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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04587-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04587-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 24 de julio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04587-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04587-01
Accionante: UNIGRAVAS S.A. EN LIQUIDACIÓN
Accionados: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se modifica el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
de 24 de julio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad Unigravas S.A. en Liquidación, a través de apoderado judicial, solicitó
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la igualdad en conexidad con el principio de confianza
legítima, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 11 de marzo y 24 de
octubre de 2025 proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente,
dentro del proceso ejecutivo identificado con número de radicación 05001-23-33-
000-2025-00220-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que, dentro del proceso identificado con radicación núm. 05001-23-31-
000-2000-02747-00, el Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó, mediante auto
de 4 de diciembre de 2006 y corregido el 6 de febrero de 2007, un acuerdo
conciliatorio realizado el 26 de octubre de 2006 entre el Instituto Nacional de Vías -
INVIAS y el Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas - CONIC S.A. por la
suma de $15.844.365.232.38. Señaló que, en virtud de una cesión de créditos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

aceptada por la entidad demandada, se reconoció a Unigravas S.A. una
participación del 7% sobre el 21.625% del valor neto pagado a favor de CONIC S.A.

2.2. Agregó que el acuerdo estableció un primer plazo de seis meses para el pago
sin causación de intereses, un segundo término igual con reconocimiento de
intereses del 6% anual y dispuso que, vencido este último, se causarían intereses
moratorios hasta el pago efectivo de la obligación. Destacó, además, que en el
numeral quinto de la providencia aprobatoria se estableció que el proceso ejecutivo
únicamente terminaría cuando se acreditara el pago total de las sumas conciliadas
a todos los acreedores favorecidos.

2.3. Manifestó que, con posterioridad a la aprobación de la conciliación, el INVIAS
promovió una acción de tutela identificada con radicación núm. 11001-03-15-000-
2007-00236-00, contra las providencias mediante las cuales se libró mandamiento
de pago y se aprobó el acuerdo conciliatorio dentro del proceso núm. 05001-23-31-
000-2000-02747-00.

2.4. Explicó que, en primera instancia, mediante auto de 28 de junio de 2007, se
dejaron sin efectos los autos de 7 de junio de 2002, 19 de noviembre de 2004 y 4
de diciembre de 2006 relacionados con el mandamiento y la aprobación
mencionados. No obstante, dicha decisión fue revocada el 30 de agosto de 2007
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, autoridad que
declaró improcedente el amparo y remitió el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

2.5. Añadió que el asunto fue seleccionado para revisión y culminó con la sentencia
de 3 de abril de 2009, mediante la cual se confirmó la decisión de improcedencia.
Sostuvo que desde el 28 de junio de 2007 hasta la notificación de la decisión de la
Corte Constitucional el 31 de agosto de 2009, la obligación derivada de la
conciliación permaneció suspendida y, por ende, no podía considerarse exigible.

2.6. Adujo que, en ejecución del acuerdo conciliatorio, el INVIAS expidió las
Resoluciones núm. 2241, 2806, 3635 y 6641 de 2010, mediante las cuales dispuso
la provisión presupuestal, actualizó los montos adeudados y determinó las sumas
a pagar a los distintos acreedores, entre los cuales se encontraban CONIC S.A. y
Unigravas S.A., mediante títulos TES. A partir de ello sostuvo que tales actos
administrativos constituían un título ejecutivo complejo, junto al acuerdo
conciliatorio, porque precisaban la forma de cumplimiento y el alcance económico
de la obligación reconocida en la conciliación.

2.7. Indicó que la Contraloría General de la República ordenó, el 9 de noviembre de
2010, la suspensión de los pagos que se disponían a realizar mediante títulos TES,
situación que, a su juicio, impidió la exigibilidad de las acreencias hasta el inicio de
la medida adoptada posteriormente por la Fiscalía General de la Nación.

2.8. Añadió que la Fiscalía Novena Delegada de la Unidad Nacional Anticorrupción
dispuso, el 11 de mayo de 2011, la suspensión del reconocimiento y pago de las

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Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

obligaciones derivadas de la aprobación de la conciliación, así como la congelación
de intereses, medida que permaneció vigente durante el trámite del proceso penal
adelantado bajo núm. 05001-31-04-023-2017-00001-00 en relación con dichos
hechos.

2.9. Precisó que el levantamiento definitivo de tal restricción solo ocurrió una vez
quedó en firme la decisión absolutoria adoptada dentro del proceso penal, luego de
que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitiera el
recurso de casación el 13 de julio de 2022, decisión cuya ejecución fue comunicada
a distintas entidades durante el año 2023.

2.10. Sostuvo que, de manera subsidiaria, también debía considerarse la suspensión
de términos judiciales decretada entre el 16 de marzo y el 31 de julio de 2020 con
ocasión de la pandemia por COVID-19. Con fundamento en tales circunstancias
afirmó que la acción ejecutiva permanecía vigente y que el término para promoverla
no había fenecido.

2.11. Expuso que, el 28 de febrero de 2025, promovió demanda ejecutiva identificada
con el número de radicación 05001-23-33-000-2025-00220-00/01 contra el INVIAS
con el propósito de obtener el pago de las sumas derivadas de la conciliación
mencionada previamente, incluyendo el capital actualizado, los intereses insolutos
y los intereses moratorios.

2.12. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que, mediante auto de 11 de marzo de
2025, rechazó la demanda por caducidad al considerar que la obligación se hizo
exigible el 13 de diciembre de 2007, por el plazo de doce meses concedido después
de la ejecutoria de la providencia que aprobó la conciliación, y que el término de cinco
años para ejercer la acción venció el 14 de diciembre de 2012.

2.13. Señaló que interpuso recurso de apelación en el cual insistió en las suspensiones
antes descritas y que, a su juicio, el término para la caducidad debía contabilizarse a
partir del auto de 13 de julio de 2022, mediante el cual se inadmitió el recurso de
casación.

2.14. Afirmó que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante auto de 24 de octubre de 2025, confirmó la decisión al concluir que la
obligación era exigible desde 2007, que las resoluciones expedidas por el INVIAS
constituían simples actos de ejecución y que las circunstancias alegadas no
alteraban el cómputo efectuado por el Tribunal. Agregó que posteriormente solicitó
la aclaración y adición de la providencia, petición que fue resuelta
desfavorablemente.

2.15. Manifestó
que las providencias antes referidas vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la
igualdad en conexidad con el principio de confianza legítima, por haber incurrido,
presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo.

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Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

2.16. Explicó
que el defecto fáctico se configuró porque las autoridades judiciales
omitieron valorar las suspensiones que, en su criterio, afectaron la exigibilidad de la
obligación, así como antecedentes procesales en los que se había considerado
improcedente el cobro por ausencia de exigibilidad.

2.17. Al respecto, agregó que el Consejo de Estado consideró que, de estimarse que
las medidas adoptadas por las autoridades penales incidían en la exigibilidad de la
obligación, debía haberse promovido la correspondiente solicitud de prejudicialidad,
conforme al artículo 171 del Decreto 1400 de 6 de agosto de 19701. Sin embargo, no
tuvo en cuenta que el caso sí se había presentado ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia que, mediante auto de 30 de agosto de 2013, rechazó una actuación
ejecutiva promovida por otra de las sociedades favorecidas con la conciliación,
decisión que, en su criterio, evidenciaba que la jurisdicción había considerado que la
obligación no era exigible mientras permanecieran vigentes las medidas derivadas del
proceso penal, por lo que no se le podía atribuir la configuración de la caducidad.

2.18. Añadió que existía un defecto sustantivo debido a que las providencias
desconocieron el alcance del acuerdo conciliatorio, la incidencia jurídica de las
resoluciones expedidas por el INVIAS y los efectos que las actuaciones de la
Contraloría, la Fiscalía y otras autoridades tuvieron sobre el término para ejercer la
acción ejecutiva.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA PRETENSIÓN (PRINCIPAL): Que se declare la existencia de
los defectos fáctico y material o sustantivo en que incurrieron las providencias
cuestionadas, y que, como consecuencia, se ordene dejar sin efectos la
decisión proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia el 11 de marzo de 2025 y la proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 24 de octubre de 2025, que confirmó
la primera, por medio de las cuales se rechazó por caducidad la acción
ejecutiva intentada por UNIGRAVAS S.A. EN LIQUIDACIÓN en contra del
INVIAS; y que en su lugar se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia -
Sala Primera de Decisión y al Consejo de Estado que, dentro del término que
el Juez Constitucional determine, profiera nueva decisión que admita la
demanda ejecutiva y libre el mandamiento de pago solicitado.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: En el evento en que el Juez Constitucional no
encuentre méritos para predicar defecto autónomo en la providencia del
Consejo de Estado, se solicita que se deje sin efectos únicamente la
providencia del 24 de octubre de 2025 en cuanto confirmó el rechazo de la
demanda ejecutiva, y que se ordene a la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que profiera nueva decisión que revoque el auto de
rechazo de primera instancia y ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia -
Sala Primera de Decisión pronunciarse de fondo sobre la admisión de la
demanda ejecutiva. […]” [negrilla del texto].

1
“[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil […]”.

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Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 18 de junio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela y ordenó vincular en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso al Instituto Nacional de Vías - INVIAS, al
Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas Conic S.A. - CONIC S.A. y a la
Procuraduría Delegada Cuarta ante el Consejo de Estado.

5. El consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó impedimento
en el proceso de la referencia y, mediante sentencia de 24 de julio de 2026, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado lo declaró fundado.

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:

6.1. El Instituto Nacional de Vías - INVIAS señaló que no tiene legitimación en la
causa por pasiva debido a que las pretensiones están dirigidas a las actuaciones
del Consejo de Estado, por lo que solicitó ser desvinculado del proceso.

6.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó
que lo pretendido por la accionante es reabrir una controversia ya resuelta por la
jurisdicción ordinaria, sin que hubiera acreditado de manera suficiente una
afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales. Asimismo, adujo
que la providencia controvertida tuvo en cuenta las circunstancias que incidieron
en la exigibilidad de la obligación, valoró integralmente el material probatorio
obrante en el expediente y dio respuesta a cada uno de los cuestionamientos
formulados en el recurso de apelación.

6.3. Precisó que la Contraloría General de la República no suspendió la exigibilidad
del acuerdo conciliatorio, sino que se limitó a informar el estado de las
investigaciones adelantadas por ese organismo de control con ocasión de dicho
trámite. Por otro lado, señaló que fue la Fiscalía Novena de la Unidad de Delitos
contra la Administración Pública la autoridad que ordenó la suspensión provisional
del pago, circunstancia que generó un período de interrupción comprendido entre
el 11 de mayo y el 13 de julio de 2022.

6.4. Indicó que, dentro de la acción de tutela identificada con radicación núm. 11001-
03-15-000-2007-00236-00, no se decretó la suspensión de términos del proceso
ejecutivo. Explicó que, en primera instancia, se dejaron sin efectos los autos de 7
de junio de 2002, 19 de noviembre de 2004 y 4 de diciembre de 2006, proferidos
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante los cuales se libraron
mandamientos de pago en contra del INVIAS y se aprobó el acuerdo conciliatorio.

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Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

6.5. Añadió que dicha decisión fue posteriormente revocada por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado. Más adelante, la Corte Constitucional
profirió sentencia de revisión T-267 de 2009, mediante la cual levantó la
suspensión de términos que se había decretado el 16 de abril de 2008 para la
práctica de pruebas dentro del trámite de tutela.

6.6. Concluyó que esa medida de suspensión no tuvo incidencia en el término de
exigibilidad de la obligación contenida en el título ejecutivo derivado de la
providencia judicial cuestionada ni produjo efectos de interrupción respecto del
proceso ejecutivo correspondiente.

6.7. El Tribunal Administrativo de Antioquia indicó que la determinación adoptada
por el Consejo de Estado en diversos procesos ejecutivos promovidos de manera
prácticamente simultánea y sustentados en los mismos títulos ejecutivos objeto del
presente asunto evidencia la consistencia del criterio jurisprudencial aplicado para
el cómputo de los plazos analizados en cada caso. En ese contexto, consideró que
no se configuró vulneración alguna de derechos fundamentales y que tampoco se
encontraba satisfecho el requisito de relevancia constitucional exigido para la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante sentencia de tutela de 24 de julio de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado i) declaró fundado el impedimento manifestado por
el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez por haber actuado como apoderado dentro
del proceso ejecutivo antecedente de la controversia; ii) declaró improcedente la
solicitud de amparo respecto al desacuerdo sobre el desconocimiento de la solicitud
de la suspensión del proceso por prejudicialidad; iii) negó lo que concierne a la
ausencia de valoración de las pruebas relacionadas con la acción de tutela
promovida por el INVIAS y al oficio de la Contraloría General de la República de 9
de noviembre de 2010 y el defecto sustantivo; y iv) negó la solicitud de
desvinculación formulada por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

8. Manifestó que, respecto a la prejudicialidad, no se cumple el requisito de
subsidiariedad toda vez que dicho argumento no fue planteado en el recurso de
apelación dentro del proceso ordinario y, por ende, no fue sometido al conocimiento
del juez natural.

9. Agregó que no se configuró un defecto fáctico teniendo en cuenta que la
providencia cuestionada sí valoró tanto el oficio de la Contraloría General de la
República expedido el 9 de noviembre de 2010 como las actuaciones derivadas de
la tutela promovida por el INVIAS, y determinó que ninguna de ellas suspendió la
exigibilidad de la obligación ni el término de caducidad.

10. Asimismo, estableció que la suspensión decretada por la Corte Constitucional
durante el trámite de revisión de la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2007-

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00236-00 únicamente produjo efectos dentro de ese proceso constitucional y no
sobre el proceso ejecutivo ni sobre la exigibilidad del título.

11. Advirtió que no se demostró la configuración de un defecto sustantivo debido a
que la providencia impugnada aplicó las normas pertinentes sobre caducidad,
examinó los efectos jurídicos de las actuaciones invocadas por la demandante y
expuso una motivación suficiente para concluir que la acción ejecutiva fue
presentada cuando ya había operado dicho fenómeno jurídico.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

12. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se
accediera a las pretensiones de la acción de tutela, al estimar que se desconoció
que la controversia planteaba una auténtica cuestión constitucional debido a que
las autoridades judiciales rechazaron inicialmente distintas acciones por considerar
que la obligación no era exigible y posteriormente rechazaron nuevamente el
ejercicio de la acción afirmando que había operado la caducidad, situación que
calificó como contradictoria y lesiva de los derechos fundamentales de la sociedad
accionante.

13. Destacó que en primera instancia omitieron pronunciarse sobre un argumento
central de la demanda consistente en que la conciliación aprobada judicialmente
estableció que el proceso ejecutivo únicamente terminaría con el pago total de las
sumas conciliadas y que varias decisiones judiciales posteriores reconocieron que
la ejecución debía continuar dentro del expediente original. Indicó que el
desconocimiento de ese mandato judicial implicó ignorar una decisión amparada
por la cosa juzgada y privó arbitrariamente a la sociedad de un mecanismo efectivo
para obtener el pago de la obligación.

14. Advirtió que no se tuvo en cuenta que la tutela promovida por el INVIAS, la
actuación de la Contraloría y la medida penal ordenada por la Fiscalía, a su juicio,
mantenían vigente la acción ejecutiva. Adicionalmente, planteó una tesis
complementaria basada en el artículo 8 de la Ley 791 de 2002, según la cual la
investigación penal interrumpió el término de prescripción de la acción ejecutiva,
por lo que debía contarse nuevamente a partir de la comunicación mediante la cual
se levantó la suspensión de pagos en 2023.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

15. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
2
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
3
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.

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de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.

VIII.2. Problemas jurídicos

16. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 11 de marzo y 24 de octubre de 2025 proferidas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia
de 24 de octubre de 2025 vulneró los derechos fundamentales de la parte
accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la litis.

17. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo.

18. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

19. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

4
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
5
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

9

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Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

20. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

21. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

22. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04587-01
Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

26. La sociedad Unigravas S.A. en Liquidación, a través de apoderado judicial,
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia y a la igualdad en conexidad con el principio de
confianza legítima, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 11 de marzo
y 24 de octubre de 2025 proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente,
dentro del proceso ejecutivo identificado con número de radicación 05001-23-33-
000-2025-00220-00/01.

27. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

28. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental13 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones14.

29. En las acciones de tutela contra providencias judiciales15 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces16.

30. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04587-01
Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera de texto].

31. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04587-01
Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

32. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.

33. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucren derechos fundamentales20.

34. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

35. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido, presuntamente, en
los defectos fáctico y sustantivo.

36. Explicóque el defecto fáctico se configuró porque las autoridades judiciales
omitieron valorar las suspensiones que, en su criterio, afectaron la exigibilidad de la

19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04587-01
Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

obligación, así como antecedentes procesales en los que se había considerado
improcedente el cobro por ausencia de exigibilidad.

37. Al respecto, agregó que el Consejo de Estado consideró que, de estimarse que las
medidas adoptadas por las autoridades penales incidían en la exigibilidad de la
obligación, debía haberse promovido la correspondiente solicitud de prejudicialidad,
conforme al artículo 171 del Decreto 1400 de 1970. Sin embargo, no tuvo en cuenta
que el caso sí se había presentado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia que,
mediante auto de 30 de agosto de 2013, rechazó una actuación ejecutiva promovida
por otra de las sociedades favorecidas con la conciliación, decisión que, en su criterio,
evidenciaba que la jurisdicción había considerado que la obligación no era exigible
mientras permanecieran vigentes las medidas derivadas del proceso penal, por lo que
no se le podía atribuir la configuración de la caducidad.

38. Añadió que existía un defecto sustantivo debido a que las providencias
desconocieron el alcance del acuerdo conciliatorio, la incidencia jurídica de las
resoluciones expedidas por el INVIAS y los efectos que las actuaciones de la
Contraloría, la Fiscalía y otras autoridades tuvieron sobre el término para ejercer la
acción ejecutiva.

39. Precisados los argumentos que sustentan la acción de amparo, en criterio de
esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia constitucional
porque: i) el debate no se realiza desde una óptica constitucional, ii) la parte
accionante pretende utilizar este mecanismo como una instancia adicional con lo
que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural del asunto; y iii)
el caso involucra un debate jurídico eminentemente legal.

40. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones
por las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

41. Además, no se evidencia que la providencia censurada incurriera en una
arbitrariedad judicial, sino que el argumento en el que fundamenta su inconformidad
se sustenta, básicamente, en que la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró configurada la caducidad de la acción ejecutiva al
considerar exigible la obligación desde el 15 de diciembre de 2007 y, sumando el
tiempo de suspensión por las distintas causas relacionadas, los cinco años de
caducidad vencían el 17 de mayo de 2024.

42. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
providencia cuestionada:

14

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Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

“[…] 26. Esta Subsección en reciente pronunciamiento21 precisó que cuando el
título objeto de recaudo lo constituye un acuerdo conciliatorio aprobado por esta
jurisdicción en el marco de un litigio promovido al amparo del CCA, el término
de exigibilidad, en principio, será de 18 meses, de conformidad con lo previsto
en los artículos 176 y 177 de la misma codificación, salvo que las partes
hubieran acordado un plazo distinto o dicho lapso hubiese sido modificado en
sede judicial.

[…]

29. Como se pudo observar, el referido acuerdo fijó un plazo de 6 meses para
realizar el pago, y de 6 meses adicionales que causarían intereses. Como la
anterior providencia fue notificada por estado del 6 de diciembre de 2006, el
término de ejecutoria corrió entre el 7 y 12 del mismo mes y año, por ende cobró
firmeza el 12 de diciembre de 2006. Por tanto, los primeros seis meses de plazo
corrieron entre el 13 de diciembre de 2006 al 13 de junio de 2007; y los otros
seis meses corrieron desde el 14 de junio hasta el 14 de diciembre de 2007.
Contrario a lo sostenido por la parte ejecutante, no resulta posible tener como
fecha de ejecutoria el 13 de febrero de 2007, pues la corrección de una
providencia no altera su firmeza, máxime si como en el presente caso la realizó
de oficio el tribunal por fuera del término de ejecutoria de la decisión; además,
esta obedeció a una corrección puramente aritmética y no modificó ni alteró el
sentido de la decisión.

30. Lo anterior encuentra fundamento en lo previsto en el artículo 331 del
Código de Procedimiento Civil, el cual establece que las providencias quedan
ejecutoriadas y están en firme 3 días después de su notificación […]. Cuando
se solicita aclaración o adición de una providencia, la firmeza solo se configura
una vez se encuentre ejecutoriada la decisión que resuelva la referida solicitud.

31. En esas condiciones, los 5 años del término de caducidad empezaron a
correr desde el 15 de diciembre de 2007 y vencían, en principio, el 15 de
diciembre de 2012 […].

32. El primer cargo de reproche no está llamado a prosperar, toda vez que las
referidas resoluciones, tal como lo sostuvo el tribunal de primera instancia, son
actos de ejecución del acuerdo de conciliación, en la medida que fueron
expedidas en cumplimiento del acuerdo conciliatorio y las mismas no tienen la
virtud de modificar la exigibilidad de la obligación.

33. En cuanto a la suspensión de pagos, contrario a lo argumentado por la
recurrente, la Sala considera que en ningún momento la Contraloría General
de la República ordenó la suspensión de la obligación contenida en el acuerdo
de conciliación. El Contralor Delegado de Infraestructura de la Contraloría
General de la República, mediante comunicación 2010EE74937 de 9 de
noviembre de 2010, le informó al director de crédito público del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público que se encontraba investigando las causas que
originaron la conciliación celebrada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia
en el proceso ejecutivo 2000-02747.

[…] 36. Sin embargo, la Sala observa que mediante Resolución del 11 de mayo
de 2011, la Fiscalía Novena de la Unidad de Delitos contra la Administración
Pública ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la suspensión
provisional del pago derivado de lo acordado en la conciliación del 26 de
octubre de 2006, y la congelación del pago de intereses derivados de esas
sumas. Lo anterior, conforme lo previsto en el artículo 21 de la Ley 600 de 2000.

21
Auto del 21 de marzo de 2025. Expediente con radicado 76001-23-33-000-2022-00968-01 (72.144). M.P. Fernando Alexei
Pardo Flórez.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04587-01
Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

37. Mediante sentencia del 27 de agosto de 2019, el Juzgado 23 Penal del
Circuito con Funciones Mixto de Medellín absolvió al señor Édgar de Jesús
Botero Henao como presunto autor de los delitos de fraude procesal en
concurso con peculado por apropiación en favor de terceros.

[…] 38. Según constancia de ejecutoria proferida por la Secretaría de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia del 19 de
marzo de 2021, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín,
confirmatoria del fallo absolutorio proferido por el Juzgado 23 Penal del Circuito
de Medellín del 27 de agosto de 2019, cobró ejecutoria el 13 de julio de 2022.

[…]

41. Por lo anterior, esta Sala considera que durante el tiempo que estuvo
suspendido el pago, esto es, del 11 de mayo de 2011 al 13 de julio de 2022, la
parte actora no se encontraba habilitada para exigir judicialmente la obligación
fijada a su favor en el auto que aprobó la conciliación del 4 de diciembre de
2006.

42. Así las cosas, con el fin de contabilizar el término de caducidad, la Sala
observa lo siguiente:

43. No resulta posible tener en cuenta la suspensión de términos decretada por
el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión del Covid-19, pues durante
ese periodo la exigibilidad de la obligación se encontraba suspendida en
atención a lo ordenado por la Fiscalía General de la Nación.

44. Queda claro entonces que, la demanda presentada por la sociedad
Unigravas S.A. en liquidación, se interpuso extemporáneamente porque debió
radicarse hasta el 17 de mayo de 2024, lo que denota que operó la caducidad
del medio de control ejecutivo.

45. En cuanto al reparo propuesto por la recurrente, según el cual, ante la
ausencia de plazo para el cumplimiento de la obligación, debía acudirse al
término de 18 meses establecido en el Decreto 01 de 1984, la Sala considera
que no está llamado a prosperar. Lo anterior, por cuanto en el acuerdo de
conciliación sí se estableció un término para cumplir la obligación.

[…] 50. La Sala no pasa por alto que sobre el mismo título ejecutivo se han
presentado diferentes demandas con el fin de obtener el pago de las acreencias
que tienen a su favor.

16

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04587-01
Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

[…] 52. En reciente pronunciamiento22, la Subsección B de la Sección Tercera
de esta Corporación, en una demanda ejecutiva promovida por la sociedad
Inversiones Kierans S.A.S. consideró que había operado la caducidad, por las
siguientes razones:

En consecuencia, el plazo de 12 meses para pagar, que fue el que se pactó
en el acuerdo conciliatorio, finalizaba el 13 de diciembre de 2007, fecha a
partir de la cual la obligación se hizo exigible, por lo que los 5 años del término
de caducidad empezaron a correr desde ahí y vencían el 14 de diciembre de
2012, sin embargo, la demanda se presentó más de 12 años después, esto
es, el 26 de febrero de 2025. Además, las resoluciones de pago proferidas
por el INVÍAS no prorrogaban el término, toda vez que, tal como se señaló en
primera instancia, eran actos de ejecución que no modificaban el plazo.

53. Asimismo, consideró que, en el evento de considerarse que la suspensión
de pago ordenada impedía presentar la demanda, la misma podía radicarse y
solicitarse la suspensión del proceso por prejudicialidad, conforme lo prevé el
artículo 171 del Código de Procedimiento Civil, tal como se hizo en un caso
similar23, pues la decisión a tomar dependía directa y necesariamente de la que
se adoptara en los procesos judiciales que ordenaron la suspensión del pago.
Como la obligación se hizo exigible a partir del 13 de diciembre de 2007, desde
ese momento era posible presentar la demanda ejecutiva, pues para esa fecha
no existían órdenes de suspensión de pagos ni de la Contraloría ni de la
Fiscalía.

54. Por último, sostuvo que, en todo caso, si se consideraba que la suspensión
de pago también afectaba la caducidad, también se arribaría a la conclusión de
que la acción fue ejercida en forma extemporánea, dado que:

a. En la demanda ejecutiva y en el recurso de apelación se señaló que, el
pago se suspendió desde el 9 de noviembre de 2010 por orden de la
Contraloría, y desde el 11 de mayo de 2011 al 13 de julio de 2022 por orden
de la Fiscalía.
b. Desde el 13 de diciembre de 2007 (fecha en que la obligación se hizo
exigible), hasta el 9 de noviembre de 2010 (fecha de la suspensión del pago),
habían transcurrido 2 años, 10 meses y 24 días.
c. La suspensión del pago se levantó el 13 de julio de 2022, por lo que la
sociedad ejecutante tenía 2 años, 1 mes y 6 días para demandar, es decir,
hasta el 19 de agosto de 2024. La suspensión de términos con ocasión de la
pandemia por COVID-19 ocurrió en el año 2020, por lo que no afectaba el
conteo.
d. Sin embargo, la demanda se radicó de manera extemporánea el 26 de
febrero de 2025.

55. En suma, mientras que en el caso de Unimezclas S.A. la demanda fue
presentada dentro del término legal y, por tanto, no operó la caducidad; en el
caso de Inversiones Kierans S.A.S. se configura claramente la
extemporaneidad en el ejercicio de la acción. La obligación se hizo exigible el
13 de diciembre de 2007, y aun considerando las suspensiones de pago
ordenadas, el término restante para demandar vencía en el 2024. Sin embargo,
la demanda se presentó meses después cuando ya había transcurrido el
término máximo permitido. […]”.

22
Auto del 18 de julio de 2025, expediente 05001-23-33-000-2025-00202-01 (72841). M.P. Alberto Montaña Plata.
23
Auto del 6 de mayo de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso con radicado 05001-23-
33-000-2011-00829-00.

17

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04587-01
Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

43. Las transcripciones anteriores permiten evidenciar que el debate planteado en
esta sede constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y no se observa que las decisiones proferidas hubiesen sido
arbitrarias o se hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la parte
accionante en el trámite del proceso contencioso administrativo.

44. Teniendo en cuenta que la providencia cuestionada se pronunció respecto de la
valoración de las pruebas relacionadas con la acción de tutela promovida por el
INVIAS, el oficio de la Contraloría General de la República de 9 de noviembre de
2010 y el argumento relacionado con la prejudicialidad, aunque en el recurso de
apelación del proceso ordinario no se utilizó expresamente dicho término; la Sala
considera que tampoco se supera el requisito de relevancia constitucional en este
aspecto, por lo cual modificará la sentencia de primera instancia en el sentido de
declarar en general improcedente la acción de tutela.

45. Eneste punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia
adicional o de revisión del proceso.

46. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”24.

47. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”25. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”26.

48. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección modificará lo
decidido en el fallo impugnado y, en su lugar, declarará improcedente por no
superar el requisito general de relevancia constitucional, como se dispondrá en la
parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
25
Ibid.
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

18

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04587-01
Accionante: Unigravas S.A. en Liquidación

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 24 de julio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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