Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04648-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04648-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04648-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04648-01
Accionante: CARLOS JULIO MARTÍNEZ ALVARADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: REQUISITO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA: los contratos de mandato son
generales y anteriores a las providencias judiciales cuestionadas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resolverá la impugnación presentada por los señores Carlos Julio Martínez
Alvarado, Luis Manuel Romero Castro, Hernando López Díaz (como titular del
derecho, cuya beneficiaria es Myrian Beltrán de López), Francisco Hernán Barbosa
Campos, José Melquisedec Daza Acosta, Gustavo de Jesús Rojas Jaramillo,
Ezequiel Rojas Garavito, Rogelio Guevara Villamil, Nereo Antonio Montes Ibarra,
Elmer Díaz Ramírez, José Ángel Ariza Álvarez (como beneficiario de la titular del
derecho Rosalba Álvarez de Ariza), Edwin Giovanny Trujillo Leyton, Mario Antonio
Morales Ramírez, Gilberto Rojas Ramos, José Francisco Hernández Hernández,
Teófilo Sarmiento Bernate, Francisco Gómez Montero, José Aníbal Trujillo, Rafael
Segundo Segrera Mendoza, Rubén Darío Ramírez López (como titular del derecho
cuya beneficiaria es Gilma María Ramírez Rodríguez), Luis Emiro Díaz Guzmán,
Carlos Enrique Olaya Bernate, Jersain López Moreno, Jesús María Cárdenas Yate,
José Julio Díaz Sánchez, Álvaro Gutiérrez Cortés (titular del derecho, cuya
beneficiaria es Emma Forero Aragón), Wilberto García Álvarez, José Joaquín
Rodríguez, Otto Fernando Serna López, Hugo Alfonso Gaspar Moreno, Edgar
Espinosa Prado, José Over Rojas Gómez, Adalberto Alcides Amaya Navarro,
Alfredo Moreno Ortiz, Julio Ernesto Buitrago Leal, Miguel Ángel Medellín Pardo,
María Aidée Álvarez de Collazos, Olga Isabel Guavita Martínez, Blanca Cecilia
González de Amaya, Águeda Garzón de Hincapié, María Zoila Cantor, María Flora
Graciela Lugo de Rey, Ana Beatriz Acevedo de Villalba (como titular del derecho,
cuyos beneficiarios son César Fabián Villalba Acevedo, Alexander Ignacio Villalba
Acevedo y Ana Sorleny Villalba Acevedo), Elizabeth Polanco Albadán, Marina
Bernate de Reyes, Luz Doris Guerrero Sánchez, Soledad Rojas, Nelly Eunice
Urquijo de Bazurto, Ana Lucía Mendoza Trujillo, Nasly del Socorro Arteaga Arteaga,
Melba Alicia Garzón de Aragón, Dora Arciniegas de Rodríguez, Luz Marina Carvajal
Díaz, María Elizabeth Barrera Muñoz, Carmen García, Lorenza Sarmiento Bernate
(como titular del derecho, cuyo beneficiario es Luis Alberto Vanegas Marroquín),
Blanca Inés Ballesteros Rojas, Berenice Ávila, María Teresa Gómez Ávila, Gilma
Gómez de Martínez, Nancy Aragón Herrera, Martha Cecilia Aragón de Páramo,
Elicinia Aguirre de Gómez, Elsa Salgar Cruz, Leonor Enciso de Jovel, Astrid Cecilia
Romero Morales, Astrid Consuelo Hoyos Real, María Eugenia González Vásquez,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04648-01
Accionante: Carlos Julio Martínez Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
María Egrefina Bolívar Ruiz, Luz Marina Martínez de López, Melva Consuelo Barbón
de González, Rosa Susana Beltrán Acosta, Myriam Triana Luna, Sara Stella Novoa
Quevedo, Hilda Leonor Rodríguez de García, Bertha Fabiola Rodríguez de Devia,
Faustina Macías Cubillos, Carmen Efigenia Pérez Pinzón, Lucero del Pilar Ruiz
Trujillo (como titular del derecho, cuya beneficiaria es Betsabe Trujillo Herrera),
Nubia Stella Aya Poveda, Clara Emilia Calderón Perilla, Argenis León Bello, Yudy
Cadena de López, Rosibel Lozada Rodríguez, Luz Marina Rodríguez, Nohora
Paulita Medellín Pardo, Martha Estela Gómez Olivero, Hercilia Sánchez de Puentes,
María Eugenia Aragón Sánchez, María Azucena Miranda Tami, Mary Deisy Barbery
Leal, Fanny Laguna Ospina, María Balbina Parra Serrano (como titular del derecho,
cuyo beneficiario es Henry Alfredo Sánchez Pineda), Nury Bernate Lozano, Hilda
María Castillo Ortiz, Emilce Martínez García, Gloria Zabala Tapiero, Ernestina
Vargas Villanueva, Ana María Castillo Labrador, María Jacqueline Artunduaga
Rivera, Sandra Arango Agudelo, Elsa Judit García Ladino, María Gloria Ladino de
Rozo, Ana Leonor Cubillos de Espitia, Stella Barbosa de Rojas, María Evelyn Forero
Ramírez, Limbania López Mesa, Julia Berenice Elizabeth Medellín de Buitrago,
Martha Eugenia Collazos Mejía, Martha Patricia Parra Hernández, Clara Yolanda
Gaitán Hurtado, Alma Yadira Morales Romero, Mily Inés Triana Mozo, por conducto
de apoderado, contra la sentencia del 24 de julio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con
lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 32
del Decreto 2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 16 de junio de 2026, los demandantes, por conducto de apoderado,
promovieron acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Sesenta y Dos (62)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
así como al principio de prevalencia del derecho sustancial. Igualmente, señalaron
que las autoridades judiciales vulneraron los fines sociales del Estado y el
sometimiento a la ley.
Hechos relevantes
2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae lo siguiente.
3. Los actores presentaron demanda de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, el departamento de Cundinamarca – Secretaría
de Educación y el municipio de Girardot – Secretaría de Educación. En su escrito
introductorio del libelo, solicitaron que se declarara responsables a las demandadas
por omitir el trámite de liquidación, validación, certificación y aprobación del derecho
de la prima territorial, correspondiente al aumento salarial del 20% por antigüedad
previsto en el artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947, mientras dicha disposición
estuvo vigente.
4. El conocimiento de dicho proceso correspondió al Juzgado Sesenta y Dos (62)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá (11001-33-43-062-2025-00230-00), el
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04648-01
Accionante: Carlos Julio Martínez Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
cual, mediante auto del 23 de julio de 2025 inadmitió la demanda y otorgó el término
de 10 días para la subsanación. La autoridad judicial advirtió que la parte actora
allegó unos contratos de mandato, pero consideró que no arrimó poderes
debidamente conferidos por los demandantes en los términos del artículo 74 del
Código General del Proceso (en adelante, CGP) y el artículo 5 de la Ley 2213 de
2022. Además, el juzgado identificó que los documentos allegados presentaban las
siguientes falencias: (i) el escrito de la demanda relacionaba en algunos apartes a
unas personas como titulares y a otras como beneficiarias, sin aclarar quién actuaba
como demandante; (ii) no estableció el valor solicitado para cada demandante; (iii)
no fijó la estimación razonada de la cuantía de acuerdo a los valores establecidos
en el artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA); (iv) no aportó certificado de existencia y
representación legal de la sociedad Roa Sarmiento Abogados S.A.S.; (v) el acta de
conciliación no evidenciaba que todos los demandantes hubieran sido convocantes
de la conciliación, y (vi) no se acreditó el envío de la demanda y sus anexos al
Ministerio Público.
5. Inconforme con la decisión, el actor presentó recurso de reposición en el que
señaló, entre otras cosas, que los contratos de mandato aportados eran suficientes
para acreditar la facultad de representación judicial.
6. Mediante auto del 13 de agosto de 2025, el Juzgado Sesenta y Dos (62)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá decidió no reponer la decisión. A juicio
del juzgado, los contratos de mandato generan obligaciones entre las partes, pero
no son oponibles a terceros. Por ello, indicó que era necesario otorgar un poder que
fuera aceptado por el mandatario y que cumpliera con las formalidades del artículo
74 del CGP y el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022.
7. Frente a ello, la parte actora presentó escrito de subsanación en el que, entre
otras cosas, argumentó que no era admisible que el despacho solicitara poderes
diferentes a los contratos de mandato aportados. Afirmó que dichos negocios
facultaban al apoderado para actuar jurídicamente, por lo que insistir en ello
configuraba un exceso ritual manifiesto.
8. A través de auto del 17 de septiembre de 2025, el Juzgado Sesenta y Dos (62)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda. Como
fundamento de su decisión, consideró que el demandante había subsanado solo
parcialmente, pues consideró que no había aportado poderes de representación
que lo facultaran para actuar en dicho proceso. Para ello, afirmó que un poder
especial para actuar en un proceso judicial debe: (i) conferirse por documento
privado, (ii) determinar e identificar claramente el asunto objeto del poder, (iii) estar
dirigido a una dependencia judicial y (iv) contar con nota de presentación personal
o la prueba de haberse conferido a través de mensaje de datos. Además de ello,
sostuvo que un contrato de mandato difiere de un poder especial de representación
judicial.
9. Frente a esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación en el que
argumentó que la providencia del juzgado incurrió en un exceso ritual manifiesto y
vulneró sus derechos fundamentales. Insistió en que los contratos de mandato
presentados eran válidos y suficientes, pues facultaban al abogado para la
representación judicial. Por ello, a su juicio, era inadmisible que la autoridad judicial
requiriera poderes adicionales a los contratos allegados.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04648-01
Accionante: Carlos Julio Martínez Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
10. La segunda instancia correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante providencia del 26 de
noviembre de 2025, decidió confirmar la decisión de primera instancia. La autoridad
señaló que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han establecido
una distinción entre el contrato de mandato y el acto de apoderamiento. Afirmó que
el poder es una manifestación unilateral que permite la representación judicial y es
oponible ante el juez y los demás sujetos procesales, mientras que el contrato de
mandato es un contrato bilateral que genera obligaciones entre las partes.
11. Respecto de los documentos aportados, consideró que el poder allegado
estableció como objeto adelantar acciones relacionadas con el reconocimiento de
primas extraordinarias o extralegales. Sin embargo, dicho objeto no guardaba
relación con la acción de reparación directa. Así mismo, los documentos tampoco
facultaban al abogado para representar, sino que se referían a la prestación de
servicios profesionales para iniciar, adelantar y/o continuar las acciones necesarias.
En ese sentido, no identificaban alguna autoridad judicial, ni individualizaban el
proceso y tampoco contenían manifestación expresa de facultades procesales.
Señaló que los contratos facultaban al mandatario para otorgar poderes para
adelantar los trámites administrativos y/o judiciales o extrajudiciales necesarios para
cumplir el objeto. Sin embargo, ello no era una facultad de apoderamiento personal,
directo o específico en favor de los mandatarios. También señaló que los
documentos indicaban que facultaban al mandatario para decidir sobre la
presentación de cualquier actuación jurídica, lo que no es lo mismo que la facultad
para promover una demanda.
Pretensiones
12. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“1.- Tutelar los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º.,
fines sociales del Estado; 29, debido proceso: 86, protección de los
principios y derechos constitucionales; 228 acceso a la administración de
justicia, prevalencia del derecho sustancial y 230 amparar el
sometimiento a la ley contenidos en la Carta Política; vulnerados en el
trámite contencioso por el JUZGADO 62 ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCION TERCERA - SUB SECCION C – M.P.: Dr.
FERNANDO IREGUI CAMELO, al emitir el Auto de fecha 17 de Septiembre
del 2025, que rechazó la demanda, Auto de fecha 26 de Noviembre del
2025, que resolvió recurso de apelación, Auto del 28 de Enero del 2026 que
resolvió obedecer y cumplir, respectivamente, al interior del proceso con
radicado No. 110013343 062 2025 00230 00 / 01.
2.- Como consecuencia de los derechos tutelados, SE ORDENE al
JUZGADO 62 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
D.C. Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCION
TERCERA - SUB SECCION C – M.P.: Dr. FERNANDO IREGUI CAMELO,
DEJAR SIN EFECTOS el Auto de fecha 17 de Septiembre del 2025, que
rechazó la demanda, Auto de fecha 26 de Noviembre del 2025, que resolvió
recurso de apelación, Auto del 28 de Enero del 2026 que resolvió obedecer
y cumplir, respectivamente, al interior del proceso con radicado No.
110013343 062 2025 00230 00 / 01, y emitir nueva providencia, a fin de dar
pleno cumplimiento a los principios constitucionales y legales del DEBIDO
PROCESO Y LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE GARANTÍA A LA
APLICACIÓN DE LA LEY, LA IGUALDAD ANTE LA LEY, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PREVALENCIA DEL DERECHO
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04648-01
Accionante: Carlos Julio Martínez Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
SUSTANCIAL, consagrados en la Constitución Política Nacional, que han
sido vulnerados por los entes accionados.”1
Fundamentos de la demanda de tutela
13. En su escrito, la parte demandante indicó que la demanda cumplía con los
requisitos generales de tutela contra providencia judicial. Además, argumentó que
las autoridades judiciales incurrieron en violación directa de la Constitución, pues
vulneraron los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. Expuso que el derecho a la administración de justicia hace parte de los
derechos listados entre los artículos 11 a 41 de la Constitución y también se
encuentra consagrado en los artículos 228 y 229 de la CP. Igualmente, afirmó que
el artículo 29 constitucional establece el derecho a que toda persona sea juzgada y
vencida en juicio con normas procesales vigentes y sustanciales aplicables al caso
concreto. Adicionalmente, indicó que se configuró un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, ya que las autoridades impusieron un obstáculo para la
eficiencia del derecho sustancial. Sostuvo que las autoridades judiciales no le dieron
validez a la cláusula quinta de los contratos de mandato, la cual establecía de
manera clara la facultad de apoderamiento para actuar en nombre de los
representados. Argumentó que el requerimiento insistente de las autoridades para
aportar poderes constituyó un exceso ritual manifiesto.
Trámite procesal en primera instancia
14. Por medio de auto del 22 de junio de 2026, el despacho del consejero Juan
Camilo Morales Trujillo de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado
Sesenta y Dos (62) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Entre otras
decisiones.
Intervenciones en primera instancia
15. El Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá solicitó ser desvinculado del trámite, por cuanto el despacho no vulneró
derecho fundamental alguno.
16. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca manifestó que la acción de tutela es improcedente. Señaló que, en
la demanda de tutela, la parte actora insiste en los mismos argumentos que había
presentado en el recurso de reposición contra el auto inadmisorio, así como en
contra del auto que rechazó la demanda. En efecto, reitera que los contratos de
mandato eran suficientes para acreditar la representación judicial y que la exigencia
configuró un exceso ritual manifiesto. Afirmó que esta cuestión fue ampliamente
analizada y resuelta en el trámite ordinario.
La sentencia de primera instancia
17. Mediante sentencia del 24 de julio de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado, pues, consideró que
estaban acreditados los requisitos generales de procedibilidad, por lo que estudió
de fondo el defecto invocado. Consideró que la Subsección C de la Sección Tercera
1 Ver archivo “001_1_DemandaWeb_Demanda_TutelaCarlosJulioMar(.pdf) NroActua 2”, pág. 5.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04648-01
Accionante: Carlos Julio Martínez Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca examinó el contenido de los
documentos aportados, particularmente, la cláusula quinta de estos. Como
resultado de ese análisis, observó que el tribunal advirtió que los mandatos
otorgaban facultades generales para otorgar poderes y decidir sobre las
actuaciones jurídicas que estimara pertinentes para el cumplimiento del contrato. El
a quo también indicó que la autoridad judicial concluyó que no contenía una
autorización específica para promover la demanda de reparación directa, por lo que
los documentos no acreditaban el derecho de postulación.
18. La Subsección consideró que los argumentos del tribunal fueron razonables y
no evidenciaban una actuación arbitraria o caprichosa. Por el contrario, se trataba
del ejercicio de la actuación interpretativa del juez natural. Reafirmó que las figuras
del contrato de mandato y del poder judicial cumplen funciones jurídicas diferentes.
Mientras que el primero es un negocio jurídico interno mediante el cual se regulan
las relaciones entre el mandante y el mandatario, por lo que proyecta sus efectos,
en principio, solo entre las partes, el segundo produce efectos hacia terceros y
permite al juez verificar la existencia, autenticidad y alcance de las facultades del
apoderado. Respecto de las decisiones del Consejo de Estado citadas por la parte
actora, señaló que estas correspondían a la función constitucional propia del juez
de tutela, y fueron decisiones que resolvieron controversias a partir de las
circunstancias fácticas propias de cada expediente, lo que no implicaba que en el
presente caso debería solucionarse en el mismo sentido. Concluyó que la parte
actora no logró demostrar que el tribunal hubiera impuesto una carga procesal
imposible, desproporcionada o carente de fundamento legal.
La impugnación
19. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación, en la
que reiteró los argumentos de la demanda. Al respecto, señaló que el Consejo de
Estado se ha pronunciado en el pasado frente a asuntos similares, y ha considerado
que el contrato de mandato faculta para el apoderamiento. Afirmó que los contratos
de mandato allegados acreditaban la facultad de representación, por lo que la
exigencia de documentos adicionales configuró un exceso ritual manifiesto.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
21. De conformidad con lo expuesto, la Sala de la Subsección entiende que el
problema jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales. Por ello, evaluará
si un contrato de mandato general que no individualiza el proceso ni las autoridades
cuestionadas y que es anterior a las providencias judiciales reprochadas permite
acreditar la legitimación en la causa por activa.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04648-01
Accionante: Carlos Julio Martínez Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
22. De superar el análisis, la Sala establecerá si las autoridades accionadas,
mediante las providencias cuestionadas incurrieron en: (i) defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, ya que impusieron un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial al no darle validez a los contratos de mandato allegados por la parte
demandante; (ii) violación directa de la Constitución, por la vulneración de los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
23. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes, se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el caso
concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
24. Conforme con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de
20052, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el
actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que
concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.
25. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar3: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela4, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional5 o el Consejo de Estado6, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)7; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable8 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que, cuando
se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la
decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
2 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
3 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
4 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
5 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
6 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
8 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04648-01
Accionante: Carlos Julio Martínez Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Caso concreto
26. Realizada la anterior exposición, la Sala abordará el caso concreto, en el cual
estudiará la legitimación en la causa de la presente acción.
Legitimación en la causa
27. La Corte Constitucional ha sostenido de manera expresa que “cuando la acción
de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para
legitimar su interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción
de amparo constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento
otorgado para un asunto diferente”9. Además, ha precisado que en los eventos en
los cuales la acción de tutela se presente por intermedio de apoderado judicial y
para que se perfeccione la legitimación en la causa por activa, se requiere de un
mandato específico para adelantar este asunto que debe reunir las siguientes
características: i) se trata de un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por
escrito; ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico; iii)
debe ser un poder especial; iv) el poder conferido para la promoción o para la
defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para
instaurar procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan
origen en el proceso inicial; v) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede
ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional.
28. La Sala advierte que, para acreditar la facultad de representación judicial, la
parte actora presentó varios contratos de mandato en los que estableció varias
cláusulas. Entre estas, la cláusula primera establece el objeto del mandato de la
siguiente manera:
29. Por otra parte, la cláusula quinta establece las facultades del mandatario de la
siguiente forma:
9 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 1997.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04648-01
Accionante: Carlos Julio Martínez Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
30. Además, todos los contratos de mandato se celebraron desde el 26 de julio de
2024 hasta el 15 de agosto de 2024, como se aprecia en las fechas consignadas
por la notaría. Dicho de otra manera, se pactaron con anterioridad a la acción de
tutela.
31. La Sala advierte que el objeto de los contratos de mandato es general con
relación a la prestación de servicios profesionales jurídicos para iniciar, adelantar
y/o continuar con las acciones necesarias por los derechos que se deriven del
reconocimiento de las denominadas primas territoriales extraordinarias y/o
extralegales de varias entidades territoriales. Al respecto, la Subsección encuentra
que este objeto no se plantea para ejercer la representación judicial de los
mandantes en un proceso o procesos judiciales, puesto que no existe una
individualización de estos, sino una generalidad planteada en términos de
“prestación de servicios profesionales jurídicos”.
32. Por su parte, la cláusula quinta de los contratos de mandato establece unas
facultades generales. En primer lugar, indica la posibilidad del mandatario de otorgar
poderes a favor de los mandantes, lo cual es diferente de la facultad misma de
representación judicial. En segundo lugar, también incluye la facultad de “decidir
sobre la presentación de cualquier actuación jurídica”, lo cual difiere de la
interposición de acciones judiciales a nombre de los mandantes, pues “decidir” e
“interponer” son verbos rectores diferentes. En gracia de discusión, incluso si se
entendiera que dicha cláusula faculta al apoderado para representar en la
interposición de actuaciones jurídicas, la Sala encuentra que dicha facultad es
genérica: no da cuenta del tipo de actuaciones a las que refiere ni del tipo de
proceso.
33. Finalmente, esta misma cláusula faculta de manera general al mandatario para
presentar acciones de tutela por la vulneración de derechos fundamentales de los
mandantes. No obstante, esta es una facultad general, pues no identifica: (i) la
acción de tutela a interponer, (ii) los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados, (iii) la autoridad jurídica que emitió la decisión, (iv) la providencia
cuestionada, (v) el número de radicado del proceso en el que se profirió aquella.
Estos elementos son necesarios en los poderes para presentar tutelas contra
providencia judicial, pero no están presentes en los contratos de mandato allegados.
En efecto, además de ser documentos que establecen facultades generales y no
específicas, fueron suscritos en el 2024, antes de la expedición de las providencias
cuestionadas. Por ello, la Sala concluye que, en el presente caso no están
acreditados los requisitos de legitimación por activa para interponer la presente
tutela.
34. Por otro lado, la Sala considera que el requisito de legitimación en la causa por
pasiva está satisfecho, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
autoridades judiciales que emitieron las providencias a las que se les atribuye la
trasgresión de los derechos fundamentales reclamados por el accionante. Por ello,
la Subsección confirmará la negativa del a quo que negó la solicitud de
desvinculación del Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo del Circuito Judicial
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04648-01
Accionante: Carlos Julio Martínez Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
de Bogotá, pues fue la autoridad judicial de primera instancia en el proceso ordinario
por lo que tiene interés en las resultas del proceso.
35. En conclusión, la Sala modificará la decisión de primera instancia que negó la
solicitud de amparo y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción. En
efecto, la Subsección no encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa,
toda vez que los contratos de mandato allegados son generales, abstractos, no
individualizan el proceso cuestionado, ni identifican la autoridad judicial y son
anteriores a las providencias judiciales demandadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 24 de julio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó las
pretensiones de la acción de tutela presentada por la parte actora contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. En su
lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los señores
Carlos Julio Martínez Alvarado, Luis Manuel Romero Castro, Hernando López Díaz
(como titular del derecho, cuya beneficiaria es Myrian Beltrán de López), Francisco
Hernán Barbosa Campos, José Melquisedec Daza Acosta, Gustavo de Jesús Rojas
Jaramillo, Ezequiel Rojas Garavito, Rogelio Guevara Villamil, Nereo Antonio Montes
Ibarra, Elmer Díaz Ramírez, José Ángel Ariza Álvarez (como beneficiario de la titular
del derecho Rosalba Álvarez de Ariza), Edwin Giovanny Trujillo Leyton, Mario
Antonio Morales Ramírez, Gilberto Rojas Ramos, José Francisco Hernández
Hernández, Teófilo Sarmiento Bernate, Francisco Gómez Montero, José Aníbal
Trujillo, Rafael Segundo Segrera Mendoza, Rubén Darío Ramírez López (como
titular del derecho cuya beneficiaria es Gilma María Ramírez Rodríguez), Luis Emiro
Díaz Guzmán, Carlos Enrique Olaya Bernate, Jersain López Moreno, Jesús María
Cárdenas Yate, José Julio Díaz Sánchez, Álvaro Gutiérrez Cortés (titular del
derecho, cuya beneficiaria es Emma Forero Aragón), Wilberto García Álvarez, José
Joaquín Rodríguez, Otto Fernando Serna López, Hugo Alfonso Gaspar Moreno,
Edgar Espinosa Prado, José Over Rojas Gómez, Adalberto Alcides Amaya Navarro,
Alfredo Moreno Ortiz, Julio Ernesto Buitrago Leal, Miguel Ángel Medellín Pardo,
María Aidée Álvarez de Collazos, Olga Isabel Guavita Martínez, Blanca Cecilia
González de Amaya, Águeda Garzón de Hincapié, María Zoila Cantor, María Flora
Graciela Lugo de Rey, Ana Beatriz Acevedo de Villalba (como titular del derecho,
cuyos beneficiarios son César Fabián Villalba Acevedo, Alexander Ignacio Villalba
Acevedo y Ana Sorleny Villalba Acevedo), Elizabeth Polanco Albadán, Marina
Bernate de Reyes, Luz Doris Guerrero Sánchez, Soledad Rojas, Nelly Eunice
Urquijo de Bazurto, Ana Lucía Mendoza Trujillo, Nasly del Socorro Arteaga Arteaga,
Melba Alicia Garzón de Aragón, Dora Arciniegas de Rodríguez, Luz Marina Carvajal
Díaz, María Elizabeth Barrera Muñoz, Carmen García, Lorenza Sarmiento Bernate
(como titular del derecho, cuyo beneficiario es Luis Alberto Vanegas Marroquín),
Blanca Inés Ballesteros Rojas, Berenice Ávila, María Teresa Gómez Ávila, Gilma
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04648-01
Accionante: Carlos Julio Martínez Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Gómez de Martínez, Nancy Aragón Herrera, Martha Cecilia Aragón de Páramo,
Elicinia Aguirre de Gómez, Elsa Salgar Cruz, Leonor Enciso de Jovel, Astrid Cecilia
Romero Morales, Astrid Consuelo Hoyos Real, María Eugenia González Vásquez,
María Egrefina Bolívar Ruiz, Luz Marina Martínez de López, Melva Consuelo Barbón
de González, Rosa Susana Beltrán Acosta, Myriam Triana Luna, Sara Stella Novoa
Quevedo, Hilda Leonor Rodríguez de García, Bertha Fabiola Rodríguez de Devia,
Faustina Macías Cubillos, Carmen Efigenia Pérez Pinzón, Lucero del Pilar Ruiz
Trujillo (como titular del derecho, cuya beneficiaria es Betsabe Trujillo Herrera),
Nubia Stella Aya Poveda, Clara Emilia Calderón Perilla, Argenis León Bello, Yudy
Cadena de López, Rosibel Lozada Rodríguez, Luz Marina Rodríguez, Nohora
Paulita Medellín Pardo, Martha Estela Gómez Olivero, Hercilia Sánchez de Puentes,
María Eugenia Aragón Sánchez, María Azucena Miranda Tami, Mary Deisy Barbery
Leal, Fanny Laguna Ospina, María Balbina Parra Serrano (como titular del derecho,
cuyo beneficiario es Henry Alfredo Sánchez Pineda), Nury Bernate Lozano, Hilda
María Castillo Ortiz, Emilce Martínez García, Gloria Zabala Tapiero, Ernestina
Vargas Villanueva, Ana María Castillo Labrador, María Jacqueline Artunduaga
Rivera, Sandra Arango Agudelo, Elsa Judit García Ladino, María Gloria Ladino de
Rozo, Ana Leonor Cubillos de Espitia, Stella Barbosa de Rojas, María Evelyn Forero
Ramírez, Limbania López Mesa, Julia Berenice Elizabeth Medellín de Buitrago,
Martha Eugenia Collazos Mejía, Martha Patricia Parra Hernández, Clara Yolanda
Gaitán Hurtado, Alma Yadira Morales Romero, Mily Inés Triana Mozo, por conducto
de apoderado, contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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