RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04635-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04635-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04635-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Luis Enrique Montilla Cortés, en calidad de agente oficioso de la señora María Graciela Cortés, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. ORDENAR compulsar copias a la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que, en el marco de sus competencias, adelanten las actuaciones de verificación, acompañamiento y seguimiento frente a la situación de la señora María Graciela Cortés, y adopten las medidas de protección a que haya lugar. Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04635-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04635-00
Accionante: Luis Enrique Montilla Cortés agente oficioso de María Graciela
Cortés
Accionado: Blanca Ruth Montilla Cortés y otros.

Tema: Protección de derechos fundamentales de adulto mayor.
Incumplimiento de obligaciones alimentarias de la familia.
DECLARA IMPROCEDENTE

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Enrique Montilla
Cortés, en calidad de agente oficioso de la señora María Graciela Cortés, en contra,
de los señores Blanca Ruth Montilla Cortés, Jhon Frey Montilla Cortés, Alexander
Montilla Cortés, Alixon Montilla Corés, Mayerlin Montilla Cortés y Wilmer Montilla
Cortés.

ANTECEDENTES

La accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales a la vida digna,
al mínimo vital, a la salud, a la dignidad humana y a la especial protección de la
persona adulta mayor, los cuales considera vulnerados por los accionados, con
ocasión del incumplimiento de sus obligaciones alimentarias frente a la señora
María Graciela Cortés.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que la señora María Graciela Cortés es una persona adulta mayor que requiere
protección especial del estado, la sociedad y su familia conforme a la Constitución
Política. Que vive bajo el cuidado permanente de su hijo Luis Enrique Montilla
Cortés, quien durante los últimos 6 meses ha asumido prácticamente de manera
exclusiva los gastos de vivienda, alimentación, recreación, acompañamiento,

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04635-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
servicios y demás necesidades básicas.

Que la señora María Graciela Cortés no cuenta con ingresos que le permitan
garantizar autónomamente una subsistencia digna, por lo cual depende
materialmente del apoyo del agente oficioso. Además, los aportes realizados por
algunos de los hijos son insuficientes, esporádicos y desproporcionados frente a las
necesidades reales de la agenciada.

Que requiere atención integral permanente, apoyo económico estable,
acompañamiento diario y condiciones mínimas que garanticen una vida digna
conforme a la protección reforzada que la Constitución reconoce a las personas de
la tercera edad.

PRETENSIONES

El accionante solicitó:

«1. Tutelar de manera inmediata los derechos fundamentales de la señora
MARÍA GRACIELA CORTÉS.
2. Ordenar medidas urgentes de protección integral para garantizar el mínimo
vital, alimentación, salud, bienestar y vida digna de la adulta mayor.
3. Ordenar a los accionados concurrir de manera solidaria, proporcional y
permanente en la asistencia económica y cuidado integral de su madre.
4. Ordenar valoración sociofamiliar y seguimiento institucional a las condiciones
de vida de la adulta mayor.
5. Ordenar medidas que garanticen acompañamiento y apoyo familiar
permanente para proteger la integridad emocional y psicológica de la señora
María Graciela Cortés.
6. Ordenar cualquier otra medida urgente y necesaria para evitar la vulneración
de los derechos fundamentales de la adulta mayor.»

TRÁMITE DEL PROCESO

El 18 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela; se negó la medida provisional
solicitada1, y se ordenó notificar a los accionados.

Mediante el oficio de fecha 23 de junio de 2026, la Secretaría de esta Corporación
requirió al accionante para que suministrara la identificación y las direcciones de
notificación de los señores Blanca Ruth Montilla Cortés, Jhon Frey Montilla Cortés,
Alexander Montilla Cortés, Alixon Montilla Cortés, Mayerlin Montilla Cortés y Wilber
Montilla Cortés.

En respuesta a dicho requerimiento, el 26 de junio de 2026, el accionante aportó

1Solicitó que, mientras se resuelve de fondo la presente acción constitucional, se ordene provisionalmente a los

accionados concurrir solidariamente en la manutención básica y asistencia integral de la señora María Graciela
Cortés. En documento aparte, solicita como provisionales, otra serie de medidas de protección similares a las
pretensiones de la acción de tutela.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04635-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
información de contacto de los accionados, incluyendo números de identificación,
direcciones y teléfonos. También indicó que, respecto de las señoras Blanca Ruth
Montilla Cortés y Mayerlin Montilla Cortés únicamente conoce que residen en
España.

Posteriormente, la Secretaría dejó constancia de que no fue posible notificar
personalmente a las señoras Blanca Ruth Montilla Cortés y Mayerlin Montilla Cortés,
pese a los requerimientos efectuados el 23 y 25 de junio de 2026, razón por la cual
se dispuso la fijación de aviso en la página web de la Corporación.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El señor Alexander Montilla Cortés manifestó que comparte la preocupación por
el bienestar, la salud y la protección integral de su madre, quien, a su juicio, merece
recibir el cuidado y la atención necesarios por parte de toda su familia.

Indicó que no es cierto que el señor Luis Enrique Montilla Cortés haya asumido de
manera exclusiva el cuidado y sostenimiento de su madre durante los últimos
meses.

Negó haber incumplido su obligación alimentaria y sostuvo que ha realizado de
manera permanente aportes económicos para el sostenimiento de su madre, los
cuales afirmó acreditar con consignaciones bancarias correspondientes a los
últimos 6 meses. Aportó pantallazos donde aparecen 15 comprobantes.

Dijo que actualmente realiza un aporte mensual de $110.000 y que adicionalmente
el de su hermana mayor por valor de 150.000, recursos destinados al sostenimiento
de la señora María Graciela Corté, reiteró que el cuidado de su madre no recae
únicamente en el accionante, sino que la señora Alixon Montilla Cortés también
participa de manera permanente en su atención.

Solicitó valorar las consignaciones aportadas, tener en cuenta los testimonios de
otros familiares y analizar la conveniencia del ingreso de la señora María Graciela
Cortés a una institución especializada, así como disponer un mecanismo
transparente para la administración de los recursos destinados a su sostenimiento.

La señora Blanca Ruth Mantilla García informó que su nombre no corresponde a
Blanca Montilla Cortés, como señaló el accionante. Indicó que ha brindado apoyo
económico a sus padres desde hace varios años y que desde su llegada a España
en 2019 ha realizado envíos de dinero para su sostenimiento.

Señaló que actualmente aporta una suma mensual de $150.000, entregada a través
de su hermano Alexander Montilla Cortés, que en su criterio, el accionante no es
una persona idónea para el cuidado de su madre por comportamientos que califica
como agresivos.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04635-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Solicitó que la adulta mayor sea ubicada en una institución geriátrica y que los
aportes sean administrados por un tercero responsable.

Por su parte, el señor Wilber Montilla Cortés manifestó que el accionante es una
persona conflictiva y relató un episodio en el que, según su versión, ingresó sin
autorización a su vivienda y se llevó a su madre.

Afirmó que durante el tiempo en que tuvo a la madre bajo su cuidado no le faltó
alimentación ni atención básica y que adelantó gestiones para ubicarla en un hogar
geriátrico con apoyo de entidades de protección al adulto mayor.

No se presentaron más intervenciones

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión Previa

El señor Luis Enrique Montilla Cortés manifestó actuar como agente oficioso de la
señora María Graciela Cortés para lo cual afirmó, bajo la gravedad de juramento,
que su madre cuenta con 87 años y presenta deterioro cognitivo asociado a
enfermedad de Alzheimer, circunstancia que le impide ejercer directamente la
defensa de sus derechos fundamentales.

La Sala tiene por acreditada la agencia oficiosa para efectos de adelantar el
presente trámite, pues, aunque en el documento de identidad aportado aparece que
la señora nació en 1943 y no obra soporte médico que acredite la incapacidad
aducida, de igual manera se trata de una persona mayor y los accionados, que son
hijos, no discutieron esta situación, significando que la señora no está en
condiciones de actuar por sí misma en defensa de sus derechos.

Aclarado lo anterior, a la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para
lo cual se abordarán los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela;
II) requisito de subsidiariedad en la acción de tutela; III) derechos de los adultos
mayores y su exigibilidad; IV) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04635-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela

Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y sólo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.

La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no constituye
una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la medida que
el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apropiado
para generar el efecto protector de los derechos fundamentales, además, debe ser
un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una
protección al derecho.

Derechos de los adultos mayores y su exigibilidad

La ley 1850 de 20172 que modificó la ley 1251 de 2008 dispuso:
«Artículo 9º. Adiciónase un artículo 34A a la Ley 1251 de 2008, el cual quedará
así:
Artículo 34A. Derecho a los alimentos. Las personas adultas mayores tienen
derecho a los alimentos y demás medios para su mantenimiento físico,
psicológico, espiritual, moral, cultural y social. Serán proporcionados por
quienes se encuentran obligados de acuerdo con la ley y su capacidad
económica.
Los alimentos comprenden lo imprescindible para la nutrición, habitación,
vestuario, afiliación al sistema general de seguridad social en salud, recreación
y cultura, participación y, en general, todo lo que es necesario para el soporte
emocional y la vida autónoma y digna de las personas adultas mayores.
En virtud de lo anterior, corresponderá a los Comisarios de Familia respecto de
las personas adultas mayores, en caso de no lograr la conciliación, fijar cuota
provisional de alimentos.
Cumplido este procedimiento el Comisario de Familia deberá remitir el
expediente a la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, para que presente en nombre del adulto mayor la demanda de
alimentos ante el Juez competente.
ARTÍCULO 10. RESPONSABLES DEL CUBRIMIENTO DE LA ASISTENCIA
ALIMENTARIA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE ABANDONO,

2 Por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las

Leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por
abandono y se dictan otras disposiciones

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04635-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
DESCUIDO O VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. El hecho de que el Estado, a
través de los servicios públicos establecidos para la atención de los adultos
mayores en condiciones de descuido, abandono o víctimas de violencia
intrafamiliar, brinde asistencia alimentaria a estas personas, no exime de
responsabilidad penal y civil a quienes, según las leyes colombianas, están
obligados a brindar la asistencia alimentaria que los adultos mayores
requieren.»

Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la protección de las
personas adultas mayores debe responder a un esquema de corresponsabilidad
entre la familia, la sociedad y el Estado3.

Ha dicho que el deber de protección frente a las personas adultas mayores no se
agota en la esfera familiar, sino que impone al Estado una conducta activa de
intervención mediante funciones de vigilancia, control y acompañamiento
institucional cuando se adviertan situaciones que comprometan las condiciones
mínimas de dignidad, integridad o bienestar de estos sujetos.

No obstante, la concurrencia del Estado en la protección del adulto mayor no implica
la sustitución de las obligaciones primarias que recaen en la familia, ni desplaza los
mecanismos judiciales ordinarios diseñados para definir controversias relativas al
cumplimiento de deberes alimentarios, sino que comporta una intervención
complementaria orientada a garantizar la efectividad material de los derechos
fundamentales.

Análisis del caso concreto

El señor Luis Enrique Montilla Cortés, en calidad de agente oficioso de la señora
María Graciela Cortés, solicita la protección de los derechos fundamentales a la vida
digna, al mínimo vital, a la salud, a la dignidad humana y a la especial protección de
las personas adultas mayores, los cuales considera vulnerados por los señores
Blanca Ruth Montilla Cortés, Jhon Frey Montilla Cortés, Alexander Montilla Cortés,
Alixon Montilla Cortés, Mayerlin Montilla Cortés y Wilber Montilla Cortés, con
ocasión del presunto incumplimiento del deber de solidaridad familiar.

De acuerdo con lo manifestado en el escrito de tutela, la señora María Graciela
Cortés es una adulta mayor que no cuenta con ingresos suficientes para su
subsistencia, requiere atención permanente y depende del apoyo económico y
asistencia de sus hijos, quienes no contribuyen de manera proporcional,
permanente y suficiente a su manutención, situación que afecta el mínimo vital, la
salud y la vida digna de la agenciada.

En el presente asunto la Sala observa que la controversia planteada por el
accionante se enmarca en las obligaciones alimentarias derivadas de las relaciones

3 Ver sentencias T-544 de 2014 y T-252 de 2017

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04635-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
de familia, específicamente las atenientes al apoyo económico y asistencial que los
hermanos del agente oficioso no estarían cumpliendo respecto de su madre.

En ese sentido, las controversias aquí planteadas deben ser resueltas a través de
las instancias previstas en el ordenamiento jurídico, dentro de las cuales se
encuentra el proceso de alimentos ante la jurisdicción de familia, a través del cual
es posible definir de maneral integral las obligaciones económicas entre los hijos,
establecer la cuota alimentaria correspondiente a cada uno, fijar su forma de pago
y fijar medidas coercitivas para su cumplimiento.

Dicho mecanismo permite un escenario probatorio amplio, la intervención de todas
las partes concernidas y la adopción de soluciones estables, es decir, se trata del
medio judicial idóneo para resolver la controversia planteada.

Ahora bien, la Sala advierte que la situación descrita también puede ser atendida
mediante instancias administrativas de protección, cuya intervención resulta
relevante para garantizar la atención integral de la señora María Graciela Cortés.

En efecto, el ordenamiento prevé también la posibilidad de que el conflicto pueda
ser dirimido por una Comisaría de Familia y que se pueda acudir al juez de familia
mediante la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar.

De igual manera, puede el actor acudir a Personerías municipales, Defensorías del
Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las cuales pueden intervenir
en casos de vulnerabilidad con el fin de adoptar medidas de protección inmediata,
coordinar el acceso a programas de atención institucional, gestionar el ingreso a
hogares geriátricos.

Así las cosas, el accionante cuenta con herramientas institucionales suficientes para
atender la situación expuesta, tanto en sede judicial como administrativa, sin que se
advierta que dichos mecanismos no resulten idóneos o eficaces; de manera que,
ante el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional, no resulta
procedente cuando el ordenamiento jurídico dispone de otros instrumentos para la
protección del derecho invocado.

Debe aclarar la Sala que, si bien el accionante indica que la señora María Graciela
Cortés es persona vulnerable y requiere atención; no encuentra acreditada la
configuración de un perjuicio irremediable que habilite la intervención urgente y
excepcional del juez de tutela, cuando no se ha acreditado la ineficacia de las
instancias institucionales previamente señaladas, para garantizar su atención
integral.

En consecuencia, la acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad, en
tanto existen mecanismos ordinarios idóneos, eficaces y disponibles para resolver
la controversia planteada, por lo que se declarará su improcedencia.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04635-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor
Luis Enrique Montilla Cortés, en calidad de agente oficioso de la señora María
Graciela Cortés, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. ORDENAR compulsar copias a la Defensoría de Familia del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, para que, en el marco de sus competencias,
adelanten las actuaciones de verificación, acompañamiento y seguimiento frente a
la situación de la señora María Graciela Cortés, y adopten las medidas de protección
a que haya lugar.

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.