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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04630-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04630-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026), proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, para en su lugar, Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Sebastién Efromovich Gómez, por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04630-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04630-01
Accionante: Sebastién Efromovich Gómez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Revoca la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda por no configurarse los defectos
alegados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 16 de julio
de 20261 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela2 y del expediente, se colige que dentro del proceso
disciplinario núm. 6079-2014 adelantado por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá – EAAB E.S.P., en adelante EAAB, mediante decisión del
21 de enero de 2019 impuso al señor Sebastién Efromovich Gómez, antes Juan
Orlando Vargas Gómez, la sanción de destitución e inhabilidad general por diez
(10) años. En el ordinal segundo de dicha decisión se dispuso su notificación
personal al apoderado reconocido y, de no ser posible, mediante edicto, en los
términos del artículo 107 de la Ley 734 de 2002.3

3. La parte actora señaló que el apoderado Gonzalo Heberth Burbano Ordóñez
fue citado para notificarse mediante oficio del 30 de enero de 2019, recibido el 1.º
de febrero siguiente; sin embargo, no compareció y la entidad no fijó edicto alguno.
No obstante, del plenario se advierte que el actor fue notificado personalmente el 8
de febrero de 2019 y la EAAB declaró ejecutoriado el fallo el 14 de febrero del
mismo año.

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Índice 19 del aplicativo SAMAI
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Presentado el 17 de junio de 2026.
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Código Disciplinario Único, derogado posteriormente por la Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario, a su vez
modificado por la Ley 2094 de 2021.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04630-01
Accionante: Sebastién Efromovich Gómez

4. Posteriormente, el 7 de abril de 2025 el señor Efromovich Gómez presentó
una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el acto sancionatorio. Mediante auto del 28 de julio de 2025, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda teniendo en cuenta
que al haber iniciado el término para presentar la acción el 9 de febrero de 2019,
operó de manera evidente el fenómeno de la caducidad.

5. Contra dicha decisión el actor interpuso recurso de apelación. Durante el
trámite, el 27 de enero de 2026, aportó como prueba sobreviniente el Oficio 10600-
2026-0161 del 22 de enero de 2026, mediante el cual la EAAB certificó que no
existía notificación personal al apoderado, tampoco constancia de comparecencia
ni edicto de notificación, y que la ejecutoria se calculó únicamente desde la
notificación personal practicada al disciplinado.

6. Mediante auto del 23 de abril de 20264, la Sección Segunda Subsección B
de esta Corporación confirmó el rechazo de la demanda. Frente a lo anterior, el
accionante instauró la presente acción de tutela al estimar que las autoridades
judiciales omitieron valorar la incidencia de las presuntas irregularidades en la
notificación al estudiar la configuración de la caducidad.

2.2. Fundamento jurídico

7. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, por cuanto, desde su punto de
vista, las autoridades judiciales accionadas rechazaron por caducidad el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra el fallo
disciplinario de 21 de enero de 2019, pese a que, en su criterio, la ejecutoria de
dicha decisión no se consolidó válidamente conforme a las reglas de notificación
previstas en la Ley 734 de 20025

8. Adicionalmente, alegó configurado un defecto sustantivo, al estimar que las
providencias cuestionadas aplicaron de manera incompleta el artículo 107 de la Ley
734 de 2002 e inaplicaron el artículo 111 de dicha normativa. El actor sostuvo que,
al no haberse notificado personalmente al apoderado reconocido ni surtido la
notificación subsidiaria por edicto, no podía tenerse por configurada la denominada
“última notificación” prevista por el régimen disciplinario, circunstancia que impedía
declarar la ejecutoria del fallo sancionatorio y contabilizar válidamente el término de
caducidad.

9. Igualmente, adujo la existencia de un defecto fáctico, por cuanto, en el sentir
del accionante, la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación habría
omitido valorar adecuadamente el Oficio núm. 10600-2026-0161 de 22 de enero de
2026, expedido por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., documento que, según afirmó,
acreditaba la inexistencia de notificación personal al apoderado, la ausencia de
edicto y la forma en que la entidad calculó la ejecutoria del acto disciplinario.

10. Asimismo, sostuvo que las providencias cuestionadas desconocieron la

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Código Disciplinario Único, derogado posteriormente por la Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario, a su vez
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interpretación que la propia jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado en
torno al trámite de notificación previsto en el artículo 107 de la Ley 734 de 2002,
especialmente respecto de la citación al apoderado reconocido y de la fijación del
edicto cuando este no comparece a notificarse.

11. De igual forma, argumentó que las autoridades judiciales omitieron
considerar los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional que favorecen
el acceso efectivo a la administración de justicia cuando existen dudas razonables
acerca de la configuración de la caducidad, que consideró aplicables a su asunto.6

12. Finalmente, reprochó una violación directa de la Constitución, al considerar
que las decisiones cuestionadas restringieron definitivamente el acceso a la
jurisdicción mediante una interpretación que resulta incompatible con los artículos
29, 228 y 229 de la Constitución Política, pues tuvo por consolidada la ejecutoria
del fallo disciplinario y declaró la caducidad del medio de control sin acoger la
interpretación que, a su juicio, resultaba más favorable al examen de fondo de sus
pretensiones.

2.3. Pretensiones

13. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«PRIMERA. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia. SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS el auto
del 23 de abril de 2026, proferido por la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado (Rad. 25000-23-42-000-2025 00102-01 (2580-2025)), y el auto
del 28 de julio de 2025, proferido por la Sección Segunda, Subsección A, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Rad. 25000-23 42-000-2025-00102-
00), mediante el cual se rechazó por caducidad la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

TERCERA (PRINCIPAL). ORDENAR al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación del fallo de tutela ADMITA la demanda y le imprima el
trámite de ley, sin perjuicio de que la caducidad pueda proponerse como excepción
y resolverse en la sentencia, con plenitud probatoria.

CUARTA (SUBSIDIARIA). En subsidio de la anterior, ORDENAR al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, que dentro de los treinta (30) días
siguientes profiera nueva decisión sobre el recurso de apelación, en la cual (i)
valore expresamente el oficio 10600-2026-0161 del 22 de enero de 2026 y (ii)
aplique íntegramente los artículos 107 (incisos 2.º y 3.º) y 111 de la Ley 734 de
2002 frente a la situación notificatoria del apoderado del disciplinado y a la fecha
de ejecutoria del fallo de primera instancia.

QUINTA. Impartir las demás órdenes que el juez constitucional estime necesarias
para la protección efectiva de los derechos amparados.» (SIC en toda la cita)

2.4. Intervenciones

14. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante auto del 18 de junio de 20267 a través del cual ordenó
notificar a la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A como
accionadas, y vinculó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB
E.S.P. en calidad de tercero con interés.

6
Para tal efecto invocó las sentencias SU-168 de 2023 y T-004 de 2025.
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Acción De Tutela
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Accionante: Sebastién Efromovich Gómez

2.4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A8 se opuso a las pretensiones de la acción de tutela y solicitó negar
el amparo. Señaló que la providencia del 28 de julio de 2025 se fundamentó en la
normativa y la jurisprudencia aplicables al caso, particularmente en las reglas sobre
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
actos disciplinarios.

15. Argumentó que, una vez subsanada la demanda, el Tribunal determinó que
el acto verdaderamente demandable era el fallo disciplinario de 21 de enero de
2019, notificado personalmente al actor el 8 de febrero de 2019. Por tal razón,
concluyó que el término de caducidad debía contabilizarse desde el 9 de febrero de
ese año y que, al haberse presentado la demanda el 7 de abril de 2025, operó el
fenómeno de la caducidad respecto del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

16. Agregó que las alegadas irregularidades en la notificación, relacionadas con
la entrega de copia del fallo y la información sobre los recursos procedentes, no
desvirtuaban la circunstancia de que el demandante conoció efectivamente la
decisión disciplinaria. En consecuencia, sostuvo que no existió vulneración de los
derechos fundamentales invocados y que la tutela debía ser negada.

2.4.2. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado9 solicitó
declarar improcedente la acción de tutela o subsidiariamente negar el amparo
invocado. Indicó que los cuestionamientos formulados por el accionante coincidían
con los argumentos planteados en el recurso de apelación contra el auto que
rechazó la demanda por caducidad y que tales aspectos ya habían sido objeto de
pronunciamiento en la providencia de 23 de abril de 2026.

17. Expuso que, al resolver la apelación, la Subsección B examinó
expresamente la forma en que se surtió la notificación del fallo disciplinario, verificó
la existencia del apoderado reconocido, la remisión de la citación a la dirección
suministrada por este y el alcance del artículo 107 de la Ley 734 de 2002. Asimismo,
precisó que la providencia desarrolló la tesis según la cual la existencia de un
apoderado no excluye la intervención directa del disciplinado ni impide que la
notificación personal se practique con este.

18. Señaló que, una vez acreditada la citación al apoderado y constatada su
inasistencia, la Sala estableció que el disciplinado compareció personalmente el 8
de febrero de 2019, recibió copia íntegra de la decisión y tuvo conocimiento efectivo
de su contenido. Con fundamento en ello, concluyó que la notificación resultaba
válida y suficiente para producir efectos jurídicos y soportar el cómputo de la
caducidad.

19. Finalmente, sostuvo que la tutela no se dirigió contra una actuación arbitraria
ni contra una indebida valoración probatoria, sino que pretendía reabrir un debate
de legalidad ya resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
nuevamente estudiado en sede de apelación. En consecuencia, afirmó que acceder
a las pretensiones del accionante convertiría la acción de tutela en una tercera

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Acción De Tutela
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instancia y desconocería los principios de autonomía judicial, preclusión y
seguridad jurídica.

2.4.3. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB E.S.P. 10
solicitó declarar improcedente la acción de tutela o en subsidio, negar el amparo
solicitado. Sostuvo que la controversia constitucional se dirigió exclusivamente
contra las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y por esta Corporación, por lo que la entidad fue vinculada únicamente en calidad
de tercero con interés y no por una actuación actual, directa o autónoma
vulneradora de derechos fundamentales.

20. Indicó que el accionante fue notificado personalmente del fallo disciplinario
el 8 de febrero de 2019, recibió copia íntegra de la decisión y no interpuso recurso
alguno dentro de la oportunidad legal. En consecuencia, afirmó que la ejecutoria
del acto disciplinario obedeció a la inactividad del propio disciplinado y no a una
actuación irregular atribuible a la administración.

21. Manifestó que la ausencia de comparecencia del apoderado reconocido, la
falta de fijación de edicto y las certificaciones expedidas por la entidad no tienen la
virtualidad de invalidar la notificación personal practicada al investigado, ni de
alterar la ejecutoria declarada el 14 de febrero de 2019. Agregó que el Oficio núm.
10600-2026-0161 tuvo un alcance meramente certificatorio y no podía revivir
términos procesales, modificar situaciones jurídicas consolidadas ni afectar el
cómputo de la caducidad definido por los jueces competentes.

22. Asimismo, sostuvo que las providencias cuestionadas aplicaron
razonablemente las normas sobre caducidad y que la tutela no puede emplearse
como una tercera instancia para replantear debates ya decididos por el juez natural.
En esa medida, negó la configuración de los defectos sustantivo, fáctico,
procedimental o de desconocimiento del precedente y afirmó que la acción carece
de los presupuestos excepcionales que habilitan el control constitucional de
providencias judiciales.

23. Propuso las excepciones de inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales, buena fe de la entidad, improcedencia de la tutela como tercera
instancia judicial, prevalencia de la seguridad jurídica derivada de la caducidad y
ausencia de perjuicio irremediable. Por lo anterior, solicitó mantener incólumes las
providencias judiciales cuestionadas y abstenerse de impartir órdenes contra la
EAAB E.S.P.

2.5. Sentencia impugnada11

24. El a quo señaló que el accionante atribuía a las autoridades judiciales
accionadas la configuración de los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento
del precedente y violación directa de la Constitución, por haber considerado válida
la notificación del fallo disciplinario de 21 de enero de 2019 y haber contabilizado
desde allí el término de caducidad.

25. No obstante, estimó que los cuestionamientos formulados no planteaban una

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controversia de naturaleza constitucional, sino una inconformidad frente a la
interpretación normativa y la valoración probatoria efectuadas por los jueces
naturales respecto de la ejecutoria del acto disciplinario y del cómputo de la
caducidad. Asimismo, consideró que tales argumentos ya habían sido analizados
expresamente dentro del proceso ordinario y en sede de apelación.

26. Con fundamento en ello, concluyó que la solicitud de amparo no satisfacía el
requisito de relevancia constitucional, pues perseguía reabrir un debate de mera
legalidad ya resuelto por el juez natural. En consecuencia, declaró improcedente la
acción de tutela, sin efectuar un examen material de los defectos específicos
invocados por el accionante.

2.6. Impugnación12

27. La parte accionante consideró que el a quo se apoyó en una premisa
equivocada al afirmar que los argumentos expuestos ya habían sido analizados por
las autoridades judiciales accionadas, cuando precisamente la tutela se fundó en la
ausencia de pronunciamiento sobre aspectos que consideró determinantes para
resolver el debate sobre la ejecutoria del fallo disciplinario.

28. En particular, insistió en que el auto de 23 de abril de 2026 no estudió las
consecuencias derivadas de la falta de notificación al apoderado, de la ausencia de
fijación de edicto ni del contenido del Oficio núm. 10600-2026-0161 de 22 de enero
de 2026, cuestiones que, en el sentir del actor, eran fundamentales para establecer
si el fallo disciplinario había quedado debidamente ejecutoriado y si resultaba
procedente declarar la caducidad del medio de control.

29. Asimismo, sostuvo que la controversia planteada sí poseía relevancia
constitucional, pues no se limitaba a cuestionar la interpretación jurídica adoptada
por el juez natural, sino que denunció la falta de respuesta judicial frente a
argumentos y elementos probatorios que estimó decisivos para el acceso a la
administración de justicia y para el debido proceso.

30. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera
instancia y conceder el amparo solicitado.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

31. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 del 201913 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la providencia objeto de estudio

32. En consideración a que el auto de 23 de abril de 2026, proferido por la

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Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, resolvió el recurso de
apelación interpuesto contra el auto de 28 de julio de 2025 dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y confirmó la
decisión de rechazo de la demanda por caducidad, la Sala solo circunscribirá el
estudio a dicha providencia al ser la que puso fin al proceso.

3.2.2. De los defectos que se analizarán en sede constitucional

33. La Sala advierte que los distintos defectos invocados por el accionante no
constituyen censuras autónomas, pues todos descansan sobre una misma premisa:
que la Subsección B omitió valorar el Oficio No. 10600-2026-0161 de 22 de enero
de 2026 y extraer de él las consecuencias jurídicas que, a juicio del actor, se
derivaban de la falta de notificación al apoderado y de la ausencia de edicto
previstas en los artículos 107 y 111 de la Ley 734 de 2002. En consecuencia, la
controversia constitucional se reduce a un cuestionamiento sobre la valoración del
material probatorio y la interpretación de las disposiciones aplicables al caso.

34. Ahora bien, en cuanto al alegado desconocimiento del precedente, la Sala
observa que el accionante invocó las sentencias SU-168 de 202314 y T-004 de
202515 de la Corte Constitucional para sustentar su tesis acerca de la flexibilización
del análisis de la caducidad y la necesidad de privilegiar el acceso a la
administración de justicia.

35. No obstante, las providencias citadas fueron proferidas en asuntos
relacionados con el medio de control de reparación directa y abordaron
problemáticas asociadas a víctimas de desaparición forzada, desplazamiento
forzado y graves violaciones de derechos humanos, escenarios fácticos y jurídicos
sustancialmente distintos al debatido en el presente asunto.

36. En ese entendido, resulta evidente que las referidas decisiones no contienen
una regla jurisprudencial relativa a la notificación de fallos disciplinarios, a la
ejecutoria de actos administrativos sancionatorios ni a la interpretación de los
artículos 107 y 111 de la Ley 734 de 2002. Por ello, no constituyen precedente
vinculante aplicable al problema jurídico que debió resolver la Subsección B. Así
las cosas, lo que realmente plantea el actor no es un apartamiento de una regla
jurisprudencial obligatoria, sino su desacuerdo con las consecuencias jurídicas que
la autoridad judicial extrajo de los hechos acreditados dentro del expediente.

37. Tampoco la referencia a la sentencia de 23 de abril de 2025 proferida por la
propia Subsección B permite estructurar un cargo autónomo por desconocimiento
del precedente. Ello obedece a que el accionante no demuestra la existencia de
una subregla jurisprudencial específica que hubiera sido abandonada sin
justificación, sino que cuestiona la forma en que la providencia censurada aplicó al
caso concreto las reglas legales y jurisprudenciales relativas al trámite de
notificación disciplinaria. En consecuencia, dicho reproche se encuentra
14
Corte Constitucional, Sentencia SU- 168 de 2023, MP Paola Andrea Meneses Mosquera. - Que entre otros aspectos hizo
referencia al término de caducidad de la acción de reparación directa frente a delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes
de guerra por parte de agentes del Estado-.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-004 de 2025, MP Cristina Pardo Schlesinger. – Relacionada principalmente con la
flexibilización de los estándares probatorios en materia de violaciones graves a los derechos humanos y la regla
especial del término de caducidad de la acción y medio de control reparación directa para eventos de daño
continuado/víctimas de desplazamiento forzado.

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inescindiblemente ligado a la discusión sobre la valoración de los hechos
acreditados y sobre la interpretación jurídica desarrollada por la autoridad
accionada.

38. Por su parte, la alegada violación directa de la Constitución tampoco
presenta autonomía conceptual. Al respecto, el actor hace depender el supuesto
desconocimiento de los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política de la
prosperidad de sus cuestionamientos acerca de la valoración del oficio aportado
como prueba sobreviniente y de la interpretación judicial de las normas que regulan
la notificación y ejecutoria de los fallos disciplinarios. En ese entendido, la presunta
vulneración constitucional se proyectó como una consecuencia eventual de los
supuestos defectos fáctico y sustantivo y no como una censura autónoma
susceptible de un estudio independiente.

39. En tales condiciones, la Sala concluye que el verdadero núcleo de la
controversia constitucional se concentra en determinar, de una parte, si la autoridad
judicial accionada prescindió de valorar elementos probatorios relevantes para
resolver el recurso de apelación y, de otra, si desconoció las normas llamadas a
regular la situación jurídica debatida. Por esta razón, y en aplicación de los
principios de economía procesal, celeridad y coherencia metodológica, el estudio
de fondo se circunscribirá a los defectos fáctico y sustantivo, en torno a los cuales
quedan absorbidos los restantes reproches formulados por el accionante.

40. En cualquier caso, antes de abordar de fondo el estudio de los defectos
endilgados a la providencia, resulta necesario establecer si la acción cumple con
los requisitos generales de procedencia, en especial, el de relevancia constitucional
echado de menos en primera instancia.

3.3. Problema jurídico

41. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al
proferir la sentencia del 23 de abril de 2026, que confirmó la providencia del 28 de
julio de 2025 dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, mediante la cual se rechazó la demanda por caducidad,
una vez verificado el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, y con
estos, transgredió los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del señor Sebastién Efromovich Gómez.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

42. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

43. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es

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posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

44. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

45. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

46. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues, no habían transcurrido más
de 6 meses desde que se profirió la decisión cuestionada lo cual ocurrió el día 23
de abril de 2026 toda vez que la acción de tutela se presentó el 17 de junio de esta
anualidad.

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3.4.1.4. Contrario a lo sostenido en la sentencia de primera instancia, el asunto por
resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer
una posible vulneración iusfundamental al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, derivada de la presunta configuración de los defectos
fáctico y sustantivo, los cuales se encuentran razonadamente fundamentados.

47. Así las cosas, en el presente asunto, el actor sostiene que la providencia de
23 de abril de 2026 confirmó el rechazo de la demanda por caducidad sin otorgar
una respuesta suficiente a la incidencia que, en su criterio, tenía el oficio núm.
10600-2026-0161 de 22 de enero de 2026 y al alcance de los artículos 107 y 111
de la Ley 734 de 2002 respecto de la notificación del apoderado reconocido dentro
de la actuación disciplinaria.

48. Por consiguiente, la censura formulada no recae exclusivamente sobre la
corrección de la interpretación judicial adoptada, sino sobre la suficiencia
constitucional de la motivación que sirvió de fundamento para una decisión que
condujo al cierre definitivo del proceso ordinario.

49. Bajo esa perspectiva, aun tratándose de una providencia proferida por una
Alta Corte, la Sala considera satisfecho el estándar reforzado exigido para habilitar
el estudio material de los cargos formulados. Ello, desde luego, no supone anticipar
juicio alguno acerca de su prosperidad, aspecto que corresponde definir al abordar
el examen de fondo de los defectos invocados.

50. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

51. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional16 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa17, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva18, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

52. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

16
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
17
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
18
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más
convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»19. Negrillas de la Sala.

53. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.5.1. Análisis del defecto fáctico en el caso concreto

54. La Sala recuerda que el defecto fáctico se configura cuando la decisión
judicial carece de sustento probatorio suficiente, prescinde de valorar pruebas
determinantes para resolver la controversia o realiza una apreciación
ostensiblemente arbitraria, irrazonable o contraevidente de los elementos de
convicción obrantes en el expediente. No obstante, la tutela no procede para
replantear valoraciones probatorias razonablemente efectuadas por el juez natural
ni para sustituir las conclusiones que este adopta en ejercicio de su autonomía
judicial.

55. En el presente asunto, el accionante sostuvo que la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico al no valorar el
oficio núm. 10600-2026-0161 de 22 de enero de 2026 expedido por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., aportado como prueba documental
sobreviniente dentro del recurso de apelación. Según afirmó, dicho documento
acreditaba la inexistencia de notificación personal al apoderado, la ausencia de
edicto y la improcedencia de la ejecutoria declarada el 14 de febrero de 2019.

56. No obstante, en contraste de lo planteado por el accionante, la Sala advierte
que la providencia reprochada no desconoció la existencia de dicha prueba ni omitió
su incorporación al trámite, sino que, por el contrario, dejó constancia expresa de
ello20.

57. Ahora bien, del examen integral del auto de 23 de abril de 2026 se observa
que la autoridad judicial sí analizó los hechos que constituyen el contenido esencial
del oficio invocado por el actor. En ese entendido, la Subsección B, identificó la
existencia del apoderado reconocido dentro de la actuación disciplinaria, verificó la
remisión de la citación para notificación personal y estableció que esta fue recibida
el 1.º de febrero de 2019 en la dirección registrada por el defensor21.

19
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
20
Providencia del 23 de abril de 2026. - “El 27 de enero de 2026, la parte demandante allegó memorial mediante el cual
solicitó dar impulso al recurso de apelación y aportó ‘prueba documental sobreviniente’, consistente en la respuesta emitida
por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el 22 de enero de 2026 a un derecho de petición elevado
previamente”.
21
Ibidem- “(...) 35. En relación con la forma en que se surtió la notificación del acto administrativo de carácter disciplinario,
obra en el expediente comunicación para notificación con destino al abogado Gonzalo Burbano Ordoñez de fecha 30 de
enero de 201918, la cual según respuesta al derecho de petición allegado por el demandante «fue recibida el 1.º de febrero
de 2019 en la portería del Edificio Sucre», dirección que fue previamente aportada por el apoderado en diligencias de
notificación personal realizadas los días 1.º de marzo y 9 de julio de 201819. 36. Asimismo, se tiene que el 8 de febrero de
201920, el hoy demandante, compareció ante la Oficina de Investigaciones Disciplinarias, ocasión en la que se dejó constancia
de su notificación personal. En el acta respectiva se indicó que se le informó sobre la procedencia del recurso de reposición
contra el acto administrativo disciplinario y se le entregó copia de la decisión, compuesta por diez folios a doble cara, diligencia
que fue suscrita por el propio disciplinado, como se observa a continuación: (...)”.

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58. Asimismo, la Subsección B examinó expresamente la situación procesal del
apoderado y reconoció que, tras la remisión de la citación, este no compareció
dentro del término previsto por la ley. De igual manera, analizó la comparecencia
personal del disciplinado y la diligencia surtida el 8 de febrero de 2019, hechos que
precisamente constituyen el soporte fáctico sobre el cual la accionante estructuró
su inconformidad22.

59. A partir de tales elementos probatorios, la autoridad judicial accionada
construyó una tesis jurídica expresa según la cual la existencia de un apoderado
no excluye la posibilidad de que el disciplinado comparezca directamente a
notificarse. En ese sentido, concluyó que la notificación personal surtida con el
investigado resultaba válida y suficiente para acreditar el conocimiento efectivo del
acto sancionatorio23.

60. Bajo ese escenario, no resultaría acertado afirmar que la providencia
cuestionada hubiera dejado de valorar los hechos acreditados mediante el oficio
aportado por el accionante. Lo que se advierte, en realidad, es que la Subsección
B les otorgó una consecuencia jurídica distinta de aquella postulada por el
demandante, pues estimó que la incomparecencia del apoderado no impedía
reconocer efectos a la notificación personal practicada al disciplinado.

61. De igual forma, la providencia reprochada desarrolló un análisis específico
sobre la suficiencia de la notificación y sobre el conocimiento efectivo de la decisión
disciplinaria, concluyendo que el actor contó con los elementos necesarios para
ejercer su defensa y consultar a su apoderado si lo consideraba pertinente24. Tales
consideraciones resultan incompatibles con la existencia de una omisión probatoria
absoluta o con una ausencia de valoración del acervo obrante en el expediente.

62. En consecuencia, esta Subsección encuentra que la inconformidad
planteada por el accionante no se dirigió realmente contra una indebida valoración
probatoria, sino contra la interpretación jurídica construida por la autoridad judicial
a partir de los hechos acreditados dentro del proceso. Dicho de otro modo, el actor
no controvierte la existencia o valoración de la prueba, sino la conclusión según la
cual la comparecencia personal del disciplinado permitió tener por satisfecha la
finalidad de la notificación disciplinaria.

63. Así las cosas, conviene recordar que la acción de tutela no constituye una
instancia adicional para reemplazar la interpretación adoptada por el juez natural
cuando esta se encuentra fundada en elementos probatorios efectivamente

22
Ibidem- “49. Aplicado lo anterior al caso concreto, se tiene que, una vez remitida la citación para notificación personal al
apoderado el 30 de enero de 2019, recibida el 1 de febrero del mismo año, este contaba con el término legal de ocho días
para comparecer a notificarse, sin que lo hubiera hecho. No obstante, dentro de ese mismo lapso, el 8 de febrero de 2019,
el disciplinado compareció ante la autoridad administrativa y se surtió la notificación personal del acto sancionatorio, diligencia
en la que se dejó constancia de la entrega de copia íntegra de la decisión. 50. En esas condiciones, la Sala considera que
dicha notificación resulta válida, en tanto se adelantó con observancia del procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002 y
permitió que el sujeto directamente afectado tuviera conocimiento efectivo del contenido del acto.”
23
Ibidem- “47. A partir de lo anterior, la Sala advierte que la existencia de un apoderado dentro de la actuación disciplinaria
no excluye la posibilidad de que la notificación personal se surta directamente con el disciplinado, siempre que se haya
garantizado el procedimiento previo de citación y que este haya tenido la oportunidad de conocer el contenido de la decisión.”
(...) 50. En esas condiciones, la Sala considera que dicha notificación resulta válida, en tanto se adelantó con observancia
del procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002 y permitió que el sujeto directamente afectado tuviera conocimiento efectivo
del contenido del acto”.
24
Providencia del 23 de abril de 2026. - “51. Por lo tanto, es claro que el disciplinado contó con los elementos necesarios
para conocer el contenido de la decisión y, de estimarlo pertinente, consultar con su apoderado y estructurar la defensa
correspondiente. Esto descarta la alegada imposibilidad de ejercer sus derechos por una supuesta irregularidad en la
notificación y el hecho de que acudiera a la entidad, transcurridos cinco años, a alegar que no conoció la decisión.”

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examinados dentro del expediente toda vez que la simple discrepancia frente a las
conclusiones derivadas del material probatorio no configura, por sí sola, un defecto
fáctico susceptible de amparo constitucional.

64. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la providencia de 23 de abril de
2026 identificó los hechos relevantes del litigio, examinó los elementos probatorios
puestos a su consideración, incluida la prueba documental sobreviniente aportada
por la parte actora, y ofreció una motivación suficiente respecto de las razones que
la condujeron a considerar válida la notificación practicada el 8 de febrero de 2019
y, por ende, configurada la caducidad del medio de control.

65. Por consiguiente, no se evidencia una omisión de valoración, una
apreciación contraevidente ni un apartamiento arbitrario del material probatorio que
permita estructurar el defecto fáctico alegado. En consecuencia, el cargo
examinado no está llamado a prosperar

3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

66. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al
caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que contraría los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla
definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura
cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a
los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»25

67. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de
las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso
determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave
en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con
efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la
que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el
fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es cierto que los

25
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.

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jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar
justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente,
por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de
Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte
en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada
y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad,
(iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada
inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma
aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador»26.

68. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció
la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.

3.6.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto

69. La parte accionante sostiene que la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo al resolver el recurso de
apelación27, por cuanto, en su criterio, omitió aplicar los artículos 107 y 111 de la
Ley 734 de 2002 y, pese a la ausencia de notificación al apoderado y de fijación de
edicto, tuvo por ejecutoriado el fallo disciplinario de 21 de enero de 2019,
circunstancia que condujo a confirmar el rechazo de la demanda por caducidad.

70. Ahora bien, en contravía de lo planteado por el señor Efromovich Gómez,
del examen de la providencia cuestionada no se advierte que la autoridad judicial
hubiera desconocido las normas llamadas a regular el asunto sometido a su
conocimiento. Por el contrario, la Subsección B identificó expresamente el problema
jurídico28 relacionado con la validez y eficacia de la notificación del fallo disciplinario
y, para resolverlo, acudió al régimen de notificaciones contenido en la Ley 734 de
2002.

71. En ese entendido, el ad quem reprodujo el contenido del artículo 107 de la
Ley 734 de 200229 y desarrolló el alcance que, en criterio de la Sala accionada,

26
Corte Constitucional, sentencia T-581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
27
Dentro del proceso seguido bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-
000-2025-00102-01 (2580-2025)
28
En ese entendido, dentro del problema jurídico la providencia reprochada definió entre sus interrogantes de manera
expresa los siguientes: “20. ¿La notificación personal practicada el 8 de febrero de 2019 cumplió las exigencias legales
previstas en el régimen disciplinario? 21. En caso de advertirse irregularidades, ¿estas pueden afectar la validez o eficacia
de la notificación y, por ende, impedir que el acto administrativo produzca efectos jurídicos?”.
29
Providencia del 23 de abril de 2026. - “41. Por su parte, el artículo 107 de la Ley 734 de 2002 establece: «Artículo 107.
Notificación por edicto. - Los autos que deciden la apertura de indagación preliminar e investigación y fallos que no pudieren
notificarse personalmente se notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez producida la decisión, se citará inmediatamente
al disciplinado, por un medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que
aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer
los recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación. Si vencido
el término de ocho (8) días a partir del envío de la citación, no comparece el citado, en la secretaría se fijará edicto por el
término de tres (3) días para notificar la providencia. Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá
la notificación personal, previo el procedimiento anterior».

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debía atribuirse a dicha disposición dentro del procedimiento disciplinario. De igual
manera, expuso la interpretación jurisprudencial que la propia Corporación30 había
construido respecto del trámite de notificación personal y por edicto de las
decisiones sancionatorias.

72. Bajo ese escenario, la Subsección B no omitió la aplicación del artículo 107
de la normativa reprochada como desconocida. Por el contrario, construyó una tesis
jurídica concreta según la cual la existencia de un apoderado no desplaza la
posibilidad de que el disciplinado comparezca personalmente a notificarse de la
decisión que lo afecta. A partir de dicha premisa concluyó que la comparecencia
del actor el 8 de febrero de 2019 resultaba suficiente para otorgar eficacia a la
notificación surtida.

73. Del mismo modo, la providencia analizó expresamente las circunstancias
particulares del caso, esto es, la citación remitida al defensor reconocido, su
incomparecencia al trámite de notificación y la posterior comparecencia personal
del disciplinado. Con fundamento en esos elementos concluyó que la notificación
practicada el 8 de febrero de 2019 se adelantó conforme a las exigencias legales y
permitió el conocimiento efectivo del acto sancionatorio.

74. Ahora bien, es cierto que la providencia cuestionada no realizó una
referencia expresa al artículo 111 de la Ley 734 de 2002. No obstante, tal
circunstancia no conduce, por sí sola, a la configuración del defecto sustantivo
alegado toda vez que la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar
que esta causal no se configura por la simple ausencia de cita de una disposición
legal, sino cuando el juez desconoce una norma evidentemente aplicable o adopta
una interpretación manifiestamente irrazonable, arbitraria o contra legem.

75. Así las cosas, en el presente asunto, la Sala observa que la Subsección B
edificó su decisión sobre una premisa jurídica clara: la notificación personal
practicada al disciplinado fue válida y eficaz para producir efectos jurídicos. Desde
esa óptica interpretativa, la discusión planteada por el accionante acerca de la
ausencia de notificación al apoderado y de la inexistencia de edicto fue resuelta
mediante una tesis jurídica que, aunque contraria a la defendida por el actor, se
encuentra expresamente desarrollada y motivada en la providencia cuestionada.

76. En consecuencia, el reproche formulado por el accionante no evidencia la
absoluta inadvertencia de una norma aplicable ni la adopción de una interpretación
ostensiblemente incompatible con el ordenamiento jurídico. En realidad, se dirige a
cuestionar la hermenéutica acogida por la autoridad judicial respecto del alcance
de las reglas disciplinarias sobre notificación y defensa material del investigado,
asunto que pertenece al ámbito propio de la autonomía judicial y que, por regla

30
Ibidem. - “42. De acuerdo con lo expuesto, esta Subsección23, ha señalado que los actos administrativos de carácter
disciplinario mediante los cuales se impone sanciones deben ser notificados de manera personal en los siguientes
términos: - Una vez producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinado, por un medio eficaz, a la entidad donde
trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de
notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer, asimismo, se
dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación; - Si vencido el término de 8 días a partir del envío
de la citación, no comparece el citado, o su apoderado, en la secretaría se fijará edicto por el término de 3 días para notificar
la providencia; - Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá la notificación personal, previo el
procedimiento anterior; lo que para esta Sala significa que el apoderado también tiene 8 días para acercarse a la autoridad
disciplinaria para notificarse del contenido de la providencia, pues, la norma en comento no establece ninguna distinción
sobre el particular. 43. En este contexto, debe precisarse que, conforme al régimen disciplinario previsto en la Ley 734 de
2002, la notificación personal de los «fallos» se enmarca en un procedimiento que inicia con la citación del disciplinado, a
quien se le convoca para que comparezca a notificarse del contenido del acto.” Negrillas y subrayas de esta Sala.

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general, resulta ajeno al control excepcional del juez de tutela.

77. Conviene recordar que la acción de tutela no constituye una instancia
adicional destinada a sustituir el criterio interpretativo adoptado por el juez natural
cuando este ha identificado la normativa aplicable, la ha examinado y ha ofrecido
razones que justifican su decisión. La simple discrepancia frente a la interpretación
judicial de una disposición legal no habilita la intervención del juez constitucional.

78. En consecuencia, la Sala concluye que la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado identificó las normas relevantes para resolver el
recurso sometido a su consideración, desarrolló una interpretación jurídicamente
posible acerca de su alcance y aplicó dicha comprensión al caso concreto mediante
una motivación expresa y suficiente. Por ello, no se configura el defecto sustantivo
alegado por el accionante.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis
(2026), proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional, para en su lugar,

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor
Sebastién Efromovich Gómez, por los argumentos expuestos en la parte motiva de
la presente providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
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