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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04640-00

Fecha
27 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04640-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Procuraduría I Judicial Administrativa 167, conforme a la motivación. SEGUNDO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad de la señora Claudia Andrea Palacio Rojas y otros, conforme a la motivación de esta providencia. TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia [05001-33-33-018- 2017-00536-01], mediante la cual decidió revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, declarar oficiosamente la caducidad del medio de control, por lo expuesto. CUARTO. ORDENAR a la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera un auto en el que requiera a los demandantes para que indiquen si enfrentaron barreras de acceso a la administración de justicia, otorgando un término razonable para que sustenten sus argumentos. Cumplida esa diligencia, el Tribunal deberá dictar una nueva sentencia, en atención a las consideraciones planteadas en esta decisión. QUINTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior que el incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. 21 Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04640-00 Accionantes: Claudia Andrea Palacio Rojas y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión SÉPTIMO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04640-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-04640-001
Accionantes : Claudia Andrea Palacio Rojas y otros2
Accionado : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión
Vinculados : Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros3
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, caducidad del medio de
reparación directa en caso de ejecución extrajudicial
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela

incoada por los señores Claudia Andrea Palacio Rojas, Carlos Mario Palacio
Velásquez y Sebastián Felipe Palacio Rojas contra la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por los accionantes frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. Los señores Claudia Andrea Palacio Rojas y otros, que actúan a través de
apoderado judicial, interpusieron el presente recurso de amparo con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Carlos Mario Palacio Velásquez y Sebastián Felipe Palacio Rojas.
3
Juzgado Dieciocho (18) Administrativo de Medellín y los demás intervinientes en el proceso de reparación directa con
radicado 05001-33-33-018-2017-00536-00/01.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04640-00
Accionantes: Claudia Andrea Palacio Rojas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión

4. Por consiguiente, solicitaron:

[…] REVOCAR Y DEJAR SIN EFECTOS LA PROVIDENCIA JUDICIAL DE
SEGUNDA INSTANCIA, que a su vez REVOCÓ la Sentencia de Primera Instancia y
DECLARÓ LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN dentro del PROCESO DE ACCIÓN DE
REPARACIÓN DIRECTA con RADICADO ÚNICO NACIONAL 05001 233 33 018
2017 00536 01, cesando sus efectos y ordenando se dicte nueva providencia que la
sustituya.

Hechos4

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la

parte accionante se puede evidenciar que, el Nueve (9) de Agosto de Dos Mil
Siete (2007), Carlos Andrés Palacio Rodríguez fue asesinado por miembros del
Ejército Nacional, en el municipio de San Roque (Antioquia), bajo el reporte de N.N.
dado de baja en combate.

6. El Trece (13) de Octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), los señores Carlos Mario

Palacio Velásquez, Carlos Diego Palacio Rojas, Claudia Andrea Palacio Rojas,
Sebastián Felipe Palacio Rojas, Rosa Irene Velásquez de Palacio, José Luis
Palacio Velásquez, Martha Cecilia Palacio Velásquez, Mónica María Palacio
Velásquez y María Eugenia Palacio Velásquez presentaron demanda, en ejercicio
del medio de control de reparación directa, contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, para que se declarara su responsabilidad por el
homicidio de Carlos Andrés Palacio Rodríguez, y se ordenara el reconocimiento
y pago de los perjuicios a favor de los demandantes, en su calidad de familiares
de la víctima directa.

7. El proceso fue conocido, en primera instancia, por el Juzgado Dieciocho (18)

Administrativo de Medellín, bajo el radicado 05001-33-33-018-2017-00536-00.
Mediante sentencia del Nueve (9) de Agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), aquel
declaró patrimonialmente responsable al Ejército Nacional por la muerte de Carlos
Andrés Palacio Rodríguez y condenó a la entidad al pago de perjuicios morales,
así como a la adopción de medidas de reparación integral no pecuniarias.

8. Para fundamentar su decisión, el a quo consideró que el caso revestía las
connotaciones propias de un crimen de lesa humanidad, por tratarse del homicidio
de una persona protegida conforme a los lineamientos del derecho internacional
humanitario, razón por la cual precisó que no podía operar la caducidad.

4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2, archivo 6.
2

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Accionantes: Claudia Andrea Palacio Rojas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión

9. En desacuerdo con esa decisión, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército

Nacional presentó recurso de apelación. En segunda instancia, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia del
Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), revocó el fallo del a quo
y, en su lugar, declaró probada la caducidad del medio de control.

10. Como fundamento de su decisión, el Tribunal indicó que, mediante sentencia

de unificación del Veintinueve (29) de Enero de Dos Mil Veinte (2020), el Consejo
de Estado estableció que, cuando las pretensiones se sustentan en la presunta
existencia de un delito de lesa humanidad, no se exceptúa la aplicación del
término de dos (2) años, sino que la caducidad se computa desde el momento en
que los demandantes conocieron o debieron conocer la participación del Estado
y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial. Precisó que,
dicho criterio fue reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-439
de 2024 y T-459 de 2025.

11. En aplicación de ese parámetro, el Tribunal señaló que, el homicidio de Carlos

Andrés Palacio Rodríguez fue conocido por su padre, Carlos Mario Palacio
Velásquez, desde Agosto de Dos Mil Siete (2007), y que, obraba prueba según la
cual, desde ese entonces, el propio núcleo familiar atribuía la muerte a miembros
del Ejército Nacional. Adicionalmente, afirmó que no advirtió circunstancia
especial que acreditara la imposibilidad material de los demandantes de ejercer
la acción dentro del término de ley, por lo que concluyó que, para la fecha en que
se radicó la demanda, ya había operado la caducidad.

12. El Magistrado Carlos Enrique Pinzón Muñoz presentó salvamento de voto
frente a la decisión, en el que expuso que, al aplicar el nuevo estándar
jurisprudencial sobre caducidad del medio de control, la Sala mayoritaria debió
readecuar el trámite para dar a las víctimas la oportunidad de explicar las razones
por las cuales, no acudieron a la jurisdicción dentro del plazo ordinario, conforme
a la jurisprudencia constitucional, y que omitirlo comportaba un defecto
procedimental absoluto.

13. Los accionantes expusieron en su tutela que, la sentencia de segunda instancia

incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
jurisprudencial, que condujo a la aplicación retroactiva de la sentencia SUJ-61033
3

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de 2020. Como fundamento, expusieron que, para la época de la admisión de la
demanda, el Trece (13) de Octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), la jurisprudencia
del Consejo de Estado daba por sentada la no caducidad de la acción de
reparación directa tratándose de delitos de lesa humanidad, de manera que,
tenían una confianza legítima en que no les sería aplicada otra regla jurídica de
forma retroactiva.

14. Así, alegaron que la sentencia de segunda instancia, del Veintinueve (29) de

Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), revocó el fallo del a quo para declarar de oficio
la caducidad, con base en la sentencia de unificación del Consejo de Estado,
desconocida por los actores al momento de radicar su demanda, y sin que se les
hubiera dado la oportunidad de explicar las razones por las cuales no acudieron
a la jurisdicción dentro de ese término.

II. TRÁMITE PROCESAL

15. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del

Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)5, admitió la presente acción
de tutela. En dicha decisión (i) ordenó notificar a la autoridad judicial accionada; y
(ii) dispuso vincular al Juzgado Dieciocho (18) Administrativo de Medellín, a la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y a los demás intervinientes en
el proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-018-2017-00536-00/01,
en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1. Contestaciones de la acción

16. 2.1.1. El Juzgado Dieciocho (18) Administrativo de Medellín6 remitió copia

del expediente digital y, tras hacer un breve recuento del trámite del proceso,
aseguró que, la tutela no contiene pretensiones concretas contra ese Despacho ni
que le atribuyan una actuación vulneradora de derechos fundamentales, sino que
todas se dirigen contra la providencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

17. 2.1.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia7 alegó que, la demanda se

presentó por fuera del término de los dos (2) años previsto en el artículo 164,

5
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 4.
6
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índices 15 y 19.
7
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 16.
4

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Accionantes: Claudia Andrea Palacio Rojas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión

numeral 2, literal i) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contados desde que los demandantes conocieron o
debieron conocer la participación del Estado en la muerte de Carlos Andrés Palacio
Rodríguez, en tanto, el conocimiento de la imputabilidad al Estado no fue
«sobreviniente ni progresivo», sino que «inicial, expreso y probado, sin que existiera justificación

para la inacción procesal de los demandantes».

18. Agregó, frente al defecto alegado por los accionantes, que:

Así las cosas, la Sala aplicó la regla jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado 8 y la
Corte Constitucional9, según la cual el término de caducidad en asuntos relacionados con
presuntas violaciones graves a los derechos humanos se contabiliza desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación del Estado y estuvieron en
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial. Bajo ese marco, el Tribunal analizó las
entrevistas, declaraciones y demás elementos de convicción allegados al proceso,
concluyendo que desde agosto de 2007 Carlos Mario Palacio Velásquez tenía conocimiento
tanto de la muerte de su hijo como de la hipótesis de intervención de miembros del Ejército
Nacional en los hechos.

Asimismo, valoró de manera expresa el informe de policía judicial de 13 de septiembre de
2007, del cual desprendió que el propio núcleo familiar atribuía desde esa época el homicidio
a integrantes del Ejército Nacional, incluso bajo la modalidad de un presunto “falso positivo”.
A partir de tales pruebas, concluyó que el elemento de imputación estatal no surgió de
manera posterior o progresiva, sino que era conocido por los demandantes desde los
momentos iniciales de ocurrencia de los hechos.

Igualmente, examinó si existían circunstancias objetivas que hubieran impedido o dificultado
materialmente el ejercicio oportuno de la acción judicial; sin embargo, concluyó que los
demandantes no alegaron ni acreditaron elementos que justificaran su inactividad procesal
durante el término legalmente previsto para acudir ante la jurisdicción. Por el contrario,
encontró demostrado que conocían los hechos relevantes y la posible responsabilidad
estatal desde el año 2007.

Incluso, en un ejercicio argumentativo favorable a la parte demandante, la Sala mayoritaria
estudió la hipótesis según la cual el conocimiento de la participación estatal solo se habría
consolidado con la sentencia emitida en 2013 dentro de otro proceso promovido por
familiares de la víctima; no obstante, advirtió que aún bajo ese escenario la demanda
presentada en 2017 resultaba extemporánea, razón por la cual la conclusión sobre la
configuración de la caducidad permanecía inalterada.

19. 2.1.3. El Ministerio de Defensa10 adujo que, los accionantes no señalaron con

claridad los defectos en los que incurrió el Tribunal Administrativo de Antioquia al
concluir que operó el fenómeno de la caducidad, y trajeron a colación discusiones
probatorias que ya fueron zanjadas al interior del proceso de reparación directa.

8
Sentencia de unificación de 29 de enero de 2020.
9
SU-439 de 2024 y T-459 de 2025.
10
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 17.
5

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20. 2.1.4. La Procuraduría I Judicial Administrativa 16711 argumentó que, ninguna

actuación u omisión de esa entidad guarda relación con la presunta vulneración de
derechos fundamentales, por lo que, solicitó ser desvinculada del presente proceso.

21. Los demás intervinientes en el proceso de reparación directa con radicado
05001-33-33-018-2017-00536-00/01 guardaron silencio, pese a que fueron
debidamente notificados del presente trámite a través del despacho comisorio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

22. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. La acción

23. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva

24. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que, la acción de tutela «[…] se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional12 ha considerado

que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

11
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 20.
12
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
6

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25. La Procuraduría I Judicial Administrativa 167, en su contestación, solicitó ser

desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala
advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad de tercera con
interés, por haber intervenido dentro del proceso contencioso en cuestión; esto es,
en aras de garantizar sus derechos a la defensa y contradicción. Por lo tanto, se
negará su solicitud.

3.4. Problema jurídico

26. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar si

el fallo del Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante el cual,
la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la
sentencia del a quo para, en su lugar, declarar probada la caducidad del medio de
control de reparación directa, adolece del defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente y, por consiguiente, es violatorio de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad de los
accionantes.

3.5. La acción de tutela contra providencias judiciales

27. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional13 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado14, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

28. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se

13
Sentencia C-590 de 2005.
14
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
7

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trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

29. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

30. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta aplicación
incorrecta del precedente sobre caducidad del medio de control de reparación
directa con ocasión de un crimen de lesa humanidad, lo cual, de comprobarse,

8

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comportaría una vulneración de derechos fundamentales; (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno, pues se trata de una sentencia de
segunda instancia que se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos
que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, la providencia atacada
quedó ejecutoriada el Diez (10) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)15 y la solicitud
de amparo se radicó el Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), es
decir, dentro de los seis (6) meses siguientes; y (v) el fallo acusado no obedece a
uno de tutela.

31. En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el

fondo del asunto bajo la causal específica denominada desconocimiento del
precedente, pues, los actores se refieren, en realidad, al desconocimiento de lo
dicho por la Corte Constitucional en relación con la adecuación de la regla de la
caducidad del medio de control sentada por el Consejo de Estado en su sentencia
de unificación del 2020, y no al apartamiento injustificado del precedente de esta
corporación.

3.6. Desconocimiento del precedente

32. Valga la pena recordar que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades:

(i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando
se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241
superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia16, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad
jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo
que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo 17 en virtud de
los principios del debido proceso, igualdad y buena fe18.

15
Visible en el expediente electrónico del proceso 05001-33-33-018-2017-00536-01, índice 17, según el cual se notificó
electrónicamente el 2 de junio de 2026. Por esa razón, la decisión se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto
es, el 4 de junio de 2026, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
16
Sentencia T-360 de 2014: «En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i)
se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
17
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
18
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9

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33. Sobre el particular, es preciso señalar que aplica la primera modalidad de
desconocimiento del precedente judicial, en razón a que la discusión planteada gira
en torno a si el Tribunal Administrativo de Antioquia, en su sentencia del
Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), desconoció el precedente
constitucional sobre la materia.

3.7. Análisis del caso concreto

34. Antes de proceder a realizar el estudio de fondo de este trámite constitucional,

cabe anotar que, el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA preceptúa
que la demanda de reparación directa debe presentarse, como regla general,
dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia de la acción u omisión que
produjo el daño que se pretende indemnizar, motivo por el cual, si se promueve
luego de dicho lapso, acontece la caducidad.

35. Por otro lado, debe advertirse que esta Corporación no tenía una posición
uniforme respecto de la caducidad cuando la demanda de reparación directa
versaba sobre graves violaciones de derechos humanos, pues coexistían dos
criterios, uno que indicaba que en esos asuntos no era dable exigir su presentación
dentro de determinado tiempo19, y otro según el cual esa figura procesal aplicaba
también en dichos casos, porque la imprescriptibilidad de la acción penal no
relevaba a la víctima de acudir oportunamente a la jurisdicción contencioso-
administrativa20.

36. Tal discrepancia fue zanjada mediante sentencia de unificación del Veintinueve

(29) de Enero de Dos Mil Veinte (2020), en la que, la Sección Tercera de la
Corporación21 precisó que, en medios de control de reparación directa relacionados
con graves violaciones de derechos humanos, era dable que se estudiara la

19
Sección tercera, subsección C, sentencia de 5 de septiembre de 2016, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa,
expediente 05001-23-33-000-2016-00587-01: «[…] el caso […] sometido a un análisis sumario de la información que reposa
en el escrito de demanda, así como en la alzada, encuentra diversos elementos de juicio que le llevan a sostener que los
hechos que rodearon la muerte del señor Marceliano Medellín Narváez y el desplazamiento forzado de su familia por estos
hechos, podrían llegar a ser constitutivos de actos de lesa humanidad, operando, como consecuencia la regla de la
imprescriptibilidad del medio de control en este preciso asunto».
20
Sección tercera, subsección A, sentencia de 13 de mayo de 2015, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente 18001-23-
33-000-2014-00072-01: «[…] las normas [del Estatuto de Roma y Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes
de guerra y crímenes de lesa humanidad de 1968] declaran la imprescriptibilidad de los delitos calificados como de lesa
humanidad y de guerra - Derecho Internacional Humanitario - para que se pueda adelantar la acción penal en contra de los
presuntos autores, a fin de evitar graves violaciones a los derechos humanos y para garantizar que la acción investigativa
del Estado se lleve a cabo, pero no establecen la inoperancia de la caducidad de la acción contencioso administrativa
tendiente a que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.
[…]
Así pues, no pueden confundirse la caducidad y la prescripción, pues son dos figuras muy diferentes: La caducidad es un
fenómeno procesal, mientras que la prescripción es de carácter sustancial […]».
21
C. P. Martha Nubia Velásquez Rico, expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01.
10

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configuración de la caducidad, salvo que los demandantes no contaran con
elementos de juicio para atribuirle el daño antijurídico a la Administración. En su
parte resolutiva, la providencia en mención dispuso lo siguiente, sin modular sus
efectos frente a procesos que ya se encontraran en curso:

PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de
los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes
premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal
expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una
vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

37. Posteriormente, en la sentencia SU-312 de 2020, la Sala Plena de la Corte

Constitucional acogió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado e indicó que,
en efecto, el medio de reparación caduca en dos (2) años, aun si se trata de
crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

38. De esa forma, ambas providencias de unificación establecieron que el término

de caducidad comienza a contarse a partir de: (i) la ocurrencia del daño; (ii) el
momento en que las personas afectadas lo conocieron o razonablemente debieron
conocerlo; (iii) sin embargo, no correrá el término cuando se acredite que las
personas estuvieron objetivamente impedidas para acceder a la administración de
justicia; y (iv) en los casos de desaparición forzada, la caducidad se cuenta desde
el momento en que la persona reaparece o se identifican plenamente sus restos,
sin que ello impida presentar la demanda si aún se desconoce el paradero de la
víctima.

39. Tras esas dos decisiones, la Corte Constitucional ha proferido múltiples
sentencias22 en las que ha precisado la manera en que debe contabilizarse el
término de caducidad en casos relacionados con crímenes de guerra o de lesa
humanidad. Aunque ha reiterado que el derecho de acción caduca en estas
situaciones, también ha señalado que este requisito debe ser evaluado de manera
flexible y ponderada, con el fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas
indirectas a la administración de justicia.

22
T-024 de 2024 (M.P. Paola Meneses Mosquera), T-450 de 2024 (M.P. Juan Carlos Cortés González), T-001 de 2025 (M.P.
Paola Meneses) y SU-167 de 2023 (M.P. Diana Fajardo Rivera)
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40. Es decir, que la verificación del cumplimiento del término de caducidad
constituye una carga del juez administrativo que no puede satisfacer de forma
mecánica o superficial, especialmente cuando se examinan hechos que
configuran graves violaciones a los derechos humanos. En particular, en la
sentencia T-269 de 2024, la Corte estableció que «el análisis sobre el cómputo del
término de caducidad de la acción de reparación directa debe ser un equilibrio entre la seguridad
jurídica que brinda la existencia de un término de caducidad para presentar las demandas de
reparación directa, de un lado, y el acceso a la administración de justicia por parte de las víctimas
que alegan haber sufrido daños antijurídico[s] imputables al Estado, de otro lado» .

41. Adicionalmente, en la sentencia SU-167 de 2023, la Corte Constitucional fijó

las reglas interpretativas que deben observarse para computar el término de
caducidad en estos casos, así: «En suma, […] se advierte que específicamente, en relación
con la reparación de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i) el plazo
razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta necesariamente desde el momento
en que se produce el daño que origina el perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de reparación directa o la
existencia de barreras en el acceso a la justicia debe ser analizada por el juez contencioso
administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto» .

42. La misma Corporación, en sentencia T-450 de 2024, concluyó que la autoridad

judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, al aplicar
la sentencia de unificación del Veintinueve (29) de Enero de Dos Mil Veinte (2020)
sin examinar las circunstancias concretas del caso, y en defecto procedimental
absoluto, al omitir la etapa de alegatos en segunda instancia (como lo exige la
sentencia SU-167 de 2023), lo que privó a las accionantes de la oportunidad para
pronunciarse sobre las nuevas reglas de caducidad.

43. Al igual, en sentencia T-001 de 2025, la Corte reiteró que el análisis del término

de caducidad debe realizarse de forma flexible, especialmente cuando las
víctimas pertenecen a poblaciones vulnerables o han enfrentado barreras de
acceso a la justicia. Agregó entonces que el juez incurre en defecto fáctico si omite
investigar oficiosamente las razones por las cuales las víctimas presentaron la
demanda de forma tardía.

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44. Este precedente judicial fue recientemente reiterado y precisado por la Corte

Constitucional en la sentencia T-086 de 202623, en cuanto a la valoración de los
obstáculos materiales de acceso a la administración de justicia en casos de
graves violaciones de derechos humanos. En dicho pronunciamiento, a partir de
una lectura armonizada de las sentencias SU-167 de 2023, T-001 de 2025 y T-
459 de 2025, la Corte precisó que, una vez superadas las circunstancias objetivas
que impidieron el ejercicio del derecho de acción, el término de caducidad
comienza a correr; y que, entre los supuestos que pueden configurar una barrera
material de acceso a la jurisdicción, no solo se encuentran situaciones como los
secuestros o las enfermedades graves, sino también «el ocultamiento deliberado de
información y las amenazas contra los demandantes» , supuestos todos en los que se

impone al juez «adoptar una actitud proactiva y valorar estas condiciones bajo el principio pro
víctima, para no convertir la caducidad en un obstáculo insalvable al acceso a la justicia» .

45. En el sub lite, los actores alegaron que, si bien la demanda de reparación directa
fue radicada el Trece (13) de Octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), para esa
fecha, «la JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO […] daba por sentada la NO
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN en el evento de DELITOS DE LESA HUMANIDAD, todo ello
soportado en los pronunciamientos de las Altas Cortes Internacionales y en los diferentes tratados
firmados por nuestro país, que hacen parte del bloque de constitucionalidad» .

46. Precisaron que, esa posición, «A PESAR DE NO SER UNIFORME, SÍ TENÍA UNA
DIRECCIÓN CLARA» en las Subsecciones B y C de la Sección Tercera del Consejo

de Estado, comoquiera que, en los eventos en que se ejerciera el medio de control
por daños derivados de delitos de lesa humanidad, operaba «EL DEBER DE
INAPLICAR EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, es decir que bastaba con que el actor invocara un
evento de lesa humanidad al ejercer la acción de reparación directa para que se aplicara en el
momento de su admisión la excepción que permitía la no contabilización del término de
caducidad».

47. Así, adujeron que, la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
Veintinueve (29) de Enero de Dos Mil Veinte (2020) que aplicó el Tribunal
Administrativo de Antioquia constituyó «un hecho sobreviniente» y que el fallo
censurado resultó «sorpresivo», pues, la providencia de primera instancia, del
Nueve (9) de Agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), fue revocada con apoyo en
«un cambio de jurisprudencia imprevisible dictado cinco meses después [de ese fallo]».

23
Corte Constitucional, sentencia T-086 de 2026. Dicha providencia acumuló los expedientes T-11.109.011 y T-11.253.782,
y revocó las sentencias de segunda instancia proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado del 27 de marzo de
2025 (que confirmó la sentencia del 16 de enero de 2025 proferida por esta Subsección B de la Sección Segunda) y por la
Subsección A de la Sección Segunda del 14 de mayo de 2025, respectivamente.
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48. Añadieron que el Tribunal escindió el precedente que dijo aplicar, de suerte que

«[n]o se [les] dio la oportunidad de explicar las razones por las cuales no se acudió a la jurisdicción
dentro de un término que, según sabía[n] y conocía[n], no se encontraba vigente para la
introducción de demandas reparatorias por delitos de lesa humanidad». Sobre este punto, los

accionantes manifestaron acoger como suyos los argumentos y consideraciones
del salvamento de voto del Magistrado Carlos Enrique Pinzón Muñoz, para que
hicieran parte de la solicitud de amparo en su totalidad.

49. En dicho disenso se transcribieron las consideraciones de la sentencia SU-167

de 2023, en la que la Corte Constitucional dejó sin efectos una decisión de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado por haber aplicado «el
nuevo estándar jurisprudencial sobre caducidad del medio de control de reparación directa, sin
readecuar el trámite para darle oportunidad a la parte demandante de exponer las razones
jurídicas y probatorias que le permitirían cumplir con este requisito», carga que no le era

exigible en ese momento, pues la sentencia de unificación se profirió con
posterioridad a la presentación de los alegatos de conclusión de segunda
instancia.

50. Por esa omisión, la Corte concluyó que la autoridad judicial incurrió en defecto

procedimental absoluto, al no adoptar «las medidas necesarias para readecuar el
procedimiento y, en virtud del cambio jurisprudencial, reabrir la fase de alegatos» . El
salvamento también invocó las sentencias SU-406 de 2016 y T-044 de 2022,
conforme a las cuales, pese a que las reglas unificadas operen de forma «general
y automática», deben valorarse las circunstancias particulares de los afectados.

Finalmente, indicó que, según la sentencia T-086 de 2026, en los procesos
tramitados con antelación a la expedición del fallo de unificación, «se debe dar a las
víctimas la oportunidad de manifestar las razones por las cuáles no acudieron a la jurisdicción
dentro del plazo ordinario de los dos años».

51. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia hizo el siguiente análisis, en

la sentencia censurada:

Conforme se indicó en líneas precedentes, el H. Consejo de Estado y, posteriormente, la
Corte Constitucional, estableció las reglas para el cómputo de la caducidad en casos como
el presente, donde las pretensiones se sustentan en la presunta existencia de un delito de
lesa humanidad y, para tal efecto, indicó que en estos casos no se exceptúa la aplicación
del término de caducidad de dos (2) años, pues el cómputo de dicho término debe iniciar a
partir del momento en que los demandantes conocieron o debieron conocer la participación,
por acción u omisión, del Estado y, por ende, tuvieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial al Estado, teniendo en cuenta cualquier circunstancia objetiva
que haya imposibilitado su actuación o retardado su conocimiento claro del perjuicio.

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[…] Así las cosas, la Sala no advierte circunstancia especial que permita acreditar,
razonablemente, la imposibilidad real de los demandantes de haber ejercido la acción dentro
del término de ley; esto es, a partir de agosto de 2007 -cuando se denunció la desaparición
de aquel- y hasta el 20 de agosto de 2009 o, si se quiere, desde el 20 de septiembre de
2007 -cuando se determinó la plena identidad de la víctima- y hasta el 21 de septiembre de
2009. Por el contrario, las pruebas demuestran que desde ese mismo momento inicial ya
estaba estructurado el elemento de imputación, pues los familiares no solo conocían el daño
-esto es, la muerte de su ser querido-, sino que lo vinculaban expresamente con la actuación
de agentes estatales.

En esas condiciones, el término de caducidad no podía diferirse, ya que no había
incertidumbre sobre la posible participación del Estado, la cual fue afirmada por los propios
demandantes desde el inicio.

Bajo ese supuesto fáctico, resulta injustificado que, teniendo claridad sobre la imputabilidad
al Estado desde 2007, los demandantes no hubiesen ejercido el medio de control dentro del
término legal, ni alegaron o probaron circunstancias que expliquen su inactividad frente a la
administración de justicia.

Ahora bien, si se tomara como punto de partida para el cómputo del término de caducidad
la fecha de la sentencia condenatoria emitida en segunda instancia dentro del proceso
contencioso administrativo promovido por la madre y la hermana de la víctima -13 de marzo
de 2013-, suponiendo que fue a partir de ese momento que el señor Palacio Velásquez
conoció de la injerencia de los agentes del Estado en la muerte de su hijo Carlos Andrés,
por acción u omisión, la demanda debió presentarse, bajo dicha hipótesis, a más tardar el
14 de marzo de 2015; sin embargo, como la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó
el 28 de marzo de 2017, y la demanda el 13 de octubre de 2017, es forzoso para la Sala
concluir que para ese momento ya había operado el fenómeno de la caducidad.

Incluso este escenario más favorable a la parte actora resulta incompatible con las pruebas
obrantes en el expediente, pues desconoce que ya desde 2007 los actores habían señalado
la intervención del Ejército Nacional; por tanto, no es jurídicamente admisible trasladar el
punto de conocimiento hasta el año 2013.

[…] En consecuencia, al haberse presentado la demanda por fuera del término de los dos
(2) años previstos en el numeral 2, literal i, del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -contado desde cuando los demandantes
conocieron o debieron conocer la participación del Estado-, es evidente que operó el
fenómeno jurídico de la caducidad, el cual tiene como virtualidad privar de competencia al
juez, en razón a la extemporaneidad en el ejercicio del medio de control. Esta conclusión se
impone porque el conocimiento de la imputabilidad al Estado no fue sobreviniente ni
progresivo, sino inicial, expreso y probado, sin que exista justificación para la inacción
procesal de los demandantes. Por lo tanto, se revocará la sentencia recurrida y, en su lugar,
se declarará la caducidad del medio de control.

52. Para determinar si le asiste razón a los accionantes, conviene realizar un
recuento de las actuaciones procesales más relevantes adelantadas en el marco
del mencionado proceso. El Trece (13) de Octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), la
señora Claudia Andrea Palacio Rojas y otros presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa con el fin de que se declarara la
responsabilidad patrimonial del Estado - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional,

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por los perjuicios causados con la muerte del señor Carlos Andrés Palacio
Rodríguez, ocurrida el Nueve (9) de Agosto de Dos Mil Siete (2007) en
circunstancias que los demandantes atribuyeron a una ejecución perpetrada por
miembros de la fuerza pública.

53. Mediante sentencia del Nueve (9) de Agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), el

Juzgado Dieciocho (18) Administrativo de Medellín accedió parcialmente a las
pretensiones, declaró patrimonialmente responsable a la entidad demandada y la
condenó al pago de perjuicios morales y a la adopción de medidas de reparación
integral no pecuniarias, tras considerar que el caso revestía las connotaciones
propias de un crimen de lesa humanidad y que, por ello, no operaba el fenómeno
de la caducidad.

54. La decisión fue apelada por la parte demandada, recurso que fue admitido por el

Tribunal Administrativo de Antioquia el Catorce (14) de Noviembre de Dos Mil
Diecinueve (2019). Por auto del Seis (6) de Febrero de Dos Mil Veinte (2020), se
corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión. Nótese que, para ese
momento, la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado
había sido notificada por estado hace apenas cinco (5) días hábiles, el Treinta
(30) de Enero de Dos Mil Veinte (2020). En su providencia, el Tribunal se limitó a
conceder el término legal para alegar de conclusión, sin advertirle a las partes que
la regla jurisprudencial aplicable al cómputo de la caducidad había cambiado en
virtud de la sentencia de unificación de esta Corporación, y sin conferirles
oportunidad alguna a los accionantes para pronunciarse sobre ese cambio
jurisprudencial.

55. Del anterior recuento se desprende que, todas las etapas del proceso de
reparación directa, salvo los alegatos de conclusión en segunda instancia, se
surtieron con anterioridad a la sentencia de unificación del Consejo de Estado. Así,
la única actuación procesal surtida con posterioridad al cambio jurisprudencial fue
el traslado para alegar de conclusión en segunda instancia, período que transcurrió
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia de
unificación.

56. Ante este contexto, la parte demandante tenía la convicción y la confianza
legítima en que el proceso había superado el debate sobre la caducidad
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(descartada expresamente por el a quo con fundamento en el criterio jurisprudencial
aplicado previo a la unificación de las reglas de caducidad en la materia) y que el
juez de segunda instancia adoptaría una decisión de fondo.

57. La publicidad de la sentencia de unificación se agotó con su notificación por

estado, sin que mediara acto alguno del juez natural que le haya permitido a la parte
demandante exponer las circunstancias de tiempo y modo que le impidieron acudir
oportunamente a la jurisdicción, con el fin de que el Tribunal hubiese podido valorar
esta situación al momento de examinar el presupuesto procesal de la caducidad.

58. Conviene mencionar que la precisión que introdujo la sentencia de unificación no

era aprehensible con la sola lectura de la providencia del Consejo de Estado,
comoquiera que, la determinación de qué debía entenderse por «situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción» solo fue decantada con

posterioridad por la Corte Constitucional.

59. En efecto, el traslado para alegar de conclusión en segunda instancia ocurrió

previo a las sentencias SU-312 de 202024, T-044 de 2022 y SU-167 de 2023 de la
Corte Constitucional. Aquellas establecieron que los procesos que se hubieran
surtido hasta antes de la sentencia de segunda instancia en ausencia de la
sentencia de unificación debían readecuar su trámite para garantizar a los
demandantes la oportunidad de pronunciarse sobre las barreras enfrentadas por
ellos para acceder oportunamente a la administración de justicia bajo las nuevas
reglas de caducidad.

60. Si bien, en su decisión del Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

el Tribunal accionado aplicó la sentencia de unificación del Veintinueve (29) de
Enero de Dos Mil Veinte (2020), vigente para ese entonces, lo hizo sin atender el
precedente constitucional invocado en el párrafo anterior, así como las
particularidades del caso.

61. Y es que aquí resulta especialmente relevante la regla fijada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-406 de 2016, reiterada en la T-044 de 2022,
según la cual, aunque los cambios de precedente se aplican de forma general e

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Del 13 de agosto de 2020.
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inmediata, en virtud de los principios de legalidad y confianza legítima, tal regla
«impone a los jueces el deber de valorar las circunstancias particulares de cada caso en el que
pretenden aplicar el cambio jurisprudencial, sobre todo cuando la modificación supone imponer
nuevas cargas procesales, argumentativas o probatorias, así como también cuando esta
tiene incidencia directa en los términos procesales, notificaciones que se están surtiendo o
términos que ya habrían empezado a correr, entre otros eventos en los que se ha creado para
las partes y terceros una expectativa de actuar de una determinada manera o de no hacerlo»
(Énfasis de la Sala).

62. Además, dispuso que, los jueces deben «valorar si la aplicación de la nueva regla

sacrifica intensamente las garantías procesales y sustanciales, aun ante el silencio en el que incurrió
quien determinó el cambio de jurisprudencia». Es decir, que, en caso de configurarse tales

supuestos, el operador judicial está autorizado a matizar las reglas de unificación
vigentes o, incluso, a no aplicarlas, según el caso particular. En la citada
providencia, la Corte estudió un caso similar, en el que el proceso de reparación
directa se encontraba en el despacho para fallo de segunda instancia, cuando se
profirió la sentencia de unificación del Veintinueve (29) de Enero de Dos Mil Veinte
(2020).

63. En esa ocasión, se encontró que el tribunal accionado incurrió en
desconocimiento del precedente judicial al aplicar las reglas unificadas sin valorar
las circunstancias particulares del caso concreto para evitar poner en riesgo las
garantías procesales de las partes con la aplicación de las nuevas reglas
jurisprudenciales, y en defecto procedimental absoluto por haber pretermitido,
desde una perspectiva material, la fase de alegatos, en la medida en que, no
«adopt[ó] las medidas necesarias para que no se modifi[caran] sustancialmente las circunstancias
en las que se formularon tales argumentos o, en su defecto, para que las partes pu[dieran] readecuar
sus argumentos y reflexiones a tal modificación, ya sea fáctica, probatoria o normativa».

64. La Sala no pasa por alto que, en sentencia T-024 de 2024, la Corte Constitucional

descartó la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente judicial
en uno de los expedientes acumulados, al constatar que el término para alegar de
conclusión en segunda instancia venció el Ocho (8) de Julio de Dos Mil Veintiuno
(2021), esto es, cerca de año y medio después de expedidas las sentencias de
unificación, momento para el cual, dijo la Corte, «ya se debían conocer las reglas de
unificación en relación con el cómputo del término de caducidad». Sin embargo, en el caso

aquí examinado, el traslado para alegar de conclusión se corrió a los cinco (5) días

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de proferida la sentencia de unificación del Consejo de Estado, y en todo caso antes
de la sentencia SU-312 de 2020; distinto a lo que ocurrió en el asunto mencionado.

65. Precisado lo anterior, la irregularidad en que incurrió el Tribunal accionado radica

en que haya aplicado la regla de caducidad fijada en la sentencia de unificación,
pero omitiendo su deber, exigible a la luz del precedente posteriormente fijado por
la Corte Constitucional (y, en todo caso, previo a que profiriera la sentencia de
segunda instancia), consistente en verificar si los demandantes contaron con una
oportunidad procesal real y efectiva para acreditar las barreras que enfrentaron
para acceder a la administración de justicia bajo ese nuevo entendimiento
jurisprudencial y, de no ser así, readecuar el trámite que garantizara tal situación.
De esa manera, la autoridad accionada trasladó a los actores las consecuencias
adversas de una carga cuya satisfacción nunca estuvo materialmente a su alcance.

66. Por lo tanto, a los pocos días de unificarse la regla de la caducidad en sede

contenciosa, y sin que aquella hubiera sido interpretada por la Corte Constitucional,
sobre todo en lo que respecta a la oportunidad25 para pronunciarse sobre la
existencia de barreras que impidieron el acceso a tiempo a la administración de
justicia, resultó desproporcionado exigirles a los actores haber obrado en ese
sentido en sus alegatos de conclusión. Al contrario, dicha carga recaía en cabeza
del juez natural, quien además debió acoger el precedente constitucional en su
decisión proferida en el 2026.

67. En tales circunstancias, y a la luz del artículo 228 constitucional, la oportunidad

procesal conferida mediante auto del Seis (6) de Febrero de Dos Mil Veinte (2020)
no garantizó materialmente el derecho al debido proceso de los accionantes, por
no otorgarles la posibilidad real de comprender las implicaciones del cambio de
precedente y encausar la defensa conforme a él, incluso previo a que la Corte
Constitucional precisara tales subreglas.

68. Esto máxime cuando la etapa de alegatos de conclusión no era un escenario

idóneo para satisfacer la nueva carga argumentativa impuesta con el cambio
jurisprudencial del 2020. Dicha oportunidad está destinada a la síntesis del debate
y no habilita la introducción de nuevos hechos, la modificación de la causa petendi

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T-024 de 2024 (M.P. Paola Meneses Mosquera), T-450 de 2024 (M.P. Juan Carlos Cortés González), T-001 de 2025 (M.P.
Paola Meneses) y SU-167 de 2023 (M.P. Diana Fajardo Rivera)
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ni la práctica de pruebas. De ahí que el Tribunal Administrativo de Antioquia no
pueda reprocharles ahora a los actores el no haber acreditado las barreras que
enfrentaron para acudir oportunamente a la administración de justicia, cuando ello
no pudo ser objeto de demostración en la etapa de los alegatos de conclusión. En
consecuencia, la parte accionante no contaba con instrumento procesal alguno
para adecuar su estrategia, aportar los elementos de convicción pertinentes o
promover su decreto, de suerte que el término del que dispuso resultó
materialmente inocuo.

69. Por lo anterior, la Sala amparará los derechos fundamentales de los accionantes

al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad y, en
consecuencia, dejará sin efectos la sentencia del Veintinueve (29) de Mayo de Dos
Mil Veintiséis (2026), para que la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia profiera un auto en el que requiera a los actores para
que informen si enfrentaron barreras de acceso a la administración de justicia,
otorgando un término razonable para que sustenten sus argumentos.

70. Cumplida esta diligencia, el Tribunal deberá dictar una nueva sentencia en la que

valore las circunstancias particulares de los demandantes y determine, con arreglo
a las reglas fijadas en providencias T-001 de 2025, T-086 de 2026 y del Trece (13)
de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)26, si operó o no el fenómeno de la caducidad,
sin que esta orden implique anticipar el sentido de la decisión, que corresponde
adoptar al juez natural en ejercicio de su autonomía.

IV. DECISIÓN

71. Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, la parte

accionante acreditó que la providencia del Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, desconoció el precedente constitucional en la materia,
se accederá al amparo deprecado.

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de abril de
2026, Rad. 11001-03-15-000-2026-00069-01, C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. En ese fallo, se estudió la acción
de tutela instaurada por Martha Nelly Morales Marín y otros contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Decisión, y se encontró que la autoridad judicial desconoció el precedente constitucional al no valorar adecuadamente las
pruebas aportadas por los actores para dar cuenta de las barreras de acceso que enfrentaron, ni realizar ningún esfuerzo
oficioso de investigación de la realidad material.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04640-00
Accionantes: Claudia Andrea Palacio Rojas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Procuraduría I Judicial
Administrativa 167, conforme a la motivación.

SEGUNDO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia e igualdad de la señora Claudia Andrea Palacio Rojas
y otros, conforme a la motivación de esta providencia.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
del Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia [05001-33-33-018-
2017-00536-01], mediante la cual decidió revocar la decisión de primera instancia
y, en su lugar, declarar oficiosamente la caducidad del medio de control, por lo
expuesto.

CUARTO. ORDENAR a la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de
esta providencia, profiera un auto en el que requiera a los demandantes para que
indiquen si enfrentaron barreras de acceso a la administración de justicia,
otorgando un término razonable para que sustenten sus argumentos. Cumplida
esa diligencia, el Tribunal deberá dictar una nueva sentencia, en atención a las
consideraciones planteadas en esta decisión.

QUINTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma
y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04640-00
Accionantes: Claudia Andrea Palacio Rojas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión

SÉPTIMO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(En permiso)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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