Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04630-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04630-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04630-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04630-00
Accionante: SEBASTIÉN EFROMOVICH GÓMEZ
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Tema: Tutela contra la providencia judicial – improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos
333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Mediante auto del 18 de junio de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Sebastién Efromovich Gómez, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela en contra de la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, y a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. Con la solicitud, pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de los autos
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionadas al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A. Asimismo, se vinculó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá – EAAB E.S.P.
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Accionante: Sebastién Efromovich Gómez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04630-00
proferidos el 28 de julio de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el 23 de abril de 2026 por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que rechazaron de plano su
demanda por caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 25000-23-42-000-2025-00102-00/01.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 23 de abril de 2026, proferido por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado (Rad. 25000-23-42-000-
2025-00102-01 (2580-2025)), y el auto del 28 de julio de 2025, proferido por la
Sección Segunda, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(Rad. 25000-23-42-000-2025-00102-00), mediante el cual se rechazó por caducidad
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
TERCERA (PRINCIPAL). ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación del fallo de tutela ADMITA la demanda y le imprima el trámite de ley, sin
perjuicio de que la caducidad pueda proponerse como excepción y resolverse en la
sentencia, con plenitud probatoria.
CUARTA (SUBSIDIARIA). En subsidio de la anterior, ORDENAR al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, que dentro de los treinta (30) días
siguientes profiera nueva decisión sobre el recurso de apelación, en la cual (i) valore
expresamente el oficio 10600-2026-0161 del 22 de enero de 2026 y (ii) aplique
íntegramente los artículos 107 (incisos 2.º y 3.º) y 111 de la Ley 734 de 2002 frente
a la situación notificatoria del apoderado del disciplinado y a la fecha de ejecutoria
del fallo de primera instancia.3
1.2. Hechos
4. El 4 de marzo de 2013, el señor Sebastién Efromovich Gómez se vinculó a
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB E.S.P. (en adelante,
EAAB E.S.P.) mediante contrato a término fijo de 6 meses identificado con el
registro No. 38190, en el cargo Técnico del nivel 42 de la Gerencia Corporativa de
Servicio al Cliente.
5. No obstante, fue despedido el 9 de agosto de 2013, con fundamento en el
memorando interno No. 10200-20130890 del 2 de agosto de 2013, proferido por el
gerente general. Lo anterior, por cuanto de la validación de los títulos educativos
entregados se advirtió una presunta carencia de autenticidad, por cuanto el título de
bachiller aportado no fue convalidado por el centro educativo.
6. Por lo anterior, el 22 de enero de 2014 la EAAB E.S.P. dio apertura a la
indagación preliminar, adelantó el proceso disciplinario identificado con el
expediente No. 6079-2013, que concluyó con fallo de primera instancia del 21 de
3 Transcripción literal que puede contener errores.
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enero de 20194, en el que resolvió sancionar con destitución e inhabilidad general
por 10 años al señor Sebastién Efromovich Gómez, en su condición de Técnico nivel
42, para la época de los hechos investigados. Fallo que fue notificado
personalmente el 8 de febrero de 2019 y le entregó copia.
7. Posteriormente, la EAAB E.S.P. expidió la Resolución No. 0251 del 14 de
marzo de 2019 por medio de la cual hizo efectiva la sanción disciplinaria, notificada
personalmente el 14 de marzo de 2019 mediante el envío por correo certificado de
Servicios Postales Nacionales S.A. 4/72, a la dirección consignada en su hoja de
vida, del cual se reportó la entrega en el destino5, con firma de recibo de la señora
Blanca Cecilia Gómez, su madre.
8. Con todo, el señor Efromovich Gómez promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho6 contra el fallo disciplinario y la resolución
aludida, por cuanto consideró que fue expedido de manera irregular al no haber sido
notificado en debida forma, para lo cual indicó que no se le entregó copia íntegra de
la decisión ni se le informó correctamente sobre los recursos procedentes, y además
se omitió notificar a su apoderado.
9. Asimismo, indicó que la comunicación realizada en febrero de 2019 no
cumplía los requisitos legales, lo que le impidió conocer de manera efectiva el
contenido y alcance del acto. Por tal razón, en diciembre de 2024, presentó un
derecho de petición con el fin de que se le notificara, sin que la respuesta de la
entidad subsanara dichas irregularidades.
10. Al proceso se le asignó el radicado 25000-23-42-000-2025-00102-00, y le fue
repartido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que, mediante auto del 7 de mayo de 2025, inadmitió la demanda,
en tanto (i) no se acreditó el envío de la demanda y sus anexos a la entidad
demandada; (ii) se dirigió indebidamente contra un acto de ejecución; (iii) no se
acreditó el agotamiento del requisito de procedibilidad; (iv) el poder no identificaba
correctamente los actos objeto de control; y (v) no se allegó la prueba del cambio
de nombre del demandante.
11. El 16 de mayo de 2025, el demandante allegó escrito de subsanación,
mediante el cual (i) acreditó el envío de la demanda y sus anexos a la entidad
demandada; (ii) excluyó como acto demandable la Resolución 0251 de 2019 y
dirigió sus pretensiones contra el acto administrativo sancionatorio del 21 de enero
de 2019; (iii) ajustó el poder en los términos exigidos y allegó la documentación
requerida, incluida la escritura pública de cambio de nombre.
12. Con todo, mediante auto del 28 de julio de 2025, el tribunal resolvió rechazar
4 Ejecutoriado el 14 de febrero de 2014, luego de vencido el término para interponer recursos, sin
hacerlo.
5 Con certificado RA092332474CO del 14 de marzo de 2019.
6 Demanda radicada el 7 de abril de 2025.
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por caducidad la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, al concluir que el acto que definió la situación
jurídica del demandante fue el fallo disciplinario del 21 de enero de 2019, el cual,
según las pruebas obrantes en el expediente, fue notificado personalmente el 8 de
febrero de 2019.
13. En consecuencia, refirió que el término de caducidad para la presentación de
la demanda en el presente asunto corrió a partir del 9 de febrero, esto es, el día
siguiente a la notificación del fallo disciplinario de primera instancia, finalizando el 9
de junio de 2019. Sin embargo, advirtió que no se presentó solicitud de conciliación,
por lo cual no hubo lugar a la suspensión del término.
14. Inconforme con la decisión, el señor Sebastién Efromovich Gómez interpuso
recurso de apelación, en el que reiteró los argumentos expuestos en la demanda en
torno a las presuntas irregularidades que afectaron la notificación del acto
sancionatorio del 21 de enero de 2019, las cuales, a su juicio, impidieron su
conocimiento efectivo. Con fundamento en ello, cuestionó la declaratoria de
caducidad y solicitó revocar el auto recurrido para que se admitiera la demanda.
15. Mediante auto del 23 de abril de 2026, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión del a quo. Para ello, indicó que
la notificación personal llevada a cabo el 8 de febrero de 2019 se realizó conforme
a las reglas previstas en la Ley 734 de 2002 y cumplió con su finalidad de poner en
conocimiento del disciplinado el contenido de la decisión.
16. Así, concluyó que el término de caducidad del medio de control debió
contabilizarse a partir del día siguiente a dicha notificación, esto es, desde el 9 de
febrero de 2019, de conformidad con lo previsto en el literal c del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA.
17. Razón por la cual, el plazo de 4 meses para ejercer el medio de control
fenecía el 9 de junio de 2019. Comoquiera que la demanda fue radicada a través de
la ventanilla virtual el 7 de abril de 2025, era evidente que se presentó de manera
extemporánea, pues se superó ampliamente el término legal previsto para el
ejercicio de la acción.
1.3. Sustento de la vulneración
18. La parte accionante indicó que las autoridades judiciales accionadas, al
proferir los autos de 28 de julio de 2025 y 23 de abril de 2026, vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al incurrir en los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, al rechazar de plano la demanda
por caducidad con fundamento en una ejecutoria que, a su juicio, no se consolidó
conforme a la ley.
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19. En cuanto al defecto sustantivo, afirmó que las autoridades accionadas
aplicaron de manera parcial el artículo 107 de la Ley 734 de 2002 e inaplicaron el
artículo 111 ibidem, pese a que dichas normas regulaban el procedimiento de
notificación del fallo disciplinario y el cómputo del término para interponer recursos.
Sostuvo que, al no comparecer el apoderado dentro de los ocho días siguientes a
la citación, era obligatorio fijar edicto por tres días, y solo a partir de esa última
notificación podía comenzar a correr el término común de recursos y declararse la
ejecutoria del acto sancionatorio.
20. Respecto del defecto fáctico, señaló que las providencias accionadas
omitieron valorar el oficio 10600-2026-0161 expedido por la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la EAAB E.S.P., documento que certificaba la
incomparecencia del apoderado, la inexistencia de fijación de edicto, la forma en
que se expidió la constancia de ejecutoria del 14 de febrero de 2019 y la información
errónea suministrada sobre el recurso procedente. Afirmó que dicha prueba era
determinante para establecer que la ejecutoria del fallo disciplinario y, en
consecuencia, el dies a quo de la caducidad, no podían tenerse por plenamente
consolidados.
21. En relación con el desconocimiento del precedente, reprochó que las
autoridades accionadas hubieran citado una sentencia de la propia Subsección B
del Consejo de Estado7 que describía el procedimiento completo de notificación
previsto en el artículo 107 de la Ley 734 de 2002, pero solo aplicaron el segmento
relativo a la incomparecencia del apoderado, omitiendo la regla que imponía la
fijación del edicto. Asimismo, sostuvo que desconocieron el precedente
constitucional según el cual, cuando existe duda sobre el momento a partir del cual
debe computarse la caducidad, debe privilegiarse el acceso a la administración de
justicia y evitar el rechazo de plano de la demanda.
22. Finalmente, alegó una violación directa de la Constitución, por cuanto las
decisiones accionadas habrían desconocido los artículos 29, 228 y 229 superiores
al cerrar definitivamente el acceso a la jurisdicción con fundamento en una
ejecutoria declarada sin agotarse el procedimiento legal de notificación. Añadió que
la omisión de notificar al apoderado tuvo relevancia material, dado que durante la
notificación personal se le informó equivocadamente cuál era el recurso procedente,
circunstancia que, a su juicio, afectó el ejercicio efectivo del derecho de defensa y
de doble instancia.
1.4. Intervenciones
23. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, solicitó negar el amparo al considerar que la providencia
cuestionada se ajustó a la normativa y la jurisprudencia aplicables. Explicó que, tras
inadmitir la demanda para su corrección, la rechazó por caducidad al concluir que
7 Del 23 de abril de 2025 (Exp. 11001-03-25-000-2016-00592-00).
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el acto demandable era el fallo disciplinario del 21 de enero de 2019 cuya
notificación personal se surtió el 8 de febrero de ese año; no la resolución del 14 de
marzo de 2019 que lo hizo efectivo.
24. Agregó que las presuntas irregularidades en la notificación y en la indicación
de los recursos podían discutirse mediante el medio de control, pero no alteraban el
cómputo de la caducidad, razón por la cual la demanda presentada el 7 de abril de
2025 era extemporánea. En consecuencia, sostuvo que no se configuró vulneración
alguna de los derechos fundamentales invocados.
25. Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
solicitó declarar improcedente la acción de tutela y, subsidiariamente, negar el
amparo. Sostuvo que los reparos formulados por el actor fueron objeto de análisis
en el trámite ordinario, pues la Subsección estudió expresamente la validez de la
notificación del fallo disciplinario, examinó el alcance del artículo 107 de la Ley 734
de 2002 y concluyó que la existencia de un apoderado no impedía que la notificación
personal se surtiera directamente con el disciplinado, quien compareció, recibió
copia de la decisión y tuvo conocimiento efectivo de su contenido.
26. En ese sentido, afirmó que la tutela no evidencia una actuación arbitraria u
omisión judicial, sino que pretende reabrir un debate de legalidad ya resuelto y
convertir el amparo en una tercera instancia, en desconocimiento de la autonomía
judicial y la seguridad jurídica.
27. Por otro lado, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
también pidió negar el amparo al considerar que la tutela pretende reabrir un debate
de legalidad ya resuelto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Indicó
que las providencias cuestionadas aplicaron razonablemente las normas sobre
caducidad y que no se configuró ninguno de los defectos específicos que habilitan
la tutela contra providencias judiciales. De otra parte, refirió que el accionante
pretende utilizar el amparo como una tercera instancia para controvertir la valoración
efectuada por los jueces sobre la notificación del fallo disciplinario, la ejecutoria del
acto y el cómputo de la caducidad.
28. Por último, afirmó que la entidad actuó de buena fe, no vulneró derecho
fundamental alguno y que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que justificara la intervención del juez constitucional.
II. CONSIDERACIONES
29. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por
la parte accionante. En ese sentido, esta Sección explicará las razones por las
cuales en el asunto objeto de estudio no se supera el requisito general de relevancia
constitucional.
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2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela contra
providencias judiciales
30. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento
de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún defecto especial11 en
el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el
asunto y determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará si
se superan los presupuestos generales de procedencia.
31. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o
más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
32. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
33. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
34. La Sala advierte que el señor Sebastién Efromovich Gómez está legitimado
en la causa por activa, porque conformó la parte demandante al interior del medio
de control en el que se dictaron las providencias que se cuestionan mediante esta
vía. A su vez, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A., también están
legitimados en la causa por pasiva por haber proferido las decisiones objeto de
estudio el presente trámite constitucional.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-
388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
10 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia
constitucional; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los
hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la
misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
11 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto
material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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35. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional12, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor
cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos
fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate
propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto para
resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial; y, (iii) que no se
trate de asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna
entre la providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se
pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa,
como si de una instancia adicional se tratase.
36. Como se expuso previamente, la parte accionante reprocha los autos del 28
de julio de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, y del 23 de abril de 2026, dictado por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, por cuanto consideró que dichas
autoridades incurrieron en defecto sustantivo, defecto fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, al declarar la caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el fallo
disciplinario del 21 de enero de 2019.
37. En su criterio, las autoridades judiciales accionadas efectuaron una
interpretación errónea de las disposiciones contenidas en la Ley 734 de 2002
relativas a la notificación de las decisiones disciplinarias y a la ejecutoria de estas,
pues omitieron considerar que, ante la incomparecencia del apoderado, resultaba
obligatorio surtir la notificación por edicto, circunstancia que impedía tener por
consolidada la ejecutoria del acto sancionatorio y, por ende, fijar el cómputo del
término de caducidad desde el 9 de febrero de 2019.
38. Asimismo, sostuvo que las providencias cuestionadas dejaron de valorar
elementos probatorios que acreditaban las irregularidades en el trámite de
notificación y desconocieron el precedente judicial y constitucional invocado en la
demanda.
39. Al respecto, se advierte que los cuestionamientos planteados por el actor no
involucran una controversia de naturaleza estrictamente constitucional, sino que
están dirigidos a controvertir la interpretación normativa y la valoración probatoria
efectuadas por los jueces que conocieron del medio de control ordinario respecto
de la fecha a partir de la cual debía contabilizarse el término de caducidad.
40. En efecto, la Sala precisa que la argumentación desarrollada en el escrito de
tutela reproduce sustancialmente las razones que fueron expuestas tanto en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho como en el recurso de apelación
12 Sentencia SU-215 de 2022.
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interpuesto contra el auto que la rechazó, las cuales fueron objeto de análisis
expreso por parte de las autoridades judiciales accionadas.
41. Precisamente, aunque la acción de tutela se presenta bajo la invocación
formal de causales específicas de procedibilidad contra providencias judiciales, lo
cierto es que el desacuerdo del actor radica en la conclusión a la que arribaron los
jueces ordinarios acerca de la validez de la notificación personal surtida el 8 de
febrero de 2019 y de los efectos jurídicos que de ella se derivaban para efectos de
la ejecutoria del fallo disciplinario y del cómputo de la caducidad.
42. De esta manera, el accionante pretende que el juez constitucional realice una
nueva valoración de las normas aplicables, de las pruebas obrantes en el
expediente disciplinario y de los argumentos ya examinados por las autoridades
competentes, con el propósito de obtener una conclusión distinta a la adoptada en
sede ordinaria.
43. Acorde con lo expuesto, resulta evidente que la controversia propuesta
carece de relevancia constitucional, en tanto no evidencia una cuestión que
trascienda el ámbito de la mera legalidad ni plantea una afectación iusfundamental
autónoma susceptible de ser analizada por el juez de tutela.
44. Por el contrario, el accionante busca reabrir un debate jurídico resuelto por
los jueces naturales de la causa, relacionado con la determinación del momento de
ejecutoria del acto disciplinario y la consecuente configuración de la caducidad del
medio de control, aspecto que pertenece al ámbito propio de interpretación y
aplicación del ordenamiento jurídico por parte de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
45. Así, la Sala concluye que la solicitud de amparo no satisface el presupuesto
general de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos expuestos están
encaminados a cuestionar el acierto jurídico de las providencias censuradas y no a
demostrar la existencia de una vulneración directa y evidente de los derechos
fundamentales invocados.
46. Finalmente, se enfatiza en que formular una simple disconformidad contra
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el caso puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en
torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
47. Ello resulta especialmente cierto cuando se cuestionan providencias
judiciales proferidas por las Altas Cortes respecto de las cuales la procedencia se
hace más restrictiva, al punto que se ha establecido un requisito adicional,
denominado carga interpretativa transversal, el cual exige «que la providencia
judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales […] o que se configure una anomalía de tal entidad que haga
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Accionante: Sebastién Efromovich Gómez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04630-00
imperiosa la intervención del juez constitucional» .
48. Así las cosas, en estos casos, el estándar argumentativo es más estricto, y
respetuoso de la autonomía judicial, lo que impide que rebatir una decisión a partir
de una mera discrepancia frente a las conclusiones jurídicas y probatorias, de las
cuales no sea posible advertir prima facie una vulneración arbitraria o
desproporcionada de derechos fundamentales.
49. Lo anterior, debido a que la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter
legal ni de interpretación jurídica o de valoración probatoria efectuadas en las
decisiones adoptadas por los jueces naturales de la causa, lo cual escapa a la
finalidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción de tutela
presentada por el señor Sebastién Efromovich Gómez.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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