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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04621-01

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04621-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de julio de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor José Manuel Sermeño Arroyave contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Once (11) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04621-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: JOSÉ MANUEL SERMEÑO ARROYAVE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: CARÁCTER DETERMINANTE DE LA IRREGULARIDAD PROCESAL: no se
acredita. REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL: no se satisfacen los
requisitos de relevancia constitucional. Se busca reabrir un debate concluido y no se cumple
con la carga argumentativa suficiente de tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resolverá la impugnación presentada por el señor José Manuel Sermeño
Arroyave, en nombre propio, contra la sentencia del 23 de julio de 2026, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 32 del Decreto 2591
de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 16 de junio de 2026, el señor José Manuel Sermeño Arroyave, en nombre
propio, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el
Juzgado Once (11) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al derecho
de defensa y contradicción, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

Hechos relevantes

2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae lo siguiente.

3. A modo de introducción, la Sala observa que el presente caso versa sobre una
tutela contra las decisiones judiciales que analizaron la legalidad de unos actos
administrativos que decomisaron definitivamente una mercancía. A continuación, la
Subsección expondrá, en primer lugar, los hechos previos al inicio del procedimiento
administrativo surtido en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
En segundo lugar, se presentará dicho procedimiento, en el cual la Policía Fiscal y

1
Que ingresó al despacho para fallo el 20 de agosto de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: José Manuel Sermeño Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Aduanera (POLFA) aprehendió una mercancía y, posteriormente, la DIAN la
decomisó. Finalmente, se dará cuenta del proceso judicial.

4. En primer lugar, respecto de los hechos previos, el accionante manifestó que era
tenedor de unas mercancías que constaban de 675 pares de calzado tipo tenis. El
22 de octubre de 2020, las autoridades encargadas realizaron un allanamiento
ordenado por el fiscal 15 local de apoyo de Barranquilla en una casa de habitación,
ubicada en la transversal 44 núm. 99-115, conjunto residencial Barcelona, bloque
F, apartamento 401, en donde fue incautado el calzado. Los bienes fueron puestos
a disposición de la DIAN mediante oficio S-2020-000242/SUBGA/POJUD de fecha
22 de octubre de 2020.

5. En segundo lugar, frente al procedimiento administrativo, mediante auto núm.
03313 del 22 de octubre de 2020, el Jefe de la División de Gestión de Control
Operativo de Barranquilla dispuso comisionar a funcionarios de la Policía Fiscal y
Aduanera para practicar diligencia de inspección, control, verificación de la exactitud
de las declaraciones aduaneras y sus documentos de soporte, así como para
constatar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras o la ocurrencia de hechos
constitutivos de infracción o causal de decomiso, en las instalaciones del
almacenamiento Unión Temporal Logística Avanzada Almaviva S. A., ubicado en la
Vía 40 núm. 54-178 de la ciudad de Barranquilla. En el marco de dicha comisión,
por medio de acta de inspección núm. 2513 del 22 de octubre de 2020, la POLFA
dejó constancia de la aplicación de la medida cautelar de aprehensión de 675 pares
de calzado tipo tenis de presunta procedencia extranjera por no acreditar su
introducción legal al territorio aduanero nacional.

6. Mediante auto núm. 000521 del 03 de diciembre de 2020, la DIAN decretó
pruebas en el proceso administrativo. Posteriormente, a través de acta de hechos y
de cierre para acción de control posterior núm. 0362 del 15 de febrero de 2021, las
autoridades consignaron que realizaron inspección a la mercancía y evidenciaron
que no contaban con el respectivo etiquetado exigido por la norma. A través de la
Resolución núm. 000494 del 26 de abril de 2021, la autoridad ordenó el decomiso
definitivo a favor de la Nación de la mercancía aprehendida al configurarse las
causales previstas en los numerales 2 y 32 del artículo 647 del Decreto 1165 de
2019. Frente a esta decisión, el actor interpuso recurso de reconsideración, el cual
fue resuelto mediante la Resolución núm. 00097 del 31 de enero de 2022, que
confirmó el decomiso definitivo de la mercancía.

7. En tercer lugar, respecto del proceso judicial, el accionante interpuso demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que pretendió la nulidad de las
resoluciones núm. 00494 del 26 de abril de 2021 y núm. 00097 del 31 de enero de
2022. Adicionalmente, solicitó que se ordenara la entrega del calzado o,
subsidiariamente, el pago de $211.502.122.

8. El conocimiento de dicho proceso correspondió al Juzgado Once (11)
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla (radicado 08001-33-33-011-
2022-00208-00).

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: José Manuel Sermeño Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

9. Mediante auto del 25 de agosto de 2023, el Juzgado Once (11) Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla corrió traslado para alegatos y dispuso aplicar la
figura de la sentencia anticipada sin pronunciarse sobre la solicitud de prueba
testimonial de la parte actora. Por ello, el demandante interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación, el cual fue inicialmente rechazado por
extemporáneo2. Sin embargo, la Sala advierte que, por medio de auto del 27 de
junio de 2025, el despacho sustanciador conoció nuevamente del recurso y decidió
no reponer, pues consideró que la solicitud probatoria fue genérica y no determinó
de manera concreta lo que se pretendía probar (artículo 212 del Código General del
Proceso). Además, señaló que el asunto correspondía a un debate jurídico,
centrado en la competencia de funcionarios para realizar decomisos en
establecimientos abiertos al público. Por ello, refirió que la falta de solemnidad para
la existencia o validez de un acto no puede suplirse con otras pruebas, por lo que
consideró que los testimonios eran impertinentes e inconducentes para el debate
de carácter jurídico. Además, concedió el recurso de apelación en el efecto
devolutivo.

10. Antes de la resolución del recurso de apelación frente al auto del 25 de agosto
de 2023, mediante sentencia del 3 de septiembre de 2025, la autoridad judicial
dispuso negar las pretensiones de la demanda. El juzgado consideró que
corresponde a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico pretendido. Sin embargo, sostuvo que la parte no logró
desestimar la presunción de legalidad de los actos. Respecto del cargo de falta de
competencia formulado en contra de la actuación de la POLFA, señaló que esa
actuación se realizó en virtud de una comisión expresa impartida por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Además, la DIAN es la autoridad
competente para verificar la legalidad de la importación de mercancías en el
territorio aduanero nacional, pero puede comisionar a otras autoridades. Por ello,
concluyó que no se configuró una actuación ultra vires. Frente a esta decisión, la
parte actora interpuso recurso de apelación.

11. A través de auto del 20 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Atlántico resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 25 de agosto
de 2023. En este, la autoridad judicial argumentó que el problema jurídico se
centraba en discutir si la POLFA tenía la competencia para realizar aprehensiones
en lugares no abiertos al público (el depósito de almacenamiento Unión Temporal
Logística Avanzada Almaviva S. A.). Así pues, por considerar que se trataba de un
asunto de mero derecho, determinó que los testimonios solicitados no eran
conducentes ni pertinentes.

12. La segunda instancia respecto de la sentencia del 3 de septiembre de 2025
correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico que, mediante providencia del
23 de enero de 2026, decidió confirmar la decisión de primera instancia. Consideró
que el problema se delimitaba a responder si los funcionarios de la POLFA contaban
con competencia para realizar la aprehensión en un lugar no abierto al público. En
ese sentido, señaló que los artículos 35 y 36 del Decreto 4048 de 2008 establecieron
que las funciones de la entidad en materia aduanera y cambiaria en zona primaria

2
Ver proceso 08001-33-33-011-2022-00208-00, índice 26 de Samai.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: José Manuel Sermeño Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

aduanera y establecimientos de comercio no abiertos al público son ejercidas por
empleados públicos de la DIAN y podrán contar con apoyo temporal de los
miembros de la Policía Fiscal y Aduanera, previa autorización del director general.
Por otra parte, llamó la atención sobre la Resolución 009 de 2008 de la DIAN, que
establece que son funciones de la Policía Fiscal y Aduanera aprehender mercancías
en vías de comunicación terrestre del territorio nacional y establecimientos de
comercio abiertos al público, así como en aquellos lugares que autorice el director
general o el empleado público delegatario.

13. El tribunal señaló también que estaba probado que la POLFA había actuado
mediante auto comisorio aduanero núm. 03313 del 22 de octubre de 2020.
Argumentó que la diligencia de inspección en donde se procedió con la aprehensión
fue realizada por la POLFA, pero puesta a disposición de la DIAN. Además, el lugar
de almacenamiento Unión Temporal Logística Avanzada Almaviva S. A., ubicado
en la Vía 40 No. 54-178 de la ciudad de Barranquilla, en el cual se realizó la
diligencia, corresponde a una bodega institucional habilitada por la entidad para la
custodia de mercancías y no en un inmueble de terceros no abiertos al público. En
efecto, esos bienes se incautaron en el curso de una diligencia de allanamiento
realizada en una investigación penal, los cuales fueron puestos en custodia de la
DIAN. Por ello, el ingreso al inmueble no requirió orden o habilitación adicional. Por
lo anterior, el trámite estuvo amparado por el Decreto 1742 de 2020, artículo 3, que
permite a la DIAN y a la POLFA asumir la custodia y adoptar medidas sobre
mercancías puestas a su disposición. Finalmente, señaló que la aprehensión fue
una medida cautelar, mientras que el decomiso refiere al procedimiento de
fiscalización o control. Por ello, la irregularidad alegada no es en todo caso
determinante.

14. Frente a la decisión de segunda instancia, el demandante presentó una solicitud
de aclaración y adición, la cual fue resuelta mediante auto del 6 de abril de 2026.
En ella, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó la petición, al considerar que
no existían conceptos ambiguos ni omisiones en la providencia y que, en realidad,
el actor buscaba reabrir un debate jurídico ya decidido y controvertir la interpretación
adoptada en la sentencia.

Pretensiones

15. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“1).- AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso y derecho
de defensa y demás violaciones que se desprendan de los hechos
expuestos en la presente acción constitucional.
2).- DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 23 de enero de 2026 y el auto del
6 de abril de 2026.
3).- ORDENAR al Tribunal que prefiera en derecho una nueva sentencia que
garantice el debido proceso y derecho de defensa del suscrito, valore la
solicitud de revisión de la incompetencia de la POLFA para aprehender
mercancías en lugares no abiertos al público y aplique el régimen de avalúo
de réplicas bajo el estándar de la SU-484 de 2024.”3

3
Ver archivo “001_1_DemandaWeb_Demanda_TUTELASENTENCIAJUDIC”, págs. 32-33.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: José Manuel Sermeño Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Fundamentos de la demanda de tutela

16. En su escrito, el actor indicó que la demanda cumplía con los requisitos
generales de procedibilidad. Además, argumentó que el a quo incurrió en un
defecto procedimental, pues dictó sentencia de primera instancia, aunque estaba
en curso la apelación contra el auto que negó pruebas y ordenó la sentencia
anticipada, lo que lo privó de una justicia completa y con contradicción. También
señaló que hubo un exceso ritual manifiesto, al negar las pruebas testimoniales con
fundamento en que se trataba de un asunto de pleno derecho cuando era una
realidad comercial lo que se buscaba probar. Así mismo, argumentó que las
decisiones desconocieron precedentes. En efecto, sostuvo que haber resuelto la
primera instancia sin que se surtiera la apelación contra el auto que negó las
pruebas desconoció el precedente del Consejo de Estado (radicado 11001-03-15-
000-2022-05498-00). También argumentó que desconocieron la Sentencia SU-484
de 2024, que establece la flexibilidad probatoria y la carga dinámica de la prueba.

17. Por otra parte, el actor también señaló que se incurrió en defectos fácticos. En
primer lugar, afirmó que hubo una indebida valoración probatoria sobre el auto
comisorio núm. 03313 del 22 de octubre de 2020, expedido por el jefe de la División
de Gestión de Control Operativo de Barranquilla, pues confundieron aquel con la
autorización del director general de la DIAN, regulada en los artículos 35 y 36 del
Decreto 4048 de 2008. Así mismo, argumentó que este defecto se configuró por
haber negado las pruebas testimoniales de los proveedores y validado un avalúo de
$211.502.122 sin verificar su autenticidad. Argumentó que los testimonios
solicitados tenían como fin probar la adquisición lícita de la mercancía, por lo que
eran útiles, conducentes y pertinentes, porque probaban el rastreo de la cadena de
comercialización nacional. Sin embargo, las autoridades negaron las pruebas con
el argumento de que se trataba de un debate de puro derecho, cuando era una
realidad comercial. Señaló que el juez no podía imponer una tarifa legal inexistente
(como facturas originales de marca) para desestimar los testimonios. Además,
argumentó que las autoridades le impusieron una carga probatoria imposible y
desproporcionada, que era probar que el calzado no era original, pues era un hecho
negativo. Argumentó que la DIAN estaba en una mejor capacidad técnica para
probar la autenticidad del calzado, por lo que se inobservó el deber de flexibilización
probatoria y la carga dinámica de la prueba (Sentencia SU-484 de 2024).

18. El actor también argumentó que se configuró un defecto sustantivo, pues las
autoridades omitieron aplicar el régimen del avalúo para réplicas, de acuerdo con el
artículo 627 de la Resolución 46 de 2019. Señaló que cuando se trata de
mercancías no genuinas (réplicas), el avalúo debe tasarse como máximo en el 10%
de su valor comercial. En ese sentido, de haberse aplicado esta norma, el avalúo
de la mercancía no hubiera superado los 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, lo que sustentó una persecución penal al actor. También argumentó que
las autoridades incurrieron en un defecto que llamó “orgánico”4, pues interpretaron
de manera errónea la competencia de la POLFA para aprehender mercancías. A
partir de los artículos 35 y 36 del Decreto 4048 de 2008, concluyó que la
competencia de aprehensión de mercancías en zona primaria aduanera y

4
Ibid. pág. 20

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: José Manuel Sermeño Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

establecimientos no abiertos al público es exclusiva de funcionarios de la DIAN.
Además, de acuerdo con la Resolución 009 de 2008 de la DIAN, sostuvo que los
miembros de la POLFA solo pueden aprehender mercancías en vías de
comunicación y lugares abiertos al público. Excepcionalmente, pueden hacerlo en
otros lugares cuando media autorización del director de la DIAN. Por lo anterior,
argumentó que las autoridades interpretaron de manera errónea el auto comisorio
03313 del 22 de octubre de 2020 como la autorización que prevén esos artículos y
que las instalaciones del almacenamiento Unión Temporal Logística Avanzada
Almaviva S. A. se trataba de una bodega institucional en donde procedía la
aprehensión. Además, argumentó que el tribunal de segunda instancia confundió la
figura de la incautación, que pueden realizar otras entidades, con la de la
aprehensión, la cual es exclusiva de la DIAN.

19. Finalmente, señaló que se configuró una violación directa de la Constitución,
por vulnerar los derechos al debido proceso, a la defensa, a la contradicción, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad. Frente a este alegato, reiteró
lo mencionado en los demás defectos.

Trámite procesal en primera instancia

20. Por medio de auto del 18 de junio de 2026, el despacho del consejero Luis
Alberto Álvarez Parra de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción
de tutela de la referencia y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Atlántico y al juez 11 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Barranquilla. De igual modo, ordenó vincular a la DIAN, así como a las demás
partes, personas y/o entidades que participaron en el proceso 08001-33-33-011
2022-00208-02. Entre otras decisiones.

Intervenciones en primera instancia

21. El despacho del magistrado Oscar Wilches Donado del Tribunal
Administrativo del Atlántico solicitó declarar improcedente la tutela o negarla si
fuera el caso. Consideró que la acción constitucional no es el escenario para discutir
asuntos propios del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Adicionalmente, realizó un recuento de los argumentos dados en las decisiones
cuestionadas y concluyó que no había incurrido en ninguna causal específica de
procedencia.

22. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solicitó su desvinculación
y declarar improcedente la tutela en lo que respecta a su participación. Frente a lo
formal, indicó que no se alegó un perjuicio irremediable que justifique la procedencia
de la acción. Respecto de los aspectos de fondo, afirmó que no se configuró el
defecto procedimental alegado al proferir sentencia de primera instancia cuando
estaba en curso un recurso de apelación. También señaló que no hubo vulneración
por la falta de competencia de autoridad que realizó la aprehensión.

23. El Juzgado Once (11) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla
solicitó negar las pretensiones de la tutela al no haber vulneración alguna de
derechos fundamentales. Respecto de lo formal, señaló que el accionante pretende

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: José Manuel Sermeño Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

convertir la tutela en una instancia adicional. Frente a los aspectos de fondo,
argumentó que el recurso concedido en el efecto devolutivo no suspendía el trámite,
por lo que no hubo un error procedimental.

La sentencia de primera instancia

24. Mediante sentencia del 23 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción promovida por el señor José Manuel
Sermeño Arroyave.

25. El a quo agrupó el defecto fáctico, el defecto procedimental y el desconocimiento
del precedente por no haber decretado las pruebas testimoniales. Respecto a estos,
señaló que no superan el requisito de inmediatez, porque las etapas del proceso
son preclusivas y la demanda fue promovida más de 6 meses después de la
notificación de la negativa de decretar los testimonios.

26. Respecto del defecto procedimental por haber proferido sentencia de primera
instancia cuando estaba en curso un recurso de apelación, la autoridad judicial
señaló que el actor no presentó un argumento sólido que permitiera evidenciar la
vulneración de un derecho en su núcleo esencial. En efecto, el recurso se concedió
en el efecto devolutivo y no hay norma alguna que obligue al juez a esperar mientras
se resuelve, por lo que se trata de una inconformidad con el trámite. Además,
aunque la parte actora señaló que lo anterior desconoció lo dispuesto por el Consejo
de Estado (11001-03-15-000-2022-05498-00), el a quo argumentó que el
demandante no identificó regla alguna omitida o por qué esa decisión se adecúa al
caso y, además, se trata de una decisión de tutela, en la que el Consejo de Estado
no es tribunal de cierre.

27. Frente al defecto sustantivo, observó que el Tribunal Administrativo del Atlántico
resolvió esta controversia y la parte solo manifiesta un desacuerdo con el
razonamiento. En efecto, el tribunal sostuvo que la mercancía no se encontraba en
un lugar privado, sino que estaba en custodia de la DIAN, por lo que se cumplió lo
establecido en el artículo 3 del Decreto 1742 de 2020.

La impugnación

28. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró la mayoría de los fundamentos expuestos en la
demanda de tutela. Además de ello, argumentó que los cargos frente al decreto de
pruebas sí superaban el requisito de inmediatez. A juicio del actor, la decisión de
primera instancia no debía contabilizar el término razonable para interponer la tutela
desde la notificación de la negativa de decretar las pruebas, pues esto fragmenta el
proceso de manera injustificada. Argumentó que la acción de tutela es un
mecanismo subsidiario que solo se activa cuando se han agotado todos los medios
de defensa, por lo que el término de inmediatez debía contabilizarse desde la
notificación del auto que resolvió la solicitud de aclaración. Además, señaló que la
decisión de primera instancia negó el cargo de desconocimiento del precedente de
manera errónea, pues su escrito sí identificó las reglas que se derivaban de la

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: José Manuel Sermeño Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

decisión del Consejo de Estado (11001-03-15-000-2022-05498-00), relativas a la
proscripción de fallar bajo una base procesal inestable.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

29. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

30. De conformidad con lo expuesto, la Sala de la Subsección entiende que el
problema jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales, particularmente,
el requisito de acreditar el carácter determinante del vicio procesal alegado y el de
relevancia constitucional.

31. De superar el análisis, la Sala establecerá si las autoridades accionadas,
mediante las providencias del 3 de septiembre de 2025, 23 de enero de 2026 y 6 de
abril de 2026 incurrieron en: (i) defecto procedimental, por dictar sentencia de
primera instancia cuando estaba pendiente la decisión sobre un recurso y por
exceso ritual manifiesto al negar las pruebas testimoniales; (ii) desconocimiento del
precedente, por no aplicar la decisión del Consejo de Estado (radicado 11001-03-
15-000-2022-05498-00) y la Sentencia SU-484 de 2024; (iii) defecto fáctico, por la
indebida valoración probatoria del auto comisorio núm. 03313 del 22 de octubre de
2020, por negar las pruebas testimoniales que daban cuenta de la adquisición de la
mercancía y considerar que se trataba de un asunto de mero derecho y por imponer
una carga probatoria desproporcionada para acreditar la no autenticidad de la
mercancía; (iv) defecto sustantivo, por omitir aplicar el régimen de avalúo de réplicas
de la Resolución 46 de 2019 y por interpretar de manera de errónea los artículos 35
y 36 del Decreto 4048 y la Resolución 009 de 2008, al considerar que los miembros
de la POLFA tenían competencia para aprehender la mercancía; (v) violación directa
de la Constitución, por vulnerar los derechos al debido proceso, a la defensa, a la
contradicción, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

32. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes, se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el caso
concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

33. Conforme con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de
20055, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el

5
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: José Manuel Sermeño Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que
concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.

34. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que, cuando
se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la
decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Caso concreto

35. Realizada la anterior exposición, la Sala abordará el caso concreto, en el cual
estudiará la legitimación en la causa, el requisito de que el vicio procedimental
alegado tenga un carácter determinante y el requisito de relevancia constitucional.

Legitimación en la causa

36. El señor José Manuel Sermeño Arroyave cuenta con legitimación en la causa
por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya
vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada
por las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico y el
Juzgado Once (11) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, providencias
que, según afirma, trasgredieron sus garantías constitucionales.

6
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
11
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: José Manuel Sermeño Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

37. De igual manera, la Sala considera que el requisito de legitimación en la causa
por pasiva está satisfecho, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra
el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Once (11) Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla, autoridades judiciales que emitieron las
providencias a las que se les atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales
reclamados por el accionante.

38. Adicionalmente, la Sala negará la solicitud de desvinculación de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, pues obra como parte procesal en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 08001-33-33-011-
2022-00208-00/01/02 y, en consecuencia, tiene interés directo en el resultado de
esta acción constitucional.

Sobre el carácter determinante del vicio procedimental

39. La Corte Constitucional ha sostenido que, cuando se alega una irregularidad
procedimental, esta debe ser determinante para la actuación judicial12. En el caso
de la referencia, el actor argumentó que el a quo profirió la sentencia de primera
instancia cuando estaba sin resolverse un recurso de apelación interpuesto contra
la decisión que negó el decreto de las pruebas testimoniales solicitadas en la
demanda. Por ello, afirmó que se configuró un defecto procedimental absoluto.

40. La Sala advierte que este cargo no expone un vicio determinante en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho por dos razones. En primer lugar, el
recurso de apelación interpuesto contra la negativa de las pruebas testimoniales fue
finalmente resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que confirmó su
denegación por considerarlas inconducentes e impertinentes. . En segundo término,
aun si dicha decisión hubiese sido revocada, el artículo 212 del CPACA contempla
expresamente que, durante la segunda instancia de la sentencia, pueden solicitarse
las pruebas cuyo decreto fue negado en primera instancia. De hecho, admitido el
recurso de apelación contra la sentencia mediante auto del 19 de noviembre de
2025, ninguna de las partes solicitó la práctica de pruebas en esa oportunidad. Por
tanto, no se demuestra que el hecho de que el Juzgado hubiera proferido sentencia
antes de que el superior resolviera la apelación probatoria hubiera privado
definitivamente al accionante de la posibilidad de obtener la práctica de esos medios
de convicción ni que, de no haberse presentado la irregularidad alegada, el sentido
de la decisión hubiese sido sustancialmente diferente.

Relevancia constitucional

41. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para
identificar si una acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia
constitucional en el evento en el que pretende reabrir el debate13, a saber: (i) la
discusión debe recaer sobre un asunto constitucional y no solamente legal o

12
Corte Constitucional, sentencia SU-388 de 2021.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: José Manuel Sermeño Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre en el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, o que tenga una
trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución, y (iii) la
tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates exclusivamente
legales.

42. En ese sentido, según la jurisprudencia constitucional, un asunto carece de
relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general”14.

43. La acción de tutela contiene varios alegatos que se pueden considerar en
distintos grupos. En primer lugar, refiere un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, un defecto fáctico y un desconocimiento del precedente por negar el
decreto de pruebas testimoniales solicitado en la demanda e imponer una carga
probatoria desproporcionada en lugar de flexibilidad probatoria para acreditar la
originalidad del calzado. En segundo lugar, alegó un defecto procedimental absoluto
y un desconocimiento del precedente por haber proferido sentencia de primera
instancia cuando estaba pendiente la resolución del recurso de apelación contra un
auto. En tercer lugar, refirió un defecto fáctico y un defecto sustantivo por haber
interpretado de manera errónea las normas relativas a la competencia de la POLFA
para realizar aprehensiones de mercancías, así como haber valorado de manera
incorrecta el auto comisorio núm. 03313 del 22 de octubre de 2020. Finalmente,
alegó que se configuró una violación directa de la Constitución, en donde reiteró los
argumentos dados en los demás defectos.

44. Primer grupo de cargos: La parte actora sostuvo que las autoridades judiciales
negaron el decreto de las pruebas testimoniales solicitadas en la demanda y validó
el avalúo de $211.502.122 sin verificar la autenticidad de la mercancía. Por lo
anterior, indicó que se configuró un defecto fáctico, pues aseguró que las pruebas
tenían como fin acreditar la adquisición lícita de la mercancía, pero las autoridades
las negaron bajo el argumento de que el problema jurídico era de mero derecho.
Respecto a la autenticidad y valor real de la mercancía, sostuvo que las autoridades
impusieron una carga probatoria desproporcionada e imposible, en lugar de aplicar
una carga flexible y dinámica de la prueba, pues la DIAN estaba en mejor capacidad
para probar ese hecho. Por lo anterior, señaló que se desconoció el precedente de
la Sentencia SU-484 de 2024, sobre la flexibilidad probatoria. Además, como no se
probó el valor real de la mercancía, también argumentó que se incurrió en un defecto
sustantivo, al no aplicar el régimen de avalúo para réplicas, según la Resolución 46
de 2019.

45. En el marco de la decisión de tutela de primera instancia, el a quo consideró que
estos planteamientos no superaban el requisito de inmediatez, pues fueron

14
Ibidem.

11

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: José Manuel Sermeño Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

decididos por las autoridades demandadas mediante auto notificado por estado el
30 de octubre de 2025. No obstante, la Sala observa que la tutela no fue interpuesta
contra dicho auto, sino respecto de las sentencias de primera y segunda instancia,
así como del auto que resolvió la solicitud de aclaración y adición. Por ello, el término
para contabilizar la inmediatez no corresponde al 30 de octubre de 2025, como
consideró el a quo.

46. El cargo relativo a la negativa a decretar las pruebas testimoniales se declarará
improcedente, pues no satisface el requisito de relevancia constitucional. En efecto,
se evidencia que esta discusión ya fue objeto de un análisis por parte de las
autoridades judiciales. Así pues, el juzgado de primera instancia determinó que la
solicitud probatoria en escrito de la demanda fue genérica y no satisfizo los
requisitos del artículo 212 del Código General del Proceso, el cual establece la
necesidad de enunciar los hechos objeto de la prueba. También señaló que se
trataba de un asunto de mero derecho, por lo que no era necesario practicar
pruebas. Por su parte, el tribunal de segunda instancia confirmó esa decisión, pues
delimitó la demanda al cuestionamiento sobre la competencia de la POLFA para
realizar aprehensiones, para lo cual no consideró pertinentes las pruebas
solicitadas. Además de ello, en el trámite de aclaración y adición, el tribunal reiteró
esta discusión y señaló que ya había sido decidida en un momento anterior del
proceso.

47. En esa medida, la Sala observa que el actor desea reabrir un trámite que se
surtió en dos instancias y que también fue discutido en su solicitud de aclaración y
adición. Además, la posición del tribunal estuvo determinada por la delimitación que
realizó del problema jurídico, la cual se centró en la competencia de la POLFA para
realizar aprehensiones de mercancías en espacios no abiertos al público,
delimitación que no fue cuestionada en la tutela. Por ello, lo que se observa es una
inconformidad de la parte con la decisión de las autoridades judiciales y no un
planteamiento de verdadera naturaleza constitucional. El debate sobre la
conducencia, pertinencia, necesidad y utilidad de las pruebas solicitadas
corresponde al juez contencioso administrativo, pues la tutela no está establecida
como un medio de corrección de las decisiones de la autoridad judicial llamada a
resolver la controversia.

48. Por su parte, los planteamientos relacionados con la inaplicación de la carga
dinámica de la prueba, la validación del avalúo por un valor de $211.502.122 y el
desconocimiento del régimen legal para las réplicas tampoco satisfacen el requisito
de relevancia constitucional. En efecto, el accionante formuló una discrepancia
sobre la valoración y distribución de las cargas probatorias, pero no explicó de qué
manera esa controversia compromete el alcance o contenido constitucional del
debido proceso. La exposición del accionante no recae sobre la privación de una
oportunidad sustancial de defensa, la falta absoluta de contradicción, la ausencia
total de competencia, la pretermisión íntegra de una etapa esencial o la
imposibilidad de ser oído por el juez natural. Por ello, este cuestionamiento también
se declarará improcedente.

49. Segundo grupo de cargos: El actor argumentó que el a quo profirió la sentencia
de primera instancia cuando estaba sin resolverse un recurso de apelación

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: José Manuel Sermeño Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

interpuesto contra la decisión que negó el decreto de las pruebas testimoniales
solicitadas en la demanda. Por ello, afirmó que se configuró un defecto
procedimental absoluto y un desconocimiento de un precedente del Consejo de
Estado (radicado 11001-03-15-000-2022-05498-00), según el cual no es posible
apartarse de las etapas sustanciales del procedimiento.

50. Lo relativo al defecto procedimental absoluto ya se abordó respecto de su
carácter determinante. Por su parte, con relación al supuesto desconocimiento del
precedente, se advierte que el cargo no cumple con una carga argumentativa
mínima para superar el requisito de relevancia constitucional. En efecto, el cargo es
abstracto, no identifica los supuestos de hecho de la decisión que se dejó de aplicar
y tampoco establece por qué se adecúa al caso concreto. Al contrario, señala de
manera general que esa decisión obliga a que no se pretermitan etapas procesales
sustanciales. Sin embargo, de ninguna manera establece una relación de analogía
entre la situación conocida por el Consejo de Estado en la sentencia citada y el caso
de la referencia. Por ello, este cargo se declarará improcedente, pues no supera
una carga argumentativa mínima.

51. Tercer grupo de cargos: la parte actora refirió un defecto sustantivo y un defecto
fáctico15, pues las autoridades consideraron que la POLFA actuó bajo sus
competencias al aprehender la mercancía. A partir de los artículos 35 y 36 del
Decreto 4048 de 2008 y la Resolución 009 de 2008 de la DIAN, señaló que la
competencia para la aprehensión de mercancías en zona primaria aduanera y
establecimientos no abiertos al público es exclusiva de funcionarios de la DIAN y no
de la POLFA, la cual solo podrá ejercer excepcionalmente, previa autorización del
director de la DIAN. Por ello, las autoridades valoraron de manera errónea el auto
comisorio 03313 del 22 de octubre de 2020, pues consideraron que este autorizaba
a la POLFA para aprehender mercancías. Además, sostuvo que también aceptaron
de manera equivocada que las instalaciones del almacenamiento Unión Temporal
Logística Avanzada Almaviva S. A. correspondían a una bodega institucional donde
procedía la aprehensión por parte de la POLFA.

52. Frente a estos cargos, el Tribunal Administrativo del Atlántico revisó los artículos
35 y 36 del Decreto 4048 de 2008, así como la Resolución 009 de 2008 de la DIAN
y concluyó que la POLFA sí tiene competencia para aprehender mercancías en vías
de comunicación terrestre y establecimientos de comercio abiertos al público, así
como en aquellos lugares que autorice el director o el empleado público delegatario.
Además, señaló que, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 1742 de 2020, la
DIAN y la POLFA pueden asumir la custodia y adoptar medidas sobre mercancías
puestas a su disposición por otras autoridades, sin que ello implique ejercer control
en inmuebles privados.

53. Respecto al caso concreto, señaló que la POLFA actuó por indicación expresa
del auto comisorio aduanero núm. 03313 del 22 de octubre de 2020. Además,
observó que la mercancía fue incautada en un inmueble privado en el marco de un

15
El defecto fáctico referido en este grupo de cargos se distingue del que ya fue abordado, que
versaba sobre la negativa del decreto de pruebas testimoniales; en el alegato abordado acá, se
estudia la valoración errónea del auto comisorio 03313 del 22 de octubre de 2020.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: José Manuel Sermeño Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

procedimiento penal y puesta a disposición de la DIAN, mercancía que se almacenó
en las instalaciones del almacenamiento Unión Temporal Logística Avanzada
Almaviva S. A. Por lo anterior, consideró que estas instalaciones no corresponden
a un inmueble de terceros no abierto al público, sino a una bodega institucional
habilitada para la entidad para la custodia de bienes incautados. Así pues, el ingreso
al inmueble no requirió orden o habilitación adicional, pues la DIAN y la POLFA
tenían la custodia y disponían de la posibilidad de adoptar medidas sobre estas
mercancías puestas a su disposición. En esa medida, concluyó que la POLFA actuó
dentro de sus competencias.

54. Respecto a este grupo de cargos, la Sala encuentra que el actor pretende reabrir
un debate que se surtió en el proceso ordinario. En efecto, las providencias
cuestionadas analizaron expresamente el alcance de los artículos 35 y 36 del
Decreto 4048 de 2008, la Resolución 009 de 2008 de la DIAN y el artículo 3 del
Decreto 1742 de 2020 y determinaron que la POLFA actuó con competencia al
aprehender la mercancía. Además, también examinaron la naturaleza de las
instalaciones del almacenamiento Unión Temporal Logística Avanzada Almaviva S.
A. y del auto comisorio núm. 03313 del 22 de octubre de 2020 y concluyeron que la
diligencia se realizó de manera regular.

55. Así pues, la parte actora no plantea un cuestionamiento de relevancia
constitucional, que dé cuenta de una arbitrariedad o interpretación irrazonable. Al
contrario, se evidencia que el demandante está inconforme con lo decidido por el
juez de la causa, por lo que busca convertir la acción de tutela en una instancia
adicional para discutir estos asuntos debatidos y resueltos en el proceso ordinario.
Se considera que el debate respecto a la competencia de la POLFA para realizar
aprehensiones en espacios que sirven de depósito de mercancías que ya se
encuentran a disposición de la DIAN es un asunto que corresponde al juez
contencioso administrativo. Atribuir al juez de tutela esa competencia desborda los
fines constitucionales de la acción de amparo. Por ello, estos cargos se declararán
improcedentes.

56. Violación directa de la Constitución: Este defecto se declarará improcedente por
no cumplir con una carga argumentativa mínima. El actor presenta de manera
abstracta que las autoridades vulneraron los derechos al debido proceso, a la
defensa, a la contradicción, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
Sin embargo, reitera los mismos argumentos presentados en los otros defectos. En
consecuencia, este cargo no supera el requisito de relevancia constitucional, pues
no logra dar cuenta de una contradicción autónoma y específica entre las
providencias cuestionadas y la Constitución. Al contrario, se limita a reiterar los
argumentos presentados en los otros defectos, por lo que se declarará su
improcedencia.

57. En conclusión, la Sala declarará improcedente la acción de tutela. Por un lado,
respecto del supuesto defecto procedimental absoluto, se advierte que la demanda
no planteó un vicio que fuera de carácter determinante. Por otro lado, la Subsección
dividió los demás cargos de la tutela en tres grupos y concluyó que estos no superan
el requisito de relevancia constitucional, pues reabren una discusión que se surtió
en el proceso ordinario, no plantean un debate constitucional sobre el alcance o

14

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04621-01
Accionante: José Manuel Sermeño Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

desarrollo de un derecho fundamental o no cumplen con una carga argumentativa
mínima. Finalmente, el cargo de violación directa de la Constitución tampoco supera
dicho requisito, pues es abstracto y reitera los argumentos relacionados con los
demás defectos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de julio de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el señor José Manuel Sermeño Arroyave contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico y el Juzgado Once (11) Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

15

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