Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04590-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04590-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04590-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
6 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04590-00
Demandante: José Joaquín Martínez Delgado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 6 de agosto de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04590-00
Demandante: JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ DELGADO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA TERCERA DE
DECISIÓN Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia que terminó proceso ejecutivo por
desistimiento tácito. Falta de relevancia constitucional. Reiteración de
argumentos
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por José Joaquín Martínez Delgado contra
el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, y el Juzgado Primero
Administrativo de Armenia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 16 de junio de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderado, José
Joaquín Martínez Delgado pidió la protección de su derecho fundamental al debido
proceso.
A juicio del tutelante, la vulneración se presenta con ocasión de las providencias del 13
de noviembre de 2024 y 22 de enero de 2026, dictadas por el Juzgado Primero
Administrativo de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de
Decisión, respectivamente, que declararon la terminación por desistimiento tácito del
proceso ejecutivo 3001-3333-001-2014-00198-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
A) Se sirva ampararle al accionante el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, vulnerado con
las providencias judiciales fechadas el 13 de noviembre de 2024 y el 22 de enero de 2026, que
profirieron respectivamente el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia y el
Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, mediante las cuales se declaró
terminado por desistimiento tácito un proceso EJECUTIVO que seguía contra la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN.
B) En consecuencia, déjense sin efecto las mencionadas decisiones y ordénese a los accionados
continuar con el trámite del proceso.
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Demandante: José Joaquín Martínez Delgado
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El señor José Joaquín Martínez Delgado prestó sus servicios como Asistente Judicial IV
en la Fiscalía General de la Nación desde el año 1992. El tutelante solicitó en sede
administrativa el reconocimiento del incremento del 2.5% en su asignación básica
mensual, solicitud que fue negada por la entidad mediante el oficio DSAF/DS 405 del 6
de abril de 2004 y la Resolución 250 del 10 de septiembre de 2004.
Como consecuencia de lo anterior, el 12 de julio de 2005, el tutelante promovió demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación con el
objeto de obtener la nulidad del acto administrativo expedido por la entidad y el
consecuente reconocimiento del incremento salarial solicitado en vía administrativa.
El proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Armenia con el radicado
63001233100020050153500. La pretensión se resolvió desfavorablemente en primera
instancia mediante sentencia del 11 de agosto de 2008; sin embargo, dicha decisión fue
revocada en apelación por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de
Decisión, mediante sentencia del 11 de mayo de 2009, que accedió a las pretensiones
del entonces demandante, por considerar que el incremento previsto en el artículo 17 del
Decreto 57 de 1993 era aplicable a los servidores de la Fiscalía que permanecieron en el
régimen antiguo de la Rama Judicial, el cual fue el caso del demandante.
Como consecuencia de la omisión en el pago oportuno de la condena, el señor Martínez
Delgado promovió proceso ejecutivo ante el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Armenia, bajo el radicado 63001-3333-001-2014-00198-00.
El juzgado libró mandamiento de pago mediante auto de 2 de septiembre de 2014; en
consecuencia, ordenó a la fiscalía pagar al accionante los valores que resultaren de
liquidar el 2.5% del artículo 17 Decreto 057/1993 sobre salario básico y demás factores
señalados en la sentencia, desde la consolidación del derecho, con efectos fiscales
desde el 13 de abril de 2001, actualizados según el art. 178 CCA.
La entidad ejecutada formuló excepciones, las cuales fueron denegadas mediante
decisión del 10 de febrero de 2015, que ordenó seguir adelante la ejecución.
El 30 de julio de 2022, el ejecutante presentó la liquidación del crédito, la cual fue
aprobada por el Juzgado Primero Administrativo de Armenia mediante auto del 9 de
noviembre de 2022, por encontrarla ajustada a derecho conforme al artículo 446 del
Código General del Proceso1.
1 Artículo 446. Liquidación del crédito y las costas. Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las
siguientes reglas:
1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las
excepciones, siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá presentar la
liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y
si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el
mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.
2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma prevista en el artículo 110, por el término de
tres (3) días, dentro del cual solo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite deberá
acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye
a la liquidación objetada.
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto, que solo será apelable cuando resuelva una
objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de
bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación.
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Demandante: José Joaquín Martínez Delgado
Con posterioridad a dicha aprobación, en el expediente se registraron las siguientes
actuaciones:
• El 16 de enero de 2023, se informó cambio de correo electrónico del demandante.
• El 30 de enero de 2023, la Fiscalía General de la Nación solicitó copia de la
liquidación de costas;
• El 6 de septiembre de 2023, la parte actora solicitó acceso al expediente
electrónico en la plataforma SAMAI.
• El 17 de junio de 2024 se radicó solicitud de copia de la sentencia formulada por
la empresa “Litigando”, la cual fue respondida el 21 de junio de 2024.
Mediante auto del 13 de noviembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Armenia declaró la terminación del proceso ejecutivo por desistimiento tácito,
con fundamento en el artículo 317, numeral 2, literal b, del Código General del Proceso2.
El despacho consideró que, desde el 9 de noviembre de 2022, fecha del auto que aprobó
la liquidación adicional del crédito, habían transcurrido más de dos años sin que las partes
cumplieran con las cargas procesales que la norma exige para que el proceso continuara
su curso. Señaló, además, que no había lugar a ordenar el levantamiento de medidas
cautelares, por no haber surtido efecto.
Inconforme con la decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación. Sostuvo, en síntesis: (i) que antes de decretar el desistimiento
tácito debía revisarse el caso concreto; (ii) que el juzgado omitió requerir al demandante,
conforme al numeral 1 del artículo 317 del CGP, para que cumpliera en 30 días la carga
relativa a las medidas cautelares; (iii) que el Banco BBVA había informado que atendería
lo ordenado por el despacho respecto de dichas medidas; y (iv) que entre el 9 de
noviembre de 2022 y el 13 de noviembre de 2024 se presentaron varias actuaciones que,
a su juicio, interrumpieron el término de dos años previsto en el literal c) del artículo 317
del CGP.
Mediante auto del 5 de noviembre de 2025, el juzgado no repuso la decisión recurrida.
Sostuvo que, conforme a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia
STC11191-2020, la expresión “cualquier actuación” contenida en el literal c), no podía
interpretarse de manera literal, sino en función de la finalidad del desistimiento tácito, de
modo que solo interrumpían el término las actuaciones idóneas y apropiadas para
impulsar el proceso hacia su satisfacción.
Concluyó que ninguna de las actuaciones enunciadas por el recurrente tenía esa
idoneidad, por tratarse de solicitudes de copias, de acceso al expediente o de información
sobre dependencias judiciales. Precisó que el requerimiento previo de 30 días del
4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en los casos previstos en la ley, para lo cual se
tomará como base la liquidación que esté en firme.
2 Artículo 317. Desistimiento tácito. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:
(...)
2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del
despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados
desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la
terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios
a cargo de las partes.
El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:
(...)
b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo
previsto en este numeral será de dos (2) años.
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numeral 1 del artículo 317 del CGP no era aplicable al supuesto del literal b) del numeral
2, bajo el cual se decretó la terminación del proceso. En la misma providencia concedió,
en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente.
El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, mediante auto del 22
de enero de 2026, confirmó la decisión apelada por considerar que con apoyo en
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (sentencia STC422 del 25 de enero de
2023) y de la Corte Constitucional (sentencia C-713 de 2019 y C-1194 de 2008),
tratándose de un proceso ejecutivo con sentencia o auto que ordena seguir adelante la
ejecución, solo interrumpen el término de dos años, las actuaciones relacionadas con la
liquidación o actualización del crédito, o dirigidas a satisfacer la obligación cobrada.
Consideró que ninguna de las actuaciones surtidas entre el 9 de noviembre de 2022 y el
13 de noviembre de 2024 reunía esas condiciones, por corresponder a solicitudes de
copias, de acceso al expediente o de información sobre el cambio de correo electrónico
del demandante.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora no explicó si la acción cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, señaló que la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, incurrió en:
Defecto sustantivo por interpretación errónea del literal c) del numeral 2 del artículo 317
del CGP, al restringir el alcance de la expresión «cualquier actuación» prevista para la
interrupción del término de desistimiento tácito, cuando, en su criterio, el tenor literal de
la norma no admite tal restricción y la actuación interruptora no tiene que provenir
necesariamente del demandante.
Defecto fáctico, por cuanto las autoridades judiciales no valoraron adecuadamente,
como actuación idónea para interrumpir el término, la solicitud que la Fiscalía General de
la Nación formuló el 30 de enero de 2023 para obtener copia de la liquidación de costas,
la cual, a su juicio, constituyó un indicio de la intención de la entidad ejecutada de pagar
la obligación. Para sustentar este argumento, citó la sentencia STC422 del 25 de enero
de 2023 de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia.
5. Trámite
Por auto del 19 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y dispuso
la notificación, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Quindío, Sala Tercera de Decisión, y a la jueza Primera Administrativa de Armenia.
En calidad de tercero con interés, se dispuso la vinculación de la fiscal general de la
Nación.
La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas en el
auto admisorio, mediante correos electrónicos del 23 de junio de 2026.
6. Intervenciones
El Juzgado Primero Administrativo de Armenia remitió el expediente digitalizado del
proceso ejecutivo. Nada dijo sobre las pretensiones de la tutela.
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El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión y la Fiscal General
de la Nación no intervinieron, pese a que, como se vio, fueron notificados de la admisión
de la demanda de tutela de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por José
Joaquín Martínez Delgado contra las providencias del 13 de noviembre de 2024 y 22 de
enero de 2026, dictadas por el Juzgado Primero Administrativo de Armenia y el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, respectivamente, que declararon
la terminación por desistimiento tácito del proceso ejecutivo 3001-3333-001-2014-00198-
00/01.
La Sala anticipa que la tutela no cumple el requisito general de relevancia constitucional,
por cuanto la demanda reitera argumentos que fueron expuestos y decididos en el
proceso ejecutivo. En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela
promovida por el señor José Joaquín Martínez Delgado.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del
caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
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en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
Si bien la parte actora adujo que las providencias del 13 de noviembre de 2024 y 22 de
enero de 2026, dictadas por el Juzgado Primero Administrativo de Armenia y el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, incurrieron en defecto sustantivo y
fáctico, al confirmar el auto que declaró el desistimiento tácito de la demanda, lo cierto es
que sustenta la acción de tutela en argumentos expuestos y decididos en el proceso
ejecutivo, toda vez que insiste en discutir que sí se realizaron actuaciones que
interrumpieron el plazo de que trata el artículo 317 numeral 2), literal b), del Código
General del Proceso. Veamos.
En el recurso de apelación formulado por la parte actora contra el auto de 13 de
noviembre de 2024, dictado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Armenia, señaló lo siguiente:
1. El Juzgado debió dar acatamiento al numeral 1 del artículo 317 CGP ordenando al demandante
cumplir en treinta días la carga o acto correspondiente a las medidas cautelares.
El demandante había solicitado y obtenido del Juzgado el decreto de medidas cautelares
consistentes en el embargo de dineros de la ejecutada en una institución bancaria (BBVA) en el mes
de mayo de 2022, la cual, una vez oficiada, contestó que tomó nota de la aplicación de la medida; y,
aunque informó también que la cuenta gozaba del beneficio de inembargabilidad, agregó que
atendería lo dispuesto según orden de llegada.
Hay que advertir también que el demandante presentó el 30 de julio de 2022 una liquidación del
crédito, la cual recibió aprobación del Juzgado el 9 de noviembre del mismo calendario, actividad
esta que tenía, obviamente, como objeto tener certeza del monto de la obligación, pues se habían
entablado por el demandante de manera personal conversaciones con la ejecutada para la solución
pacífica de la obligación.
Conversaciones informales que seguramente motivaron a dicha parte –Fiscalía General de la
Nación- a pedirle al Juzgado el 30 de enero de 2023 la mencionada liquidación del crédito para
evitar que el BBVA sufriera el embargo de la cuenta o cuentas de la Fiscalía.
O sea, no existió una real y verdadera parálisis injustificada del proceso. Así que, como lo tiene dicho
la jurisprudencia sobre el tema, la sanción de terminación del proceso no puede aplicarse
automáticamente, sino que hay que revisar siempre cada caso concreto para examinar la
procedencia de dicha figura procesal.
Entonces, se sostiene que la actuación o trámite para la efectividad de las medidas cautelares contra
la ejecutada fue la que debió proseguir la parte demandante, paralizada no solo por la respuesta del
BBVA, sino también por la esperanza que se tenía en aquella de que iba a pagar por otro canal la
obligación judicialmente reclamada.
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Consecuentemente, la conminación del juzgado al demandante en el auto que se recurre debió haber
sido la prevista en el numeral 1. del artículo 317 CGP para continuar el trámite de la actuación
cautelar que promovió, ordenándole cumplir dicha carga o gestionarla en el plazo de 30 días
siguientes.
Por lo expuesto, se solicita del Juzgado con todo respeto, que reconsidere el auto del 14 de
noviembre de 2024 para que lo REVOQUE o MODIFIQUE en el sentido de que, en aplicación del
numeral 1 del artículo 317 CGP, se le concede al demandante el plazo de treinta (30) días para
continuar la actuación relativa a las medidas cautelares.
2. Interrupción del término o plazo para el cómputo previsto en el artículo 317 CGP
La citada disposición consagra el supuesto de hecho o hipótesis consistente en que, cuando el
proceso o actuación permanezca inactivo en la secretaría durante el plazo de un año, porque no se
solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año, se decretará la terminación por
desistimiento tácito.
(…)
Pues bien. Al revisar el expediente encontramos registradas las siguientes ANOTACIONES, a partir
del 9 de noviembre de 2022, fecha mencionada en el auto que se protesta:
1) 9 DE NOVIEMBRE DE 2022= Auto aprueba liquidación
2) 16 DE ENERO 2023= Informe cambio email demandante
3) 30 DE ENERO DE 2023= Fiscalía solicita acto de liquidación
4) 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023= Solicitud acceso SAMAI
5) 17 DE JUNIO 2024 =“Litigando” pide sentencia
6) 21 DE JUNIO 2024= Respuesta a “Litigando” sentencia primera instancia.
Actuaciones que nos permiten afirmar que, salvo en la primera, en todas las restantes no han
transcurrido los dos años exigidos por la norma a la que se le dio aplicación para decretar el
desistimiento tácito.
Las cuales son admisibles para interrumpir el término pues, se trata de “actuaciones de parte” de
distinta clase, o “de cualquier naturaleza”, como enfatiza la norma en que se apoyó el despacho.
Se destaca especialmente la actuación de la parte ejecutada, consistente en que se le expida o
remita acta de liquidación del crédito, la que realizó el 30 de enero de 2023, seguramente con miras
en la finalización o cumplimiento de la sentencia en favor del demandante en cuyas conversaciones
informales andaban desde el año anterior ambas partes, según se mencionó atrás.
Fecha esta de enero 23 de 2023 que permite establecer que no han transcurrido los dos años
exigidos por el inciso 2 literal b) del artículo 317 CGP para decretar la terminación del proceso por
desistimiento tácito, pues resulta inexorable aplicar a la actuación de la Fiscalía General de la Nación
al solicitar copia de la liquidación del crédito, la consecuencia que establece el literal c) de la misma
norma, que consagra:
“Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los
términos previstos en este artículo;”
Al no determinar esta regla que esa actuación cualquiera debe provenir solo o exclusivamente del
demandante, hay que concluir sin dubitación que puede ser a petición de “cualquier” parte, lo cual
incluye a la demandada.
En el mismo sentido, la demanda de tutela indica lo siguiente:
Para el demandante, y respetando profundamente la interpretación que los accionados hacen del
literal c) de la norma debatida, apoyados en precedente de la Corte Constitucional y de la Corte
Suprema de Justicia, la frase “cualquier actuación” no puede ser restringida en su interpretación
porque no es ambigua u oscura. Cualquier actuación es cualquier actuación. Y aquí existió una
actuación de parte de la ejecutada, hipótesis prevista en la norma, pues la actuación no
necesariamente tiene que provenir del demandante.
Es decir, el tenor literal de la norma es supremamente claro: cualquier actuación.
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Demandante: José Joaquín Martínez Delgado
Tan tajante es la norma que le agrega enseguida el calificativo “de cualquier naturaleza”
Lo cual significa que no resulta conforme a derecho pretender buscar su verdadero significado, el
cual el texto de la norma no autoriza para buscar porque no contiene laguna, ni vacío, ni ambigüedad.
Así pues, no hay por el Tribunal ni el Juzgado una adecuada, justa y acertada determinación en la
interpretación del contenido la norma. Lo cual, en nuestro criterio, conduce a la demostración de un
yerro o defecto sustantivo que se traduce en violación al debido proceso.
Porque inclusive nuestra ley sustancial civil expresa que cuando el sentido de la ley sea claro, no se
desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu (Art. 27). En la norma no encontramos
ninguna expresión oscura: cualquier actuación, de cualquier naturaleza.
(…)
Si un demandado, en cualquier proceso o actuación solicita el estado de su cuenta, no podemos
deducir de ahí otra cosa diferente a que persigue con la obtención de este dato, saber cuánto suma
debe, cuánto deber pagar.
Con lo cual satisface el demandante la consideración a que se refiere la sentencia STC422 de 25 de
enero de 2023 de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, transcrita en su parte pertinente por el
Tribunal Administrativo del Quindío en el auto contra el cual se acciona, al poner de presente que,
En suma, la “actuación” deber ser apta y apropiada y para “impulsar el proceso” hacia su
finalidad...” finalidad que no puede entenderse sino como dirigida al pago del crédito por la parte
ejecutada.
Pues si el propósito de obtener la liquidación de costas la Fiscalía era conocer el otro componente
de la cuenta (costas, pues ya debía tener el de la liquidación del crédito), lógicamente que aquella
finalidad era la de realizar el pago, conducta que solo es posible de ser cumplida por el deudor.
Y aunque no tiene el demandante prueba de ello, se reitera que por aquella época en que la Fiscalía
solicitó el acta de liquidación de costas, habían tenido las partes conversaciones extraprocesales
que buscaban poner fin al proceso mediante el pago de la obligación por parte de la Fiscalía.
(…)
No debe olvidarse tampoco que la terminación del proceso solo se pronuncia cuando el ejecutado
paga las costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 461 CGP, lo cual se supone era del
conocimiento de la entidad ejecutada y, precisamente, por carecer de este dato, fue que solicitó el
acta de liquidación de su monto.
La solicitud de la Fiscalía sobre copia de la liquidación de costas, es del 30 de enero de 2023, lo que
quiere decir que aquella interrumpió el término para que operara el fenómeno de terminación del
proceso por desistimiento tácito. Entonces, los dos años para dicho efecto solo se cumplirían el 30
de enero de 2025.
Sin embargo, esos argumentos ya fueron resueltos en la providencia cuestionada, así:
Conforme lo anterior, como el presente se trata de un coercitivo o lo que es lo mismo de un proceso
ejecutivo con base en una sentencia o auto que ordena seguir adelante con la ejecución, las
actuaciones que se convalidan para interrumpir el término de dos años para la aplicación del
desistimiento tácito, son aquellas relacionadas con presentar liquidaciones o actualizaciones del
crédito o las que tienen la finalidad de satisfacer la obligación cobrada, es decir, aquellas que
pretenden materializar medidas cautelares o que se relacionan con entregas de títulos,
fraccionamiento de los mismos o pagos.
En ese orden, las actuaciones que se evidencian en el proceso en el interregno de los dos años que
se predican de inactividad de la parte demandante son: El 16 de enero de 2023 la parte ejecutante
informó sobre el cambio de correo electrónico; el 30 de enero siguiente la Fiscalía General de la
Nación solicita copia de la liquidación de costas; obra una solicitud de acceso al expediente
electrónico del 06 de septiembre de 2023, como también la empresa “Litigando”, que no es parte
procesal y pretende de 2024, a la que se da respuesta mediante providencia del 21 de abril siguiente.
Ninguna de las actividades ya referenciadas y que fueron desplegadas en el proceso son aptas o
apropiadas para dar un impulso hacia su finalidad, tal cual es dar propósitos serios de solución a la
controversia, más cuando en etapa de ejecución, se debe perseguir la liquidación del crédito, su
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04590-00
Demandante: José Joaquín Martínez Delgado
actualización o la materialización de medidas tendientes al pago efectivo, parámetros ausentes en
las actuaciones arriba relacionadas.
De igual manera se indica que no resulta aplicable que se le hubiera realizado un requerimiento por
el término de 30 días para que la parte realizara alguna actuación dentro del proceso, en tanto, el
artículo 317 del CGP ya transcrito, contiene diferentes condiciones para que se aplique el
desistimiento tácito, dos de ellas son las que se mencionan en este auto, la primera es que
transcurran más de dos años de inactividad procesal y la segunda es que, consecuencia de la
desatención del requerimiento judicial para realizar una actuación en el término de 30 días opere
dicha figura.
Quiere decir lo anterior que las causales en mención no pueden ser estudiadas en conjunto o como
un complemento, en cuanto ambas tienen orígenes diferentes; la primera causal del desistimiento
tácito está soportada en una prolongada inactividad procesal de la parte interesada que debe superar
los dos años; por otra parte, la que pide el ejecutante que se aplique, da lugar a la declaratoria del
desistimiento por el incumplimiento de una orden o requerimiento judicial.
En ese orden, no puede otorgarse la razón a la parte ejecutante, comoquiera que el desistimiento
tácito que se le aplicó es la consecuencia normativa de su inactividad procesal que se prolongó por
más de dos años; lo cual es una causal autónoma que se configura respecto de la institución en
estudio.
Como se ve, la parte actora formuló en la acción de tutela inconformidades que coinciden
con las que expuso en el proceso ejecutivo. En efecto, la parte actora reabre los temas
relacionados con la interpretación de la norma que establece el desistimiento tácito y lo
que a su juicio constituye “cualquier actuación” para efectos de determinar cuándo se
debe finalizar el proceso ejecutivo por esta causa. Asimismo, discute el alcance que
considera debía dar la autoridad judicial a las actuaciones que se habían surtido en el
proceso. Por consiguiente, resulta evidente que la tutela busca revivir la discusión
propuesta en el proceso ejecutivo. En últimas, el demandante pretende imponer su
criterio en cuanto a la obligación que considera tenía la autoridad judicial de mantener en
marcha el proceso de ejecución.
Siendo así, como se expuso, aunque el demandante alega que la providencia objeto de
tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en defecto sustantivo y fáctico, lo cierto
es que lo que pretende es que se reabra el debate respecto de la interpretación de la
norma consagrada en el CGP que establece la terminación del proceso ejecutivo por
desistimiento tácito.
Lo anterior es suficiente para declarar improcedente la acción de tutela, por no estar
cumplido el requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones
expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
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4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador6
6 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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