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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04637-00

Fecha
4 de agosto de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04637-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por Ehile Gutiérrez Ospino respecto del defecto procedimental absoluto y NEGAR el amparo solicitado respecto del defecto sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General13. 13 secgeneral@consejodeestado.gov.co 8 de 9 Radicación: 11001-03-15-000-2026-04637-00 Demandante: Ehile Gutiérrez Ospino Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________ TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04637-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

4 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

4 de agosto de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04637-00
Demandante: Ehile Gutiérrez Ospino
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto procedimental
absoluto – Subsidiariedad | Defecto sustantivo - Niega

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia mediante la cual la autoridad
judicial accionada confirmó la decisión de primera instancia que negó una medida
cautelar de urgencia dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Ehile Gutiérrez Ospino
contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 17 de junio de 2026, Ehile Gutiérrez Ospino, en nombre propio,
presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión del Auto de
19 de noviembre de 20252, proferida por la autoridad judicial accionada
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 52001-33-
33-005-2025-00179-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“Se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
debida administración de justicia, dejando sin validez la providencia emitida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO de fecha 19 de noviembre de 2025
que resolviera el recurso de alzada impetrado contra la providencia de 15 de
agosto de 2025 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Notificada el 13 de enero de 2026.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04637-00
Demandante: Ehile Gutiérrez Ospino
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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Pasto dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho,
con radicado 52-001-33-33-005-2025-00179-00.

Aunado a lo anterior y de ser procedente, se ordene a la célula judicial
accionada, tome una decisión conforme a los lineamientos señalados por el
Juez de tutela.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) El 1 de abril de 2024, Ehile Gutiérrez Ospino se posesionó como
gerente de la ESE Hospital Ricaurte (Nariño). Afirmó que, luego de su
posesión, el alcalde del municipio de Ricaurte le exigió firmar
anticipadamente 16 cartas de renuncia sin fecha como condición para
permanecer en el cargo.

5. 2) Sostuvo que, el 10 de abril de 2025, el alcalde se presentó en su
residencia para exigirle la renuncia de su cargo. Afirmó que se negó a
hacerlo y que el hecho fue grabado por miembros de su familia, quienes
además tomaron fotografías del documento que se le pretendía hacer
firmar.

6. 3) El 29 de abril de 2025, se radicó una supuesta carta de renuncia
atribuida al accionante y mediante Decreto 22 de 9 de mayo de 2025, el
municipio de Ricaurte aceptó dicha renuncia, por lo que se produjo su
desvinculación del cargo de gerente de la ESE. El señor Gutiérrez negó haber
presentado esa renuncia.

7. 4) Por estos hechos, el accionante presentó una acción de tutela
contra dicho acto administrativo, el cual fue suspendido provisionalmente
en primera instancia. No obstante, en la sentencia, “negó” la tutela por falta
del requisito de subsidiariedad y ausencia de perjuicio irremediable.
Además, se remitió copias a la Fiscalía General de la Nación y a la
Procuraduría General de la Nación para que investigaran la conducta del
alcalde. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia.

8. 5) Posteriormente, el señor Ehile Gutiérrez promovió demanda, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contra el Decreto 22 de 9 de mayo de 2025. El proceso fue asignado por
reparto al Juzgado 5 Administrativo de Pasto, bajo el radicado No. 52001-33-
33-005-2025-00179-00.

9. 6) Como medida cautelar de urgencia, el accionante solicitó la
suspensión provisional del acto administrativo, pero el juzgado de
conocimiento negó la medida, mediante Auto de 15 de agosto de 2025, al
considerar que la medida no estaba suficientemente sustentada. No

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04637-00
Demandante: Ehile Gutiérrez Ospino
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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obstante, concluyó que la discusión planteada por el demandante
consistente en que la renuncia habría sido obtenida mediante falsedad o
constreñimiento requerían actividad probatoria más amplia y que no era
posible concluir preliminarmente la ilegalidad del acto, pues existía una
renuncia formalmente presentada y aceptada. Además, señaló que el
cargo ya había sido provisto por otra persona, lo cual generaba posibles
afectaciones a terceros de buena fe.

10. 7) La parte demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio,
apelación y señaló que el juzgado desconoció la sustentación de la medida
cautelar. Indicó que el escrito remitía a los capítulos de la demanda donde
se desarrollaban las causales de nulidad, el daño antijurídico y los perjuicios.
Señaló que las pruebas allegadas eran suficientes para evidenciar, de
manera preliminar, que la renuncia utilizada para retirarlo del cargo había
sido suscrita anticipadamente y en contravía de las normas que prohíben las
renuncias en blanco o condicionadas como el Decreto 2400 de 1968 y el
Decreto 1083 de 2015. También insistió en que la negativa de la medida lo
mantenía separado de su cargo y sin su única fuente de ingresos.

11. 8) Mediante Auto de 19 de noviembre de 2025, el tribunal aclaró que
sí era válido acudir a los argumentos expuestos en la demanda para
sustentar la medida cautelar. Explicó que las pruebas existentes no permitían
establecer con claridad y certeza que el alcalde hubiera ejercido presiones
ilegales, ni que la voluntad del demandante hubiese estado efectivamente
viciada. Destacó que el propio demandante solicitó pruebas adicionales, lo
cual evidenciaba que la discusión requería un debate probatorio más
profundo. Además, las causales de nulidad alegadas exigían un análisis
detallado que correspondía a la sentencia, por lo que no podía concluirse
en esa etapa que el acto demandado vulnerara las normas constitucionales
y legales invocadas. En consecuencia, confirmó la decisión de primera
instancia y condenó en costas al apelante por no haber prosperado su
recurso.

12. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos:

13. a) Defecto procedimental absoluto: porque el juzgado de primera
instancia resolvió la medida cautelar al momento de admitir la demanda y
bajo el trámite de medida cautelar de urgencia, sin correr el traslado
previsto en el artículo 233 del CPACA a la entidad demandada para que se
pronunciara sobre la solicitud. Sostuvo que al juez le correspondía
determinar si realmente procedía el trámite excepcional del artículo 234 del
CPACA y, de no ser así, debía surtirse el traslado ordinario. Por lo anterior,

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04637-00
Demandante: Ehile Gutiérrez Ospino
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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estimó que se omitió una etapa procesal obligatoria que viciaba tanto la
decisión de primera como de segunda instancia.

14. b) Defecto sustantivo: porque el tribunal interpretó y aplicó
erróneamente las normas que regulan las medidas cautelares. En particular,
reprochó que hubiera desconocido la finalidad prevista en el artículo 103
del CPACA, de garantizar la efectividad de los derechos constitucionales y
que hubiera exigido un estándar probatorio propio de la sentencia
definitiva, al afirmar, reiteradamente, que no existía claridad o certeza sobre
los hechos de coacción y falsedad alegados. Según el accionante, para
decretar la suspensión provisional no era necesario alcanzar certeza sobre
la ilegalidad del acto, sino realizar una valoración preliminar de las pruebas
y del riesgo que la decisión generaba para sus derechos fundamentales y la
efectividad del proceso.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados3

15. El Tribunal Administrativo de Nariño4 rindió informe en el que sostuvo
que la decisión cuestionada fue adoptada con plena garantía del debido
proceso y del derecho de defensa, y que la decisión fue debidamente
motivada. Explicó que realizó una valoración conjunta y crítica del material
probatorio y que la inconformidad del accionante se reducía a un
desacuerdo con las conclusiones alcanzadas.

16. El Juzgado 5 Administrativo de Pasto5 remitió el enlace del expediente
digital ordinario y negó haber incurrido en los defectos alegados por el
accionante. Explicó que la medida cautelar fue presentada expresamente
como una medida de urgencia, razón por la cual fue resuelta conforme con
el artículo 234 del CPACA. Además, alegó la improcedencia de la tutela por
incumplimiento de los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional,
pues la tutela fue presentada más de 7 meses después de la providencia
cuestionada y lo pretendido por el accionante era reabrir un debate de
mera legalidad ya decidido por el juez natural de la causa.

17. El municipio de Ricaurte6 solicitó negar o declarar improcedente la
acción de tutela. Frente a los argumentos expuestos en el defecto
procedimental, explicó que la medida cautelar fue expresamente pedida
por el actor como de urgencia y en ese sentido resultaba correcto tramitarla
bajo el artículo 234 del CPACA sin traslado previo, y que esa inconformidad

3 Mediante Auto de 17 de junio de 2026, el despacho ponente 1) admitió la tutela, 2) tuvo como demandado al

Tribunal Administrativo de Nariño y, 3) vinculó al Juzgado 5 Administrativo de Pasto, municipio de Ricaurte (Nariño),
Jesús Ariel Delgado Acosta, Martha Liliana Molina Ruano, Juan Camilo Martínez Molina y Violeta Gutiérrez Molina,
como terceros con interés en el asunto.
4 Índice 14 de SAMAI.
5 Índice 16 y 17 de SAMAI.
6 Índice 18 de SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04637-00
Demandante: Ehile Gutiérrez Ospino
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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nunca fue planteada en la apelación ordinaria. Respecto del alegado
defecto sustantivo, sostuvo que el tribunal no exigió certeza sobre la
ilegalidad del acto sino sobre la configuración de los requisitos necesarios
para decretar la medida. Finalmente, informó que el proceso ordinario ya
había sido decidido por el juzgado, mediante Sentencia de 23 de junio de
2026, el cual negó las pretensiones de la demanda y mantuvo la legalidad
del acto administrativo.

18. La ESE Hospital Ricaurte7 atendió el requerimiento que se le hizo para
que informara los datos de notificación del señor Jesús Ariel Delgado, quien
fue nombrado en reemplazo del accionante. Precisó que el nombramiento
se efectuó mediante Decreto 38 de 25 de julio de 2025, pero,
posteriormente, presentó su renuncia, la cual fue aceptada a través del
Decreto 49 de 4 de septiembre de 2025. Indicó que actualmente el gerente
de la entidad es Henry Barco, nombrado mediante Decreto 50 de 16 de
septiembre de 2025. Además, reiteró su disposición de colaborar con la
administración de justicia y con el trámite de la acción de tutela.

19. Jesús Ariel Delgado Acosta, Martha Liliana Molina Ruano y Juan
Camilo Martínez Molina, a pesar de haber sido notificados en debida forma8,
guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Verificación de defectos y/o vulneración de defectos fundamentales alegada. 2.3.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

20. Frente al defecto procedimental absoluto, la Sala declarará la
improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, como pasa a explicarse.

21. Es preciso recordar que el artículo 6.19 del Decreto 2591 de 1991, que
desarrolló el artículo 8610 Constitucional, señaló que la tutela resulta
improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial,

7 Índice 25 de SAMAI.
8 Índice 22, 24 y 26 de SAMAI.
9 “Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
10 ARTICULO 86º—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, (…). Esta acción sólo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable (…)”.

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Demandante: Ehile Gutiérrez Ospino
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

22. La Corte Constitucional11 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.

23. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que, en el presente caso, no
se satisfizo el mencionado requisito (subsidiariedad), pues, aunque la parte
accionante interpuso el recurso de apelación, no presentó en este los
reparos que en esta acción formuló en contra de la decisión de primera
instancia y que, por ello, no fueron analizados en segunda.

24. En efecto, al revisar el recurso de reposición y, en subsidio, apelación
interpuesto contra el Auto de 15 de agosto de 2025, se advierte que la
inconformidad de la parte actora se centró en afirmar que la medida
cautelar sí estaba debidamente sustentada y que las pruebas allegadas sí
permitían evidenciar la ilegalidad del acto demandado. Sin embargo, en
dicho recurso no se cuestionó el trámite dado a la solicitud de medida
cautelar ni se alegó que el juzgado hubiera omitido el traslado previsto en el
artículo 233 del CPACA.

25. El defecto procedimental absoluto que se plantea en esta solicitud de
amparo no fue puesto en conocimiento del juez natural dentro de las
oportunidades procesales existentes para ello, pues la no realización del
traslado fue conocida por el actor desde que se profirió el auto de primera
instancia. En esa decisión se indicó expresamente que la solicitud sería
resuelta bajo el trámite de urgencia y, por tanto, sin traslado previo a la
contraparte. No obstante, al interponer el recurso, el accionante no
presentó reparo alguno respecto del procedimiento adoptado. En
consecuencia, al no haber planteado oportunamente dicha inconformidad
ante la autoridad judicial competente, la Sala concluye que la parte actora
no agotó todos los mecanismos de defensa de los que disponía, razón por
la cual no podía intervenir el juez constitucional en un debate que pudo y
debió ser planteado dentro del proceso ordinario, en virtud del carácter
subsidiario de la acción de tutela.

26. En relación con el defecto sustantivo, la Sala advierte que se
cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela,
porque no existe recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte
demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
de los derechos presuntamente vulnerados. Hubo un plazo razonable entre

11 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.

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la fecha de notificación de la providencia enjuiciada (13/1/2026)12 y la de
interposición de la presente acción de tutela (17/6/2026). No se enjuició un
fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con un auto que confirmó
la decisión de negar una medida cautelar de urgencia, proferida en un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Se identificaron de
manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos. Por último, se advierte que la controversia
tiene relevancia constitucional, toda vez que el accionante atribuyó a la
providencia judicial cuestionada la vulneración de su derecho fundamental
al debido proceso, al considerar que para resolver la solicitud de medida
cautelar se exigió un grado de certeza incompatible con la naturaleza
provisional de dicha medida.

2.2. Verificación de defectos y/o vulneración de defectos fundamentales
alegada

27. La Sala negará el amparo solicitado, por las siguientes razones.

28. La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió
en un defecto sustantivo al exigir un grado de convicción o certeza propio
de la sentencia en la etapa cautelar.

29. Al respecto, una vez revisada la decisión cuestionada se observa que,
si bien el tribunal empleó la palabra “certeza” al referirse a las pruebas que
obraban en el expediente, una lectura integral de la decisión permite
concluir que dicha expresión no significó una exigencia probatoria propia
de la sentencia ni una demostración definitiva de la ilegalidad del acto. Por
el contrario, el tribunal explicó que los hechos relacionados con la presunta
coacción, la existencia de renuncias anticipadas y los vicios del
consentimiento requerían un debate probatorio más amplio, así como una
valoración conjunta con otros medios de prueba, cuya práctica, incluso,
había sido solicitada por el propio demandante. Al respecto señaló (se
trascribe):

“Ahora bien, examinados los argumentos, normativa y pruebas que hasta el
momento se han aportado, debe decir el Tribunal que no está acreditada la
violación de las normas invocadas y que tal violación surge del análisis del acto
demandado y su confrontación con las pruebas allegadas con la solicitud,
dado que las pruebas que obran en el plenario no permiten establecer con
claridad y certeza los supuestos allí consignados. Y si bien la parte actora trae,
los actos demandados, autodeclaraciones, videos sobre los hechos ocurridos,
es preciso que las mismas sean valoradas en su conjunto y con el restante
material probatorio a que hubiere lugar dentro del presente asunto (la parte
demandante solicita oficiar, se decreten pruebas testimoniales y declaración
de parte), más si se tiene en cuenta que cada una de las causales de nulidad
encierran varias hipótesis que requieren un análisis detallado y minucioso.

12 Notificada por mensaje de datos enviado el 18 de diciembre de 2025 según consta en el índice 11 de SAMAI,

del proceso 25000-23-36-000-2012-00670-01.

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Decisión: Declara improcedente y niega
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(…)
Así, analizado el fundamento fáctico en el cual el demandante hace recaer la
solicitud de medida cautelar y estudiadas las pruebas en que se apoya, la Sala
concluye que, en esta etapa procesal, no se advierte con certeza que surja la
violación alegada. Ello teniendo en cuenta que para efectos de determinar la
estructuración o no del vicio endilgado implica la necesidad de un estudio más
profundo, teniendo en cuenta los medios de prueba que se alleguen al proceso
y los que de oficio se consideren convenientes.”

30. De lo trascrito se advierte que, el tribunal no negó la medida cautelar
por considerar que el accionante debía acreditar de manera definitiva la
ilegalidad del acto, sino porque estimó que, con los elementos de prueba
disponibles en esa etapa, no era posible advertir de manera preliminar la
vulneración alegada ni desvirtuar la presunción de legalidad del acto
demandado. En ese sentido, la Sala considera que el tribunal llegó a una
conclusión razonada de negar la medida cautelar, en el marco de la
autonomía judicial, por lo que no se advierte una actuación arbitraria o
irrazonable que permita configurar el defecto alegado.

2.3. Conclusión

31. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto
del defecto procedimental absoluto, por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, y negará el amparo solicitado respecto del defecto
sustantivo, por no configurarse el defecto alegado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada
por Ehile Gutiérrez Ospino respecto del defecto procedimental absoluto y
NEGAR el amparo solicitado respecto del defecto sustantivo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General13.

13 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04637-00
Demandante: Ehile Gutiérrez Ospino
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE

Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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