Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04613-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04613-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04613-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
21 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintiuno (21) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-04613-001
Accionante : Judy Alexandra Díaz Barriga
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Sala Transitoria
Vinculados : Nación – Fiscalía General de la Nación y Juzgado Cincuenta y
Seis (56) Administrativo de Bogotá
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, sentencia en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que reconoció
la bonificación judicial como factor salarial con sujeción a la
permanencia en el cargo
Decisión : Sentencia de primera instancia
1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por la señora Judy Alexandra Díaz Barriga contra la Sala Transitoria de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad2.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la parte actora frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
3. La señora Judy Alexandra Díaz Barriga, quien actúa en nombre propio, interpuso
el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
presuntamente vulnerados por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
También alegó la vulneración de los «principios mínimos laborales».
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04613-00
Accionante: Judy Alexandra Díaz Barriga
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
4. Por consiguiente, solicitó:
2. DEJAR SIN EFECTOS PARCIALMENTE la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en lo relativo a la limitación del reconocimiento de la
bonificación judicial al ejercicio de un cargo específico.
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en el término que se le
señale, emita una nueva decisión o precise el alcance del fallo, en el sentido de que el
reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial procede mientras subsista mi
vinculación con la Fiscalía General de la Nación, independientemente del cargo
desempeñado.
4. ORDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación que, una vez definido el alcance
constitucional de la providencia, proceda a dar cumplimiento integral al fallo, efectuando el
reconocimiento, ajuste y reliquidación de las prestaciones sociales, incluyendo aquellos
derechos dejados de percibir con ocasión de la interpretación restrictiva aplicada a partir del
cambio de cargo de la accionante.
Hechos3
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
accionante se puede evidenciar que, desde el Dos (2) de Mayo de Dos Mil Siete
(2007), la señora Judy Alexandra Díaz Barriga se encuentra vinculada a la
Fiscalía General de la Nación, en donde ha desempeñado diferentes cargos, entre
ellos, el de Asistente de Fiscal II.
6. El Gobierno nacional, a través del Decreto 382 de 2013, creó una bonificación
judicial que sería reconocida, mensualmente, a los servidores públicos de la
Fiscalía General de la Nación, a partir del Primero (1.°) de Enero de Dos Mil Trece
(2013). Desde esa fecha, la actora, en su calidad de servidora de la Fiscalía,
empezó a recibir la bonificación. No obstante, el artículo 1° del Decreto 382
estableció que, la bonificación constituiría únicamente «factor salarial para la base de
cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud »
(y no para todos los efectos).
7. La actora presentó una petición ante la Fiscalía General de la Nación, mediante
la cual, solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial,
con la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales devengadas.
Mediante el Oficio núm. 20195920005791 del Dos (2) de Mayo de Dos Mil
Diecinueve (2019), la entidad negó lo pedido, con fundamento en la restricción
prevista en el artículo 1° del Decreto 382 de 2013. La accionante apeló esa
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2, archivo 4.
2
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Accionante: Judy Alexandra Díaz Barriga
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
decisión, recurso que fue resuelto mediante la Resolución núm. 2-1639 del
Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil Diecinueve (2019), en el sentido de confirmar
la negativa.
8. La señora Díaz Barriga presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Fiscalía General de la
Nación, en la que solicitó lo siguiente:
1° INAPLÍQUESE la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de
cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en
salud” contenida en el artículo 1° del DECRETO 382 DE 2013, y, en sus decretos
modificatorios.
1.2. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el OFICIO No.
20195920005791 DEL 2 DE MAYO DE 2019 de la SUBDIRECCIÓN DE APOYO
CENTRAL, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-, que negó reconocer como
factor salarial y su incidencia prestacional la mencionada bonificación judicial creada
mediante el DECRETO 382 DE 2013.
1.3. Se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN No. 2-1639 DEL 27 DE JUNIO DE 2019
que resolvió el recurso de apelación impetrado contra la mencionada negativa.
1.4. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer como factor
salarial para todos los efectos la BONIFICACIÓN JUDICIAL del DECRETO 382 DE 2013
y decretos modificatorios, junto con su incidencia; en consecuencia, ordenar a la misma
reajustar y reliquidar los factor salariales, prestacionales (CESANTÍAS, INTERESES A
CESANTÍAS, BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, PRIMERA DE
SERVICIOS, PRIMA DE VACACIONES, VACACIONES, PRIMA DE PRODUCTIVIDAD,
PRIMA DE NAVIDAD) y demás emolumentos devengados por YUDY ALEXANDRA DIAZ
BARRIGA.
1.5. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor de JUDY
ALEXANDRA DIAZ BARRIGA las diferencias causadas e indexadas, mes a mes, a partir
del 1 DE ENERO DE 2013 y aquellas que se causen en adelante, como consecuencia de
las reliquidaciones y reajustes solicitados.
1.6. Se ordene el pago del valor de los intereses en la forma y términos expresados en el
artículo 192 de la ley 1437de 2011y se dé cumplimiento en los términos de los artículos
189,194 y 195 de la ley 1437 de 2011.
9. El conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado
Cincuenta y Seis (56) Administrativo de Bogotá (radicado núm. 11001-33-42-056-
2020-00030-00) que, mediante sentencia anticipada del Veintiséis (26) de Abril
de Dos Mil Veintiuno (2021), negó las pretensiones de la demanda.
10. En desacuerdo con la decisión, la demandante presentó recurso de apelación,
en el que sostuvo que, el fallo de primera instancia pasó por alto el principio
superior según el cual, constituye salario todo lo que se paga como retribución
directa del servicio, con independencia de su denominación.
11. Agregó que, la bonificación cumple las características de ser una remuneración
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04613-00
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fija, en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio, y que su
reconocimiento regular implica habitualidad, lo que la convierte en elemento
constitutivo de salario. Por ello, en su criterio, la restricción quebranta el artículo
53 de la Constitución Política, los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del
Trabajo, la Ley 4ª de 1992 y el artículo 17 de la Ley 334 de 1996, al desconocer
los mandatos de remuneración mínima, vital y móvil, favorabilidad, primacía de la
realidad sobre las formalidades y progresividad.
12. En sentencia de segunda instancia, del Veintiocho (28) de Abril de Dos Mil
Veintitrés (2023), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Sala Transitoria, revocó el fallo del a quo. La Sala se planteó como problema
jurídico si el artículo 1° del Decreto 382 de 2013 excedió la facultad reglamentaria
del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por generar consecuencias
jurídicas distintas a los propósitos ahí consignados.
13. Concluyó que, como «la teleología del legislador […] [fue] disminuir la enorme distancia
salarial existente en la pirámide del órgano judicial», al quitarle efectos salariales a la
bonificación, el Gobierno nacional «desconoció la naturaleza salarial de un estipendio que
es pagado de manera habitual, periódico, y como retribución de la labor prestada por el
trabajador», en contravía de los criterios de la ley marco, según los cuales no puede
desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del Estado.
14. En la parte resolutiva, el Tribunal dispuso, a título de restablecimiento:
c).- […] condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación a reconocer, reliquidar y pagar
a favor de la señora Judy Alexandra Díaz Barriga, la bonificación judicial creada a través del
Decreto 382 de 2013 como factor salarial, a partir del 26 de abril de 2016, en adelante, y
hasta el día en que la demandante Judy Alexandra Díaz Barriga funja en su condición
de Asistente de Fiscal II u otro cargo equivalente, y hasta el día en que permanezca
en el referido cargo. (Énfasis de la Sala)
15. En respuesta a una solicitud elevada por la accionante el Doce (12) de Agosto
de Dos Mil Veinticinco (2025), la Fiscalía General de la Nación, por medio del
Oficio con radicado núm. 20255920005241, señaló que, verificada la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el reconocimiento de la
bonificación judicial como factor salarial se encontraba ligado al cargo de
Asistente de Fiscal II o uno equivalente, y que, según concepto emitido por la
Subdirección de Talento Humano, el cargo de Asistente de Fiscal IV,
desempeñado en ese momento por la actora, no era equiparable a aquel.
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Accionante: Judy Alexandra Díaz Barriga
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
16. En ese sentido, precisó que, habiendo ocupado la accionante el cargo de
Asistente de Fiscal II del Primero (1.°) de Enero al Tres (3) de Abril de Dos Mil
Veinticinco (2025) y el de Asistente de Fiscal IV desde el Cuatro (4) de Abril y
hasta la fecha, la prima de productividad pagada con el sueldo de junio fue
liquidada con la bonificación judicial como factor salarial 4, mientras que, las
prestaciones sociales causadas con posterioridad a la posesión en el cargo de
Asistente de Fiscal IV se liquidarían sin dicho factor. Finalmente, indicó que, tal
determinación se derivaba del estricto cumplimiento de la orden judicial, la cual,
no era susceptible de interpretación autónoma por parte de la entidad.
17. La accionante manifestó en su escrito de tutela que, la providencia de segunda
instancia incurrió en un defecto sustantivo, comoquiera que, limitar el
reconocimiento de un factor salarial a un cargo específico carece de sustento
jurídico razonable y resulta contradictorio con el propio fundamento del fallo, que
reconoció «que la bonificación judicial constituye salario por ser una retribución habitual y
directa del servicio». En su criterio, el salario se deriva de la relación laboral y de la
prestación efectiva del servicio, no del cargo desempeñado, de modo que, la
restricción desconoce el principio de favorabilidad del artículo 53 de la
Constitución Política y genera «una decisión incongruente e incoherente» .
II. TRÁMITE PROCESAL
18. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del
Diecinueve (19) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)5, admitió la presente acción
de tutela. En dicha decisión (i) ordenó notificar a la autoridad judicial accionada; y
(ii) dispuso vincular a la Nación – Fiscalía General de la Nación y el Juzgado
Cincuenta y Seis (56) Administrativo de Bogotá, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.
2.1. Contestaciones de la acción
19. 2.1.1. La Fiscalía General de la Nación6 expuso que, no existe relación de
causalidad entre las actuaciones de ese ente y la presunta vulneración de los
derechos fundamentales alegados por la accionante, con ocasión de la actuación
de la autoridad judicial objeto de reproche. En consecuencia, solicitó que, se ordene
4
En aplicación del artículo 2 del Decreto 3899 de 2008, que exige un lapso de servicio no inferior a tres meses en el respectivo
semestre.
5
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 4.
6
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índices 11 y 12.
5
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Accionante: Judy Alexandra Díaz Barriga
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Así mismo, allegó
copia de los expedientes de primera y segunda instancia.
20. 2.1.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca7 remitió copia del
expediente digital, sin pronunciarse sobre el presente proceso.
21. El Juzgado Cincuenta y Seis (56) Administrativo de Bogotá guardó silencio, pese
a que, fue debidamente notificado del presente proceso.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
22. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2. La acción
23. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva
24. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que, la acción de tutela «[…] se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional8 ha considerado
que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».
7
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 13.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
6
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Accionante: Judy Alexandra Díaz Barriga
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25. La Fiscalía General de la Nación, en su contestación, solicitó ser desvinculada
por falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que,
su vinculación en el presente asunto fue en calidad de tercera con interés, por
integrar el extremo pasivo dentro del proceso contencioso en cuestión; esto es, en
aras de garantizar sus derechos a la defensa y contradicción. Por lo tanto, se
negará su solicitud.
3.4. Problema jurídico
26. Se contrae a determinar si resulta procedente la presente acción de tutela, para
examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales de la señora Judy
Alexandra Díaz Barriga que pueda comportar el fallo de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca del Veintiocho (28) de Abril de Dos Mil
Veintitrés (2023) por la presunta configuración de un defecto sustantivo.
3.5. Requisito general de inmediatez
27. Para determinar la procedencia de esta acción constitucional, se debe precisar
que, la jurisprudencia constitucional9 ha establecido para tal propósito varios
requisitos generales, entre los que se encuentra la inmediatez. Al respecto, el
Consejo de Estado, mediante sentencia del Cinco (5) de Agosto de Dos Mil Catorce
(2014)10, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra
providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa, el
lapso de seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria.
28. Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque
el presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto
es que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el
lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar
derechos de terceros.
29. Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que, resulta
indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular:
[…] (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad
9
Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
10
Expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección
Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04613-00
Accionante: Judy Alexandra Díaz Barriga
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justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los
derechos fundamentales del interesado;11 (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición 1213.
30. De igual modo, se aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional 14,
existen dos excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, que son:
(i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que
el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la
tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella
persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado
el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.
31. Estas situaciones deberán ser analizadas en cada caso, en el evento en que se
acuda a la tutela en un término superior al mencionado (6 meses).
3.6. Solución al caso concreto
32. Para dilucidar si en el asunto sub judice se colma la exigencia de la inmediatez,
debe advertirse que, la providencia de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca atacada quedó ejecutoriada el Seis (6) de Julio de
Dos Mil Veintitrés (2023)15.
33. Por su parte, la solicitud de amparo se presentó el Dieciséis (16) de Junio de Dos
Mil Veintiséis (2026)16, es decir, dos (2) años, once (11) meses y diez (10) días
después de la ejecutoria del fallo, como puede verificarse con la siguiente captura
del correo contenido en el índice relacionado en pie de página:
11
Sentencia SU-961/99.
12
Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
14
Sentencia T-584 de 2011.
15
El auto fue notificado electrónicamente el 28 de junio de 2023, sin que se precise el medio de notificación. En aras de
aplicar el término más garantista para la actora, se asume que la notificación se surtió por correo electrónico, motivo por el
cual se entiende notificado a los dos días hábiles siguientes, esto es el 30 de junio de 2023, conforme al artículo 205 del
CPACA. Ver el expediente electrónico del proceso con radicado 11001-33-42-056-2020-00030-01, índice 16.
16
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2, archivo 1.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04613-00
Accionante: Judy Alexandra Díaz Barriga
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
34. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-954 de 2010, sostuvo lo
siguiente:
[…] esta Corporación ha precisado que, en virtud de la naturaleza cautelar de la acción de
tutela, ésta debe ser presentada en término oportuno, justo y razonable, “dentro del cual se
presuma que la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un
daño palpable”17. Ese “plazo razonable” es consustancial a las regulaciones
procedimentales de la acción de tutela y determina en gran medida el campo de acción del
juez de tutela, pues su orden debe estar respaldada por la urgencia e inmediatez, “en
presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a modificar una situación de hecho a
través de un proceso sumario y expedito en el tiempo. […]. Incluso, la real configuración de
una trasgresión a los derechos fundamentales se pone en duda cuando la demanda de
tutela se interpone en un momento demasiado alejado de la ocurrencia del hecho que
supuestamente la generó”18.
35. La Corte, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que, cuando existe un lapso
prolongado entre la ocurrencia del hecho vulnerador y la presentación de la acción
de tutela, el análisis debe someterse al criterio de razonabilidad y proporcionalidad
aplicada al caso concreto, con el fin de establecer si la demora está válidamente
justificada:
La razonabilidad en la interposición de la acción de tutela está determinada, tanto en su aspecto
positivo, como en el negativo, por la proporcionalidad entre medios y fines. El juez debe
ponderar una serie de factores con el objeto de establecer si la acción de tutela es el medio
idóneo para lograr los fines que se pretenden y así determinar si es viable o no. Dentro de los
aspectos que debe considerarse, está el que el ejercicio inoportuno de la acción implique una
eventual violación de los derechos de terceros. Para hacerlo, el juez debe constatar: 1) si existe
un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si existe
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados19.
36. Ahora bien, en su escrito de demanda, la accionante no expuso ninguna razón
para explicar la tardanza en la interposición de la acción. En consecuencia, al
tratarse de una tutela contra providencia judicial, no cumplió la carga de presentar,
de manera convincente, las razones que le impidieron acudir, en un plazo
prudencial, al mecanismo constitucional. Así, no se evidencia un sustento válido
respaldado por algún medio de prueba que permita justificar, bajo un examen de
razonabilidad, que la demora en la presentación de la acción se encuentra
justificada.
37. En síntesis, el tiempo transcurrido entre la ejecutoria de la sentencia de segunda
instancia y la presente solicitud de tutela superó ampliamente el término que la
jurisprudencia ha considerado prudencial para la interposición del mecanismo
17
Corte Constitucional, sentencia T-265 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
18
Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
19
Sentencia SU-961/99 de la Corte Constitucional M.P Vladimiro Naranjo Mesa.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04613-00
Accionante: Judy Alexandra Díaz Barriga
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excepcional, fijado en seis (6) meses. El transcurso de dos (2) años, once (11)
meses y diez (10) días entre ambos momentos elimina cualquier apariencia de
urgencia o necesidad y, en consecuencia, impide tener por acreditado el requisito
de inmediatez exigido para la procedencia de la tutela.
38. Así mismo, cabe precisar que, en reciente sentencia de unificación SU-304 de
202420, la Corte Constitucional sostuvo que, en tratándose de tutelas contra fallos
proferidos por una alta corte, como en este caso, el examen debe realizarse con
mayor rigurosidad para poder constatar «una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental, producto de una actuación arbitraria», lo que implica que no se permita su uso
con el propósito de reabrir debates concluidos en el proceso ordinario.
39. Además, en este punto, la Sala destaca que, el ejercicio de la acción de tutela
no habilita al juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni
interferir en ellos, a menos que, exista un perjuicio irremediable, o una evidente
vulneración al debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto.
IV. DECISIÓN
40. Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, en el
presente asunto, no se cumplió el presupuesto de la inmediatez, debe declararse
la improcedencia de la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la
Nación, conforme a la motivación.
SEGUNDO. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la señora Judy Alexandra Díaz Barriga, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
20
M. P. Vladimir Fernández Andrade.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04613-00
Accionante: Judy Alexandra Díaz Barriga
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
11
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