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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04647-01

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04647-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO. REVOCAR la Sentencia de 6 de agosto de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, NEGAR el amparo presentado por Decidera de Jesús Mendoza Ramírez13, Saimin Enrique Muegues Mendoza, Samir José Muegues Mendoza, Sandri Paola Muegues Mendoza, Yimis Muegues Rondon, Javier Muegues Rondon, Carlos Alberto Muegues Rondon, Geiner Muegues Rondon, Damaris Mercedes Muegues Ramírez, Dalianis Muegues Ramírez, Sergio Muegues Rondon, Norberto Enrique Muegues Rondon, Julys Tatiana Ayola Martínez, Ana María Rodríguez Ramos, Dini Sharick Rodríguez Ayola, Sayis Fontalvo Lopesierra, Maryuri Fontalvo Lopesierra, Demeris del Carmen Fontalvo Lopesierra, Matilde Rodríguez Álvarez, Yureima Rodríguez Álvarez, Héctor Samuel Rodríguez Álvarez, Uver Javier Rodríguez Fontalvo y Aura María Fontalvo Lopesierra, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO. REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04647-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de Septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04647-01
Demandante: Decidera de Jesús Mendoza Ramírez y otros.
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
directa. Privación injusta de la libertad por medida de
aseguramiento.
Decisión: Revoca improcedencia y niega amparo.

La Sala decide la impugnación presentada por Decidera de Jesús Mendoza
Ramírez y otros contra la Sentencia de 6 de agosto de 2026, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 17 de junio de 2026, Decidera de Jesús Mendoza Ramírez1, Saimin
Enrique Muegues Mendoza, Samir José Muegues Mendoza, Sandri Paola Muegues
Mendoza, Yimis Muegues Rondon, Javier Muegues Rondon, Carlos Alberto
Muegues Rondon, Geiner Muegues Rondon, Damaris Mercedes Muegues Ramírez,
Dalianis Muegues Ramírez, Sergio Muegues Rondon, Norberto Enrique Muegues
Rondon, Julys Tatiana Ayola Martínez, Ana María Rodríguez Ramos, Dini Sharick
Rodríguez Ayola, Sayis Fontalvo Lopesierra, Maryuri Fontalvo Lopesierra, Demeris
del Carmen Fontalvo Lopesierra, Matilde Rodríguez Álvarez, Yureima Rodríguez
Álvarez, Héctor Samuel Rodríguez Álvarez, Uver Javier Rodríguez Fontalvo y Aura
María Fontalvo Lopesierra a través de apoderado judicial, presentaron una acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la Sentencia del 16 de diciembre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena dentro del proceso de reparación directa No. 47001-
33-33-006-2013-00350-00/01.

2. A título de amparo constitucional, solicitó dejar sin efectos la providencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y, en su lugar, proferir una
decisión de reemplazo que favorezca a las pretensiones de los accionados.

3. Como fundamentos fácticos del escrito de tutela y sus anexos, se
desprende que la Fiscalía 3 Delegada ante el Juzgado Único Especializado de

1 Actuando en nombre de su hija SVMM.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04647-01
Demandante: Decidera de Jesús Mendoza Ramírez y otros.

Santa Marta inició una investigación penal radicada bajo el n.º 87.307 contra Saúl
Muegues Rondón, Evaristo Rodríguez Fontalvo y Geiner Muegues Ramírez.

4. Posteriormente, el Juzgado Único Especializado del Circuito de Santa
Marta, mediante providencia del 7 de julio de 2010 libró orden de captura contra los
señores Saul Muegues Rondón, Evaristo Rodríguez Fontalvo y Geiner Muegues
Ramírez, por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir
agravado y extorsión agravada.

5. Mediante providencias del 4 y 25 de agosto de 2010, impuso medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario
respecto de los señores Muegues Rondón y Rodríguez Fontalvo, a quienes señaló
como presuntos coautores materiales del delito de concierto para delinquir
agravado. Según la providencia, dicha decisión se fundamentó en los elementos de
convicción recaudados durante la investigación.

6. Por lo anterior, Saúl Muegues Rondon fue privado de la libertad entre el 15
de agosto de 2010 y el 14 de agosto de 2011. Mientras que Evaristo Rodríguez
Fontalvo permaneció detenido entre el 17 de julio y el 11 de agosto de 2011. Durante
dichos periodos permanecieron recluidos en establecimiento carcelario por su
presunta participación en los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión
agravada.

7. Mediante providencia del 19 de agosto de 2011, la Fiscalía 3 Especializada
Delegada ante el Juzgado Único Especializado del Circuito de Santa Marta, ordenó
precluir la investigación a favor de los señores Muegues Rondón y Rodríguez
Fontalvo y, en consecuencia, revocó la medida de aseguramiento que pesaba en
su contra.

8. Saúl Muegues Rondón, Evaristo Rodríguez Fontalvo y Geiner Muegues
Ramírez, junto con algunos familiares, promovieron demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa con el fin de que se declarara la responsabilidad
patrimonial del Estado por los perjuicios presuntamente ocasionados por la
privación injusta de la libertad Saúl Muegues Rondón y Evaristo Rodríguez Fontalvo,
así como un presunto error judicial respecto de Geiner Muegues Ramírez2.

9. Mediante Sentencia del 23 de septiembre de 2024, el Juzgado 6 Administrativo
de Santa Marta negó las pretensiones de la demanda. Consideró que: (i) respecto
a Geiner Muegues Ramírez no se acreditó la existencia de un daño antijurídico,
pues nunca estuvo privado de la libertad y la orden de captura expedida en su contra
no se materializó y (ii) en cuanto a Saúl Muegues Rondón y Evaristo Rodríguez
Fontalvo, aunque estuvieron privados de la libertad, concluyó que el daño no era
antijurídico. Consideró que la Fiscalía actuó conforme a los artículos 355, 356 y 357
de la Ley 600 de 2000, ya que contaba con al menos 2 indicios graves de
responsabilidad y cumplió los requisitos legales para imponer la medida de
aseguramiento. También estimó que la medida estaba justificada por riesgos de
fuga, obstrucción de la justicia y amenazas contra testigos, por lo que no existió falla
en el servicio.

2 Rad. 05001-33-33-024-2022-00525-00/01

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Demandante: Decidera de Jesús Mendoza Ramírez y otros.

10. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Sostuvo, en
primer lugar, que los supuestos indicios graves de responsabilidad valorados por la
Fiscalía consistían, esencialmente, en las declaraciones de Henry Flórez Rodelo y
en informes de policía judicial, elementos que, de conformidad con el artículo 314
de la Ley 600 de 2000 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, carecían
de valor probatorio autónomo y únicamente podían servir como criterios
orientadores de la investigación. Agregó que el testigo identificó a los presuntos
responsables únicamente mediante alias, sin individualizarlos plenamente. En
consecuencia, afirmó que la Fiscalía no contaba con 2 indicios graves de
responsabilidad al momento de imponer la medida de aseguramiento.

11. Respecto a Geiner Muegues Ramírez, la parte demandante alegó que el
hecho de que la orden de captura hubiese sido expedida sin sustento probatorio
suficiente y posteriormente cancelada por la propia Fiscalía configuraba un error
judicial. Indicó que dicha actuación lo obligó a ocultarse durante más de 1 año para
evitar su eventual captura.

12. Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo
del Magdalena confirmó la decisión de primera instancia. Consideró que, aunque
Saúl Muegues Rondón y Evaristo Rodríguez Fontalvo estuvieron privados de la
libertad, ello no constituyó un daño antijurídico, pues la medida de aseguramiento
fue adoptada por autoridad competente, con fundamento fáctico y jurídico suficiente
y orientada al cumplimiento de finalidades legítimas previstas en la ley. En
consecuencia, concluyó que no se configuraba la responsabilidad patrimonial del
Estado. Finalmente, respecto de Geiner Muegues Ramírez, indicó que la demanda
no permitió establecer con claridad cuál era la providencia que se reputaba errónea
ni en qué consistía concretamente el supuesto error judicial alegado.

13. Como fundamento de la vulneración, los accionantes sostuvieron que el
Tribunal incurrió en un defecto fáctico al efectuar una valoración errónea de los
elementos de convicción allegados al proceso, pues concluyó que la medida de
aseguramiento se ajustó a los presupuestos previstos en el artículo 356 de la Ley
600 de 2000. En particular, indicaron que la Fiscalía impuso dichas medidas con
fundamento en el testimonio de Henry Flórez Rodelo y en informes de policía
judicial, pese a que estos últimos carecen de valor probatorio, de conformidad con
el artículo 50 de la Ley 504 de 1999, el artículo 314 de la Ley 600 de 2000 y la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado. Agregaron que el testigo únicamente hizo referencia a determinados
alias sin identificar plenamente a los sindicados, por lo que la individualización de
estos provino de los informes de policía judicial, los cuales no podían servir de
prueba ni constituir indicios de responsabilidad.

14. Asimismo, los accionantes sostuvieron que el Tribunal desconoció el
precedente judicial contenido en las sentencias del 9 de agosto de 2023 (rad.
56103), 4 de septiembre de 2023 (rad. 59633) y 17 de octubre de 2023 (rad. 69794),
proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así
como en la sentencia del 18 de noviembre de 2024 (rad. 69995) de la Subsección
B de esa misma Sección. Igualmente, invocaron las sentencias T-072 de 2018 y T-
126 de 2025 de la Corte Constitucional.

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Demandante: Decidera de Jesús Mendoza Ramírez y otros.

Intervenciones3

15. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela y, además, que se reconociera su falta de legitimación en la causa
por pasiva. Indicó que la actuación cuestionada corresponde a una providencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y no a una actuación
atribuible a dicha entidad. Asimismo, sostuvo que los accionantes pretenden reabrir
un debate jurídico ya resuelto dentro del proceso ordinario, sin que se evidencie una
vulneración del debido proceso por parte de la autoridad judicial accionada.

16. El Tribunal Administrativo del Magdalena4 solicitó negar el amparo al
considerar que la sentencia del 16 de diciembre de 2025 no vulneró los derechos
fundamentales invocados por los accionantes y que la acción de tutela pretende
reabrir una controversia jurídica ya resuelta dentro del proceso ordinario. Destacó
que dicha providencia sí analizó los criterios previstos en los artículos 314, 355, 356
y 357 de la Ley 600 de 2000, así como la jurisprudencia constitucional relativa a la
privación injusta de la libertad. En particular, verificó: (i) la procedencia legal de la
medida de aseguramiento, (ii) la existencia de indicios graves de responsabilidad y
(iii) la necesidad y finalidad de la medida.

17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación del
trámite y, subsidiariamente, que se negaran las pretensiones de la tutela. Sostuvo
que la acción está dirigida a dejar sin efectos una providencia judicial proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, actuación que corresponde
exclusivamente al ejercicio de funciones jurisdiccionales. Añadió que la
representación de la Rama Judicial dentro del proceso ordinario estuvo a cargo de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Magdalena, razón
por la cual consideró que esta última sería la dependencia con interés directo en el
resultado del presente trámite constitucional.

18. Juzgado 6 Administrativo de Santa Marta envió el expediente digital del
proceso.

19. Yeison Muegues Ramírez, Jeison José Muegues Borja, Ida Lexis de la Hoz
Santiago, Andreina Karina Muegues de la Hoz, Jeiner David Muegues de la Hoz,
Geiner David Muegues de la Hoz, Andrea Karolina Muegues de la Hoz, Beiner
Alexander Muegues de la Hoz, Danis Adriana Muegues de la Hoz y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se pronunciaron.

3 Mediante Auto de 18 de junio de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal

Administrativo del Magdalena. Además, vinculó a la Fiscalía General de la Nación, a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a los señores Yeison Muegues Ramírez, Jeison José Muegues Borja, Ida Lexis de la
Hoz Santiago, Andreina Karina Muegues de la Hoz, Jeiner David Muegues de la Hoz, Geiner David Muegues
de la Hoz, Andrea Karolina Muegues de la Hoz, Beiner Alexander Muegues de la Hoz, Danis Adriana Muegues
de la Hoz y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
4 Envió el expediente en formato digital.

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Demandante: Decidera de Jesús Mendoza Ramírez y otros.

Sentencia impugnada5

20. Mediante Sentencia de 6 de agosto de 2026, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional. Explicó que los argumentos expuestos por los
accionantes no planteaban una verdadera controversia de naturaleza constitucional,
sino que estaban dirigidos a reabrir un debate probatorio y jurídico previamente
resuelto dentro del proceso de reparación directa. Señaló que el escrito de tutela
reproduce, en lo sustancial, los argumentos formulados en el recurso de apelación
y evidencia una inconformidad con la valoración probatoria efectuada por el juez
natural. Asimismo, indicó que los accionantes no cumplieron con la carga
argumentativa mínima necesaria para estructurar el alegado defecto fáctico, pues
no identificaron con precisión las pruebas supuestamente omitidas o indebidamente
valoradas, ni explicaron por qué la decisión cuestionada resultaba arbitraria,
caprichosa o manifiestamente irrazonable.

21. Respecto del supuesto desconocimiento del precedente, la Sala advirtió
que los accionantes se limitaron a citar las sentencias de unificación SU-072 de
2018 y SU-126 de 2025 de la Corte Constitucional, sin desarrollar una
argumentación encaminada a demostrar su aplicabilidad al caso concreto. Precisó
que tampoco identificaron la regla jurisprudencial presuntamente desconocida ni
explicaron de qué manera la providencia cuestionada se apartó de ella, razón por la
cual el cargo carecía de la fundamentación mínima requerida para habilitar el
estudio constitucional solicitado.

Impugnación

22. Los accionantes impugnaron la decisión y sostuvieron que no pretendían
reabrir una discusión probatoria ni expresar una simple inconformidad con la
valoración realizada por el juez natural. Indicaron que su reproche se dirigía a
cuestionar que el Tribunal Administrativo del Magdalena consideró ajustada a
derecho una medida de aseguramiento que, en su criterio, no cumplía los requisitos
previstos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000.

23. Asimismo, los accionantes indicaron que el defecto fáctico alegado no
consiste en la omisión de una prueba ni en la falta de valoración del material
probatorio, sino en que el Tribunal atribuyó valor probatorio a elementos que, en su
criterio, carecían de aptitud jurídica para constituir los dos indicios graves de
responsabilidad exigidos por la ley. En particular, sostuvieron que los informes de
policía judicial y los señalamientos efectuados mediante alias no podían servir de
fundamento para imponer una medida privativa de la libertad.

24. Finalmente, afirmaron que la acción de tutela si tiene relevancia
constitucional, pues alegan que la providencia del Tribunal Administrativo del
Magdalena desconoció normas procesales penales determinantes para la

5 La Magistrada Gloria María Gómez Montoya aclaró su voto respecto del aspecto procesal relacionado con la

integración del contradictorio. Estimó que existió una indebida conformación del contradictorio debido a que no
fue vinculado el Juzgado 6 Administrativo de Santa Marta, autoridad que conoció y decidió en primera instancia
el proceso de reparación directa cuya sentencia fue posteriormente confirmada por el Tribunal Administrativo
del Magdalena y luego cuestionada mediante la acción de tutela.

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restricción del derecho fundamental a la libertad y, además, se apartó del
precedente constitucional aplicable en materia de privación injusta de la libertad.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

25. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el
Tribunal del Magdalena, al proferir la sentencia dentro del proceso de reparación
directa No. 47001-33-33-006-2013-00350-00/01 incurrió en defecto fáctico y
desconocimiento del precedente.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

27. La Sala revocará la sentencia del 6 de agosto de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones que pasan a explicarse:

28. Contrario a lo que sostuvo el juez de tutela de primer grado, la controversia
sí posee relevancia constitucional, pues el asunto en discusión se centra en la
posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administración de justicia la
Sentencia del 16 de diciembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, en la que se discutió la responsabilidad del Estado por la privación de
la libertad de Saul Muegues Rondón, Evaristo Rodríguez Fontalvo y Geiner
Muegues Ramírez. Aunado a ello, no puede perderse de vista que los reparos
fueron dirigidos contra el análisis y valoración que hizo concretamente el juez de
segunda instancia del proceso ordinario y el asunto bajo estudio no es de carácter
eminentemente legal o económico.

29. Frente a los demás requisitos generales de procedibilidad, la Sala advirtió
que: (1) se encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como pasiva,
puesto que los accionantes participaron como parte demandante dentro del proceso
No. 47001-33-33-006-2013-00350-00/01 y la decisión objeto de cuestionamiento
fue emitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena; (2) se cumplió con el
requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos los recursos
judiciales disponibles para procurar la defensa de sus derechos; (3) la acción de
tutela fue presentada el 17 de junio de 2026, esto es, dentro del plazo de 6 meses
contados a partir de la notificación de la providencia enjuiciada6; (4) no se alegó una
irregularidad procesal; (5) los hechos y fundamentos en los que se basó la presunta

6 La sentencia de segunda instancia fue notificada a través de mensaje de datos enviado el 12 de febrero de

2026.

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vulneración de derechos fueron identificados de manera razonable; y (6) la tutela
no fue presentada contra una providencia de la misma naturaleza.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

30. La Sala negará la solicitud de amparo, por las siguientes razones:

31. Para analizar el defecto fáctico alegado, la Sala examinará si el Tribunal
incurrió en una valoración probatoria irrazonable al concluir que la medida de
aseguramiento cumplía los requisitos previstos en el artículo 356 de la Ley 600 de
2000. En particular el alcance dado al testimonio de Henry Flórez Rodelo y los
informes de policía judicial. En primer lugar, debe precisarse que el Tribunal analizó
si la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta a Saúl Muegues
Rondón y Evaristo Rodríguez Fontalvo cumplió los requisitos previstos en la Ley
600 de 2000, esto es: (i) que procediera frente a los delitos imputados, (ii) que
existieran al menos dos indicios graves de responsabilidad y (iii) que estuviera
debidamente motivada en cuanto a su necesidad y finalidad.

32. En relación con el primer requisito, concluyó que la medida era legalmente
procedente, pues los demandantes fueron investigados por los delitos de concierto
para delinquir agravado y extorsión agravada, conductas cuya gravedad permitía,
conforme a la Ley 600 de 2000, la imposición de una medida de aseguramiento de
detención preventiva.

33. Respecto del segundo requisito, el Tribunal, indicó que la medida no se
sustentó exclusivamente en el testimonio de Henry Flórez Rodelo y en los informes
de policía judicial. Señaló que la Fiscalía valoró un conjunto más amplio de
elementos de convicción recaudados dentro del proceso, incluyendo información
sobre la estructura criminal investigada, los señalamientos reiterados sobre la
pertenencia de diversos individuos a dicha organización, el contexto de amenazas
a víctimas, testigos y las labores de identificación e individualización realizadas por
la policía judicial. Por lo tanto, consideró que existían méritos suficientes para
imponer la medida de aseguramiento. Asimismo, agregó que la posterior preclusión
de la investigación por insuficiencia probatoria no convertía automáticamente en
arbitraria o injustificada la decisión adoptada en una etapa inicial del proceso. De
esta manera, el Tribunal no sustentó su decisión exclusivamente en los informes de
policía judicial ni en el testimonio de Henry Flórez Rodelo, sino en una valoración
conjunta del material probatorio recaudado durante la investigación.

34. Frente al tercer requisito, el Tribunal advirtió que la Fiscalía motivó
adecuadamente la necesidad de la detención preventiva al destacar riesgos para la
actividad probatoria, amenazas contra testigos, la gravedad de los hechos
investigados y la posibilidad de fuga o de interferencia en el proceso penal. En
consecuencia, estimó que la restricción de la libertad persiguió fines legítimos de
protección de la investigación, aseguramiento de la comparecencia de los
procesados y eventual ejecución de una condena.

35. Los accionantes parten del supuesto de que los informes de policía judicial
y la prueba testimonial constituyeron los únicos fundamentos de la medida de
aseguramiento. Sin embargo, el Tribunal concluyó precisamente lo contrario, esto
es, que la Fiscalía valoró un conjunto de elementos de convicción y no

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exclusivamente dichas pruebas. En consecuencia, el desacuerdo de los
accionantes recae sobre la valoración efectuada por el juez ordinario.

36. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal del Magdalena concluyó que la
privación de la libertad de Saúl Muegues Rondón y Evaristo Rodríguez Fontalvo no
constituye un daño antijurídico, pues derivó de una medida de aseguramiento
adoptada por autoridad competente, con fundamento fáctico y jurídico suficiente y
orientada a finalidades legítimas. En consecuencia, no se configuró responsabilidad
patrimonial del Estado por este concepto.

37. Es importante resaltar que las pruebas cuya valoración cuestionan los
accionantes fueron expresamente examinadas por el Tribunal en la providencia
censurada. La discrepancia de los actores radica, en realidad en las conclusiones
obtenidas por dicha autoridad judicial a partir de ese material probatorio. En tales
condiciones, no se advierte que la providencia hubiera omitido pruebas relevantes
o atribuido a estas un alcance manifiestamente contrario a su contenido.
Adicionalmente, el fallo cuestionado se sustentó en una valoración conjunta de
diversos elementos de convicción, por lo que los accionantes tampoco demuestran
que los aspectos probatorios que cuestionan tuvieran una incidencia determinante
en el sentido de la decisión.

38. Así las cosas, más allá de la discrepancia de los accionantes con las
conclusiones alcanzadas por el Tribunal, estos no demuestran que las pruebas
invocadas hubieran sido determinantes para modificar el sentido de la decisión.
Tampoco acreditan que su valoración condujera necesariamente a una conclusión
distinta. En realidad, sus reproches están orientados a obtener una nueva valoración
de las pruebas, labor que corresponde al juez natural y no al juez constitucional.

39. La Sentencia cuestionada examinó expresamente los requisitos requeridos
por la Ley 600 de 2000 para la imposición de una medida de aseguramiento de
detención preventiva, con fundamento en dicho análisis, concluyó que no se
configuraba responsabilidad patrimonial de Estado.

40. En consecuencia, la Sala advierte que los accionantes no acreditan que el
Tribunal hubiera incurrido en una valoración probatoria arbitraria, caprichosa,
irrazonable o manifiestamente contraria al acervo probatorio. Su inconformidad se
dirige, en realidad, contra la apreciación efectuada por el juez natural y contra las
consecuencias jurídicas derivadas de ella. Por tanto, el reproche formulado no
configura un defecto fáctico, sino una discrepancia interpretativa insuficiente para
habilitar la intervención excepcional del juez de tutela contra providencias judiciales.

41. En relación con el presunto desconocimiento del precedente, la Sala no
advierte que este se haya configurado. Los accionantes alegan la vulneración de
las Sentencias del 9 de agosto de 2023 con radicado No. 08001-23-31-000-2007-
00348-01 (56103)7, 4 de septiembre con radicado No. 41001-23-31-000-2012-

7 En esta sentencia la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado analizó la presunta
responsabilidad del Estado en una diligencia de allanamiento en donde fue capturada una persona, quien
posteriormente se le decreto la medida de aseguramiento con detención preventiva. La Fiscalía posteriormente
revocó la medida ya que una de las pruebas en que se fundó era ilegal, y finalmente precluyó la investigación
por que no se demostró la ocurrencia del hecho.

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Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04647-01
Demandante: Decidera de Jesús Mendoza Ramírez y otros.

00260-01 (59.633)8, del 17 de octubre de 2023 con radicado No 18001-23-31-
000-2006-00357-01 (69.794(9 y del 18 de noviembre de 2024 con radicado 18001-
23-31-000-2006-00133-01 (69.995)10, proferidas por el Consejo de Estado. No
obstante, dichas providencias resolvieron controversias relativas a la
responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad bajo
supuestos fácticos y probatorios diferentes a los aquí analizados, razón por la cual
no constituyen un precedente aplicable en forma directa al presente asunto.

42. A su vez, los accionantes invocaron como desconocidas las sentencias T-
072 de 201811 y T – 126 de 202512. Sin embargo, únicamente esta última guarda
relación directa con los procesos de reparación directa por privación injusta de la
libertad. En dicha providencia la Corte precisó que no existe un régimen único y
predeterminado de responsabilidad aplicable a esta clase de asuntos y que
corresponde al juez administrativo determinar, en cada caso concreto, el régimen
de imputación pertinente.

43. Sin embargo, del estudio efectuado por el Tribunal respecto de la medida
de aseguramiento impuesta a Saúl Muegues Rondón y Evaristo Rodríguez Fontalvo
se advierte que dicha autoridad judicial examinó la legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad de la actuación adelantada por la Fiscalía, así como las
circunstancias concretas que rodearon su imposición, para concluir que no se
configuraba un daño antijurídico indemnizable.

44. En consecuencia, no se advierte un desconocimiento del precedente, por el
contrario, la providencia cuestionada se ajustó a derecho al descartar una
concepción automática de la responsabilidad estatal derivada de la absolución y
efectuar un análisis concreto de la legalidad impuesta por la Fiscalía 3 Especializada
Delegada ante el Juzgado Único Especializado del Circuito de Santa Marta.

45. Finalmente, no se aceptará a la solicitud de desvinculación presentada por
la Fiscalía General de la Nación, toda vez que dicha entidad actuó como demandada
dentro del proceso de reparación directa que dio origen a la presente acción
constitucional.

8 La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió en segunda instancia los recursos de

apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación y la parte demandante en contra de la decisión del
16 marzo de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo del Huila. Lo anterior derivado de un proceso penal
por los delitos de rebelión y concierto para delinquir agravado seguido a una persona que fue privado
presuntamente de forma injusta de su libertad.
9 En esta oportunidad la Subsección A de la Subsección Tercera del Consejo de Estado, analizó la presunta

responsabilidad del estado derivada de la privación de la libertad en el marco de un proceso penal que se
adelantó por lo delitos de rebelión y desplazamiento forzado, el cual concluyó con preclusión de la investigación.
10 Esta Sentencia estudia el caso de una persona que fue vinculada a un proceso penal por la supuesta comisión

de los delitos de rebelión y desplazamiento forzado, en el cual se le impuso medida de aseguramiento de
detención preventiva en establecimiento carcelario. La investigación penal culminó con preclusión por no existir
elementos materiales probatorios que evidenciaran su responsabilidad.
11 En esta Sentencia la Corte Constitucional estableció que la acción de tutela contra otra sentencia de tutela

es improcedente si el accionado solo manifiesta su descontento y no demuestra la existencia de una cosa
juzgada fraudulenta.
12 En esta ocasión la Corte Constitucional reitera la Sentencia SU 072 de 2018 y manifestó que « n los procesos

de reparación directa por privación injusta de la libertad el juez administrativo debe estudiar si esta se ajustó al
criterio de corrección jurídica exigido por la ley aplicable y evaluar si la medida de aseguramiento fue adoptada
con criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, independientemente del título de imputación y el
régimen de responsabilidad que se aplique por el juez para solucionar el proceso contencioso administrativo
correspondiente»

9
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04647-01
Demandante: Decidera de Jesús Mendoza Ramírez y otros.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación presentada por la
Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia.

SEGUNDO. REVOCAR la Sentencia de 6 de agosto de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, NEGAR el amparo presentado
por Decidera de Jesús Mendoza Ramírez13, Saimin Enrique Muegues Mendoza,
Samir José Muegues Mendoza, Sandri Paola Muegues Mendoza, Yimis Muegues
Rondon, Javier Muegues Rondon, Carlos Alberto Muegues Rondon, Geiner
Muegues Rondon, Damaris Mercedes Muegues Ramírez, Dalianis Muegues
Ramírez, Sergio Muegues Rondon, Norberto Enrique Muegues Rondon, Julys
Tatiana Ayola Martínez, Ana María Rodríguez Ramos, Dini Sharick Rodríguez
Ayola, Sayis Fontalvo Lopesierra, Maryuri Fontalvo Lopesierra, Demeris del Carmen
Fontalvo Lopesierra, Matilde Rodríguez Álvarez, Yureima Rodríguez Álvarez,
Héctor Samuel Rodríguez Álvarez, Uver Javier Rodríguez Fontalvo y Aura María
Fontalvo Lopesierra, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
motiva de esta sentencia.

TERCERO. REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

13 Actuando en nombre de su hija SVMM.

10
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