RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04589-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04589-00

Fecha
15 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04589-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico. SEGUNDO: NIÉGASE el amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04589-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

15 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C. quince (15) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04589-00
Accionante: Ángel Rafael Fontalvo Muñoz
Accionados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Consejo
Superior de la Judicatura y Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por Ángel
Rafael Fontalvo Muñoz contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el
Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico,
por haber terminado su nombramiento en provisionalidad como Juez Promiscuo
Municipal de Manatí (Atlántico), sin reconocer la protección constitucional que tenía en
su condición de prepensionado.

SÍNTESIS1

El accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida
digna, al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, por parte del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Consejo Superior de la Judicatura y el
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, con ocasión de las Resoluciones
número 0125 del 19 de mayo de 2016 y 0173 del 9 de junio de 2026, mediante las cuales
se negó la solicitud de estabilidad laboral por su condición de prepensionado y se
confirmó esa decisión, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 12 de junio de 2026, el señor Ángel Rafael Fontalvo Muñoz presentó, en nombre
propio, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, al debido proceso, a la seguridad
social y al mínimo vital. Según el accionante, esas garantías constitucionales fueron
vulneradas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Consejo
Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, con
ocasión de los actos administrativos mediante los cuales se negó la solicitud de

1 Temas: Demanda de tutela por acción u omisión de autoridad pública / Calidad de prepensionado / Terminación de

nombramiento en provisionalidad / Se niega el amparo.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04589-00
Accionante: Ángel Rafael Fontalvo Muñoz
Se niega el amparo

estabilidad laboral por su condición de prepensionado y, en consecuencia, se terminó su
nombramiento en provisionalidad en el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Manatí.

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

1.- AMPARAR mis derechos fundamentales al VIDA EN CONDICIONES DIGNAS,
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA – PREPENSIONALBLE -, SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD Y PENSION, MINIMO VITAL, IGUALDAD, (Art. 13 C.P.),
DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.P.).
2.- Como consecuencia de lo anterior, en el término de veinticuatro (24) horas
contados a partir de la notificación de la sentencia, se ordene al Tribunal Superior
de Barranquilla reconocer mi calidad de prepensionado y como resultado de ello
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, me reintegre a un cargo con funciones similares o equivalentes al que
ocupaba en el Juzgado Primero promiscuo municipal de Manatí, hasta que cumpla
con los requisitos de ley para poder solicitar mi pensión de jubilación.
3.- ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura – Nivel Central, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Atlántico y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla que, en ejercicio de sus funciones,
mantengan y paguen la afiliación del suscrito al sistema de seguridad social en
salud y pensión desde el 2 de junio de 2026 hasta el cumplimiento del requisito de
la edad o se produzca el reconocimiento de la pensión o hasta que sea nombrado
en provisionalidad en un cargo similar al que ocupaba como juez promiscuo
municipal (lo que primero ocurra)2. (mayúsculas y negrillas del original)

B. Hechos

3.De conformidad con lo expuesto en la demanda, los hechos que sustentan la solicitud
de amparo son los siguientes:

4.Desde el 11 de enero de 2001, el accionante desempeñó el cargo de Secretario
Nominado del Circuito, en propiedad, en el Juzgado Once Penal del Circuito Judicial de
Barranquilla.

5. Mediante Resolución del 25 de junio de 2013, el Tribunal Superior de Barranquilla
nombró al accionante en el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Manatí (Atlántico), en
provisionalidad.

6. Para poder ocupar el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Manatí (Atlántico), el
accionante solicitó una licencia no remunerada al cargo de Secretario Nominado del
Circuito Juzgado Once Penal del Circuito Judicial de Barranquilla, la cual le fue
concedida. Dicha licencia fue prorrogada mediante Resoluciones número 006 del 13 de
junio de 2019, número 006 del 6 de junio de 2021 y número 003 del 2 de junio de 2023.

7. El 21 de mayo de 2025, el accionante solicitó prórroga por tres años de la licencia no
remunerada. No obstante, mediante Resolución número 017 del 30 de mayo de 2025, el
Juzgado Once Penal del Circuito Judicial de Barranquilla negó esa solicitud y le indicó
que, vencido el término de la licencia concedida mediante la Resolución número 003 del
2 de junio de 2023, debía reintegrarse al cargo de Secretario Nominado del Circuito en
ese Juzgado.

2 Índice 2 del expediente digital en Samai.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04589-00
Accionante: Ángel Rafael Fontalvo Muñoz
Se niega el amparo

8.El 3 de junio de 2025, el accionante presentó renuncia al cargo de Secretario
Nominado del Circuito, la cual fue aceptada por la Resolución número 18 del 6 de junio
de 2025, expedida por el Juzgado Once Penal del Circuito Judicial de Barranquilla.

9. Mediante Resolución PCSJSR26-041 del 18 de febrero de 2026, el Consejo Superior
de la Judicatura conformó el Registro Nacional de Elegibles correspondiente al concurso
de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, entre ellos,
el de Juez Promiscuo Municipal de Manatí (Atlántico).

10. El 2 de marzo de 2026, el accionante solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico el reconocimiento de su condición de prepensionado y que se
garantizara su estabilidad laboral reforzada, bajo la figura del “retén social”. A su vez,
solicitó que se abstuvieran de proveer el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Manatí,
que ocupaba en provisionalidad, debido a la condición alegada.

11. En Oficio del 12 de marzo de 2026, el Tribunal Superior de Barranquilla le informó que
anexaría la petición a su hoja de vida, con el fin de que fuese objeto de análisis en caso
de presentarse una situación administrativa que ameritara definir la provisión de la
vacante definitiva del cargo que ocupaba el actor. Además, le indicó que, en ese caso,
efectuaría la correspondiente ponderación entre el derecho a la provisión de cargos por
el sistema de méritos y la estabilidad laboral reforzada alegada.

12. El 13 de marzo de 2026, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura publicó la relación de aspirantes por sede al cargo de Juez
Promiscuo Municipal, en la cual se evidenció que la vacante del cargo de Juez Promiscuo
Municipal de Manatí fue escogida por la señora Claudia Patricia Rivera de la Torre.

13. El 18 de marzo de 2026, el accionante solicitó al Tribunal Superior de Barranquilla que
nombrara a la señora Claudia Patricia Rivera de la Torre en el cargo de Juez Promiscuo
Municipal de Sabanalarga (para el cual participó en el concurso de méritos de la Rama
Judicial) y que se garantizara su estabilidad laboral reforzada. El 5 de mayo de 2026, el
accionante insistió en la solicitud.

14. Mediante Resolución número 0125 del 19 de mayo de 2026, el Tribunal Superior de
Barranquilla negó la solicitud de estabilidad laboral, y expuso que, cuando un servidor
público ocupa un cargo en provisionalidad, la condición de prepensionado no lo equipara
a quien tiene el nombramiento en propiedad, cuyos derechos prevalecen.

14.1. El
Tribunal añadió que la situación desfavorable o amenaza invocada por el
accionante tuvo origen en su propia voluntad, al renunciar al cargo que ostentaba en
propiedad. En ese sentido, afirmó que no resultaba aceptable la pretensión de protección
presentada por el actor, relativa a que se mantuviera su permanencia en el cargo de Juez
Promiscuo Municipal de Manatí, pues ello implicaría desconocer el derecho al mérito de
quien pueda optar por la dependencia judicial, sino también su propio acto de renuncia.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04589-00
Accionante: Ángel Rafael Fontalvo Muñoz
Se niega el amparo

14.2. Agregó que el cargo que el accionante ocupaba en provisionalidad se encontraba
sujeto a provisión definitiva mediante la lista de elegibles conformada el 18 de febrero de
2026 como resultado de un concurso de méritos y que existía una solicitud de la persona
inscrita en ese listado, que señaló como primera opción ser designada en propiedad en
ese cargo. Por lo anterior, el Tribunal afirmó que tenía el deber constitucional de dar
prevalencia al mérito, por lo que la estabilidad laboral invocada no podía ser un obstáculo
para el acceso al empleo público de quien participó y resultó seleccionada por medio del
sistema concursal.

15. Mediante Resolución número 133 del 21 de mayo de 2026, el Tribunal Superior de
Barranquilla nombró en propiedad a la señora Claudia Patricia Rivera de la Torre en el
cargo de Juez Primero Promiscuo Municipal de Manatí y dio por terminado el
nombramiento en provisionalidad del accionante en dicho cargo.

16. El 25 de mayo de 2026, el accionante interpuso recurso de reposición y, en subsidio
apelación, contra la Resolución número 0125 del 19 de mayo de 2026 proferida por el
Tribunal Superior de Barranquilla. Mediante Resolución número 0173 del 9 de junio de
2026, el Tribunal negó la reposición y resolvió no conceder la apelación.

16.1. El Tribunal expuso que en el acto administrativo recurrido no se desconoció que el
accionante era una persona en condición de prepensionado ni su dependencia
económica de ese cargo y afirmó que fue el accionante el que se situó en la condición de
vulnerabilidad, al renunciar voluntariamente al cargo que ostentaba en propiedad.

16.2. Por último, señaló que, desconocer la escogencia de la aspirante inscrita en la lista
de elegibles implicaría vulnerar los principios de mérito y prevalencia del concurso que
rigen la carrera judicial. En ese sentido, añadió que, si bien la renuncia al cargo de
Secretario estuvo precedida por la negativa de prórroga de la licencia, ello no desvirtúa
que la renuncia constituyó una decisión autónoma y libre.

C. Fundamentos de la vulneración

17. El accionante afirma que las Resoluciones número 0125 del 19 de mayo de 2026 y
0173 del 9 de junio de 2026 no resolvieron de fondo su solicitud, relativa al reconocimiento
de su condición de prepensionado y la estabilidad laboral reforzada.

18. Indica que el Tribunal “soslayó la favorabilidad”, pues la jurisprudencia de la Corte
Constitucional establece que el fuero de prepensionado cobija a quienes, teniendo las
semanas para acceder a la pensión, “están a 3 años o menos para alcanzar la edad
exigida en la ley para tal efecto”.

19. Expone que interpuso una demanda de tutela por la amenaza que constituía la
existencia del Registro de Elegibles para los Juzgados Promiscuos Municipales, la cual,
en sentencia del 14 de mayo de 2026, fue declarada improcedente, pues la situación no
había sido definida. Por esto, afirmó que la decisión que se somete a consideración en el
presente asunto no ha hecho tránsito a cosa juzgada.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04589-00
Accionante: Ángel Rafael Fontalvo Muñoz
Se niega el amparo

20. Afirma que la demanda de tutela es el único mecanismo que tiene a su alcance para
proteger sus derechos fundamentales, ya que la desvinculación le genera un perjuicio
irremediable, que implica una afectación grave al mínimo vital y seguridad social, en tanto
se impiden las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud.

21. Señala que padece dolores musculares, gastritis crónicas y “sospecha de glaucoma
por antecedente familiar” y que, si es desvinculado, “quedaría sin salud y se afectaría su
derecho a pensionarse”. Además, expone que el salario es su único sustento económico,
así como el de su esposa y su madre de 89 años, que dependen económicamente de él.

22. Además, tiene la condición de prepensionado, pues tiene 61 años y ha cotizado 1.856
semanas al a seguridad social en pensión, por lo que le faltan apenas 10 meses para
cumplir con los requisitos legales para acceder a la pensión, de conformidad con el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

D. Trámite procesal

23. Mediante auto del 18 de junio de 20263, se admitió la demanda de tutela y se notificó
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Consejo Superior de la
Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, como autoridades
accionadas.

E. Oposiciones e intervenciones

24. El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico4 (accionado) expuso, en primer
lugar, que dio trámite oportuno a la petición presentada por el accionante, pues la remitió
a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por ser la autoridad competente.

24.1. Afirma que, no obstante, las pretensiones del accionante solo pueden ser atendidas
por su nominador – Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barraquilla, por lo que solicitó
que se declarara la falta de legitimación por pasiva respecto de esa autoridad.

25. El Consejo Superior de la Judicatura5 (accionado) solicitó su desvinculación del
proceso de la referencia o, en su defecto, negar el amparo. Señaló que no tiene injerencia
en las pretensiones del accionante, pues el reconocimiento de la estabilidad laboral
reforzada compete a la autoridad nominadora.

25.1. Expuso que, el 25 de marzo de 2026 dio respuesta a la solicitud de reconocimiento
de estabilidad laboral reforzada elevada por el accionante y le informó el trámite
establecido para tal fin, así como que, corresponde a la respectiva autoridad nominadora
la definición de tales solicitudes.

25.2. Adicionalmente, frente a la solicitud de no ofertar la vacante del cargo de Juez
Promiscuo Municipal de Manatí, se le informó que la Ley Estatutaria de la Administración

3 Índice 5 del expediente digital en Samai.
4 Índice 10 del expediente digital en Samai.
5 Índice 12 del expediente digital en Samai.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04589-00
Accionante: Ángel Rafael Fontalvo Muñoz
Se niega el amparo

de Justicia y el Acuerdo 4536 de 2008 imponen a la autoridad nominadora la obligación
de, cada vez que se presente una vacante reportarla ante el Consejo Superior o Seccional
de la Judicatura y, en consecuencia, sea publicada dentro de los términos allí
establecidos.

26. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla 6 (accionado) solicitó que se
declarara la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. Además, solicitó que se vincule al trámite constitucional a la señora
Claudia Patricia Rivera de la Torre, quien ocupa en propiedad el cargo de Juez Promiscuo
Municipal de Manatí.

26.1. Afirmó que, el accionante sólo está pendiente del cumplimiento de la edad, pues tiene
1.856 semanas cotizadas. Sobre el asunto, de acuerdo con la sentencia SU-003 de 2018
de la Corte Constitucional, cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión
de vejez es el de la edad, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria el
fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionada, dado que el requisito faltante
puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente.

26.2. Indicó que, como el accionante pretende atacar actos administrativos, la demanda de
tutela resulta improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

27. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Solicitudes de desvinculación y vinculación

28. El Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico solicitan su desvinculación del proceso de la referencia; no obstante, la Sala
negará dicha solicitud, pues, de conformidad con la demanda de tutela, esas autoridades
fueron vinculadas al presente proceso de tutela en calidad de accionadas.

29. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla solicitó la vinculación de la
señora Claudia Patricia Rivera de la Torre al trámite constitucional. Sin embargo, la Sala
no advierte la necesidad de su vinculación, por cuanto el accionante alegó que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Consejo Superior de la Judicatura y el
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico vulneraron sus derechos fundamentales,
sin presentar reparo alguno contra la señora Rivera de la Torre.

6 Índice 14 del expediente digital en Samai.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04589-00
Accionante: Ángel Rafael Fontalvo Muñoz
Se niega el amparo

H. Sentido de la decisión

30. La Sala negará el amparo, pues no encuentra que las autoridades accionadas
hayan vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor.

I. Requisitos generales de procedibilidad

31. La Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos que habilitan la
procedencia de la acción de tutela, por cuanto: (i) el accionante identificó los hechos y
las razones en que se fundamenta la demanda, así como los derechos fundamentales
que considera vulnerados; (ii) el accionante utilizó los mecanismos judiciales a su
alcance, y (iii) la demanda se presentó dentro de un término razonable.

32.Además, la Sala precisa que la acción de tutela sí cumple con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que los mecanismos ordinarios no resultan eficaces ni
oportunos, debido al tema que se estudia, la edad del actor y su situación médica.

33. Además, la Corte Constitucional ha establecido que, tratándose de desvinculaciones
de funcionarios públicos, la posibilidad de configuración de un perjuicio irremediable gira
en torno al derecho al mínimo vital. Frente a la procedencia excepcional de la tutela para
solicitar el reintegro de los servidores públicos, la Corte indicó:

(…) la Corte ha enfatizado que, tratándose de desvinculaciones de funcionarios públicos,
la posibilidad de configuración de un perjuicio irremediable gira especialmente, en torno
al derecho al mínimo vital, “debido a que una vez quedan desvinculadas de sus trabajos,
pueden quedar expuestos a una situación de extrema vulnerabilidad, cuando su único
sustento económico era el salario que devengaban a través del cargo público 7”.

34. En el mismo sentido, esta Subsección se ha pronunciado frente a asuntos
relacionados con la estabilidad laboral reforzada alegada por los actores como
prepensionados y ha realizado un estudio de fondo acerca de esa calidad8.

J. Estabilidad laboral reforzada de prepensionados y estabilidad laboral relativa
de quienes ostentan cargos de libre nombramiento y remoción

35. La jurisprudencia constitucional9 ha establecido que, ostentan la condición de
“prepensionables” quienes se encuentran vinculados laboralmente al sector público o
privado, que están próximas –dentro de los 3 años siguientes– a acreditar los dos
requisitos necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad y el número de semanas
–o tiempo de servicio– requerido en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida
o el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) y consolidar
así su derecho a la pensión.

7 Corte Constitucional, sentencia T-063 de 2022, M.P. Alberto Rojas Ríos.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2022, radicado 25000-23-15-000-

2022-00511-01, C.P. Fredy Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de
abril de 2022, radicado 11001-03-15-000-2022-01430-00 , C.P. Alberto Montaña Plata.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-003 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04589-00
Accionante: Ángel Rafael Fontalvo Muñoz
Se niega el amparo

36. La Corte Constitucional dispuso que, la condición de prepensionado protege la
expectativa del trabajador de obtener su pensión de vejez, “ante su posible frustración
como consecuencia de una pérdida intempestiva del empleo”, por lo que ampara la
estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización efectiva al Sistema General de
Seguridad Social en Pensión.

37. Además, frente a esa condición, indicó lo siguiente:

Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, cuando el único requisito
faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad, dado que se acredita el
cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización, no hay lugar a
considerar que la persona es beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada
de prepensionable, dado que el requisito faltante de edad puede ser cumplido de
manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente. En estos casos, no se frustra el
acceso a la pensión de vejez (…)
En consecuencia, cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión de
vejez es el de la edad, dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo
de semanas de cotización, en caso de desvinculación, no se frustra el acceso a la
pensión de vejez, de allí que no haya lugar a considerar que la persona sea
beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que
el requisito faltante, relativo a la edad, puede ser cumplido de manera posterior, con o
sin vinculación laboral vigente. (negrillas de la Sala)

38. Por otro lado, en sentencia SU-691 de 201710, la Corte Constitucional señaló que las
personas nombradas en cargos de libre nombramiento y remoción, así como en los de
provisionalidad, no gozan de estabilidad laboral reforzada por la naturaleza del cargo y,
por tanto, no les son aplicables las reglas del “retén social en la que se incluyen los
prepensionados”.

39. Frente a la terminación del nombramiento en provisionalidad en los casos en los
cuales se nombra a un empleado de carrera, la Corte Constitucional señaló:

La terminación de una vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe
ser provista con una persona que ganó el concurso, no desconoce los derechos de los
servidores públicos en provisionalidad, pues precisamente la estabilidad relativa que se
le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor
derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos.

40. Así, para la Corte, los funcionarios que desempeñan cargos en provisionalidad gozan
de una estabilidad laboral relativa o intermedia, por cuanto la naturaleza del
nombramiento implica que es temporal, lo cual significa que pueden ser desvinculados,
entre otras razones, por la cesación de la situación que generó la vacancia o la provisión
del cargo por concurso de méritos.

41. Añadió que, la terminación del vínculo de un funcionario en provisionalidad, para
nombrar a un funcionario seleccionado mediante concurso público de méritos no
desconoce los derechos de quienes accedieron al cargo de forma transitoria, por cuanto
los servidores nombrados mediante un concurso público de méritos ostentan un mejor
derecho en comparación con los nombrados en provisionalidad, siempre y cuando se

10 Corte Constitucional, sentencia SU-691 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04589-00
Accionante: Ángel Rafael Fontalvo Muñoz
Se niega el amparo

respete la garantía mínima que se deriva del derecho fundamental al debido proceso y el
principio de publicidad.

K. El caso concreto

El accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la
seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso, por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Consejo Superior de la Judicatura y el
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, con ocasión de las Resoluciones
número 0125 del 19 de mayo de 2016 y 0173 del 9 de junio de 2026, mediante las cuales
se negó la solicitud de estabilidad laboral por su condición de prepensionado y se
confirmó esa decisión, respectivamente y, en consecuencia, se terminó su nombramiento
en provisionalidad en el cargo de Juez Primero Promiscuo Municipal de Manatí.

42. No obstante, se advierte que, aunque el actor alega que ostenta la calidad de
prepensionado, por lo cual, en su concepto, goza de estabilidad laboral reforzada, lo
cierto es que el accionante no ostenta dicha calidad, pues para febrero de 2026 contaba
con más de 1.300 semanas cotizadas.

43. De conformidad con la jurisprudencia constitucional citada en precedencia, el
derecho a la estabilidad laboral reforzada del prepensionado se garantiza únicamente
cuando al empleado le faltan menos de tres años para cumplir las semanas de cotización.

44. El artículo 33 de la Ley 100 de 199311 establece que, los requisitos para requisitos
para obtener una pensión de vejez son: (i) haber cumplido cincuenta y cinco (55) años
de edad si es mujer o sesenta y dos (62) años si es hombre y (ii) haber cotizado 1.300
semanas.

45. La Sala advierte que, a febrero de 2026, el accionante contaba con más de 1.300
semanas cotizadas, pues según el reporte suministrado por Colpensiones actualizado al
28 de febrero de 2026, tiene registradas 1.856 semanas. Adicionalmente, en el registro
civil de nacimiento se advierte que el accionante nació el 5 de abril de 1965, por lo tanto,
tiene 61 años. Así las cosas, el accionante alcanzaría todos los requisitos para obtener
su pensión el 5 de abril de 2027, fecha en la que cumplirá 62 años de edad.

46. De conformidad con lo expuesto y en aplicación de lo establecido por la Corte
Constitucional en sentencia SU-003 de 2018, la Sala evidencia que le asiste razón al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por cuanto el accionante no ostenta
la calidad de prepensionado, toda vez que el único requisito que le hace falta para el

11 “Artículo 33. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado

deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.
A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y
sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006
se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015 (…)”.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04589-00
Accionante: Ángel Rafael Fontalvo Muñoz
Se niega el amparo

reconocimiento de la pensión de vejez es la edad y, por tanto, no es beneficiario de la
protección constitucional de la estabilidad laboral reforzada.

47. Además, el Tribunal accionado expuso, en la Resolución número 0173 del 9 de junio
de 2026, que fue el mismo accionante quien decidió, de manera voluntaria, renunciar al
cargo que desempeñaba en propiedad.

48. En todo caso, la Sala considera pertinente precisar que en sentencia SU-691 de
201712, la Corte Constitucional señaló que las personas nombradas en cargos de libre
nombramiento y remoción, así como en los de provisionalidad, no gozan de estabilidad
laboral reforzada por la naturaleza del cargo y, por tanto, no les son aplicables las reglas
del “retén social en la que se incluyen los prepensionados”.

49. Aunque, según la jurisprudencia constitucional, los servidores públicos nombrados
en provisionalidad en cargos de carrera gozan de una estabilidad laboral relativa y, en
caso de sujetos de especial protección constitucional, la autoridad nominadora debe
otorgar un trato preferencial y adoptar las medidas necesarias “para que sean los últimos
en ser desvinculados”, la Sala reitera que, el accionante no goza de la referida protección
constitucional13.

50. De acuerdo con lo expuesto, la Sala no evidencia una vulneración de los derechos
invocados por el actor. Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto por la Corte
Constitucional14, no es posible conceder permanencia y estabilidad de manera indefinida
a personas que no han accedido a los cargos de carrera administrativa en virtud del
mérito, por lo que, teniendo en cuenta que el accionante no es un sujeto de especial
protección constitucional, las autoridades accionadas no se encuentran en la obligación
de conceder un trato preferencial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por el Consejo
Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.

SEGUNDO: NIÉGASE el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
accionante.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

12 Corte Constitucional, sentencia SU-691 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
13 Corte Constitucional, sentencia T-443 de 2022, M.P. Diana Fajardo Rivera.
14 Corte Constitucional, sentencia C-640 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04589-00
Accionante: Ángel Rafael Fontalvo Muñoz
Se niega el amparo

CUARTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.