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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04643-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04643-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04643-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04643-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ HILARIO CORTÁZAR ESQUIVEL
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA
PARTE ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON
OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
SEGURIDAD SOCIAL Y MÍNIMO VITAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JOSÉ HILARIO CORTÁZAR ESQUIVEL, actuando a través

de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04643-00
Actor: JOSÉ HILARIO CORTÁZAR ESQUIVEL

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

seguridad social y al mínimo vital, los cuales estima vulnerados por

el TRIBUNAL, al haber proferido la providencia de 4 de junio de

2026 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 2025-00195-

01.

I.2.- Hechos

Manifestó que promovió demanda en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (UAEPC)2, con el fin de

que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 1538 de 30 de

septiembre de 2024, y, en su lugar, se ordenara la reliquidación de

su pensión de jubilación, conforme a lo dispuesto en las ordenanzas

núms. 002 de 1976 y 018 de 1977.

Mencionó que al proceso le fue asignado el número único de

radicación 2025-00195-00 y le correspondió por reparto al

2
En adelante UAEPC.

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Actor: JOSÉ HILARIO CORTÁZAR ESQUIVEL

JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ3 que, en sentencia de 26 de enero de 2026, accedió

parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Advirtió que la parte accionada interpuso recurso de apelación, que

fue desatado por el TRIBUNAL en sentencia de 4 de junio de 2026,

a través de la cual revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó

las pretensiones al estimar que no era beneficiario del contenido de

lo dispuesto en las ordenanzas núms. 002 de 1976 y 018 de 1977,

en la medida en que no adquirió su derecho a la pensión antes de la

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 o dentro de los dos años

siguientes.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

sustantivo al realizar una errada interpretación de lo dispuesto en

el artículo 146 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19934, pues tomó

como fecha la causación de la pensión de vejez, esto es, el 10 de

mayo de 2002, y no cuando ejerció como diputado de la asamblea

3
En Adelante el JUZGADO.
4
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"

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departamental de Cundinamarca durante los años 1984 y 1986, que

fue cuando se configuró la situación protegida en la normativa y se

cumplieron con los requisitos exigidos en las ordenanzas núms. 002

de 1976 y 018 de 1977.

Alegó que sin tal error, el TRIBUNAL hubiese confirmado la

sentencia del a quo que accedió parcialmente a la reliquidación de la

pensión, lo que vulnera sus derechos fundamentales al debido

proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital.

Adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en

desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues a pesar

de que citó la sentencia de 19 de julio de 2017 proferida por el

Consejo de Estado, la aplicó en sentido contrario a su ratio decidendi,

pues en esa oportunidad se falló en favor del pensionado, lo cual no

ocurrió en el caso concreto.

Adicionalmente, destacó que se omitió aplicar lo dispuesto en la

sentencia de 17 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de

Estado que, al analizar el decaimiento de las ordenanzas reconoció

expresamente que los derechos que se hubiesen configurado

materialmente en aplicación de tales actos durante su vigencia eran

válidos.

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Indicó que la autoridad judicial accionada desconoció sus derechos

adquiridos y omitió dar aplicación al principio de favorabilidad y pro

homine, pese a ser un sujeto de especial protección constitucional

dado que es un adulto mayor de 84 años, con deterioro visual severo

y cuya única fuente de ingresos es su pensión de vejez.

I.4.- Pretensiones

El actor solicita el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia
proferida el 4 de junio de 2026 dentro del expediente
110013335011-2025-00195-01, por incurrir en defecto
sustantivo consistente en la confusión de tres momentos
jurídicamente distintos al aplicar el artículo 146 de la Ley 100 de
1993, y por violación de precedente judicial del Consejo de
Estado.

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, que dentro del término improrrogable de
cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación del
fallo de tutela, profiera una nueva sentencia en la que: (i) tome
como referencia para la aplicación del artículo 146 de la Ley 100
de 1993 el momento de cumplimiento de lo requisitos
ordenanzales (1984-1986) y no la fecha de causación de la
pensión de vejez (2002); (ii) declare la nulidad de la resolución
No. 1538 del 30 de septiembre de 2024; y (iii) ordene la
reliquidación de la pensión del accionante al 75% de la
asignación mensual del cargo de diputado, conforme a las
Ordenanzas 002 de 1976 y 018 de 1977 […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó que se deniegue el amparo deprecado,

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toda vez que no incurrió en error alguno, pues valoró en debida forma

las pruebas que reposaban dentro del expediente ordinario y aplicó

la normativa y la jurisprudencia aplicable al asunto, de tal manera

que lo pretendido por el actor es convertir la acción de tutela en un

nuevo debate probatorio.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES)5 solicitó que se declare improcedente la acción

de tutela de la referencia, comoquiera que lo pretendido por el actor

es crear una instancia adicional al proceso ordinario.

I.6.2.- El JUZGADO y la UAEPC, guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

5
En adelante COLPENSIONES.

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marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría

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como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 4 de junio de 2026 proferida por

el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2025-00195-01.

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A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada vulneró sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

seguridad social y al mínimo vital, toda vez que incurrió en los

defectos sustantivo y desconocimiento del precedente

jurisprudencial al realizar una errada interpretación de lo dispuesto

en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues debió tomar como

fecha para efectos de su pensión cuando ejerció como diputado de la

asamblea departamental de Cundinamarca durante los años 1984 y

1986. Además, que a pesar de que trajo a colación la sentencia de

19 de julio de 2017, proferida por el Consejo de Estado, la aplicó en

sentido contrario a su ratio decidendi.

Añadió que se omitió observar lo establecido en la sentencia de 17

de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado que, al

analizar el decaimiento de las ordenanzas reconoció expresamente

que los derechos que se hubiesen configurado materialmente en

aplicación de tales actos durante su vigencia eran válidos, por lo que

omitió dar aplicación al principio de favorabilidad y pro homine, pese

a ser un sujeto de especial protección constitucional.

Aclarado lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico

que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente

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caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la

acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal

derrotero; ii) establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

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esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la

[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra

[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido

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estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por el actor es que

se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración del

juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad

judicial accionada profirió la decisión dando una interpretación errada

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de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues debió

tomar como fecha cuando ejerció como diputado de la asamblea

departamental de Cundinamarca durante los años 1984 y 1986 y no

la de la causación de la pensión de vejez, esto es, el 10 de mayo de

2002, pues fue en el primer momento en que se configuró la situación

protegida en la normativa y cuando se cumplieron los requisitos

exigidos en las ordenanzas núms. 002 de 1976 y 018 de 1977, por

lo que, además, se omitió dar aplicación al principio de favorabilidad

y pro homine, pese a ser un sujeto de especial protección

constitucional.

Dichos aspectos, derivan de la interpretación normativa que la parte

actora pretende que se dé a su situación particular y giran en torno

a la inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, la cual fue resuelta por el TRIBUNAL, así:

“[…] De acuerdo con el marco jurídico expuesto, a través de las
Ordenanzas 02 de 1976 y 18 de 1977 se creó un beneficio
pensional consistente en que los empleados de DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA que por lo menos durante un año hayan ejercido
funciones de gobernador, secretario de despacho, gerente de
instituto descentralizado o diputado (pero por un periodo igual),
tienen derecho a que su pensión sea liquidada en un 75% de la
asignación básica total que corresponda al respectivo cargo y en
caso de que la pensión sea reconocida por otro ente de previsión
social, a reajustarse de forma oficiosa la cuota parte hasta alcanzar
dicha cuantía.

Sin embargo, ese beneficio tuvo vigencia hasta el 11 de noviembre
de 2004; fecha en la cual quedó ejecutoriada la sentencia de 14 de

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octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en donde declaró la nulidad de los artículos 2, 4 y
5 de la Ordenanza 02 de 1976, así como también del artículo 3° de
la Ordenanza 18 de 1977, bajo el argumento de que la Asamblea
Departamental de Cundinamarca no estaba facultada para crear
normas de carácter pensional.

Teniendo en cuenta lo anterior, y verificada la situación del señor
JOSÉ HILARIO CORTÁZAR ESQUIVEL, se observa que la pensión
del demandante se reconoció el 18 de octubre de 2023 en
cumplimiento de un fallo judicial proferido por el TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA LABORAL.
Al verificar la decisión emitida por esa Corporación, se observa que
el actor adquirió su estatus pensional el 10 de mayo del año 2002,
y se precisó que operaba el fenómeno prescriptivo respecto de las
mesadas causadas con anterioridad al 26 de noviembre de 2017.

Al respecto y contrario a lo afirmado por la primera instancia, se
tiene que los beneficios pensionales contenidos en normas
expedidas sin competencia solo constituyen derecho adquirido para
las situaciones que se consolidaron antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 o dentro de los dos años siguientes. Sobre
el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-168 de 1995,
consideró: […]

Y en sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997, con ponencia del
Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA declaró la
inexequibilidad del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, respecto de
la expresión “o cumplan dentro de los dos años siguientes”,
contenida en el inciso segundo de la norma, porque en virtud de
ella tendrían derecho igualmente a pensionarse quienes cumplieran
dentro de los años siguientes a la vigencia del artículo los requisitos
exigidos para pensionarse, y ello quebrantaba el ordenamiento
superior, ya que equiparaba una mera expectativa con un derecho
adquirido. Si ello es así, quiere decir que, para pensionarse con
base en disposiciones municipales o departamentales, es necesario
que la persona cumpla los requisitos ya no dentro de los dos años
siguientes a la vigencia del señalado artículo, sino al momento
mismo de entrar en vigor.

Lo anterior significa, que para que el demandante pudiera predicar
un derecho adquirido frente a la aplicación de las ordenanzas 02
de 1976 y 18 de 1977 era necesario que su derecho a pensionarse
se hubiera causado (no necesariamente reconocido) antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, y como
se indicó en precedencia, el señor JOSÉ HILARIO CORTÁZAR
ESQUIVEL adquirió el derecho a pensionarse el 10 de mayo del año
2002, luego es claro que no puede alegar que existía una situación

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consolidada a su favor que obligue a la demandada a reliquidar la
pensión en los términos que fueron solicitados.

Al respecto, el Consejo de Estado al analizar un caso de similares
contornos, donde se solicitaba al DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA el reajuste de la cuota parte pensional conforme
a las Ordenanzas 02 de 1976 y 18 de 1977 precisó: […]

Por lo anterior, reitera la Corporación que el señor JOSÉ HILARIO
CORTÁZAR ESQUIVEL no es beneficiario del contenido de las
Ordenanzas 02 de 1976 y 18 de 1977, como quiera que no adquirió
su derecho a la pensión antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 o dentro de los dos años siguientes.

En consecuencia, bajo los argumentos expuestos en precedencia,
se concluye que el actor no tiene derecho al reajuste de la cuota
parte pretendida, toda vez que no es beneficiario del régimen
territorial ordenanzal que invocó, pues este no probó tener un
derecho adquirido en los precisos términos del artículo 146 de la
Ley 100 de 1993. Por lo anterior habrá de revocarse la sentencia
apelada […]”. (Destacado pertenece al texto).

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que el TRIBUNAL al revisar el caso sub examine, encontró que el

señor CORTÁZAR ESQUIVEL adquirió el estatus pensional el 10 de

mayo de 2002, sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia

constitucional sobre el asunto, los beneficios pensionales creados por

normas territoriales expedidas sin competencia solo constituyen

derechos adquiridos para quienes hubiesen consolidado su situación

prestacional antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,

comoquiera que la extensión del beneficio a los que satisficieran los

requisitos dentro de los dos años siguientes fue declarada

inexequible por la Corte Constitucional.

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En ese orden de ideas, al haber consolidado su garantía pensional en

el año 2002, el actor no podía invocar un derecho adquirido derivado

de las ordenanzas antes enunciadas, pues conforme con lo dispuesto

en la jurisprudencia del Consejo de Estado y lo previsto en el artículo

146 de la Ley 100 de 1993, no era beneficiario del régimen territorial

invocado y, por tanto, no le asistía el reajuste solicitado.

Para lo anterior, explicó que la normativa departamental contenida

en las ordenanzas núms. 02 de 1976 y 18 de 1977, estableció un

beneficio pensional para ciertos servidores del departamento de

Cundinamarca, consistente en liquidar la pensión en el 75 % de la

asignación básica del cargo desempeñado y, en caso de

reconocimiento por otra entidad, reajustar la cuota parte

correspondiente. No obstante, dichos beneficios perdieron vigencia

el 11 de noviembre de 2004, cuando el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca anuló las disposiciones pertinentes al considerar que

la asamblea departamental carecía de competencia para regular

materias pensionales.

Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la

providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que

fueron adoptados a partir del alcance dado a la normativa y a la

jurisprudencia dispuesta para el asunto. Situación distinta es que la

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parte actora no comparta la tesis allí dispuesta, al ser adversa a sus

intereses, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del

desconocimiento del precedente jurisprudencial tampoco cumple con

la carga argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto

la parte actora se limitó a citar las sentencias a las que hace

alusión, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir

entre lo allí resuelto y su caso ventilado en el proceso ordinario

cuestionado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sección16 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

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sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación

dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso

y a la aplicación de la jurisprudencia dispuesta para el caso, en el

cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la

acción de tutela el carácter de un recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

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En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente

providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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