Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04581-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04581-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04581-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C, diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04581-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo.
Entidades excluidas del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. Defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente. CONFIRMA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare en contra de la sentencia del 30 de
julio de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que amparó los
derechos de la parte accionante.
ANTECEDENTES
El Instituto Financiero de Casanare (en adelante IFC), promovió acción de tutela con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados con ocasión del
auto del 5 de junio del 2025 proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal
mediante el cual negó el mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo
adelantado bajo el radicado n.º 85001-33-33-004-2025-00251-00/01, y del auto del
2 de octubre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, que
confirmó dicha decisión al resolver el recurso de apelación interpuesto.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 8 de mayo de 2024 presentó demanda ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria,
contra las señoras Laura Solome Ortiz Moreno y Sara Mreno Izquierdo, con base
en el pagaré No. 33481230.
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• Archivo Central.
Que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Yopal, mediante auto del 24 de abril de
2025 rechazó la demanda por falta de competencia y ordenó la remisión del proceso
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Que el proceso fue repartido al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal
el cual, mediante auto del 5 de junio de 2025, resolvió no librar mandamiento
ejecutivo, argumentando que no se aportó el contrato de mutuo escrito que
permitiera integrar el título ejecutivo, además que se no se aportó el original del título
valor. Contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.
El primero fue negado mediante auto del 4 de septiembre de 2025 y el Tribunal
Administrativo de Casanare, al resolver la apelación, mediante auto del 2 de octubre
de 2025 confirmó la decisión.
Que fundamentó la decisión en que, del pagaré y de su carta de instrucciones no
era posible establecer con certeza la existencia del contrato de mutuo que
respaldaba la obligación y, que el titulo valor referido debió aportarse en original. En
consecuencia, consideró necesario aportar el contrato estatal suscrito entre el IFC
y el obligado, pues tratándose de un proceso ejecutivo contractual, su existencia
debía acreditarse en los términos de la Ley 80 de 1993.
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AMPARO
El accionante considera que al contrato de mutuo que celebra el IFC en desarrollo
de su actividad comercial de crédito, que es propia de su objeto social, no le es
aplicable la normativa de la Ley 80 de 1993 y, en ese sentido, no se encuentra
sometido a la formalidad de constar por escrito en los términos del artículo 39 de la
referida ley.
Que, en ese orden, el mutuo corresponde a un contrato regido por el derecho
privado y, a la luz del artículo 2222 del Código Civil, se perfecciona con la entrega
de la cosa, que en el giro ordinario de la actividad del IFC corresponde al
desembolso del crédito.
Agregó que la Corte Constitucional en distintos pronunciamientos (por ejemplo, los
Autos 2014 de 2024 y 1455 de 2025) determinó que la competencia en este tipo de
asuntos está en cabeza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues el
proceso ejecutivo se origina en un título valor (pagaré), suscrito en el marco de un
contrato estatal regido por el derecho privado (de mutuo); asuntos en los que no es
necesario que medie un contrato escrito, porque el título contiene una obligación
clara, expresa y exigible.
Afirmó que, desde el 30 de enero de 2025, fecha en que se profirió la primera
decisión de negar el mandamiento de pago por el Tribunal Administrativo de
Casanare, al 15 de julio de 2025 (fecha de corte en la solicitud de tutela), dicha
Corporación se ha pronunciado en el mismo sentido en 257 providencias, lo que ha
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implicado que se reste la exigibilidad a los pagarés y, en consecuencia, - Archivo
seCentral.
ha
transformado un título ejecutivo simple en uno complejo.
Que a la anterior situación se debe sumar que aproximadamente 2190 procesos se
encuentran en situación similar y que, por el cambio de jurisdicción, se están
remitiendo por parte de los juzgados civiles a los administrativos; trámites que
representan para el IFC un patrimonio de aproximadamente $29.885.438.000.
Afirmó que hubo exceso ritual manifiesto, pues exigieron, de un lado, allegar el
contrato de mutuo elevado a escrito, con apego a interpretaciones contrarias al
régimen civil, y, de otro, aportar el pagaré en original y no en copia digitalizada,
contrariando la Ley 2213 de 2022, en cumplimiento a las reglas de implementación
de las tecnologías de la información.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados y se deje sin efectos el auto del 5
de junio de 2025, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Yopal, así como el auto del 2 de octubre de 2025, mediante el cual el Tribunal
Administrativo de Casanare resolvió el recurso de apelación dentro del proceso con
radicado n.º 85001-33-33-004-2025 00251-00/01.
En consecuencia, pidió ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal que libre
mandamiento de pago y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo
de procesos.
Finalmente, solicitó que el fallo tenga efecto inter comunis o, en su defecto, se
extienda a los procesos ejecutivos que cursen en los juzgados administrativos de
Yopal en los que sea demandante el IFC y se desconozca el pagare como título
ejecutivo autónomo, siempre que concurran supuestos fácticos y jurídicos similares.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La magistrada sustanciadora, el 22 de junio de 2026, admitió la acción de tutela;
vinculó a las partes e intervinientes del proceso con radicado 85001-33-33-004-2025
00251-00/01; y ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo de Casanare manifestó que el auto del 2 de octubre de
2025 se sustentó en el análisis del material probatorio allegado y la normativa
aplicable al caso.
Afirmó que, por la naturaleza jurídica del Instituto Financiero de Casanare, este se
encuentra sometido al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales
del Estado, contemplado en la Ley 489 de 1998, y por ende, los contratos
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celebrados para el desarrollo de su objeto se someten a las disposiciones - Archivo Central.
del
Estatuto General de la Contratación de las entidades estatales.
Que con anterioridad se han emitido fallos en el Consejo de Estado, en casos
similares, en los cuales se consideró que el asunto carecía de relevancia
constitucional, puesto que la acción constitucional no podía convertirse en una
tercera instancia.
Que en el presente asunto no se evidencia una vulneración a los derechos
fundamentales de la parte actora, ni la configuración de los defectos alegados.
El Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal dijo que la parte actora pretende
reabrir el proceso y convertir la tutela en una tercera instancia para discutir
nuevamente los asuntos que ya resolvieron los jueces naturales de la causa.
Que no se cumple el requisito de inmediatez puesto que transcurrieron más de 6
meses desde que quedaron en firme las providencias, además que la parte actora
no justificó por qué no acudió con anterioridad a la acción o la necesidad de
flexibilizar el plazo; además, que tampoco se superó el requisito de relevancia
constitucional, en tanto el accionante argumentó solamente una inconformidad con
la decisión tomada que gira sobre asuntos económicos, sin ahondar en una
afectación real y latente a derechos fundamentales.
Que en cuanto al desconocimiento del Auto 2014 de 2024 u otros autos similares
proferidos por la Corte Constitucional, los mismos fueron providencias que
solucionaron un conflicto de competencia, y que por lo tanto no constituye un
precedente judicial de obligatorio cumplimiento para la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Solicitó que se nieguen las pretensiones por la improcedencia de la acción dado el
carácter excepcional que reviste la tutela.
SENTENCIA IMPUGNADA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 30 de julio de
2026, accedió a las pretensiones de la tutela.
Refirió que en fallos pasados, similares al aquí estudiado, había decidido declarar
improcedente las acciones por considerar que se estaba usando el amparo
constitucional como una instancia adicional, sin embargo, que la postura de la
Sección había cambiado, atendiendo a que no se trataba de un debate de orden
exclusivamente legal y, que al margen de que la finalidad del proceso ejecutivo fuera
económica, el asunto sí revestía de relevancia constitucional en tanto el derecho
principal que se busca restablecer es el de acceso a la administración de justicia, el
cual se vio cegado por la exigencia de requisitos adicionales a los que contempla la
ley. Igualmente, tuvo por satisfechos los demás requisitos generales.
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• Archivo Central.
Manifestó que las exigencias del juez del ejecutivo obedecieron a una interpretación
indebida de los artículos 99 y 297 del CPACA; que la normatividad reconoce que
prestan mérito ejecutivo aquellos documentos provenientes del deudor en los que
consten obligaciones claras, expresas y exigibles, así como documentos expedidos
en ocasión de la actividad contractual que incorporen ese tipo de obligaciones, y
que, el pagaré en blanco diligenciado con su carta de instrucciones constituye uno
de esos documentos.
Que de acuerdo con el Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073 de 2002,
el IFC fue creado como una empresa industrial y comercial del Estado de carácter
territorial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, y
que, en virtud de la Ley 1150 de 2007, las actividades comerciales que desarrolla
se encuentran sometidas al régimen del derecho privado, en cuanto corresponden
al giro ordinario de sus negocios y que compiten con otros operadores económicos.
Por lo tanto, que las operaciones de crédito realizadas por la entidad no se
encuentran sujetas a las solemnidades propias del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública.
Que las autoridades judiciales debieron regirse por las reglas del derecho privado,
en las cuales, se establece que el contrato de mutuo es un contrato real, es decir,
que se perfecciona con la entrega, sin que se exija para su existencia o validez la
suscripción de un documento escrito. Por consiguiente, que la demanda ejecutiva
satisfacía los presupuestos legales para que el juez analizara la procedencia del
mandamiento de pago sin exigir la aportación de un contrato inexistente en forma
escrita.
Que no le corresponde al Juez de tutela estudiar acerca de si el pagaré o la carta
de instrucciones satisface o no todos los requisitos para prestar mérito ejecutivo, y
que la intervención se limitaría a constatar que las autoridades accionadas omitieron
efectuar el examen, al partir de una premisa jurídica incompatible con el
ordenamiento.
Finalmente, dejó sin efectos los autos del 5 de junio de 2025 y del 2 de octubre del
mismo año, proferidos por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y por el
Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente, y ordenó al Juzgado que
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la providencia, profiriera
una nueva decisión en el proceso ejecutivo.
IMPUGNACIÓN
El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal impugnó la decisión al
considerar que la acción está siendo utilizada como una tercera instancia, para
reabrir un debate jurídico que ya analizaron los jueces naturales de la causa en dos
instancias.
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Que no se cumplen los requisitos que habilitan el estudio de fondo de la -tutela,
Archivotales
Central.
como el de inmediatez, puesto que transcurrieron más de seis meses desde que
quedaron en firme las providencias y que la parte actora no justificó su tardanza; y,
el de relevancia constitucional, porque el argumento central es una inconformidad
con la decisión tomada sin explicar la afectación a derechos fundamentales, sino
que la finalidad responde a aspectos exclusivamente de índole económico.
Que la entidad busca que se acoja su interpretación, sin embargo, los autos
tutelados responden a las normativas aplicables al tema y a la jurisprudencia
vigente; y que habilitar el estudio de fondo en sede de tutela implicaba una injerencia
indebida en la valoración jurídica ya realizada, desnaturalizando el carácter
subsidiario y excepcional de amparo constitucional. Así mismo, señaló que de
manera previa ya se habían fallado asuntos similares dentro del Consejo de Estado,
en donde se había decidido la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito
de relevancia constitucional.
Reiteró los demás argumentos de la contestación y solicitó que se revoque el fallo
de primera instancia y, que en su lugar se declare improcedente desde la
interpretación constitucional, dado el carácter excepcionalísimo que reviste la acción
de tutela.
El Tribunal Administrativo de Casanare manifestó que la acción de tutela es
improcedente y que, por tanto, no debió analizarse de fondo.
Afirmó que el Consejo de Estado ya ha resuelto asuntos similares donde el IFC
interpone la acción constitucional por los autos que niegan los mandamientos de
pago en procesos ejecutivos, y que en reiteradas ocasiones se declaró la falta de
relevancia constitucional, o en su defecto, se negaron las pretensiones; por lo que,
ya existe una línea planteada para resolver este tipo de asuntos.
Que no se configura la vulneración a algún derecho fundamental, pues los autos
tutelados se sustentaron en el análisis material probatorio allegado, en la normativa
aplicable al caso y, en atención a la naturaleza jurídica del Instituto Financiera de
Casanare, y que por tanto le es aplicable las disposiciones del Estatuto General de
la Contratación de las entidades estatales, lo que implica, que cuando se está ante
la celebración de contratos, estos deben constar por escrito y se requiere prueba de
su existencia.
Solicitó revocar la sentencia del 30 de julio de 2026 y que, en su lugar se declare
improcedente o se niegue el amparo de los derechos fundamentales invocados.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A efectos de decidir las impugnaciones planteadas por las autoridades accionadas,
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la Sala abordará las siguientes temáticas: I) generalidades de la acción- Archivo Central.
de tutela;
II) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales; III) análisis del
caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela para que toda
persona pueda reclamar ante las autoridades judiciales, en todo momento y lugar,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad. Se trata,
pues, de un mecanismo expedito que, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, se caracteriza por ser subsidiario, inmediato, sencillo, específico,
eficaz e informal1.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia
C590 de 20052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU128 de 2021, estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)».
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
1 Al respecto, Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-483 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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completamente al margen del procedimiento establecido. - Archivo Central.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución»3.
Análisis del caso concreto
Los recursos se sustentaron discutiendo no solo la vulneración de los derechos
fundamentales, sino también el cumplimiento de los requisitos de relevancia
constitucional e inmediatez para discutir las providencias cuestionadas.
La Sala comparte la decisión adoptada en primera instancia, en su integridad; tal
como pasa a explicarse:
El asunto sometido a consideración reviste relevancia constitucional, en la medida
en que la parte accionante alega la posible vulneración de derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, los cuales
constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados. En ese sentido, el
debate no se circunscribe a una simple discrepancia frente a la interpretación del
derecho aplicable, sino que se plantea la posible afectación de garantías
fundamentales derivadas de la actuación de las autoridades judiciales accionadas.
Además, la controversia trasciende el interés particular de la entidad accionante,
pues esta afirma que el criterio adoptado podría incidir en un número considerable
de procesos ejecutivos de similares características promovidos por el IFC,
circunstancia que refuerza la necesidad de verificar, desde una perspectiva
constitucional, si las decisiones cuestionadas respetaron las garantías
fundamentales invocadas.
En cuanto a la inmediatez, la Sala observa que el auto mediante el cual el Tribunal
Administrativo de Casanare resolvió la apelación en contra del auto que resolvió el
3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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mandamiento de pago se profirió el 2 de octubre de 2025 y fue notificado - Archivo Central.
el 3 del
mismo mes y año.
Por su parte, la solicitud de amparo constitucional se radicó el 26 de marzo de 2026,
sin embargo, desde Secretaría se hizo el reparto el 16 de junio de 2026, por lo que
pudo generarse confusión respecto de la fecha en la que se interpuso la acción. Así
las cosas, la pauta jurisprudencial conforme a la cual se ha considerado el lapso de
6 meses como término razonable para acudir a la acción de tutela se satisface en
el presente caso.
Los demás requisitos no se encuentran discutidos, de manera que la Sala los tiene
por cumplidos.
Superado los requisitos que habilitan el estudio de fondo del asunto, esta Sala
procederá a explicar las razones por las cuales confirmará el fallo de la primera
instancia, para lo cual se referirá a la naturaleza jurídica del IFC; y al régimen jurídico
aplicable a los contratos que celebra.
El IFC es una entidad descentralizada del nivel departamental, creada mediante el
Decreto 107 del 27 de julio de 1992 y reorganizada a través del Decreto 0073 de 30
de mayo de 2002, como empresa de gestión económica de carácter departamental
y sometida al régimen jurídico de las EICO, en los términos de la Ley 489 de 1998.
Luego de verificarse la página web de la Superintendencia Financiera con el fin de
establecer si la tutelante es sujeto de inspección y vigilancia se constata en la tabla
de entidades vigiladas con corte a 1 de junio de 2026, el IFC no hace parte de las
entidades vigiladas por esa unidad administrativa.
De manera que el IFC no es de aquellas instituciones financieras cuyas
controversias contractuales, originadas en el giro ordinario de sus negocios, se
excluyen de los asuntos que son de conocimiento de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; de conformidad con el 105 de la Ley 1437 de 2011.
Es pertinente analizar la naturaleza y régimen jurídico aplicable a los contratos que
celebra el IFC, pues la exigencia o no de determinadas formalidades dependerá,
necesariamente, de su sometimiento o no a las reglas contenidas en el EGCAP.
Previamente se precisó que el IFC está sometido al régimen jurídico de las EICO.
Al respecto, el EGCAP (Ley 80 de 1993) establece en su artículo 32 un criterio
orgánico para definir cuándo se está ante un contrato estatal:
«ARTÍCULO 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos
los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las
entidades a que se refiere el presente estatuto, (...)» (negrillas y subrayas
fuera del texto original).
«ARTÍCULO 2.- De la Definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos.
Para los solos efectos de esta Ley:
1o. Se denominan entidades estatales:
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a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito -Capital
Archivo Central.
y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de
municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, (...)»
(subrayado y negrilla fuera del texto original).
En ese sentido, se observa que los contratos celebrados por las EICO, dada la
naturaleza de entidad, deben considerarse de naturaleza estatal. Sin embargo, debe
ponerse de presente que una es la naturaleza del contrato y otro el régimen
aplicable a este.
Así, la Ley 489 de 1998, que establece el régimen propio de las EICO, respecto de
cuyos contratos prescribe:
«ARTÍCULO 93.- Régimen de los actos y contratos. Los actos que expidan las
empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su
actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetaran a
las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren para el
cumplimiento de su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General
de Contratación de las entidades estatales» (subrayado fuera del texto original).
De manera que, en principio, podría afirmarse que a estas entidades les resulta
aplicable la Ley 80 de 1993. Sin embargo, en virtud del artículo 14 de la Ley 1150
de 2007, las EICO se someten al régimen de derecho público, salvo cuando
desarrollan actividades en competencia con el sector privado o actúan en mercados
regulados; supuesto que constituye, precisamente, la finalidad principal de este tipo
de entidades, en especial de aquellas como la que es objeto de análisis en esta
ocasión, que corresponde a una institución financiera.
En consecuencia, puede afirmarse que el régimen de sus contratos es mixto, pues,
aunque pueden aplicar las normas de derecho privado en su actividad contractual,
deben observar los principios de la función administrativa (artículo 209 de la
Constitución Política (CP)), de la gestión fiscal (artículo 267 CP) y el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades (Ley 80 de 1993).
«ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE
ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN
MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades
entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al
cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o
público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se
regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
13 de la presente ley» (subrayado fuera del texto original).
Precisado lo anterior, corresponde analizar el régimen jurídico aplicable al contrato
de mutuo que sirvió de fundamento a la obligación cuya ejecución se pretendió por
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parte de la IFC en el proceso ejecutivo, pues el principal cuestionamiento - Archivo
deCentral.
las
autoridades judiciales accionadas consistió en exigir el contrato escrito para integrar
el título.
A partir de ello, será posible establecer si, tratándose de una operación celebrada
por el IFC en desarrollo del giro ordinario de sus negocios, el mentado contrato se
regía por las normas del derecho privado y si, conforme a estas, realmente se
requería o no que constara por escrito para ejecutarse la obligación derivada de él,
contenida en el pagaré n°. 33481230.
Al tenor del artículo 1500 del Código Civil el contrato es «real cuando, para su
perfeccionamiento, es necesaria la tradición de la cosa a la que se refiere; es
solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de
manera que sin ella no produce ningún efecto civil: y es consensual cuando se
perfecciona con el solo consentimiento». A su vez el artículo 2222 señala que «[n]o
se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el
dominio». Con ello, es posible establecer que el negocio jurídico se perfecciona
mediante la entrega de la cosa sin que se requiera ningún acto adicional.
En ese sentido, si los contratos que el IFC celebra para desarrollar su objeto social
se encuentran excluidos de la aplicación de la normativa del EGCAP y, por esa vía,
ha de remitirse a la normativa civil y comercial, para la Sala es posible afirmar que
el negocio de mutuo, subyacente al pagaré objeto del trámite ejecutivo, es de
aquellos que, conforme a lo dicho en el párrafo previo, se perfeccionan con la
tradición de la cosa y, por tanto, es de tipo real.
Por lo que, contrario a las conclusiones vertidas en las providencias del Juzgado
Cuarto Administrativo de Yopal y del Tribunal Administrativo de Casanare, para la
exigibilidad del título no era necesario que este se acompañase de un contrato
escrito.
Este punto se ha tratado por parte de la Corte Constitucional en providencias, en
las que ha resuelto conflictos negativos de competencia entre la jurisdicción
ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, respecto de la autoridad
competente para conocer procesos ejecutivos que, como el que es objeto de
análisis, involucran a distintas entidades financieras de Casanare:
• Auto 2014 de 2024 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar). Se dirimió el conflicto de
competencia entre el Juzgado 1 Civil Municipal de Yopal y el Juzgado 4 Administrativo
de Yopal para conocer el proceso ejecutivo singular promovido por el Instituto Financiero
Empresarial de Yopal, con base en el título valor representado en el pagaré nro. 473 y
su respectiva carta de instrucciones.
La Corte analizó la naturaleza y régimen jurídico del Instituto Financiero y
Empresarial de Yopal y el régimen de sus contratos. Definió que la entidad está
organizada bajo el régimen de las EICO y desarrolla actividades de tipo financiero,
pero sin ser vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En ese
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sentido, conforme a los artículos 85 de la Ley 489 de 1998, 32, parágrafo - Archivo
1 deCentral.
la
Ley 80 de 1993 y 14 de la Ley 1150 de 2007, aplica el derecho privado en el
desarrollo de las actividades propias de su objeto y, por ende, los contratos que
celebra se rigen por las disposiciones del derecho privado aplicables a sus
actividades económicas y comerciales.
En esta decisión se citó como antecedente el Auto 403 de 2021 (M.P. Cristina
Pardo Schlesinger), de acuerdo con el cual, independientemente del régimen
jurídico aplicable, aquellos contratos en los que sea parte una entidad pública son,
por definición, contratos estatales, lo que se acompasa con la jurisprudencia del
Consejo de Estado en la materia4.
También se refirió a las decisiones adoptadas en los Autos 1622 de 2024 (M.P.
Paola Andrea Meneses Mosquera) y 1705 de 2024 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger), en los cuales se definió que la competencia para conocer procesos
ejecutivos promovidos por entidades públicas ante la falta de certeza respecto de
la existencia o no de un contrato estatal es de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, según la regla fijada en el Auto 1209 de 2024 (M.P. Diana Fajardo
Rivera), la cual se cita a continuación:
«§25. De conformidad con los hechos descritos en la presente providencia, los
cuales exponen la causa que dio origen a la controversia de la referencia, y
teniendo en cuenta las consideraciones desarrolladas previamente, la Sala
Plena dirime el presente conflicto de jurisdicciones en el sentido de determinar
que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, Casanare, es la
autoridad competente para tramitar el proceso ejecutivo promovido por el IFC.
§26. Lo anterior, en la medida en la que no se cuentan con elementos suficientes
para verificar la existencia o inexistencia de un contrato estatal entre las partes.
De esta forma, la controversia presentada puede involucrar actos o contratos
suscritos por una entidad pública, los cuales se encontrarían sujetos al derecho
administrativo y, por consiguiente, a la competencia de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo».
En el Auto 2014 de 2024 se determinó que el negocio subyacente al título ejecutivo
que se pretendía ejecutar era un contrato estatal, por lo que los procesos ejecutivos
y controversias que surgieran con ocasión de este eran competencia de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo:
«En efecto, la obligación insoluta cuyo cumplimiento se persigue en el marco
del proceso ejecutivo está contenida en el pagaré No. 473 el cual al parecer se
emitió como consecuencia de un contrato de mutuo celebrado entre el IFEY y
las personas naturales demandadas, el cual, como indicó la parte actora, no
consta por escrito. Esto último guarda lógica si en cuenta se tiene que las
empresas industriales y comerciales del Estado conforme a los artículos 85 y
93 de la Ley 498 de 1998 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, se rigen por
el derecho privado en el desarrollo de sus funciones actividades y/o comerciales
y, por ende, en su contratación. De manera que, al momento de autorizar un
crédito, como ocurrió en el caso concreto, no debía mediar un contrato escrito
pues conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código Civil (aplicables al mutuo
4 Cfr. Sección Tercera. Sentencia 26.765 del 13 de agosto de 2014 (cita en el auto de la Corte).
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comercial conforme a la remisión del artículo 473 del Código de Comercio)- Archivo
basta Central.
con la entrega de la cosa dada en préstamos para el perfeccionamiento del
negocio jurídico.
En atención a las consideraciones de esta providencia, aunque el contrato de
mutuo celebrado entre el IFEY y los demandados se rigen por el derecho
privado, no deja de ser un contrato estatal y, en consecuencia, las controversias
derivadas del mismo son competencia de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, conforme al artículo 104.2 del CPACA. De esta manera, la
competencia para conocer de los procesos ejecutivos resultado de dicho
contrato de mutuo también son competencia de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa conforme al artículo 104.6 del CPACA.
El pagaré No. 473 presta mérito ejecutivo conforme al artículo 297 del CPACA.
El título ejecutivo base de la ejecución fue firmado por los demandados como
consecuencia de un contrato de mutuo celebrado con el IFEY, de manera que
el pagaré No. 473 es un documento suscrito por una de las partes del negocio
subyacente (mutuo) en el que consta una obligación clara, expresa y exigible
en contra de esta, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los
documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA».
• Auto 821 de 2025 (M.P. Jorger Enrique Ibáñez Najar). Resolvió el conflicto de
competencia entre el Juzgado 4 Administrativo de Yopal y el Juzgado 1 Civil
Municipal de Yopal para conocer sobre el proceso ejecutivo singular promovido por
el Instituto Financiero de Casanare, con base en el pagaré n°. 4119835.
La Corte determinó que la competencia recaía en el juez administrativo, con
fundamento en las decisiones en las que se ha definido la naturaleza jurídica y
el régimen de los contratos del IFC. Indicó que el contrato subyacente al título
ejecutivo era un contrato estatal y agregó:
«22. La Corte advierte que el juez contencioso administrativo concluyó que no
podía tenerse por acreditada la existencia de un contrato estatal entre las
partes, debido a la ausencia de un documento escrito que lo formalizara. Según
su criterio, al tratarse de un contrato estatal, este estaba sujeto a solemnidades
propias del derecho público, cuya observancia es de carácter imperativo, por lo
que la falta de constancia escrita conllevaba la inexistencia jurídica del negocio.
23. Sobre este punto, la Corte Constitucional recuerda que, en su calidad de
juez de conflictos de jurisdicción, no le corresponde pronunciarse de fondo
sobre los aspectos sustanciales del litigio, ya que ello implicaría prejuzgar sobre
materias que deben ser resueltas dentro del proceso correspondiente. No
obstante, esta Sala advierte que, en el presente caso, existe un grado de
certeza suficiente respecto a que el título ejecutivo tiene origen en un contrato
estatal sometido al régimen de derecho privado, tal como lo afirmó la parte
demandante y como se desprende de los documentos obrantes en el
expediente.
24. En ese sentido, las consideraciones del juez administrativo en torno a las
formalidades que debía cumplir el contrato de mutuo y las posibles
consecuencias de su incumplimiento, pertenecen al estudio de fondo del asunto,
el cual deberá abordarse dentro del trámite del proceso ejecutivo respectivo y
no en sede de definición de competencia».
• Auto 1455 de 2025 (M.P. Vladimir Fernández Andrade). Resolvió el conflicto de
competencia entre el Juzgado 1 Administrativo de Yopal y el Juzgado 2 Civil
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• Archivo
Municipal de Yopal para conocer sobre el proceso ejecutivo singular promovido porCentral.
el IFC, con base en el pagaré n°. 4106782.
La Corte determinó que la competencia recaía en el juez administrativo. En este
caso, la demanda se presentó en vigencia del Decreto 01 de 1984, respecto de
lo cual se advirtió que el artículo 82 de dicho estatuto atribuía a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo el conocimiento de las controversias y litigios
originados en la actividad de las entidades estatales. A juicio de la Corte, ello
bastaba para determinar la competencia, sin que resultara relevante el régimen
jurídico aplicable.
En el Auto 1455 de 2025 se concluyó que el pagaré objeto de la controversia fue
emitido como consecuencia del contrato de mutuo celebrado entre el IFC y el
demandado. Pese a que el contrato no constaba por escrito, resultaba razonable
afirmar su existencia, porque de acuerdo con los artículos 85 y 93 de la Ley 489
de 1998 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, las EICO (como es el caso del
IFC) se rigen por el derecho privado en el desarrollo de sus actividades
comerciales y de su contratación:
«Así, al momento de autorizar el crédito, como habría ocurrido en el presente
caso, no era necesaria la existencia de un contrato escrito, ya que conforme a
los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, aplicables al mutuo comercial por
remisión del artículo 822 del Código de Comercio, el contrato se perfecciona
con la sola entrega del dinero prestado, lo cual efectivamente ocurrió en este
caso».
Bajo ese entendido, corresponde determinar si la interpretación acogida por las
autoridades judiciales, consistente en exigir el contrato escrito con fundamento en
los artículos 39 y 75 de la Ley 80 de 1993, constituyen un defecto sustantivo en los
términos de la jurisprudencia constitucional.
A juicio de esta Sala, al igual que concluyó la primera instancia, las providencias
cuestionadas incurrieron en un defecto sustantivo, pues efectuaron una lectura
aislada de las normas aplicables. En lugar de integrar el régimen jurídico que
gobierna la contratación del IFC, las autoridades judiciales limitaron su análisis a las
previsiones de la Ley 80 de 1993 y omitieron considerar las normas especiales que
regulan la naturaleza de la entidad, su régimen contractual y la posibilidad de acudir
a las formas negociales propias del derecho privado.
Esta interpretación incompleta condujo a exigir un requisito — un contrato escrito—
que no era legalmente necesario para integrar el título ejecutivo.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que los autos también desconocieron la
jurisprudencia constitucional, específicamente las pautas de orientación a los
tribunales y jueces para el tratamiento de casos similares, contenidos en los autos
que resolvieron los conflictos negativos de competencia entre jurisdicciones.
Como se expuso, la Corte Constitucional, en providencias que constituyen
jurisprudencia vinculante para la resolución del asunto, precisó que los procesos
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ejecutivos promovidos por el IFC (y otras entidades financieras -del Archivo Central.
mismo
departamento) con fundamento en pagarés derivados de contratos de mutuo
corresponden al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y
no resulta exigible la aportación de un contrato escrito de mutuo para integrar el
título ejecutivo cuando la obligación se encuentra incorporada en un pagaré.
Esa interpretación constituía un referente jurisprudencial relevante para resolver el
caso, que no fue considerado por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal ni por
el Tribunal Administrativo de Casanare, ni se ofrecieron razones para apartarse de
él5. Esta situación configura el desconocimiento del precedente, en la medida en
que, si el órgano competente para dirimir el conflicto de competencias dio a las
autoridades jurisdiccionales los parámetros a partir de los cuales se definía su
conocimiento del asunto, estas no podían sustraerse, de manera injustificada, de su
aplicación, en detrimento de los derechos fundamentales del extremo activo de la
litis o de hacerlo, debían cumplir con una carga mínima de argumentación que
justificara por qué se apartaban, lo que se echa de menos en las providencias que
dieron lugar a la solicitud de amparo.
El defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente jurisprudencial
implicaron, en consecuencia, la lesión de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. En efecto, la decisión de no
librar mandamiento ejecutivo, con fundamento en la sola lectura de la Ley 80 de
1993, sin considerar las aristas de la discusión que ya habían sido objeto de
pronunciamiento por la autoridad a quien le correspondió dirimir los conflictos de
competencia entre las jurisdicciones, representó una limitación injustificada de las
garantías del IFC, representadas en la posibilidad de obtener del juez una decisión
de fondo e, inclusive, una restricción del ejercicio del derecho de acción, en la
medida en que, de descartarse el amparo constitucional, la entidad accionante no
contaría con mecanismos ordinarios ni extraordinarios para discutir sus intereses.
Ahora bien, respecto a la exigencia de las entidades judiciales de allegar el pagaré
original y no una copia digitalizada, se debe tener en cuenta lo siguiente:
Sobre el valor probatorio de las copias, el Artículo 246 del Código General del
Proceso establece:
«Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por
disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia.
5 Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha señalado que «(…) Con todo, los jueces de la República pueden
apartarse de los precedentes y jurisprudencia vinculante, siempre que cumplan una carga argumentativa estricta
tendiente a demostrar, adecuada y suficientemente, las razones por las cuales toman tal determinación.
Particularmente, tienen que demostrar que la interpretación alternativa que ofrecen desarrolla y amplía, de mejor
manera, el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección. De no hacerlo,
sus decisiones podrían estar incursas en el defecto por desconocimiento del precedente judicial. Así, resultan
contrarias al debido proceso, entre otras prácticas: (i) el incumplimiento de la carga mínima de argumentación
que, a partir del principio de razón suficiente, justifique por qué el juez se aparta del precedente constitucional;
y (ii) la simple omisión o negativa del juez en la aplicación del precedente, a partir de un erróneo entendimiento
de la autonomía judicial o en un ejercicio abusivo de ella». Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-044 de 2022.
MP. Paola Andrea Meneses Mosquera; decisión en la cual se cita: Corte Constitucional. Sentencia SU-023 de
2018. MP. Carlos Bernal Pulido.
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• Archivo Central.
Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este
con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará
mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente».
La ley 2213 de 20226 en su artículo 6° prescribe que las demandas «se presentarán
en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos» y que «contendrá
los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y
enumerados» y que «…no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas
para el archivo del juzgado, ni para el traslado».
De manera que, si la demanda debe radicarse en forma de mensaje de datos,
acompañada de los anexos que exija la ley, y no se exige copia física de los
documentos; el título ejecutivo o los documentos que lo conforman también puede
aportarse de la misma manera, bajo el entendido de que es el original el que soporta
la pretensión ejecutiva y que, de ser necesario, este lo deberá exhibir.
Lo anterior, teniendo en cuenta el contenido del artículo 78 del
CGP, que establece como deberes de las partes y sus apoderados «adoptar las
medidas para conservar en su poder las pruebas y la información contenida en
mensajes de datos que tenga relación con el proceso y exhibirla cuando sea exigida
por el juez».
De lo relacionado, se concluye que, la negativa de librar mandamiento de pago
debido a la aportación del título valor en copia digital o digitalizada, constituye un
exceso de ritual manifiesto y trasgrede el artículo 229 de la Constitución Política;
puesto que es deber de las autoridades judiciales facilitar el acceso de los
usuarios a la administración de justicia y en tal sentido, deben hacer uso de las
herramientas judiciales que permitan la efectividad del derecho.
Debe aclararse que tal consideración no trasgrede los derechos de la parte
ejecutada, la cual, en todo caso, cuenta también con las herramientas que ofrece el
proceso para la contradicción de la prueba, tales como la posibilidad de exigir que
se exhiban los documentos, en caso de constatar alteración, o falsedad en el
contenido del título.
Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 30 de julio de 2026 proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual se accedió a las
pretensiones de dejar sin efectos los autos tutelados.
En cuanto a la solicitud encaminada a que el fallo produzca efectos inter communis
o, subsidiariamente, que sus efectos se extiendan a los procesos ejecutivos que
cursan en los juzgados administrativos de Yopal en los que el IFC sea demandante,
la Sala también confirmara el fallo de la primera instancia, y la negará.
6 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA VIGENCIA PERMANENTE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 806 DE 2020 Y SE ADOPTAN MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, AGILIZAR LOS
PROCESOS JUDICIALES Y FLEXIBILIZAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE JUSTICIA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
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• Archivo Central.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de julio de 2026, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Quinta, conforme a la parte motiva.
Segundo. NOTIFICAR, por Secretaría, esta providencia a las partes e
intervinientes, en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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