Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04617-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04617-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04617-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
29 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04617-00
Accionante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN PRIMERA –
SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / IMPROCEDENCIA – no
se satisfacen los requisitos generales de procedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
– La parte accionante acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir una discusión
ya resuelta en sede del proceso ordinario.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 17 de junio de 20261 por Ericsson
Ernesto Mena Garzón, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C2. A su juicio, dicha autoridad judicial
vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y “acceso a la
justicia ambiental”3.
ANTECEDENTES
Hechos relevantes
1. El ciudadano Ericsson Ernesto Mena Garzón indica que en el proceso de acción
popular identificado con el radicado 25000-23-41-000-2022-00645-00 presentó
memoriales el 12 de febrero de 2024, el 20 de agosto de 2024, y el 11 de marzo de
2025 mediante los cuales solicitó el decreto de pruebas técnicas complejas
(peritajes ambientales, biológicos y de salud humana).
2. En auto del 22 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, resolvió las solicitudes probatorias del proceso y
decretó las pruebas documentales aportadas con la demanda, pero omitió
pronunciarse sobre las solicitudes de índole técnico. Contra esta providencia el
accionante interpuso solicitud de aclaración y, en subsidio, recurso de reposición.
3. El 4 de septiembre de 2025, la autoridad judicial accionada negó la solicitud de
aclaración y adecuó el trámite a una solicitud de adición, en atención a ello, se
1 Índice 1 de Samai, REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL miércoles, 17
de junio de 2026 con secuencia: 7421.
2 Índice 2 de Samai, archivo “1_110010315000202604617002DemandaWeb2026617132425”.
3 Que ingresó para fallo el 6 de julio de 2026.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04617-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
pronunció sobre las pruebas técnicas y rechazó su decreto por considerar que la
petición probatoria fue extemporánea. Contra esta decisión, se interpuso recurso de
reposición bajo la consideración de que en este asunto debía aplicarse la flexibilidad
probatoria para el solicitante.
4. El 12 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C negó el recurso de reposición y sostuvo que el accionante
incurrió en una actuación negligente y desleal frente al proceso de acción popular.
Pretensiones
5. Conforme con lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“1. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera
Subsección C que deje sin efectos el Auto del 12 de junio de 2026.
2. Ordenar que se admitan y decreten las pruebas rechazadas por
extemporáneas (solicitadas en los memoriales de febrero 2024, agosto 2024 y
marzo 2025), específicamente los peritajes técnicos ambientales y de salud, por
ser indispensables para la protección de los derechos colectivos y cumplir con
el Artículo 8 del Acuerdo de Escazú y el Artículo 40 del CPACA.
3. Ordenar que se pronuncie de fondo sobre la medida cautelar solicitada,
evaluando el riesgo actual y no remitiéndose a decisiones antiguas, en
aplicación del principio de precaución”4.
Fundamentos de la demanda de tutela
6. El accionante indicó que, en el auto del 12 de junio de 2026, se privilegió la rigidez
formal de las normas sobre el análisis flexible que debe primar en las acciones
populares. Al respecto, sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció el
principio de flexibilidad probatoria que rige en las acciones constitucionales.
También consideró que erró por equiparar las cargas procesales de un “litigio
privado” a los asuntos en los que se debate la defensa de derechos colectivos y que
conllevaron a desestimar pruebas claves con sustento en la “extemporaneidad” de
las solicitudes, específicamente, reseñó que esa interpretación infringió el artículo
40 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
CPACA- que permite la incorporación de nuevas pruebas hasta antes de que se
profiera sentencia que decida la controversia. Adicionalmente señaló que, por la
naturaleza del proceso, el juez debía decretar de oficio las pruebas indispensables
para proteger los derechos colectivos en riesgo. Junto con ello indicó que el rechazo
de las peticiones vulnera el debido proceso de la parte actora, porque la pone en un
escenario de indefensión material para demostrar la responsabilidad del Estado.
7. Agregó que el formalismo rígido que negó la práctica de pruebas esenciales
transgredió el acceso a la “justicia ambiental” consagrado en el Acuerdo de Escazú
y que exige procedimientos justos, equitativos y oportunos.
4 Id, folio 4.
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Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
8. Por último, consideró que la providencia cuestionada incurrió en un defecto
fáctico por omisión de la valoración de la pertinencia y conducencia de las pruebas
porque se limitó a verificar las fechas de las solicitudes probatorias, pero dejó de
examinar su idoneidad para demostrar el daño ambiental que se discute en el
proceso. Como sustentó, se refirió a la Sentencia SU-018 de 2024 que aplicó el
principio de precaución a pesar de la suficiencia probatoria en los procesos
ambientales.
Trámite en primera instancia
9. Mediante auto del 18 de junio de 20265, el despacho sustanciador admitió la
acción de amparo y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, dispuso vincular, en calidad de
terceros con interés en el resultado del proceso Nación - Ministerio de Defensa
Nacional, a la Policía Nacional, al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible y al Ministerio Público y también a los ciudadanos Julio César Riaño
Cruz, Irma Llanos Galindo, Sergio Andrés Torres, Fabio Omar Prieto Méndez y a
los demás intervinientes dentro del proceso de acción popular radicado No.25000-
23-41-000-2022-00645-00.
10. En la misma providencia, se negó la medida provisional solicitada en la
demanda, debido a que no se evidenció una vocación de viabilidad que permita
inferir una duda razonable sobre la existencia de buen derecho del accionante,
tampoco se encontró prueba que permita constatar que la negativa de suspensión
de términos en el trámite de la acción popular que solicita el accionante conlleve un
riesgo que no pueda eventualmente ser reparado en una sentencia favorable y la
medida solicitada puede generar una afectación desproporcionada frente al derecho
a la seguridad jurídica en el proceso de protección de derechos colectivos
adelantado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C. Así se concluyó que no existe peligro de un perjuicio irremediable
sobre la afectación de los derechos fundamentales invocados por el accionante que
justifique emitir la orden solicitada en la demanda por Ericsson Ernesto Mena
Garzón.
Intervenciones
11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C6 se opuso a la solicitud de amparo por considerar que no se
acreditaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Al
respecto indicó que el asunto carece de relevancia constitucional, porque la
providencia cuestionada -auto del 12 de junio de 2026- no resolvió de fondo la
controversia, ni negó los derechos colectivos invocados y su alcance fue
estrictamente procesal, debido a que se limitó a resolver el recurso de reposición
frente al auto que rechazó las solicitudes probatorias extemporáneas del
accionante.
5Índice 5 de Samai, archivo “8_Autoqueadmite_420260461700ADMITEER_0_20260618165211257”.
6Índice 16 de Samai, archivo
“27_RECIBEMEMORIAL_InformeAcciondeTutel_1_20260625095601007”.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
12. Adicionalmente, expresó que no se configuró ninguno de los defectos alegados.
En cuanto el yerro fáctico estimó que ante la extemporaneidad de la petición la
consecuencia legal era su rechazo. Así consideró que el reproche del accionante
fue utilizado para controvertir el análisis del juez ordinario y con lo que pretende
reabrir una etapa procesal debidamente concluida. Ahora, sobre el desconocimiento
del Acuerdo de Escazú -aprobado por la Ley 2273 de 2022- indicó que dicha
normatividad no derogó las cargas procesales de las partes, de modo que dicha
normativa no impide que se verifiquen los términos perentorios dispuestos por el
legislador, pero no constituyó una barrera injustificada frente al acceso a la
administración de justicia. Estimó que el contenido de la Sentencia SU-018 de 2024
no es aplicable, porque no se evidencian la identidad fáctica, en atención a que en
el precedente constitucional se centró en examinar una acción de grupo y,
específicamente, la imputación por omisión de las autoridades ambientales; asunto
que difiere con lo decidido en la providencia judicial cuestionada en la que la
autoridad accionada se limitó a resolver el recurso de reposición contra el auto que
rechazó las solicitudes probatorias extemporáneas de la parte actora en el proceso
de acción popular con radicado 25000-23-41-000-2022-00645-00. Finalmente adujo
que no se demostró un perjuicio irremediable que amerite el ejercicio de la tutela
como mecanismo de protección de los derechos fundamentales que el demandante
alega vulnerados.
13. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional7 indicó que
el accionante pretende que el juez ordinario desconozca los términos establecidos
por el legislador para solicitar y presentar pruebas en los procesos judiciales, con lo
que se vulneraría su derecho de defensa y contradicción como parte demandada
en el expediente 25000-23-41-000-2022-00645-00 en el que se profirió el auto
cuestionado. Adicionalmente pidió que se declare la improcedencia de la tutela
porque el accionante no agotó todos los recursos ordinarios procedentes contra el
auto que rechazó por extemporáneo el decreto probatorio, debido a que era
procedente el recurso de apelación.
14. La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible8 expresó que lo
realmente pretendido por el accionante es la incorporación de nuevas pruebas en
el proceso ordinario con radicado 25000-23-41-000-2022-00645-00, a pesar de que
de dicha etapa se encuentra legalmente concluida -superada- de acuerdo con lo
previsto en la Ley 472 de 1998. Adicionalmente solicitó la desvinculación del
proceso de la entidad porque los pedimentos están dirigidos en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
CONSIDERACIONES
Competencia
15. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
7 Índice 15 de Samai, archivo “21_110010315000202604617004MemorialWeb202662514658”.
8 Índice 18 de Samai, archivo “33_110010315000202604617002MemorialWeb2026626145457”.
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Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20199.
Problema jurídico y metodología de la decisión
16. De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si la acción
de tutela satisface los requisitos generales de procedencia contra providencias
judiciales, especialmente el de relevancia constitucional. En particular, deberá
establecer si los reproches relacionados con el rechazo de pruebas técnicas, la
supuesta existencia de hechos sobrevinientes, las facultades oficiosas del juez
popular y el acceso a la justicia ambiental plantean un problema constitucional
autónomo o si pretenden reabrir una controversia sobre la aplicación de las reglas
procesales decidida por el juez natural.
17. De resultar afirmativa la respuesta, la Sala establecerá si la autoridad judicial
accionada, mediante la providencia del 12 de junio de 2026, incurrió en los defectos
alegados y vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
material y al acceso a la administración de justicia en asuntos ambientales.
18. De resultar afirmativo los anteriores interrogantes, se resolverá (ii) ¿la autoridad
judicial accionada en la providencia del 12 de junio de 2026 privilegió una
interpretación formalista, incurrió en un defecto fáctico por omisión de los requisitos
para el decreto de pruebas o desconoció sus facultades oficiosas y, con ello, vulneró
los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de
“justicia ambiental” e igualdad material del accionante?
19. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) la procedencia excepcional de la acción de
tutela, a partir del requisito de relevancia constitucional; y (iii) el caso concreto.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
20. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200510,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
21. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar11: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
9 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
10 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
11 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
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sentencia de tutela12, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional13 o el Consejo de Estado14,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-15; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable16 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
El requisito de relevancia constitucional
22. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
23. La Corte Constitucional indicó17 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
24. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en los
eventos en que se pretende reabrir el debate18: (i) la deliberación debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
12 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
14 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
16 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
18 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
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de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
25. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia19.
Análisis del caso concreto
Legitimación en la causa por activa y pasiva
26. Ericsson Ernesto Mena Garzón cuenta con legitimación en la causa por activa,
dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración
invoca por causa de la providencia del 12 de junio de 2026 adoptada por la autoridad
judicial accionada. De igual manera, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, está legitimado por pasiva, en la medida en que se
le endilga la transgresión de las garantías constitucionales del accionante.
27. En relación con los terceros vinculados con interés (Nación - Ministerio de
Defensa Nacional, a la Policía Nacional, al Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible y al Ministerio Público y también a los ciudadanos Julio César
Riaño Cruz, Irma Llanos Galindo, Sergio Andrés Torres, Fabio Omar Prieto Méndez)
se constata que fueron relacionados en los hechos alegados por la accionante y/o
hacen parte en la acción popular (proceso de protección de derechos e intereses
colectivos 25000-23-41-000-2022-00645-00) en el que se profirió la providencia del
12 de junio de 2026 cuestionada en la presente acción constitucional. Por los
motivos expuestos en precedencia no es posible acceder a la solicitud de
desvinculación del proceso planteada por la Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Relevancia Constitucional
28. La Sala advierte que los reproches formulados por la parte accionante no
superan el requisito de relevancia constitucional porque la providencia impugnada20
está lejos de evidenciar una afectación autónoma, directa y grave de los derechos
fundamentales invocados. En realidad, la tutela contiene una discrepancia con el
sustento jurídico en que se fundó la denegatoria de las pruebas técnicas solicitadas
por Ericsson Ernesto Mena Garzón -demandante- en el proceso 25000-23-41-000-
2022-00645-00.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.
20 Auto del 12 de junio de 2026, en el proceso de protección de derechos e intereses colectivos,
identificado con radicado: 25000-23-41-000-2022-00645-00.
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29. Aunque el accionante formuló sus reproches bajo las categorías de debido
proceso, igualdad material y acceso a la justicia ambiental, la sola invocación de
tales garantías no acredita la relevancia constitucional del asunto. Le correspondía
demostrar que la aplicación de las reglas de oportunidad probatoria produjo una
afectación autónoma, directa y determinante de sus derechos fundamentales, y no
limitarse a sostener que el Tribunal debió adoptar una interpretación más flexible
del régimen procesal aplicable.
30. Al respecto, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, en providencia del 4 de septiembre de 2025 21,
rechazó por extemporáneas las pruebas solicitadas por el demandante mediante
memoriales del 12 de febrero de 202422, 20 de agosto de 202423 y 11 de marzo de
202524. Como fundamento de su decisión expuso que, de conformidad con los
artículos 18 y 22 de la Ley 472 de 1998, las solicitudes de pruebas en los procesos
de protección de derechos e intereses colectivos se limitan a la demanda y su
contestación, por lo que no es posible decretar medios de prueba pedidos por fuera
de esa oportunidad procesal. Contra este proveído la parte afectada interpuso
recurso de reposición25 por considerar que debía aplicarse un criterio flexible en
atención a la preeminencia y pertinencia de las pruebas solicitadas.
31. Posteriormente, la autoridad judicial accionada, mediante auto del 12 de junio
de 202626 -providencia cuestionada en sede de tutela-, resolvió desfavorablemente
el recurso de reposición, porque, incluso bajo el argumento de la flexibilidad
probatoria, no es posible desconocer las normas procesales, ni las cargas de cada
una de las partes durante el trámite del proceso judicial.
32. Ahora, el alegato fundado en la supuesta excesiva rigidez formal de las normas
se fundó en un reproche frente a la providencia judicial cuestionada,
específicamente, en cuanto a la decisión de no decretar las pruebas solicitadas de
manera extemporánea; la Sala constata que dicho argumento no está orientado a
la protección de los derechos fundamentales de Ericsson Ernesto Mena Garzón sino
a reevaluar el criterio jurídico esbozado por el juez natural de la controversia, el cual
se fundó en la norma especial aplicable en el proceso y que define claramente el
momento oportuno en que cada una de las partes del litigio (demandante y
demandado) pueden presentar peticiones probatorias que consideren pertinentes,
conducentes y útiles para dirimir la controversia.
33. Tampoco se advierte una cuestión constitucional autónoma en la invocación del
artículo 40 del CPACA. El accionante no explicó por qué esa disposición regulaba
las oportunidades para solicitar pruebas dentro del proceso judicial de protección de
derechos e intereses colectivos, ni de qué manera desplazaba las reglas especiales
21 Índice 160 de Samai del proceso 25000-23-41-000-2022-00645-00, por medio del cual se resolvió
la solicitud de aclaración y se adicionó el auto del 22 de agosto de 2025 que resolvió sobre el decreto
de pruebas.
22 Índice 120
23 Índice 130, id.
24 Índice 133, id.
25 Índice 164, id.
26 Índice 172, id.
8
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Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
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previstas en la Ley 472 de 1998. Por tanto, el reproche se contrae a determinar cuál
es el régimen legal aplicable y cómo debe armonizarse con las reglas de preclusión
probatoria, asunto que corresponde resolver al juez natural y que no habilita, por sí
solo, el control excepcional de tutela.
34. Si bien el accionante sostuvo que las pruebas técnicas respondían a hechos
nuevos surgidos durante la audiencia de pacto de cumplimiento, no individualizó
cuáles fueron tales circunstancias, en qué momento se conocieron, qué
modificación produjeron en el objeto del litigio ni por qué no pudieron ser previstas
o alegadas desde la demanda. Tampoco estableció una relación concreta entre
cada hecho presuntamente sobreviniente y los peritajes ambientales, biológicos o
de salud solicitados. Esta insuficiencia impide advertir que la aplicación de las reglas
de oportunidad probatoria hubiera desconocido una situación excepcional con
incidencia constitucional.
35. Por otra parte, la Sala descarta la relevancia constitucional sobre la supuesta
vulneración del principio de acceso a la justicia ambiental consagrado en el Acuerdo
de Escazú. El artículo 8 de dicho tratado internacional de derechos humanos exige
procedimientos efectivos, justos y oportunos en asuntos ambientales; sin embargo,
el accionante no identificó qué obligación concreta de esa disposición imponía
admitir solicitudes probatorias presentadas por fuera de las oportunidades previstas
en la legislación procesal, ni demostró que la regla de preclusión se hubiera
convertido, en el caso concreto, en una barrera desproporcionada para acceder a
la jurisdicción. Por el contrario, pudo promover la acción popular, formular
solicitudes probatorias, pedir la adición del auto, interponer el recurso procedente y
obtener una respuesta motivada del Tribunal. En consecuencia, la inconformidad
recae sobre el contenido desfavorable de la decisión, no sobre la privación del
acceso a un mecanismo judicial efectivo.
36. El accionante tampoco acreditó que las pruebas rechazadas fueran únicas,
insustituibles o determinantes para resolver la acción popular. Aunque las calificó
como peritajes ambientales, biológicos y de salud humana, no precisó el objeto
específico de cada dictamen, los hechos concretos que pretendía demostrar, la
relación de esos hechos con las pretensiones del proceso ni las razones por las
cuales los demás elementos obrantes en el expediente resultaban insuficientes. Por
ello, no se evidencia argumentación que demostrara que su rechazo hubiera
generado una situación material de indefensión o que, de haberse decretado, la
decisión del proceso necesariamente habría sido sustancialmente distinta.
37. Sobre el defecto fáctico se precisa que tampoco supera el requisito de
relevancia constitucional. La autoridad accionada no omitió decidir arbitrariamente
sobre las solicitudes, sino que identificó una razón procesal previa para rechazarlas:
su presentación por fuera de las oportunidades previstas en la Ley 472 de 1998. En
ese contexto, el accionante no explicó por qué, pese a la extemporaneidad
advertida, el Tribunal estaba constitucionalmente obligado a examinar la
pertinencia, conducencia y utilidad de cada medio de prueba, ni acreditó que la
negativa obedeciera a un criterio caprichoso o manifiestamente irrazonable. Su
planteamiento busca, en realidad, que el juez de tutela sustituya el criterio del juez
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04617-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
natural sobre la aplicación de la regla de oportunidad probatoria y sus efectos frente
al examen material de las pruebas.
38. La naturaleza constitucional de la acción popular no supone que toda prueba
solicitada tardíamente deba ser decretada de oficio. Si bien el juez conserva
facultades probatorias orientadas al esclarecimiento de los hechos y a la protección
efectiva de los derechos colectivos, la omisión de ejercer esas facultades solo
adquiere relevancia constitucional cuando el medio probatorio aparece como
manifiestamente indispensable para resolver aspectos decisivos del litigio. En este
asunto, el accionante no demostró esa condición, pues no delimitó el objeto de los
peritajes ni justificó por qué el material probatorio existente impedía adoptar una
decisión suficientemente fundada. Así, el cargo expresa una discrepancia con la
manera en que el Tribunal ejerció su autonomía procesal, sin evidenciar una omisión
judicial ostensiblemente arbitraria.
39. Aunque el accionante indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C desconoció la postura adoptada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-018 de 2024 que cuestionó “la falta de pruebas
suficientes en casos ambientales, aplicando el principio de precaución ante indicios de
daño”, la Sala evidencia que no se justificó por qué ese precedente era aplicable. El
accionante no identificó con precisión la regla de decisión que consideraba
vinculante, no demostró una similitud jurídicamente relevante entre los supuestos
fácticos de aquel asunto y los del presente caso, ni explicó de qué forma esa
providencia imponía admitir pruebas solicitadas extemporáneamente dentro de una
acción popular. El precedente citado examinó la aplicación del principio de
precaución y la responsabilidad estatal por un daño ambiental en un contexto
procesal distinto, mientras que el auto cuestionado resolvió una controversia sobre
la oportunidad de solicitudes probatorias. La simple afinidad temática ambiental no
basta para acreditar su aplicabilidad obligatoria.
40. En estas condiciones, la acción de tutela pretende reabrir una controversia
probatoria ya resuelta mediante las decisiones del 4 de septiembre de 2025 y del
12 de junio de 2026. La reapertura no se deriva únicamente de que exista una
decisión previa desfavorable, sino de que el accionante solicita al juez constitucional
escoger entre su interpretación de la flexibilidad probatoria y la adoptada por el
Tribunal sobre las oportunidades previstas en la Ley 472 de 1998, sin demostrar
que esta última sea manifiestamente irrazonable. Admitir ese examen convertiría la
tutela en un recurso adicional para revisar la corrección de una providencia procesal
dictada por el juez natural.
41. Adicionalmente, no se observa un reclamo que implique vulneración del derecho
al debido proceso en su dimensión fundamental. El derecho a solicitar y aportar
pruebas no es absoluto, pues su ejercicio está sometido a las oportunidades, formas
y cargas establecidas en el ordenamiento. La negativa de un medio probatorio solo
adquiere relevancia constitucional cuando elimina una oportunidad sustancial de
defensa, genera indefensión material o recae sobre una prueba decisiva cuya
omisión compromete el resultado del proceso. Ninguna de esas circunstancias fue
acreditada, dado que el accionante intervino activamente, formuló sus solicitudes,
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04617-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
ejerció los recursos procedentes y obtuvo decisiones motivadas, sin demostrar que
los peritajes fueran indispensables para la definición del litigio.
42. En esa misma lógica, no se advierte denuncia respecto del derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia en su dimensión constitucional. El actor
tuvo acceso real al proceso de protección de derechos colectivos y pudo ejercer las
facultades de contradicción e impugnación reconocidas por la ley. A su vez, no
demostró que el rechazo de las pruebas hubiera privado al expediente de todos los
elementos técnicos necesarios para examinar el riesgo ambiental ni que hubiera
hecho imposible obtener una decisión judicial efectiva. Por consiguiente, la
controversia no versa sobre la inexistencia de un recurso judicial idóneo, sino sobre
la inconformidad con una determinación procesal adversa adoptada dentro de un
trámite al que tuvo pleno acceso.
43. El cargo relacionado con la igualdad material no fue desarrollado
suficientemente. El accionante no identificó un término de comparación, no explicó
qué sujeto en una situación equivalente recibió un tratamiento procesal diferente ni
demostró que las reglas sobre oportunidad probatoria se hubieran aplicado de
manera selectiva o discriminatoria. Su condición de víctima del conflicto armado y
defensor ambiental, aunque relevante para valorar eventuales medidas de
protección, no conduce automáticamente a exceptuar del cumplimiento de las
cargas procesales comunes ni acredita que el Tribunal hubiera desconocido una
situación de debilidad manifiesta con incidencia en la decisión cuestionada.
44. En cuanto a la pretensión de obtener un nuevo pronunciamiento sobre la medida
cautelar, no se advierte un problema de relevancia constitucional. El auto del 12 de
junio de 2026 indicó que el actor debía estarse a lo resuelto en la providencia del 10
de abril de 2025. Frente a esa determinación, la tutela no identificó cuáles hechos o
circunstancias nuevas exigían revisar la decisión anterior, ni explicó por qué la
remisión efectuada por el Tribunal constituía una negativa absoluta de acceso a la
justicia o desconocía de manera manifiesta el principio de precaución. El reproche
se limita a solicitar una nueva valoración de una medida previamente decidida.
45. Por último, se debe descartar el planteamiento de la Policía Nacional
relacionado con el incumplimiento del requisito de subsidiariedad por la supuesta
falta de interposición del recurso de apelación contra el auto que rechazó las
pruebas. Lo anterior, en razón de que el actor ejerció la reposición para cuestionar
la decisión impugnada, aunque esta circunstancia no modifica la conclusión sobre
la falta de relevancia constitucional.
46. En conclusión, los planteamientos formulados no superan el requisito general
de relevancia constitucional. El accionante no individualizó los hechos
sobrevinientes que supuestamente justificaban las solicitudes probatorias tardías,
no delimitó el objeto ni acreditó el carácter indispensable y determinante de los
peritajes, no explicó cuál obligación concreta del Acuerdo de Escazú imponía
exceptuar las reglas de preclusión y tampoco demostró la aplicabilidad de la
Sentencia SU-018 de 2024. De igual manera, no evidenció una situación material
de indefensión, un tratamiento discriminatorio ni una actuación ostensiblemente
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04617-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
arbitraria del juez natural. En realidad, pretende que el juez de tutela revise la
interpretación y aplicación del régimen probatorio efectuada dentro de la acción
popular y ordene reabrir una etapa procesal concluida. Por tanto, la Sala declarará
improcedente el amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Ericsson Ernesto Mena Garzón, quien actúa en nombre propio, por no satisfacer el
requisito general de relevancia constitucional, de conformidad con las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación – Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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