante: Roger Araújo Ramos Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia) TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04579-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04579-01
Accionante: ROGER ARAÚJO RAMOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derecho fundamental
al debido proceso / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO / Sanción moratoria en el pago de cesantías / REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL - se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión
definida en el proceso ordinario.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
por conducto de apoderado, contra la sentencia del 9 de julio de 2026, proferida por
la Sección Primera Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 32 del Decreto 2591 de
19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 12 de junio de 2026, mediante apoderado, el señor Roger Araújo Ramos,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y la E.S.E.
Centro de Salud de Santa Lucia, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso.

Hechos relevantes

2. El señor Roger Araújo Ramos fue directivo de la E.S.E. Centro de Salud de Santa
Lucía desde el año 2012 hasta el 30 de marzo de 2016.

3. A través de resolución No. 050 del 30 de marzo de 20162, el Hospital reconoció
sus prestaciones sociales y cesantías. Sin embargo, el 1° de abril del mismo año3,

1
Que ingresó para fallo el 12 de agosto de 2026.
2
Obra en certificado 57EF12E5C4D313DB B36ECF6F64F3873D A56AEBFD66A0C273
6E958986AFAAE6C4, índice 11 de samai en el proceso de primera instancia, documento “02.
PODER Y PRUEBAS” en las pág. 3.
3
Se advierte que la parte accionante menciona que el 16 de abril de 2026 conminó a la entidad
convocada. Sin embargo, en los anexos allegados obra un documento recibido el 1°. De abril de
2016. Obra en certificado 57EF12E5C4D313DB B36ECF6F64F3873D A56AEBFD66A0C273

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04579-01
Accionante: Roger Araújo Ramos
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

el accionante solicitó a dicho centro de salud el pago de la obligación contraída, so
pena de incurrir la obligación de pagar la sanción por mora. No obstante, no fue
resuelta. Asimismo, la parte accionante mencionó que en el mes de diciembre de
2016 reiteró la petición, pero no fue contestada4.

4. Es de advertir que, el ciudadano Araújo Ramos presentó un proceso ejecutivo, el
cual fue conocido por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga5.
En tal proceso la E.S.E. accionada contaba con una deuda de 292.835.595 mil
pesos, sin contar con la actualización de la fecha en el momento en el cual se pague
la misma.

5. Con base en lo anterior, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, el señor Roger Araújo Ramos presentó demanda contra la E.S.E.
Centro de Salud de Santa Lucía con el fin de que (i) se declarara la nulidad del acto
administrativo ficto en virtud del silencio negativo al no responder la petición del 16
de abril de 2016 y reiterada en diciembre del mismo año. Asimismo, (ii) reconociera
y pagara la mora por el impago de las cesantías reconocidas mediante resolución
No. 050 del 30 de marzo de 2016 y (iii) se pagaran debidamente los intereses
moratorios y comerciales.

6. El asunto le correspondió al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de
Barranquilla (Atlántico) quien mediante sentencia del 17 de octubre de 2025, adoptó
las siguientes determinaciones: (i) denegó las pretensiones de la demanda; (ii) no
condenó en costas; (iii) y en caso de que la providencia no fuera apelada, se
ordenara su archivo.

7. Lo anterior con base en que la sentencia de unificación del Consejo de Estado6,
se determinó que el momento en el cual surge el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria se da dentro de los 3 años siguientes
a la exigibilidad de la obligación. Por tanto, en el caso concreto, la obligación se hizo
exigible a partir del 4 de junio de 2016, en esa fecha se debió exigir la sanción
moratoria. Pero el actor elevó la reclamación para exigir la sanción moratoria antes
de que la entidad pagara las cesantías. Es decir, el 1° de abril de 2016, donde se
interrumpió la prescripción. En consecuencia, la demanda se elevó cuando ya había
fenecido el término para reclamar ese derecho, pues fue presentada hasta el 13 de
septiembre de 2023, donde operó la prescripción del derecho reclamado.

8. Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación. Mediante providencia del 13 de febrero de 2026, el Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Sección B confirmó la decisión
de primera instancia. Esto porque la sanción moratoria constituye una penalidad

6E958986AFAAE6C4, índice 11 de samai en el proceso de primera instancia, documento “02.
PODER Y PRUEBAS” en las pág. 9.
4
Obra en certificado 57EF12E5C4D313DB B36ECF6F64F3873D A56AEBFD66A0C273
6E958986AFAAE6C4, índice 11 de samai en el proceso de primera instancia, documento “02.
PODER Y PRUEBAS” en las págs. 11 y 12.
5
Identificado con el radicado 2019-00056-00. Obra en certificado 57EF12E5C4D313DB
B36ECF6F64F3873D A56AEBFD66A0C273 6E958986AFAAE6C4, índice 11 de samai en el
proceso de primera instancia, documento “02. PODER Y PRUEBAS” en las págs. 4 a 8.
6
La sentencia de unificación es la CESUJ004 de 2016.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04579-01
Accionante: Roger Araújo Ramos
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

sujeta a término de prescripción extintiva, pero el actor formuló su reclamación el
1°. de abril de 2016, fecha en la que la entidad se encontraba en término para pagar
la prestación reconocida. Por ello, el actor debía acudir a la jurisdicción a más tardar
el 4 de junio de 2019. Pero como se promovió la conciliación prejudicial el 27 de
junio de 2023 y se presentó la demanda el 12 de septiembre de 2023, ya había
operado la prescripción extintiva de la sanción moratoria por el no pago oportuno de
las cesantías definitivas.

9. Adicional a ello, en su análisis, el Tribunal indicó que la parte actora intentó
desvirtuar lo decidido por el a quo a través de la sentencia 30566 de 2006. Pero
esta providencia respalda la decisión tomada en primera instancia, porque aun
cuando la acción se pudiera ejercer, el derecho sustancial ya se encontraba
extinguido por prescripción. Por todo esto, la parte actora dejó transcurrir el término
de prescripción de la sanción moratoria causada por el no pago oportuno de las
cesantías definitivas.

Pretensiones

10. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“Solicito que el Juzgado tutele el derecho fundamental violado como es el
de derecho del debido proceso por defecto sustantivo y procedimental y
dicte las medidas necesarias para hacer cesar la violación que, por acción,
le es imputable al demandado”7.

Fundamentos de la demanda de tutela

11. La parte demandante sostiene que la providencia enjuiciada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso. De igual manera incurrió en un defecto sustantivo y
uno procedimental.

12. En lo que se refiere al defecto sustantivo, explicó que no se aplicó el artículo
151 del antiguo Código de Procedimiento Laboral8 ni el artículo 2512 del Código
Civil, pues no se prescribió la acción ni el derecho reclamado. También hizo un
comparativo entre el artículo 151 de la Ley 2158 de 1948 y el artículo 164 de la Ley
1437 del 20119. Esto para decir que el legislador dice que solo prescriben las
acciones que emanan las leyes sociales en 3 años pero no dijo que prescriben los
derechos. Adicional a ello, argumentó que la acción para demandar un acto
administrativo presunto, según el artículo 164 del CPACA, es la excepción a esa
norma, por lo que el acto administrativo presunto se puede demandar en cualquier
tiempo. También argumentó que el juzgador al fallar debió hacer una interpretación
integral y sistemática del orden jurídico colombiano y no aplicar al pie de la letra del
artículo 151 del CPL. Además que la prescripción de la acción no envuelve la
prescripción del derecho.

7
Ver pág. 11 del escrito de tutela.
8
En adelante CPL.
9
En adelante CPACA

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04579-01
Accionante: Roger Araújo Ramos
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

13. En cuanto al defecto procedimental, expuso que se negó un derecho sustancial
al no aplicar la norma procesal acorde con el procedimiento, porque desconoció la
existencia del artículo 164 del CPACA, específicamente en numeral 1°. Literal (d).
Además la norma invocada como sustento para denegar las pretensiones de la
demanda, sufrió una subrogación tácita por una norma especial, porque el decreto
01 de 1984 a través del artículo 132 y reiterado en el CPACA en su artículo 164
donde señala que los actos productos del silencio administrativo pueden ser
demandados en cualquier momento. Por ello, lo que hubiera resuelto en el fondo
del asunto planteado no decretó un excepción que nunca existió operó con creces
la prescripción del derecho reclamado.

14. Por último, adujo que, tal como lo precisa la Corte Constitucional, también se
presenta una vía de hecho en cuanto a que la decisión recurrida trasgrede el
ordenamiento jurídico de manera ostensible. Esto porque no es acorde a la
naturaleza del asunto, habiendo quedado distorsionado el sentido del proceso, de
la forma que las garantías constitucionales de mi poderdante han sido afectadas.

Trámite procesal

15. A través de auto del 19 de junio de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo
del Atlántico y la E.S.E. Centro de Salud de Santa Lucia como accionados. Al
Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Barranquilla en calidad de tercero
interesado en las resultas del proceso. Además, reconoció personería al abogado
Raúl Rafael Pino Cortés y ofició al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de
Barranquilla para que allegara copia digital del expediente con radicado 08001-33-
33-013-2023-00262-00/01.

Intervenciones

16. El Tribunal Administrativo del Atlántico señaló que la acción de tutela no
cumplió con los requisitos generales ni específicos que la jurisprudencia
constitucional estableció para controvertir una providencia judicial. Asimismo, dijo
que el accionante no describió con precisión o claridad los hechos que dieron origen
a una vulneración de derechos. De igual modo, expuso que el asunto carece de
relevancia porque la discusión gira en torno a algo estrictamente legal y económica,
pues se refiere a una sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías.
También hizo precisión a la decisión proferida por el Tribunal accionado para decir
que se identificaron de manera adecuada las normas jurídicas aplicables al caso.

17. La Empresa Social del Estado – Centro de Salud Santa Lucía argumentó
que los operadores judiciales no incurrieron en un defecto sustantivo ni
procedimental, por el contrario ejercieron su deber legal de aplicar el precedente
vinculante para los empleados oficiales. Pues la aplicación de una sentencia de
unificación excluye la configuración de cualquier defecto fáctico, pues el fallador de
grado no actuó arbitrariamente sino conforme al precedente vinculante. La autoridad
judicial no ignoró ni desconoció ese mandato normativo, por el contrario explicó la
posibilidad de demandar cualquier tiempo el acto ficto no impedía la extinción por

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04579-01
Accionante: Roger Araújo Ramos
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

prescripción del derecho económico reclamado. Por ello, la controversia
corresponde a una diferencia hermenéutica y no una omisión judicial.

18. El Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla
explicó cada una de las actuaciones realizadas en primera y segunda instancia.
Adicional a ello, precisó que se agotaron todas las actuaciones que se imponen en
el trámite del proceso sin que se avizore la vulneración de un derecho fundamental.
Por tanto, la acción de tutela no es adecuada cuando se presenta como una tercera
instancia.

La sentencia de primera instancia

19. Por medio de sentencia del 9 de julio de 2026, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.

20. Señaló que, la presente controversia carece de relevancia constitucional porque
(i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional; (ii) el asunto es
meramente legal y económico y (iii) la parte accionante pretende utilizar ese
mecanismo como una tercera instancia y se busca reabrir una discusión ya resuelta
por el juez natural.

21. En ese orden, sostuvo que, la parte accionante adujo que le fueron
desconocidos sus derechos fundamentales, pero, no se denota que en la
providencia cuestionada se ha incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el
motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal confirmó la decisión de
primera instancia. Asimismo transcribió un aparte de la sentencia objeto de
cuestionamiento para decir que tal decisión no fue arbitraria ni desconoció derechos
fundamentales.

La impugnación

22. Contra la decisión precitada la parte accionante, por conducto de apoderado,
presentó impugnación10. Allí puso de presente apartes de los autos 014/93, 005/99,
045/98, 006/99 y 014/93 de la Corte Constitucional.

23. Luego de que la Sección Primera del Consejo de Estado a través de auto del 30
de julio de 2026, concediera la impugnación11, el 24 de agosto de 202612, la parte
accionante presentó una sustentación de este recurso mediante el cual reiteró los
argumentos expuestos en la acción de tutela.

24. Es de advertir que ese mismo memorial presentado por el señor Roger Araújo
Ramos fue reiterado en el proceso de segunda instancia13.

10
Ver índice 17 de la primera instancia de tutela.
11
Ver índice 19 de la primera instancia de tutela.
12
Ver índice 24 de la primera instancia de tutela.
13
Ver índice 4 de samai.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04579-01
Accionante: Roger Araújo Ramos
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

26. De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si la acción
de tutela satisface el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que el
accionante cuestiona la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico sobre la prescripción del derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías, pese a que el acto ficto mediante el cual
se negó dicha prestación podía ser demandado en cualquier tiempo.

27. De superarse dicho presupuesto, corresponderá establecer si la sentencia del
13 de febrero de 2026 incurrió en los defectos sustantivo y procedimental alegados
y, por esa vía, vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante.

28. Para responder los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

29. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200514,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

30. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar15: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela16, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional17 o el Consejo de Estado18,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del

14
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
15
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
16
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
18
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04579-01
Accionante: Roger Araújo Ramos
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-19; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable20 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

31. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

32. La Corte Constitucional indicó21 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

33. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate22: (i) debe recaer sobre un asunto
constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe relacionarse con
una discusión jurídica que se centre al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de
la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir
debates exclusivamente legales.

34. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen

19
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
20
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
22
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04579-01
Accionante: Roger Araújo Ramos
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia23.

Caso concreto

35. En el caso bajo estudio, el señor Roger Araújo Ramos presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, por la presunta vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso, ocurrida con ocasión de la expedición de
la sentencia del 13 de febrero de 2026. Sin embargo, la Subsección considera que
no hay lugar a estudiar de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

36. La parte accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Atlántico incurrió
en un defecto procedimental, en tanto que desconoció el agotamiento de la facultad
para ejercer el control de legalidad. Es decir que no aplicó la norma procesal acorde
con el procedimiento, dado que desconoció el artículo 164 del CPACA en el sentido
que los actos producto del silencio administrativo podrán demandarse en cualquier
tiempo, pero en su lugar, el accionado llegó a la conclusión de que operó la
prescripción del derecho reclamado. Asimismo, expuso que se presentó un defecto
sustantivo, porque dicho Tribunal aplicó de manera indebida el artículo 151 del
antiguo Código de Procedimiento Laboral, pues este no regula la prescripción del
derecho en si, sino en el sentido general para reclamarlo.

37. Al respecto, se tiene que, en la decisión cuestionada, la autoridad judicial
consideró lo siguiente (Se transcribe con posibles errores):

“Para resolver, la Sala observa que, mediante Resolución No. 050 del 30 de
marzo de 2016, la ESE Centro de Salud de Santa Lucía reconoció y ordenó el
pago de las cesantías definitivas a favor de Roger Araujo Ramos. En ese
escenario, de existir mora en el pago de dicha prestación social, el demandante
tendría derecho a reclamar y a que se le reconociera una sanción moratoria por
cada día de retardo en su pago oportuno.

Esa solicitud fue presentada por el actor el 1° de abril de 2016 y, frente a ella,
operó el silencio administrativo negativo, toda vez que la ESE Centro de Salud
de Santa Lucía no emitió respuesta dentro de los tres meses siguientes a su
radicación.

Ahora bien, como la sanción moratoria constituye una penalidad sujeta a
término de prescripción extintiva, se tiene que el actor formuló su reclamación
el 1° de abril de 2016, fecha para la cual la entidad aún se encontraba dentro
del término para pagar la prestación reconocida.3

Por tal motivo, el actor debió acudir ante esta jurisdicción para reclamar
judicialmente el pago de dicha penalidad, a más tardar, el 4 de junio de 20194.
Sin embargo, se advierte que solo promovió la conciliación prejudicial el 27 de
junio de 2023 y presentó la demanda el 12 de septiembre de 2023, cuando ya
había operado la prescripción extintiva de la sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías definitivas.

23
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04579-01
Accionante: Roger Araújo Ramos
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

La Sala estima pertinente precisar que el hecho de cuestionar la legalidad de
un acto ficto o presunto -lo cual permite presentar la demanda en cualquier
tiempo, conforme al literal d) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA- no
implica que el derecho subjetivo reclamado sea imprescriptible o no pueda
extinguirse por el paso del tiempo.

En este contexto, resulta relevante distinguir entre caducidad y prescripción
extintiva.Si bien ambas figuras pueden producir efectos similares, no son
equivalentes: la prescripción es renunciable y puede interrumpirse, mientras
que la caducidad opera por ministerio de la ley y, por regla general, no depende
de la voluntad de las partes y solo admite suspensión en eventos
excepcionales.5

Según el entendimiento del recurrente, el término de prescripción de la sanción
moratoria se habría interrumpido indefinidamente con la configuración del
silencio administrativo negativo frente a la solicitud que presentó. No obstante,
la Sección Segunda del Consejo de Estado ha advertido que:

(…)

La parte actora intentó desvirtuar lo decidido por el a quo citando la sentencia
con No. interno 30566 de 2006, con ponencia del entonces consejero de Estado
Mauricio Fajardo Gómez, en la que -según lo señalado por el propio
demandante- se indicó que: «[…] Es importante enfatizar que si el derecho está
prescrito, pero la acción no ha caducado, se puede demandar el reconocimiento
del derecho, aunque luego sea denegado por haber prescrito […]».

No obstante, ese criterio, lejos de favorecer su postura, termina por respaldar la
decisión adoptada en primera instancia, pues aun cuando la acción pudiera
ejercerse, el derecho sustancial ya se encontraba extinguido por prescripción.

En esas condiciones, y dado que la parte actora dejó transcurrir el término de
prescripción de la sanción moratoria causada por el no pago oportuno de las
cesantías definitivas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda, tal como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia”24.

38. De conformidad con lo citado, esta Sala encuentra que la controversia versa
sobre un asunto meramente legal. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal relativas a un derecho de esta naturaleza deben ser
resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, puesto
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en
[cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”25.

39. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha considerado que un asunto
carece de relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación
o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se
desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando
sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia

24
Ver págs. 6 a 8 de la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario.
25
Sentencia SU-173 de 2019.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04579-01
Accionante: Roger Araújo Ramos
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general”26.

40. En ese sentido, la Sala considera que la acción de tutela no es el escenario
adecuado para examinar la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías que fue negado por el Tribunal Administrativo del Atlántico en la sentencia
de segunda instancia, dado el innegable carácter patrimonial que implica dicha
temática, sumado al carácter eminentemente legal de la discusión planteada en la
acción constitucional. Por ello, se advierte que la acción de tutela carece de
relevancia constitucional, toda vez que el debate planteado se limita a una
controversia relacionada con la sanción moratoria por el pago de cesantías,
discusión que no compromete un derecho fundamental en su núcleo esencial, en
particular el debido proceso o el acceso a la administración de justicia en su
dimensión sustancial.

41. Conjuntamente, lo que se busca con la tutela ejercida por la parte accionante es
prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso ordinario,
situación que claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya que no
hay ningún argumento que identifique la cuestión debatida como un asunto de
genuina relevancia constitucional. El actor busca reabrir el asunto analizado en las
instancias ordinarias, sin evidencia la configuración de un defecto alguno. Además,
cuestiona un aspecto procedimental y sustancial, sin explicar por qué la
interpretación adoptada por el Tribunal desbordó el margen razonable de autonomía
judicial o produjo una restricción grave y desproporcionada de su derecho
fundamental al debido proceso.

42. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante
es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y
razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción
de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente. Por ello,
se confirmará la sentencia del 9 de julio de 2026, proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, de acuerdo con los argumentos previamente expuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de julio de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

26
Ibidem.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04579-01
Accionante: Roger Araújo Ramos
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

11

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