Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04612-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04612-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04612-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04612-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., primero (1o.) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR NO CUMPLIR CON
EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,
LOS ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE
PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, LIBERTAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la
sentencia de 17 de julio de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente el amparo solicitado.
1
En adelante, SECCIÓN TERCERA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
Los señores SAMUEL JOSÉ, DIANA ISABEL, DANIEL ANTONIO y
LUIS HUMBERTO LEMOINE ECHAVARRÍA y LUZ MARINA
ECHAVARRÍA, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la libertad y al acceso a la administración de
justicia, los cuales estiman vulnerados por el JUZGADO DÉCIMO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CÚCUTA2 y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER3, al haber
proferido las providencias de 1o. de noviembre de 2024 y 16 de abril
de 2026, respectivamente, dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 54001-33-40-
010-2016-01160-01.
I.2.- Hechos
Afirmaron que el 4 de marzo de 2014, el señor SAMUEL JOSÉ
2
En adelante, JUZGADO.
3
En adelante, TRIBUNAL.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
LEMOINE ECHAVARRÍA fue capturado en su casa de habitación por
miembros de la SIJÍN y, posteriormente, la FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN4 lo presentó ante el JUZGADO NOVENO PENAL
MUNICIPAL DE CÚCUTA CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTÍAS imputándole cargos por el delito de tráfico, fabricación
y porte de estupefacientes, previsto en el artículo 376 del Código
Penal.
Adujeron que el JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL DE
CÚCUTA CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS dictó
medida de aseguramiento contra el citado señor consistente en
detención preventiva en el lugar de residencia. No obstante, el 9 de
abril de 2015, el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL MISMO
CIRCUITO decretó, a solicitud de la FISCALÍA, la preclusión de la
investigación y ordenó su libertad inmediata.
Señalaron que, debido a lo anterior, presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la RAMA
JUDICIAL5 y la FISCALÍA, con el fin de obtener el reconocimiento
y reparación de los perjuicios ocasionados por la privación de la
4
En adelante, FISCALÍA.
5
En adelante, RAMA JUDICIAL.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
libertad que sufrió el señor LEMOINE ECHAVARRÍA, derivada de la
medida de aseguramiento con detención domiciliaria que se prolongó
durante 400 días.
Indicaron que al referido proceso le fue asignado el número único de
radicación 2016-01160-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO que, mediante sentencia de 1o. de noviembre de 2024,
denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que la medida
de aseguramiento fue debidamente sustentada de conformidad con
los elementos probatorios existentes al momento de su imposición y
la gravedad del delito, por lo que descartó la configuración de un
daño especial y concluyó que no era posible atribuir responsabilidad
a la parte allí demandada.
Sostuvieron que, inconforme con lo anterior, interpusieron recurso
de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante
sentencia de 16 de abril de 2026, confirmó la decisión del a quo, con
fundamento en que la medida de aseguramiento se ajustó a los
criterios establecidos en la legislación, no fue irracional, innecesaria
ni ilegal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de los actores, las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo, los cuales
desarrolló de manera conjunta, argumentando lo siguiente:
Precisaron que al señor SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA se
le practicó un allanamiento en su lugar de trabajo y, según el
respectivo informe, únicamente se le encontraron 45 gramos de
marihuana y una suma inferior a diez mil pesos, por lo que la medida
restrictiva de la libertad se sustentó exclusivamente en la tenencia
de la sustancia ilícita, sin que las allí accionadas hubieran efectuado
una inferencia razonable, pues la cantidad incautada era reducida,
no se encontraba dosificada y no existía evidencia de su
comercialización, circunstancias de las cuales era posible inferir que
estaba destinada al consumo personal.
Resaltaron que, contrario a lo afirmado en las sentencias
cuestionadas, “[…] no se hizo el análisis de los requisitos para la
imposición de la medida de aseguramiento artículo 308 y del código
de procedimiento penal […]”, toda vez que el juez de control de
garantías no podía concluir que el señor LEMOINE ECHAVARRÍA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
representaba un peligro para la sociedad que justificara la restricción
de su libertad por la sola ocurrencia de que cerca del lugar de los
hechos existiera un colegio, máxime cuando no registraba
antecedentes penales y, además, se encontraba acreditado su
arraigo, dado que sus familiares estuvieron presentes durante la
diligencia.
Afirmaron que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL omitieron
valorar que, si bien el procesado estuvo asistido por un defensor de
confianza, este no ejerció una defensa efectiva, pues manifestó estar
de acuerdo con la imposición de la medida de aseguramiento y señaló
que, en el curso del proceso, demostraría que la sustancia estaba
destinada al consumo personal, lo cual, precisamente, debió alegar
en ese momento para que el citado señor no fuera privado de su
libertad.
Finalmente, señalaron que las autoridades judiciales accionadas no
tuvieron en cuenta que la investigación penal fue precluida a petición
de la FISCALÍA con fundamento en los mismos argumentos que ya
existían al momento de pedir la medida de aseguramiento, esto es,
la inexistencia de prueba sobre la comercialización de la sustancia,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
la cantidad incautada y que estaba destinada al consumo personal,
lo que acreditaba que la privación de la libertad fue ilegal.
I.4.- Pretensiones
Los actores solicitaron lo siguiente:
“[…] 1. Solicito en nombre de mis poderdantes que se le tutele los
derechos fundamentales violado por vía de hecho por la accionada
SALA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL NORTE DE
SANTANDER.
2. Que se deje sin efecto la sentencia proferida el 16 de abril
de 2026 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL NORTE DE
SANTANDER, dentro del medio de reparación directa RAD:
5400133400120160116001 que en consecuencia, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL NORTE DE SANTANDER
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela,
profiera una nueva sentencia, teniendo en cuenta según las
pruebas que la medida de aseguramiento no fue dictada de acuerdo
a ley, por tanto, la privación de la libertad del accionante fue el
resultado de una falla del servicio […]”. (resaltado del texto
original).
I.5. Defensa
I.5.1.- La DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE CÚCUTA6 solicitó ser desvinculada del presente
trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto
no intervino en la expedición de las providencias cuestionadas.
Además, afirmó que lo pretendido por los actores es reabrir un
6
En adelante, DIRECCIÓN.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
debate jurídico ya resuelto dentro de un proceso de reparación
directa que agotó sus dos instancias, sin que se advierta la existencia
de un perjuicio irremediable, máxime si se tiene en cuenta que tales
decisiones fueron dictadas por autoridades competentes,
debidamente motivadas y ajustadas a los criterios de legalidad,
razonabilidad y proporcionalidad.
I.5.2.- La FISCALÍA solicitó declarar improcedente la presente
acción de tutela por no cumplir con el requisito general de la
relevancia constitucional, por cuanto lo pretendido por los
accionantes es utilizarla como una tercera instancia para reabrir el
debate legal ya definido, terminado y ejecutoriado. Además, solicitó
ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva.
I.5.3.- El JUZGADO solicitó denegar el amparo solicitado, debido a
que dentro del proceso ordinario cuestionado se respetaron todas las
garantías procesales y constitucionales conforme a la normativa
vigente y a la jurisprudencia aplicable al caso.
I.5.4.- El TRIBUNAL solicitó denegar la presente acción de tutela,
toda vez que no se evidencia vulneración alguna de los derechos
fundamentales alegados por la parte actora.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
Afirmó que las decisiones adoptadas dentro del medio de control de
reparación directa censurado fueron proferidas con observancia del
debido proceso y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 17 de julio de 2026,
declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el
requisito de la relevancia constitucional, al considerar que lo
pretendido por los actores es reabrir el debate jurídico y probatorio
resuelto por el juez natural, con el propósito de que se adopte una
interpretación distinta de la acogida en el proceso ordinario
cuestionado, sin que se logre evidenciar una vulneración de derechos
fundamentales que justifique un examen de fondo.
Consideró que el debate planteado por los accionantes fue
adecuadamente examinado por el juez competente y sus
inconformidades no revelan una interpretación arbitraria o
caprichosa de la parte demandada, sino una discrepancia con las
conclusiones a las que arribó el juez natural.
Finalmente, recordó que el juicio que efectúa el juez en sede de tutela
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
es de validez y no de corrección sobre las decisiones cuestionadas,
lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva
instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho que fueron resueltos en el curso del
proceso ordinario.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
Los actores impugnaron la sentencia proferida por la SECCIÓN
TERCERA y aseguraron que el presente asunto sí goza de relevancia
constitucional, por lo que resulta necesaria la intervención del juez
constitucional para que se les restituyan sus derechos fundamentales
vulnerados por el juez de garantías y el ente acusador, así como a
ser indemnizados por los perjuicios causados por la privación ilegal
de la libertad a la que fue sometido el señor SAMUEL JOSÉ
LEMOINE ECHAVARRÍA.
Insistieron en que la medida de aseguramiento dictada contra el
ciudadano LEMOINE ECHAVARRÍA fue ilegal por no estar ajustada
a todos los requisitos exigidos por la ley y aseguraron que: “[…] el
juez de garantías no tuvo en cuenta la presunción de inocencia que
garantiza la Constitución y la ley, al contrario presumió que el
imputado era culpable de la venta de droga, a pesar que dice que la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
medida no se le dicta por venta por no existir prueba de ello sin
embargo, manifiesta que no puede permanecer el mismo lugar, para
evitar que siga en la misma actividad, pero cual actividad? de venta,
no puede ser por estar en contra del contenido de la medida, que
dice que no es por venta […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
La Sala advierte que la DIRECCIÓN y la FISCALÍA solicitaron ser
desvinculadas de la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 20067, se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto.
7
Criterio reiterado por la Alta Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262
de 5 de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que dichas autoridades fungieron como parte
demandada dentro del medio de control de reparación directa, objeto
del presente estudio, les asiste interés en las resultas de la acción de
tutela de la referencia, razón por la que la Sala denegará sus
solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que
se dejen sin efecto las providencias de 1o. de noviembre de 2024
y 16 de abril de 2026, proferidas, respectivamente, por el
JUZGADO y el TRIBUNAL, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
2016-01160-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad y al acceso
a la administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de los
actores, incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo al
sostener que la medida de aseguramiento fue impuesta sin el
cumplimiento de los requisitos legales y que no tuvieron en cuenta
que la investigación penal fue precluida a petición de la FISCALÍA,
con fundamento en los mismos argumentos que ya existían al
momento de solicitar la medida de restricción, esto es, la inexistencia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
de prueba sobre la comercialización de la sustancia ilegal encontrada.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 17 de julio de 2026,
declaró improcedente el amparo por no cumplir con el requisito
general de la relevancia constitucional.
Inconforme con lo anterior, los actores impugnaron la decisión
proferida en primera instancia y argumentaron que el asunto sí
reviste de relevancia constitucional, por lo que resulta necesaria la
intervención del juez constitucional para que se les restituyan sus
derechos fundamentales vulnerados por el juez de garantías y el ente
acusador, así como a ser indemnizados por los perjuicios causados
por la privación ilegal de la libertad a la que fue sometido el señor
SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA.
En este punto es del caso advertir que, si bien la acción de tutela se
presentó contra las decisiones proferidas tanto por el JUZGADO
como por el TRIBUNAL, lo cierto es que la providencia de 16 de abril
de 2026 fue la que puso fin al proceso, razón por la que la Sala
realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
derechos fundamentales invocados frente a la sentencia proferida por
el ad quem.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».9
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 16 de junio
de 202218, precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como
finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
18
M.P. Natalia Ángel Cabo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) impedir que se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar
la competencia y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
constitucional, en la medida en que lo pretendido por los actores es
que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración
del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,
porque los motivos que fundamentan la inconformidad de los
accionantes se sustentan, básicamente, en que la medida de
aseguramiento de la que fue objeto el señor LEMOINE
ECHAVARRÍA no fue impuesta con observancia de los requisitos
legales, por lo que, en su sentir, resultó equivocada la conclusión de
la autoridad judicial en torno a su razonabilidad.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto
y a una reiteración de los argumentos expuestos en el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, lo cual fue
resuelto por el TRIBUNAL que concluyó lo siguiente:
“[…] En primer lugar, se pone de presente que en el sub examine
se aplicó el artículo 314 del CPP, ello teniendo en cuenta que
accedió a la sustitución de la medida privativa al lugar de
residencia, tal como fue expuesto en la audiencia preliminar del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
día 4 de marzo de 201427, frente al cual se observa que el juez de
control de garantías argumentó en forma suficiente la medida de
aseguramiento la cual fue expuesta bajo los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, frente a la conductas realizadas
e investigadas en contra del señor Samuel José Lemoine
Echavarría, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de
estupefaciente.
Asimismo, se enunció un riesgo latente para la integridad de las
víctimas y de la comunidad, quienes mediante denuncias advierten
un daño a la salud pública e integridad a la comunidad, también se
advierte la cercanía de menores de edad a la localidad del
prenombrado, además, señala una afectación a la administración
de justicia, toda vez que existían múltiples denuncias las cuales
describían el modo en que se cometían los tipos penales
enrostrados.
Por otra parte, respecto de la comparecencia del procesado dentro
de la investigación penal, se valoró la modalidad de la conducta y
el riesgo de que, al cumplirse la medida privativa en el mismo
inmueble donde se produjo la captura, pudiera facilitarse la
reiteración de la actividad investigada o incrementarse el riesgo de
elusión. No obstante, se le otorgó la posibilidad de permanecer
con su familia en un domicilio distinto, circunstancia que el
juez de control de garantías consideró adecuada y, en
consecuencia, mantuvo la imposición de la medida.
De esta manera resulta evidente que la medida restrictiva de la
libertad impuesta al señor Samuel José Lemoine Echavarría, no
desbordó los criterios de proporcionalidad ni de razonabilidad
inherentes a la adopción de este tipo de decisiones, toda vez que
existían varios indicios serios de responsabilidad y pruebas
en su contra que la justificaban.
De igual forma, se recuerda que la medida de aseguramiento
impuesta no fue objeto de recurso alguno, tal como consta en
la audiencia practicada el día 4 de marzo de 201428, adelantada
por el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Cúcuta, y la libertad del señor Samuel José Lemoine
Echavarría fue concedida en el transcurso del proceso penal
adelantado pues se presentó el día 9 de abril del 201529 por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Cúcuta, en cual se determinó la libertad mediante audiencia
de preclusión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
En este sentido, se advierte que la sentencia del día 9 de abril de
201530 el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cúcuta, mediante la cual se precluyó la
investigación a favor del hoy demandante, se fundamentó en la
condición mental del indiciado frente a la adicción a las sustancias
psicoactivas, sumado a la ausencia de elementos que acreditaran
un expendio, venta o distribución de dicha sustancia, esto es,
frente al verbo rector de tráfico, por lo cual, consideró que no
ameritaba una respuesta punitiva del Estado, sin que ello se
entienda como ausencia de participación en el hecho, esto es,
teniendo en cuenta que el tipo penal adelantado corresponde al
tráfico, fabricación o porte de estupefaciente, el juez de penal
consideró lo siguiente: (…)
Ahora bien, contrario a lo indicado por la parte demandante en el
recurso de alzada, la cantidad encontrada al señor Samuel José
Lemoine Echavarría, corresponde a 45 gramos de marihuana, la
cual supera la dosis mínima permitida conforme el artículo 2 de la
Ley 30 de 1986, “Dosis para uso personal: (…) Es dosis para uso
personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20)
gramos; tal como fue expuesto incluso en la decisión de preclusión
del día 9 de abril de 201531 proferida por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta.
Razón por la cual, el argumento presentado por parte del
recurrente no tiene vocación de prosperidad, debido a que la
cantidad encontrada superaba la dosis personal conforme a la
legislación aplicable, sin que pueda predicarse que la privación de
la libertad se tornó injusta únicamente frente a la ausencia de
acreditación de las circunstancias de tráfico, debido a que el tipo
penal endilgado corresponde al tráfico, fabricación o porte de
estupefaciente.
En este orden de ideas, es válido afirmar que la decisión en torno
a la restricción de la libertad se ajustó a los criterios establecidos
en la legislación y, por tanto, no hay lugar a concluir que la
imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva
impuesta al demandado hubiere sido irracional, innecesaria o
ilegal.
(…)
Esta Sala considera que se contaba con el estándar probatorio
mínimo, y que se acreditó la inferencia razonable, si bien el
apoderado de la demandante colige que no se demostró el nexo
causal entre los objetos incautados y la supuesta culpabilidad, lo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
cierto es que de las pruebas recaudadas y llevadas a la audiencia
de imposición de medida de aseguramiento no existía elemento
que rompiera la inferencia.
Asimismo, el Consejo de Estado obedece esta postura y relaciona
en que el grado de convencimiento exigido sea el de la posible
participación o autoría, sin que sea exigible para la imposición
de la medida de aseguramiento la satisfacción de estándares
probatorios diversos, o que ante eventuales dudas se entienda
socavada o destruida la inferencia razonable, pues la fuerza
persuasiva de más allá de toda duda sólo es para la condena
penal.
Advertido esto, no se configura una indebida valoración probatoria,
porque la autoridad judicial accionada valoró razonablemente los
medios de prueba disponibles en la etapa preliminar del proceso
penal, conforme a los requisitos legales aplicables. La medida de
aseguramiento se basó en un conjunto de diligencias técnicas y
evidencia física que sustentó una inferencia razonable de
responsabilidad.
Por las anteriores consideraciones, encuentra la Sala que las
circunstancias invocadas en la medida se dieron en mérito de los
artículos 310 y 312 y 313 del CPP, y en cumplimiento de los fines
constitucionales.
En efecto, es evidente que la medida restrictiva de la libertad
impuesta al señor Samuel José Lemoine Echavarría no desbordó
los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad que son
propios para la adopción de este tipo de decisiones, toda vez que
existían indicios y pruebas en contra del accionante, que lo
justificaban.
Entonces, la Sala considera que la restricción de la libertad se
ajustó a los criterios establecidos en la legislación, por lo que no
hay lugar a concluir que la imposición de la medida de
aseguramiento de detención preventiva impuesta al señor Samuel
José Lemoine Echavarría fue irracional, innecesaria e ilegal.
Luego es necesario establecer cuál es la actividad de las
demandadas que tiene nexo de causalidad con el daño y que
permita imputarles responsabilidad, situación que no se dio, pues
como se expuso, las decisiones de la jurisdicción penal no emergen
arbitrarias, desproporcionadas o irrazonables. […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
De los apartes transcritos de la providencia objeto de tutela, se
evidencia que, al resolver el problema jurídico el TRIBUNAL efectuó
un recuento de los hechos y revisó el material probatorio obrante en
el proceso ordinario y, a partir de dicho análisis, determinó que la
medida de aseguramiento impuesta al señor SAMUEL JOSÉ
LEMOINE ECHAVARRÍA no desbordó los criterios de
proporcionalidad, razonabilidad y necesidad que son propios para la
adopción de este tipo de decisiones, además que existían indicios y
pruebas contra aquel, que la justificaban.
Señaló que el argumento presentado por la parte recurrente no tenía
vocación de prosperidad, debido a que la cantidad encontrada
superaba la dosis personal conforme a la legislación aplicable, sin
que pudiera predicarse que la privación de la libertad se tornó injusta
únicamente frente a la ausencia de acreditación de las circunstancias
de tráfico, debido a que el tipo penal endilgado correspondía al
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Asimismo, el TRIBUNAL concluyó que no se configuró una indebida
valoración probatoria, ya que el juez de conocimiento valoró
razonablemente los medios de prueba disponibles en la etapa
preliminar del proceso penal, conforme a los requisitos legales
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
aplicables y, por tanto, la medida de aseguramiento se basó en un
conjunto de diligencias técnicas y evidencia física que sustentó una
inferencia razonable de responsabilidad.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se
pronunció, precisamente, frente a las inconformidades que ahora
alegan los accionantes en sede constitucional, sin que se vislumbre
que pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o
desbordado los límites del principio de la autonomía judicial, por lo
que el asunto carece del requisito general de la relevancia
constitucional.
Situación distinta es que los actores no compartan la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su
consideración.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de los actores,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la solicitud de
amparo un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito
general de la relevancia constitucional y así se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04612-01
Actores: SAMUEL JOSÉ LEMOINE ECHAVARRÍA Y OTROS
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA y la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de octubre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.