Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04625-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04625-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04625-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-04625-00
Demandante RICARDO ANDRÉS CHAVARRIAGA TROCHEZ
Demandada TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN Y
OTRO
Temas Acción de tutela. Carencia de objeto. Nombramiento para suplir juez
en licencia de maternidad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Ricardo Andrés Chavarriaga Trochez, de conformidad con
lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de diciembre de 2025, el señor Ricardo Andrés Chavarriaga Trochez
interpuso acción de tutela, mediante apoderada judicial, contra la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, la señora Daniela Posada
Acosta y el señor Luis Germán Arenas Escobar, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y buen nombre.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO. (MEDIDA CAUTELAR) CONCEDER INMEDIATAMENTE, IN AUDITU, UNA MEDIDA
CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de la Resolución N° 393 en cuanto niega
la designación del Dr. RICARDO ANDRES CHAVARRIAGA TROCHEZ para cubrir el encargo derivado
de la licencia de maternidad de la titular, y designa al Dr. ARENAS ESCOBAR.
SEGUNDO. (DECLARATORIA) DECLARAR que la Resolución N° 393 adolece de los defectos y vicios
señalados, HABILITANDO LA TUTELA.
TERCERO. (INEFICACIA) ORDENAR a la Sala de Gobierno que, en 48 horas, DEJE SIN EFECTO la
Resolución N° 393 en su totalidad.
CUARTO. (RESTABLECIMIENTO) ORDENAR a la misma Sala que, en 5 días hábiles, designe en el
encargo al Dr. RICARDO ANDRES CHAVARRIAGA TROCHEZ para cubrir el encargo derivado de la
licencia de maternidad de la titular, restableciendo su derecho ».
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. La señora Daniela Posada Acosta se desempeña como juez del Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de La Estrella (Antioquia) y en diciembre de
2025 solicitó se le concediera licencia de maternidad. El señor Ricardo Andrés
Chavarriaga Trochez, quien funge como secretario en propiedad del referido
Juzgado, solicitó ser nombrado como juez en encargo durante el lapso de la
licencia de maternidad de la titular.
2.2. Mediante resolución 393 de 10 de diciembre de 2025, la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín concedió a Daniela Posada
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Acosta el disfrute de la licencia de maternidad por el término de 126 días, en
el período comprendido entre el 5 de diciembre de 2025 y el 9 de abril de
2026.
Asimismo, designó en encargo como juez primero promiscuo municipal de la
Estrella al señor Luis Germán Arenas Escobar, a partir del 10 de diciembre de
2025. La Sala de Gobierno indicó que «resolvió no designar en encargo al doctor
RICARDO ANDRÉS CHAVARRIAGA TRÓCHEZ, Secretario del Despacho, atendiendo el
informe de gestión suscrito por la doctora Daniela Posada Acosta el diez (10) de noviembre
de dos mil veinticinco (2025), el cual, a criterio de la Sala, resta mérito a su desempeño».
3. Fundamentos de la acción
La parte actora reprochó la decisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín de no nombrarlo en encargo como juez durante la
licencia de maternidad de la titular Daniela Posada Acosta. En su criterio, tal
autoridad incurrió en defecto sustantivo, porque desbordó la ley aplicable, es decir
el artículo 132 de la Ley 270 de 1996 pues, al basar su decisión en un informe que
le «resta mérito», creó un criterio no previsto como causal para negar un encargo.
Esto significa que el Tribunal accionado tomó la decisión al margen del
ordenamiento jurídico. Aseguró que el informe citado solo da cuenta de la existencia
de procesos en trámite; por lo tanto, este no evalúa su idoneidad o desempeño.
Resaltó la existencia de varias quejas, incluyendo la tramitada ante el Comité de
Convivencia, que fueron interpuestas contra la jueza y otros compañeros. Por
consiguiente, aquella estaba impedida para emitir dicho informe, pues existían
pleitos pendientes, denuncias mutuas y enemistad manifiesta.
También consideró que la Sala de Gobierno del Tribunal incurrió en defecto fáctico
y defecto procedimental absoluto, porque valoró como prueba idónea un documento
que es ajeno a la cuestión debatida y penalizó su derecho a denunciar. En
consecuencia, dicha autoridad valoró hechos no pertinentes y omitió pruebas
esenciales, como sus descargos.
Además, censuró que la Sala de Gobierno no hizo un juicio de comparación entre
sus méritos y los de la persona designada. De hecho, este último no cumplía los
criterios de ley. En consecuencia, aseguró que dicha autoridad incurrió en
desviación de poder.
Por último, afirmó que la autoridad accionada también incurrió en falta de motivación
al basar su decisión exclusivamente en la existencia del informe de gestión suscrito
por la jueza. La Sala se limitó a parafrasear el informe sin explicar cómo la mera
existencia de procesos en trámite se traduce en la falta de mérito para ser
nombrado. A su juicio, esa motivación es aparente, deficiente y genera nulidad.
4. Trámite e intervenciones
4.1. Originalmente, la acción de tutela fue repartida a la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, que mediante sentencia de 21 de enero de
2026 declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad.
En el curso de la impugnación, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia profirió auto de 21 de abril de 2026, en el que decretó la nulidad de
todo lo actuado y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado, dado que
el asunto versa sobre un empleado judicial perteneciente a la jurisdicción
ordinaria. El 16 de junio de 2026, la Secretaría de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia remitió la acción de tutela interpuesta por el
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señor Ricardo Andrés Chavarriaga Trochez a la Secretaría General del
Consejo de Estado.
4.2. Tras dicha remisión y efectuado el nuevo reparto, se dictó auto de 19 de junio
de 2026 en el que se admitió la acción de tutela interpuesta por el señor
Ricardo Andrés Chavarriaga Trochez contra la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, la señora Daniela Posada Acosta y
el señor Luis Germán Arenas Escobar; se negó la medida provisional
solicitada; y se reconoció a la abogada de la parte accionante como su
apoderada.
4.3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín indicó que en el caso
se configura el fenómeno de la carencia actual de objeto, porque se
extinguieron las circunstancias que motivaron la inconformidad del actor, ya
que el 9 de abril de 2026 finalizó la licencia de maternidad de la jueza Daniela
Posada Acosta. En consecuencia, cesaron las condiciones que dieron lugar a
la provisión temporal del cargo. Por ende, una eventual decisión del juez
constitucional carecería de objeto, en la medida en que no existe situación
actual que amerite protección alguna.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala establecerá si se configura la
carencia actual de objeto, en razón a que en el curso de la tutela la autoridad
demandada informó que ya culminó el periodo de licencia de maternidad, en el cual
el actor deseaba fungir como juez en encargo.
3. Carencia actual de objeto
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata
de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o vulneración, por la
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos
concretos y excepcionales. Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un
derecho fundamental se materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido
hacer que cese. Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen
o cuando no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón
de ser.
La jurisprudencia constitucional ha denominado tal fenómeno como carencia actual
de objeto y ha señalado que, generalmente, este se presenta por: (i) hecho
superado, (ii) daño consumado y (iii) situación sobreviniente. Sobre esta
clasificación, la Corte Constitucional en sentencia T-280 de 2020 precisó:
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Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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«(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas, consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis».
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial». De allí que, una
vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud de
amparo, sería inocua cualquier determinación del juez constitucional, ya que «la
materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la
satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones».
4. Análisis del caso
La parte actora alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, trabajo y buen nombre dado que no fue nombrado en encargo
como juez primero promiscuo municipal de La Estrella durante el periodo de la
licencia de maternidad concedida a la juez, es decir desde el 5 de diciembre de
2025 al 9 de abril de 2026. Por lo tanto, en la tutela solicitó su designación en ese
cargo durante el periodo de la licencia.
La Sala considera que la acción de tutela carece de objeto porque en su curso
finalizó el lapso durante el cual el actor pretendía fungir como juez en encargo, lo
cual denota que la tutela perdió su objeto pues lo pretendido, justamente, era lograr
su nombramiento durante ese periodo específico.
Lo anterior obedece a que el 9 de abril de 2026 terminó la licencia de maternidad
de la jueza titular; momento para el cual la tutela aún se estaba tramitando ante la
Corte Suprema de Justicia. Se recuerda que la orden de remisión del asunto la dictó
esta última autoridad en auto de 21 de abril de 2026.
En consecuencia, se declarará la carencia de objeto, por considerar que la tutela
perdió su finalidad dada la terminación de la licencia de maternidad.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Demandante: Ricardo Andrés Chavarriaga Trochez
FALLA
1. DECLARAR la carencia de objeto de la acción de tutela promovida por el señor
Ricardo Andrés Chavarriaga Trochez, dadas las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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