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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04607-00

Fecha
14 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04607-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

14 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04607-00 (7325)
Accionante: Andrés Felipe Tobón Villada
Accionados: Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes y la excongresista Gloria Elena Arizabaleta
Corral

Tema: tutela para obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Subtema 1: suspensión en el ejercicio del cargo del presidente. Subtema 2:
requisito lógico-jurídico.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Andrés Felipe Tobón Villada contra
la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y
otra.

1. Síntesis del caso

El señor Andrés Felipe Tobón Villada presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, que consideró vulnerados por la
Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y
por la excongresista Gloria Elena Arizabaleta Corral, con ocasión del auto del 10 de
junio de 2026 que ordenó suspender provisionalmente del ejercicio del cargo al
señor presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04607-00 (7325)
Accionante: Andrés Felipe Tobón Villada
Accionado: Comisión Legal de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes

2. Antecedentes

2.1. Hechos y argumentos del escrito de tutela

1. El señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro
Urrego, fue elegido para el periodo constitucional 2022-2026 y es beneficiario del
régimen constitucional especial previsto en los artículos 174, 175, 178, 194 y 199
superiores.

2. La excongresista Gloria Elena Arizabaleta Corral profirió auto dentro de la
investigación núm. 7525 adelantada contra el presidente de la República en la
Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el
10 de junio de 2026, en el que ordenó la suspensión del señor Gustavo Francisco
Petro Urrego en el ejercicio del cargo hasta el 21 de junio de 2026.

3. Según la parte tutelante, dicha providencia fue adoptada de manera
unipersonal, a pesar del fuero presidencial del que es beneficiario el señor Gustavo
Francisco Petro Urrego, y sin la intervención de la plenaria de la Cámara de
Representantes o del Senado de la República, por lo que constituyó una alteración
sustancial del diseño constitucional colombiano. Además, la congresista carecía de
competencia, por lo que incurrió en un defecto orgánico y vulneró el principio de
separación de poderes y del orden democrático.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

4. El señor Andrés Felipe Tobón Villada solicitó al juez constitucional1 que
ampare sus derechos fundamentales al debido proceso y a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, y de los principios de supremacía
constitucional y de separación de poderes, y, en consecuencia, que ordene lo
siguiente:

PRIMERO: [Dejar] sin efectos el "Auto de Sustanciación No. 002" del 10 de junio de
2026, proferido por la Representante Investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral, por
haber sido adoptado por una autoridad manifiestamente incompetente, con violación
directa de los artículos 4, 174, 175, 194 y 199 de la Constitución Política.

SEGUNDO: […] a las autoridades accionadas abstenerse de ejecutar cualquier
actuación derivada de dicho auto mientras no se surta el procedimiento constitucional
previsto para el juzgamiento del Presidente de la República2.

5. El tutelante pidió, como medida cautelar, que se ordenara la suspensión de los
efectos del auto acusado con fundamento en la concurrencia de la apariencia de
buen derecho y en el peligro en la demora, debido a que la suspensión provisional
del presidente de la República genera efectos inmediatos sobre el proceso electoral
del 21 de junio de 2026 y la institucionalidad democrática. Afirmó que tiene

1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04607-00 índice 2, certificado C34D4718838CB8F4
3295383535D3CB29 2284624B63FE80EA 633AB55DA2219ADC.
2 Se transcribe incluso con errores de texto.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04607-00 (7325)
Accionante: Andrés Felipe Tobón Villada
Accionado: Comisión Legal de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes

legitimación en la causa por activa por su doble condición de ciudadano colombiano
y de servidor público de elección popular.

2.3. Trámite procesal

6. El conocimiento inicial de la presente acción de tutela correspondió a la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá, corporación que profirió auto el 12 de junio
de 20263 en el que ordenó la remisión inmediata de las diligencias al Consejo de
Estado, de conformidad con el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, toda vez que la demanda está
relacionada de manera directa con el señor presidente de la República.

7. En esta corporación, el despacho ponente, mediante auto del 22 de junio de
20264, admitió la solicitud de amparo; vinculó al trámite como tercero con interés al
señor presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego; requirió a la
Cámara de Representantes del Congreso de la República para que certificara si el
auto del 10 de junio de 2026 se encontraba en firme; tuvo como pruebas los
documentos aportados con la demanda; negó la medida cautelar pedida y ordenó
las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

8. El señor Jairo Fabián Corzo Ordoñez, en su condición de secretario de la
Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes,
contestó que informó a la mesa directiva de la comisión la existencia de la presente
tutela con el fin de que sus integrantes emitieran el pronunciamiento
correspondiente5.

9. La señora Olga Lucía Velásquez Nieto, en su condición de representante
investigadora de la Comisión, expuso que la exrepresentante Gloria Elena
Arizabaleta Corral, quien profirió el auto del 10 de junio de 2026 objeto de tutela, fue
apartada de forma inmediata y definitiva del conocimiento de la actuación núm.
7525, pues la Procuraduría General de la Nación la suspendió en el ejercicio de su
cargo6.

10. Indicó que, por el anterior motivo, le fue asignado el conocimiento de la
investigación núm. 7525 y que adelanta el trámite de discusión de un auto de nulidad
que debía ser sometido a aprobación de la Comisión. Solicitó su desvinculación de
la acción. Agregó lo siguiente:

De igual manera, como quedó fijado en el auto proferido por la anterior Representante
Investigadora, la medida de suspensión provisional contra el Presidente de la

3 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04607-00 índice 2, certificado 4DE866490F6A9E6A
F7B950E60C205594 68CCD5E11762A7E8 CDC6CC42E3EF4A1D.
4 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04607-00 índice 4, certificado F9B6B1D9E285776D

2F9021DB7065BCFA BD8B8672334E7A82 68EF954CA19DEC63.
5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04607-00 índice 8, certificado 81E22E971835501E

340273CEA492FF6B 6401827EC323A793 021233FDE82ADA3F.
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04607-00 índice 10, certificado 2E13EB86F31F2611

631F5D12F2CD2425 DFD988BCDCB490F3 6B3DD80334A47858 .
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04607-00 (7325)
Accionante: Andrés Felipe Tobón Villada
Accionado: Comisión Legal de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes

República fue decretada hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m. En
consecuencia, al haber vencido dicho término, la medida dejó de producir efectos
jurídicos, desapareciendo así la situación que dio lugar a la presentación de la
presente acción de tutela7.

11. Por último, el señor presidente de la República Gustavo Francisco Petro
Urrego, por conducto de apoderado judicial, coadyuvó las pretensiones de amparo
por argumentos similares a los contenidos en el escrito de tutela8.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

12. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por el señor Andrés Felipe Tobón Villada contra la
Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otra.

3.2. Procedencia de la acción de tutela

13. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley.

14. Cuando el mecanismo constitucional no está dirigido en contra de una
providencia judicial, además de la legitimación en la causa por activa y pasiva, son
dos los requisitos de procedencia: la subsidiariedad y la inmediatez 9. El primero
exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
busque evitar un perjuicio irremediable10; y el segundo consiste en que se acuda
ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario, «[…]
la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»11.

3.3. Problema jurídico

15. La Sala debe determinar si ¿las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político del tutelante con el auto del 10 de junio de 2026
proferido dentro de la investigación núm. 7525, adelantada contra el presidente de
la República?

7 Se transcribe incluso con errores de texto.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04607-00 índice 12, certificado 68EEC1EA835717EB
23F04CE60AE669DD 7FDB2A1E6AA672CD 855E779D3B0D7C9E.
9 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
10 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
11 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en sentencia SU-084 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04607-00 (7325)
Accionante: Andrés Felipe Tobón Villada
Accionado: Comisión Legal de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes

3.4. Caso concreto

16. En el asunto bajo estudio, el señor Andrés Felipe Tobón Villada presentó
escrito de tutela el 11 de junio de 2026, pues consideró vulnerados sus derechos
fundamentales por la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara
de Representantes y por la excongresista Gloria Elena Arizabaleta Corral, con el
auto del 10 de junio de 2026 proferido dentro de la investigación núm. 7525
adelantada contra el presidente de la República.

17. De acuerdo con las pruebas aportadas al expediente de tutela, en efecto, se
observa que la exrepresentante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta Corral12 emitió
la mencionada providencia, en la que ordenó suspender al señor Gustavo Francisco
Petro Urrego en el ejercicio del cargo de presidente de la República hasta el 21 de
junio de 2026.

18. Pues bien, sería del caso analizar si la solicitud de amparo cumple con los
presupuestos generales de legitimación en la causa por activa y pasiva, de
subsidiariedad y de inmediatez; pero la Sala advierte la configuración de una
situación que impide emitir una decisión de fondo.

19. Revisado el escrito de tutela, el accionante acusa la vulneración de sus
derechos fundamentales a la suspensión del señor Gustavo Francisco Petro Urrego
como presidente de la República desde el 10 hasta el 21 de junio de 2026. No
obstante, es un hecho notorio13 que la mencionada providencia nunca surtió efectos
jurídicos, puesto que el primer mandatario no fue apartado de su cargo y continuó
en el ejercicio de sus funciones.

20. En este punto, es preciso recordar que la Corte Constitucional ha manifestado
que la acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales de forma
efectiva, inmediata y concreta, cuando dichas garantías resulten vulneradas o
amenazadas por la acción u omisión de una autoridad o de particulares. En ese
sentido, la inexistencia de una conducta censurable torna improcedente el medio de
control. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido que se trata de un requisito
de orden lógico-jurídico, en los siguientes términos:

En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003, la T-883
de 2008 o la T-130 de 2014, entre otras, al afirmar que “partiendo de una
interpretación sistemática, tanto de la Constitución, como de los artículos 5º y 6º del

12 La Procuraduría General de la Nación la apartó del cargo en Resolución 0343 del 12 de junio de 2026.
13 Corte Constitucional, sentencia T-014 de 2025:

«255. Para determinar si se configuró un hecho notorio, a partir de las referidas notas de prensa, la Sala Quinta
de Revisión se remite a lo definido por el Consejo de Estado en su Sentencia del 14 de abril de 2016, proferida
por la Sección Primera de su Sala Contencioso Administrativa. A la luz de la normatividad procesal civil aludida
en esa providencia, “…los hechos notorios son hechos públicos, conocidos tanto por las partes como por un
grupo de personas de cierta cultura, que pertenecen a un determinado circulo social o gremial. La existencia de
un hecho notorio exime de prueba y el juez debe tenerlos por cierto”.
256. Esa misma providencia retomó los elementos enunciados por el tratadista Jairo Parra Quijano para estimar
si se configuró o no un hecho notorio. Esos criterios son los siguientes: (i) no se requiere que el conocimiento
sea universal; (ii) no es necesario que todos lo hayan presenciado, basta que las personas de mediana cultura
lo conozcan; (iii) el hecho notorio puede ser permanente o transitorio, lo importante es que las personas de
mediana cultura y el juez lo conozcan, y (iv) el hecho notorio debe alegarse en el proceso civil, en materia penal
no requiere que se alegue y debe tenerse en cuenta, sobre todo, cuando favorece al procesado».
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04607-00 (7325)
Accionante: Andrés Felipe Tobón Villada
Accionado: Comisión Legal de Investigación y Acusación de la
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(Decreto 2591 de 1991), se deduce que la acción u omisión cometida por los
particulares o por la autoridad pública que vulnere o amenace los derechos
fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la procedencia de la acción tuitiva
de derechos fundamentales (...). En suma, para que la acción de tutela sea
procedente requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las
acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan
(…)”, ya que “sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho
fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al
interesado (…)”.

21. Esta Sala comparte la tesis de la Corte Constitucional acerca de la necesidad
de cumplimiento del requisito lógico-jurídico para la procedencia de la acción de
tutela, toda vez que el análisis de la vulneración de derechos fundamentales parte
de la existencia de la acción u omisión que se le atribuye a la autoridad o al particular
demandado.

22. Cabe aclarar que dicho requisito no puede ser confundido con la negativa de
las pretensiones de amparo derivada de la ausencia de violación de garantías
constitucionales, situación en la cual sí ocurrió una actuación activa o pasiva de la
accionada, pero esta no causó el daño atribuido en el escrito de amparo. El
presupuesto lógico-jurídico supone que no sucedió la acción u omisión a la que se
le imputa el quebranto del orden superior.

23. En esta oportunidad, la Subsección no desconoce que el auto del 10 de junio
de 2026 fue suscrito por la exrepresentante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta
Corral dentro de la investigación núm. 7525 seguida en la Comisión Legal de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente de
la República.

24. Sin embargo, desde una perspectiva de la realidad de los hechos, la actuación
a la cual el señor Andrés Felipe Tobón Villada le atribuyó la vulneración de sus
derechos fundamentales no existió, puesto que dicha decisión nunca surtió efectos
jurídicos, ya que el señor Gustavo Francisco Petro Urrego no fue suspendido de su
cargo y funciones.

4. Conclusión

25. En consecuencia, dado que no se acreditó el requisito lógico-jurídico necesario
para emitir una decisión de fondo, la Sala declarará la improcedencia de la acción
de tutela.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04607-00 (7325)
Accionante: Andrés Felipe Tobón Villada
Accionado: Comisión Legal de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes

Falla:

Primero: Declarar improcedente el amparo de tutela solicitado por el señor Andrés
Felipe Tobón Villada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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