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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04649-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04649-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO: Aceptar la coadyuvancia presentada por las personas referidas en el numeral 1.6.3. del acápite de «contestaciones e intervenciones». 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ramiro Gil Cárdenas Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-04649-00 TERCERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Ramiro Gil Cárdenas, en nombre propio, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. CUARTO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04649-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04649-00
Demandante: RAMIRO GIL CÁRDENAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de la inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito enviado el 16 de junio de 2026, el señor Ramiro Gil Cárdenas, en
nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la reparación integral.

Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de la sentencia del 17 de abril
de 2013 dictada por la autoridad judicial demandada en el proceso acumulado de
reparación directa 25000-23-26-000-1998-03035-01 (radicado interno 23.645)1,
con la que se revocó la decisión de primera instancia del 30 de julio de 2002 2 que

1
Con esta providencia se revocó lo decidido en los procesos 23.645, 25.959, 27.411 y 27.857 para
denegar las pretensiones de la demanda y se confirmó la sentencia del expediente el 27.474, que
ya había denegado en primera instancia.
2
Dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
Expediente 98.3035 (acumulado).

1
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Demandante: Ramiro Gil Cárdenas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04649-00

había accedido a las pretensiones de la demanda promovida por él y otros 3 en
contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

PRIMERA. Que se AMPAREN los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral del
señor RAMIRO GIL CÁRDENAS, presuntamente vulnerados por el Consejo de
Estado, Sección Tercera – Subsección A, mediante la sentencia del 17 de abril de
2013, dictada dentro del proceso de reparación directa Rad. 25000-23-26-000-1998-
03035-01 (Exp. 23.645 y acumulados).

SEGUNDA. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se DEJE SIN
EFECTOS la sentencia del 17 de abril de 2013 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera – Subsección A, ÚNICAMENTE en lo que respecta a la revocatoria
de la condena reconocida a favor del señor RAMIRO GIL CÁRDENAS en la
sentencia de primera instancia del 30 de julio de 2002 (Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección B).

TERCERA. Que, en consecuencia, se ORDENE al Consejo de Estado, Sección
Tercera – Subsección A (o a la Subsección que corresponda por reparto), proferir
una nueva sentencia en la que se valore de manera integral el material probatorio
obrante en el expediente y se resuelva el recurso de apelación interpuesto, con
respeto pleno de los derechos fundamentales del señor RAMIRO GIL CÁRDENAS y
conforme a los parámetros constitucionales desarrollados en la presente acción,
dentro del término que el Juez de tutela considere razonable.

CUARTA (subsidiaria). En caso de no acceder a las pretensiones anteriores, que se
exhorte al Consejo de Estado para que, en ejercicio de sus competencias y dentro
del marco de sus facultades, revise la situación particular del señor RAMIRO GIL
CÁRDENAS a la luz de los principios de buena fe, confianza legítima y reparación
integral consagrados en el artículo 90 de la Constitución Política.

QUINTA. Que se vincule al presente trámite, como tercero con interés legítimo, a la
NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN B, en su calidad de partes dentro del proceso ordinario,
para que ejerzan su derecho de defensa y contradicción.

1.3. Hechos

La parte demandante sostuvo que mediante escrito presentado el 9 de noviembre

3
Ana Beatriz Castañeda, Luis Eduardo Sierra Núñez, José Manuel Martín Ramos, Pedro María
Rodríguez Hernández, Eusebio Rodríguez Hernández, Wilson Ortiz Trujillo, Jorge Enrique Garzón
Ramírez, Custodia Orjuela, Miguel Antonio Prieto Cárdenas, Medardo Antonio Monroy Angarita,
Brigith Eliana Monroy Angarita y Aura Nelly Pacheco Ruiz.

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de 1998, junto a otras personas4, interpuso una demanda de reparación directa
contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
para que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por el
error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
debido a los perjuicios ocasionados en hechos ocurridos los días 28, 29 y 30 de
enero de 1997 «por el desalojo de la posesión y destrucción de sus bienes
muebles e inmuebles, ubicados dentro del Barrio Ciudad Mónaco, de la ciudad de
Bogotá D.C., por orden del Juez Sexto de Familia de Bogotá, en cumplimiento de
una sentencia de tutela proferida por el Juzgado 33 Civil Municipal de Bogotá»,
que posteriormente fue declarada nula y revocada por la Corte Constitucional5.

Mencionó que en esa demanda solicitó el pago de los perjuicios materiales, en la
modalidad de daño emergente y lucro cesante, para cada uno de los
demandantes, «por haber sido despojados de la posesión sobre unos lotes que
habían adquirido con justo título y buena fe», así como el de una indemnización
«por haber sido destruidos sus muebles e inmuebles junto con las mejoras útiles y
voluntarias que habían hecho en los lotes adquiridos de buena fe» y el pago de
perjuicios morales.

Refirió que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B profirió sentencia el 30 de julio de 2002 con la que se declaró la
responsabilidad patrimonial de la entidad demandada y, en consecuencia, se
ordenó el pago de los perjuicios ocasionados a los demandantes, y condenó al
pago de perjuicios materiales en su favor por la suma de $63.022.960,
correspondiente a la indemnización por la destrucción de sus bienes muebles,
inmuebles y mejoras construidas de buena fe sobre los lotes que poseía en el
barrio Ciudad Mónaco.

Expuso que la anterior decisión fue apelada por las partes y que el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A mediante sentencia del 17 de abril de
2013 revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las

4
Ana Beatriz Castañeda, Luis Eduardo Sierra Núñez, José Manuel Martín Ramos, Pedro María
Rodríguez Hernández, Eusebio Rodríguez Hernández, Wilson Ortiz Trujillo, Jorge Enrique Garzón
Ramírez, Custodia Orjuela, Miguel Antonio Prieto Cárdenas, Medardo Antonio Monroy Angarita,
Brigith Eliana Monroy y Aura Nelly Pacheco de Ruiz.
5
Mediante sentencia T-500 de 1997 en la que se dispuso:

PRIMERO: a) Revócase la sentencia proferida dentro del expediente T 122-430 por el Juzgado
Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá de fecha 20 de noviembre de 1996, con los efectos
explicados en la parte motiva de esta sentencia, por estar frente a un hecho superado, razón por la
cual no se expide ninguna orden.

En consecuencia, la diligencia practicada por el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, durante los
días 28, 29 y 30 de enero de 1997, queda en firme, pues de todas maneras habría debido
realizarse aunque no se hubiera presentado la demanda de tutela.

b) CONFÍRMANSE las sentencias proferidas dentro de los expedientes T-125.889, del 20 de
febrero de 1997; T-126.712, del 25 de febrero de 1997; T-125.890, del 21 de febrero de 1997…

3
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pretensiones de la demanda para, en su lugar, denegarlas bajo el argumento de
que se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima por cuanto no impugnó oportunamente las decisiones judiciales que
ordenaron el desalojo y la entrega del bien al secuestre, por lo que, se descartó el
error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración. Adicionalmente,
se indicó lo siguiente:

En el presente asunto -advierte la Sala- la sentencia de tutela proferida el 20 de
noviembre de 1996 por el Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá, si bien
es cierto resultó contraria al ordenamiento jurídico, comoquiera que no amparó
derecho fundamental alguno que estuviese siendo vulnerado, tal y como lo precisó
la Corte Constitucional en la sentencia T-500 del 8 de octubre de 1997, no es
menos cierto que dicha decisión judicial no influyó de forma alguna en la concreción
del hecho dañoso que originó la presente acción, pues la orden de desalojo de los
ocupantes se impartió en virtud de la medida cautelar de embargo y secuestro
proferida dentro del proceso de sucesión adelantado en el Juzgado Sexto de
Familia de Bogotá y, en consecuencia, dicha diligencia era una orden que debía
cumplirse.

Destacó que en esta providencia se indicó que las construcciones edificadas por
los demandantes no constituían mejoras útiles y, al tratarse de poseedores de
mala fe, no procedía el reconocimiento del valor de esa infraestructura. Además,
porque los ocupantes no trasladaron sus bienes, pese a que podían hacerlo.

Informó que, según constancia secretarial del tribunal de primera instancia, la
sentencia que revocó la decisión quedó debidamente ejecutoriada el 6 de mayo de
2013.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que cumple los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, particularmente, el de la inmediatez, puesto que el término para
este requisito debe ampliarse ya que ha padecido una afectación de salud, de
manera crónica y continua, desde hace varios años y hasta la fecha.

Indicó que no pudo presentar la demanda constitucional oportunamente porque se
ha mantenido en un estado de incapacidad física y funcional que le impidió, de
manera razonable, acudir ante la jurisdicción constitucional. Precisó que tal
situación se encuentra debidamente acreditada mediante la historia clínica que
anexó al expediente.

Por tanto, estimó que el término para presentar la tutela debe contabilizarse no
desde la ejecutoria de la sentencia atacada, sino desde el momento en que cesó
o se atenuó razonablemente la circunstancia que le impidió actuar, lo cual ocurrió
recientemente.

A su vez, manifestó que con la decisión acusada se incurrió en lo siguiente:

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1.4.1. Defecto fáctico:

Mencionó que la conclusión plasmada en la sentencia de segunda instancia
demandada desconoció y contradijo abiertamente el propio acervo probatorio
reseñado en el expediente en el que constaba lo siguiente:

a) Que ostentaba la posesión material de los lotes en el barrio Ciudad Mónaco
desde años antes del desalojo, con justo título y de buena fe, según fue
expresamente reconocido por el tribunal de primera instancia con base en la
prueba pericial, documental y testimonial practicada.

b) El día de la diligencia de desalojo, el secuestre presentó oposición en nombre
de los habitantes del predio con fundamento en una posesión de más de seis
años, la cual fue denegada en el mismo acto por el funcionario judicial, lo cual no
admite oposición posterior al incidente de secuestro. Es decir, no contaban con
una oportunidad procesal posterior, dentro de esa diligencia, para impugnar la
decisión de entrega.

c) El propio tribunal de primera instancia concluyó que la actuación del funcionario
judicial fue legítima hasta cuando ordenó la entrega del predio al secuestre, pero
se tornó ilegítima cuando ordenó la demolición y destrucción de las mejoras y
bienes propios de los poseedores, pues estos bienes —distintos de la posesión
sobre el lote— eran de propiedad de los demandantes y no podían ser destruidos
sin reconocimiento ni indemnización alguna.

d) La sentencia de la Corte Constitucional del 8 de octubre de 1997 (T-500 de
1997), que revocó la decisión de tutela del Juzgado 33 Civil Municipal,
expresamente señaló que dicha revocatoria no podía hacer que las cosas
volvieran al estado anterior «por ser imposible físicamente», con lo que se
reconoció el carácter consumado e irreversible del daño causado a los
poseedores.

Resaltó que el defecto fáctico invocado no recae sobre la valoración de la
posesión —que fue adecuadamente reconocida en primera instancia—, sino
sobre la atribución de la culpa exclusiva de la víctima a los demandantes por no
haber agotado recursos que, conforme a las propias normas procesales citadas
en el expediente (artículos 686 y 688 del CPC), no estaban disponibles para ellos
en esa etapa procesal.

Indicó que no se podía concluir que el daño era imputable a la víctima por no
haber recurrido una decisión frente a la cual la ley no permitía oposición, pues tal
conclusión es contraevidente frente al propio material probatorio.

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1.4.2. Defecto sustantivo:

Agregó que el Consejo de Estado aplicó el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 -
culpa exclusiva de la víctima- a una situación en la que no podían incurrir en culpa
grave ni dolo, ni porque dejaron de interponer un recurso que la ley les permitiera
ejercer.

Expuso que la norma citada exige, para su configuración, que la víctima haya
actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley; sin
embargo, aplicar esta causal a quien estaba legalmente impedido de recurrir 6, —
que excluyen toda oposición posterior al incidente de secuestro— constituye una
interpretación que contraría de manera evidente el sentido y la finalidad de la
norma, pues traslada al particular las consecuencias de un régimen procesal que
el propio Estado diseñó sin prever oportunidades de defensa para los poseedores
afectados por la diligencia de entrega.

Refirió que la decisión desatendió el artículo 90 de la Constitución Política, que
consagra la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos
causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, sin que sea exigible
para su configuración que el daño provenga exclusivamente de una providencia
judicial específicamente recurrida, cuando —como en este caso— el daño
antijurídico (destrucción de bienes muebles, inmuebles y mejoras) se produjo
como consecuencia de la ejecución material de una orden judicial, de manera
desproporcionada, sin inventario previo y sin reconocimiento alguno de los
derechos de los poseedores sobre sus propios bienes.

1.4.3. Desconocimiento del precedente constitucional:

Añadió que la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el principio de
culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad estatal debe
interpretarse de manera restrictiva y exige una relación de causalidad directa,
exclusiva y determinante entre la conducta de la víctima y el daño, sin que pueda
extenderse a situaciones en las que el daño obedece, en su causa eficiente, a la
actuación desproporcionada de las propias autoridades.

Manifestó que la sentencia acusada, al trasladar la responsabilidad casi en su
totalidad a la conducta procesal de los demandantes, sin valorar que la causa
eficiente y determinante del daño fue la actuación del juez de Familia al ordenar y
permitir la demolición indiscriminada de las viviendas y bienes —conducta que el
tribunal calificó como ilegítima—, desconoció el precedente constitucional en
materia de responsabilidad estatal por daño antijurídico.

6
Por disposición de los artículos 686 y 688 del Código de Procedimiento Civil.

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1.5. Trámite

Mediante auto del 22 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela y en
consecuencia, se ordenó notificar a los magistrados que integran el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A.

A su vez, se vinculó en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso
a la directora ejecutiva de Administración Judicial, a los magistrados que integran
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y, de
ser el caso, la Sala de Descongestión o al presidente de dicha sección, así como
a los integrantes de la parte demandante de cada proceso objeto de acumulación
de la reparación directa identificada con el radicado 25000-23-26-000-1998-
03035-01 (número interno 23.645).

A su vez, se ordenó a las Secretarías Generales del Consejo de Estado y del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca fijar un aviso en sus respectivas páginas
web de con el fin de comunicar de la existencia del presente trámite procesal
tanto a los integrantes de la parte demandante en los procesos 23.645, 25.959,
27.411, 27.857 y 27.474, como a las demás personas determinadas e
indeterminadas que pudieran tener interés en el presente asunto.

Para ello se estipuló que se debía publicar, junto con el aviso, copia digital de la
demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y del auto admisorio, con el
fin de que cualquier persona que tuviera interés conociera de los referidos
documentos y pudiera intervenir en el trámite constitucional de la referencia.

1.6. Contestaciones e intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

La magistrada titular del despacho que profirió la sentencia objeto de la acción de
tutela se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, por los siguientes
motivos:

Precisó que la acción de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez porque
no se interpuso en un término razonable y proporcional a partir del hecho que
originó la vulneración; por lo que estimó que aceptar su procedencia implicaría un
sacrificio de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

Expuso que la sentencia demandada profirió el 17 de abril de 2013 y quedó
ejecutoriada el 6 de mayo siguiente, así que transcurrió un término razonable y
proporcional para presentar la acción de tutela; sin embargo, esta se interpuso
luego de los 6 meses desde la ejecutoria en mención.

Manifestó que en el caso concreto debía evaluarse la afectación de salud que

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padece el accionante desde el año 2018, porque podría justificar su inactividad y
así superar el requisito de inmediatez; no obstante, aseguró que tampoco se
acredita el presupuesto de la relevancia constitucional porque pretende abrir una
instancia adicional para debatir aspectos ya definidos en la sentencia demandada.

Mencionó que la controversia se limita a la discusión sobre los elementos de la
responsabilidad extracontractual del Estado y a la configuración del hecho
exclusivo de la víctima, de modo que interesa exclusivamente al accionante, quien
pretende la indemnización económica de los perjuicios alegados en la demanda
de reparación directa.

Señaló que la acción de tutela no contiene una justificación razonable sobre la
afectación desproporcionada a los derechos fundamentales. Por el contrario, se
dirige a construir una valoración alternativa y subjetiva de las pruebas, así como a
mostrar su inconformidad con el juicio de responsabilidad adelantado por la
subsección.

Consideró que tampoco se configuraron los defectos específicos alegados por la
parte actora puesto que el accionante sí tuvo la oportunidad procesal para
demostrar su posesión durante la diligencia de secuestro del inmueble. Sin
embargo, como no demostró esa calidad, la sentencia cuestionada concluyó que
era consciente de su calidad ilegítima y que actuaba como poseedor de mala fe,
lo que tornaba procedente el desalojo.

Indicó que durante la diligencia de entrega material del inmueble ocupado al
secuestre, adelantada por el Juzgado Sexto de Familia los días 28, 29 y 30 de
enero de 1997, no se permitió a los ocupantes ejercer oposición, precisamente
porque la oportunidad para hacerlo ya había fenecido.

Aclaró que la sentencia de tutela proferida el 20 de noviembre de 1996 por el
Juzgado 33 Civil Municipal de Bogotá fue contraria al ordenamiento jurídico, como
lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia T-500 del 8 de octubre de 1997.

Adujo que, no obstante, ese fallo no influyó en la concreción del hecho dañoso
porque la orden de desalojo fue consecuencia de la medida de embargo y
secuestro dictada en el proceso de sucesión tramitado ante el Juzgado Sexto de
Familia de Bogotá y era una orden que debía cumplirse.

Estimó que tampoco se incurrió en un defecto sustantivo porque la declaratoria
del hecho exclusivo de la víctima no se fundamentó en la falta de oposición a la
diligencia de entrega material del inmueble al secuestre en enero de 1997, sino en
que no se probó que la sentencia de tutela desfavorable a los intereses de los
ocupantes ni la decisión que negó el derecho de oposición hubieran sido
cuestionadas judicialmente.

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Añadió que el artículo 90 de la Constitución Política tampoco fue desconocido
porque en la providencia se justificó que las construcciones no constituían
mejoras útiles y que, al tratarse de poseedores de mala fe, no procedía reconocer
el valor de esas edificaciones. Además, se indicó que los ocupantes contaron con
un término aproximado de un año para trasladar sus bienes.

Advirtió que la acción de tutela no identificó el precedente constitucional
supuestamente desconocido en la sentencia cuestionada.

1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Esta entidad solicitó su desvinculación o en su defecto que se deniegue lo
pretendido por la parte actora porque no se dirige en su contra, ni se configuran
los defectos específicos alegados en contra de la sentencia demandada, así que
no se incurrió en vulneración alguna.

1.6.3. Terceros con interés en el resultado del proceso

Las siguientes personas manifestaron que eran «ciudadanos, demandantes y
sujetos directamente afectados dentro de los procesos de reparación directa
acumulados bajo los radicados internos 23.645, 25.959, 27.411, 27.857 y
27.474», por lo que se sumaban en su totalidad y coadyuvaban de manera
expresa, libre y voluntaria a cada una de las pretensiones, hechos, argumentos
fácticos y fundamentos jurídicos expuestos por el accionante:

Ana Beatriz Castañeda Pedro María Rodríguez
1 2
E. H.
Juan de Jesús Ramos
3 4 Marco Parra Maca
A.
Tomás Emilio Morales
5 Ninfa Rojas González 6
Saldaña
7 Jorge E. Reyes 8 Sixta Tulia Quiñones

9 Jairo F. Garzón 10 Ana Inés Marta
Ángel María Lancheros
11 María E. Sánchez 12
Roncancio
Pedro Pablo Cortés
13 Carolina Navarro 14
Nuvisica
Martha Rodríguez
15 María Teresa Rocha 16
González
José Faustino
17 José Rocha 18
Castañeda Estupiñan
María del Rosario Ruiz Luz del Carmen
19 20
M. Buitrago G.

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Jorge Alberto
21 Luis Alfredo Lobatón M. 22
Navarrete Montilla
Humberto Buitrago
23 24 Javier Enrique Navarro
Torres
Rosalba Contreras
25 Carlos Rafael Torres 26
Contreras
María Aurora Ruiz V.
27 28 Juan Isidro Ruiz Vaca
Chivata
Blanca Nieves
29 Marina Carrero Núñez 30
Lancheros R.
Luis Humberto Rincón
31 Evaristo Gil C. 32
Galindo
José Ángel María
33 Jorge Carrillo 34
Chivata R.
Gilberto Rincón
35 Carlos Julio Galindo V. 36
Galindo
Rafael Alberto Aldana
37 38 Vicente Chivatá Ruiz
Enciso
39 Eraclio Gil Cárdenas 40 Luz Alba Suárez

41 Genaro Ruiz 42 Domingo Antonio Niño

Señalaron que consideran de forma unánime que la sentencia demandada que
revocó la decisión de primera instancia vulneró de forma flagrante y continuada de
sus derechos fundamentales puesto que «desconocían por completo» la
existencia de otras acciones o mecanismos legales para ejercer la defensa de sus
derechos, pues carecen de formación jurídica. Por lo anterior, solicitaron que se
flexibilice el presupuesto de la inmediatez, debido a las barreras de acceso a la
administración de justicia.

Agregaron que debido a su precaria situación económica y social ocasionada en
gran medida por el daño original que motivó la demanda de reparación directa,
experimentan un nulo y severo obstáculo en el acceso real a la administración de
justicia. Precisaron que con posterioridad al año 2013 no cuentan con asesoría
legal continua ni con recursos económicos para sufragar los servicios
profesionales de un abogado.

Por tal motivo, pretenden que se deje sin efectos la providencia demandada y se
emita un nuevo fallo que respete sus garantías constitucionales o se mantenga en
firme la decisión inicial que les reconocía el derecho a ser indemnizados, bajo las
siguientes pretensiones:

1. Tener por presentada en tiempo y forma nuestra contestación al traslado y
coadyuvancia en favor de la tutela radicada por el señor RAMIRO GIL CÁRDENAS.

10
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2. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral de todos y cada
uno de los firmantes de este memorial, extendiendo los efectos del fallo de tutela a
todos los demandantes de los procesos acumulados (Rad. 23.645, 25.959, 27.411,
27.857 y 27.474) que se vieron afectados por la sentencia del 17 de abril de 2013.

3. En consecuencia, ordenar dejar sin valor ni efecto la sentencia del 17 de abril de
2013 y disponer que se emita un nuevo fallo que respete las garantías
constitucionales vulneradas o que mantenga en firme la decisión de primera
instancia que nos reconocía el derecho a ser indemnizados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, según
lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20157, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20198.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Solicitud de desvinculación:

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación ante
su falta de legitimación en la causa por pasiva, pues lo pretendido se dirige contra
la autoridad judicial demandada.

Al respecto, se denegará tal petición comoquiera que dicha entidad fungió como
parte pasiva en el proceso de reparación directa objeto de esta demanda
constitucional y, por lo tanto, su vinculación resultaba necesaria debido al interés
que le asiste en las resultas del trámite constitucional, puesto que podría verse
afectada con la decisión que se adopte en esta sentencia.

2.2.2. Solicitudes de coadyuvancia:

Algunos de los «ciudadanos, demandantes y sujetos directamente afectados
dentro de los procesos de reparación directa acumulados bajo los radicados
internos 23.645, 25.959, 27.411, 27.857 y 27.474» solicitaron que se les
reconociera como coadyuvantes.

En relación con la coadyuvancia, debe indicarse lo siguiente:

El artículo 13, inciso segundo, del Decreto 2591 de 1991 establece que «[q]uien
tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
7
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
8
Modificado por el Acuerdo 434 del 2024 de la Sala Plena de la Corporación.

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coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere
hecho la solicitud».

Por lo tanto, el coadyuvante es un tercero que tiene con una de las partes una
relación sustancial que, puede verse afectada si la parte a la que codyuva obtiene
un fallo desfavorable9.

En tal sentido, la coadyuvancia debe cumplir los siguientes requisitos:

a) La participación del coadyuvante debe estar acorde con la postura y las
pretensiones formuladas por la parte actora o el demandado en el trámite de
tutela, esto es, no puede formular pretensiones propias de amparo de sus
derechos fundamentales.

b) La coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se expida la
sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes de la sentencia
de única, de segunda instancia o de revisión ante la Corte Constitucional.

De la revisión del memorial de intervención de dichas personas, se encuentra los
señores Jairo F. Garzón, María Teresa Rocha, José Rocha, Humberto Buitrago
Torres, Jorge Carrillo, José Ángel María Chivatá R., Gilberto Rincón Galindo,
Vicente Chivatá Ruiz y Luz Alba Suárez no figuran en las sentencias de primera
instancia dictada en el proceso de reparación directa con radicado interno 23.645,
ni en la emitida por el superior en 2013.

No obstante, como dichas personas manifestaron que eran «ciudadanos,
demandantes y sujetos directamente afectados dentro de los procesos de
reparación directa acumulados bajo los radicados internos 23.645, 25.959,
27.411, 27.857 y 27.474», se percibe el interés legítimo en el resultado del
proceso de la acción de tutela, pues su participación se encuentra acorde las
pretensiones presentadas por el accionante; razón por la cual se aceptará tal
solicitud.

De igual manera, se acepará la coadyuvancia de los demás suscriptores del
escrito en mención, toda vez que estos se encuentran como integrantes de la
parte actora en el proceso ordinario, no reclamaron un derecho propio, sino en

9
En consonancia con CGP. ARTÍCULO 71. COADYUVANCIA. Quien tenga con una de las partes
determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero
que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante
de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia.
El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su
intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no
estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.
La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud de intervención
deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya y a ella se
acompañarán las pruebas pertinentes.
….

12
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procura de las pretensiones del actor y, su vinculación en esta acción de tutela en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso no les impide presentar
tal solicitud pues el «coadyuvante es un tercero que tiene una relación sustancial
con las partes que, indirectamente, puede verse afectada si la parte a la que
coadyuva obtiene un fallo desfavorable»10.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales de la
parte accionante con ocasión de la sentencia del 17 de abril de 2013 dictada por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en el proceso acumulado
de reparación directa 25000-23-26-000-1998-03035-01 (radicado interno 23.645),
con la que se revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las
pretensiones de la demanda promovida por él y otros en contra de la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

… [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el

10
Corte Constitucional. Sentencia T-304 de 1996.

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momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a
la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Por lo que, resulta necesario precisar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.5.1. Inmediatez

En relación con dicho presupuesto general de procedencia, es oportuno indicar
que la acción de tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto de proveer
una protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, lo que

14
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supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz.11

De ahí que el presupuesto objeto de estudio exija que la tutela se presente tan
pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de
los derechos fundamentales o por lo menos dentro de un término prudencial y
consecuencial a su ocurrencia.

En criterio de la sección, el plazo prudencial es de 6 meses contados desde la
ocurrencia del hecho generador –el cual se calcula desde el día hábil siguiente a
la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada– que da lugar a la
solicitud de protección y la presentación de esta y cuando este es excesivo se
declara su improcedencia.

A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y se
pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron
fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es
acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:

i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.12

La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión
de la sentencia del 17 de abril de 2013 dictada por la autoridad judicial demandada
en el proceso acumulado de reparación directa 25000-23-26-000-1998-03035-01
(radicado interno 23.645)13, con la que se revocó la decisión de primera instancia
del 30 de julio de 200214 que había accedido a las pretensiones de la demanda
promovida por él y otros15 en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
11
El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos...».
12
Ver sentencias T-016 de 2006, T-1044 de 2007, T-166 de 2010 y T-576 de 2010.
13
Con esta providencia se revocó lo decidido en los procesos 23.645, 25.959, 27.411 y 27.857
para denegar las pretensiones de la demanda y se confirmó la sentencia del expediente el 27.474,
que ya había denegado en primera instancia.
14
Dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
Expediente 98.3035 (acumulado).
15
Ana Beatriz Castañeda, Luis Eduardo Sierra Núñez, José Manuel Martín Ramos, Pedro María
Rodríguez Hernández, Eusebio Rodríguez Hernández, Wilson Ortiz Trujillo, Jorge Enrique Garzón
Ramírez, Custodia Orjuela, Miguel Antonio Prieto Cárdenas, Medardo Antonio Monroy Angarita,
Brigith Eliana Monroy Angarita y Aura Nelly Pacheco Ruiz.

15
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Según constancia de ejecutoria del tribunal de primera instancia, la referida
sentencia quedó debidamente ejecutoriada el 6 de mayo de 2013, mientras que
esta acción de tutela se promovió el 16 de junio de 2026, por lo que, desde que
cobró ejecutoria la providencia hasta la fecha de radicación de este mecanismo
constitucional, ha transcurrido más de los 6 meses que se consideran oportuno
para ello.

Esto quiere decir que no se cumplió el presupuesto de procedibilidad analizado,
pues aquel no es un término que se considere razonable para acudir al juez
constitucional, dado que el paso prolongado del tiempo permite deducir que se ha
disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación.

Es necesario recordar que controvertir una providencia judicial supone cuestionar
principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que el juicio sobre
el requisito de la inmediatez en este tipo de asuntos resulta ser estricto, máxime
cuando solo se requiere que la decisión cuestionada se encuentre ejecutoriada
para que la persona acuda ante el juez constitucional para solicitar el amparo de
sus derechos, por lo que se impone al interesado que lo haga en un plazo
pertinente, salvo justificación razonable, carga que le corresponde alegar a la
parte accionante, la cual se echa de menos en el presente caso.

Finalmente, advierte que si bien la parte accionante pretende que se flexibilice
dicho requisito en atención a su condición personal y de salud que lo aqueja, lo
cierto es que, conforme a la historia clínica que aportó para acreditar su
padecimiento médico tras caer por escaleras, se encuentra que este ocurrió desde
el año 2018; es decir, mucho después de que la sentencia demandada cobrara
ejecutoria. Por tanto, tal circunstancia no es un justificante para superar el
mencionado presupuesto.

En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de tutela toda vez que
carece del presupuesto de la inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO: Aceptar la coadyuvancia presentada por las personas referidas en el
numeral 1.6.3. del acápite de «contestaciones e intervenciones».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04649-00

TERCERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Ramiro Gil Cárdenas, en nombre propio, contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A.

CUARTO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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