Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04650-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04650-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04650-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04650-01
Accionante: AURA MILENA ROJAS ANDRADE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Tema: Tutela contra providencia judicial — improcedencia de la acción
de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 9 de julio del 2026 por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos
333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.
Por auto del 22 de junio del 20262, el a quo admitió la acción constitucional, y
mediante la providencia del 3 de agosto del 20263 se concedió la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Aura Milena Rojas Andrade, actuando mediante apoderada
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, así como del «principio de favorabilidad».
2. La accionante atribuyó la transgresión de sus garantías constitucionales a
la sentencia del 12 de diciembre de 2025, mediante la cual la autoridad judicial
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 5 del expediente electrónico de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno
precisar que se tuvo por accionante a la señora Aura Milena Rojas Andrade, y como accionado
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Además, se dispuso la vinculación como terceros
con interés al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, a la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y al departamento del Valle del Cauca.
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Índice 27 del expediente electrónico de primera instancia en Samai.
1
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Accionante: Aura Milena Rojas Andrade
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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accionada confirmó la decisión del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Guadalajara de Buga que negó las pretensiones de la demanda
promovida para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
prevista en la Ley 33 de 19854.
3. En concreto, la tutelante solicitó lo siguiente:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
en sentencia del 12 de diciembre de 2025 dentro del medio de control bajo
radicado No. 76-111-33-33-002-2023-00184-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
de la señora AURA MILENA ROJAS ANDRADE, al haber adoptado una decisión
que se aparta abiertamente de la normatividad que rige el caso concreto.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA dejar sin efectos la providencia
señalada en el numeral precedente y, en su lugar, proferir una nueva decisión en
la que se realice una valoración integral, completa y razonada del material
probatorio obrante en el expediente, en particular de aquellos elementos de
convicción relevantes para establecer el tiempo de servicios acreditado por la
demandante5.
1.2. Hechos
4. La señora Aura Milena Rojas Andrade nació el 3 de octubre de 1963 y
cumplió 55 años el 3 de octubre de 2018. Prestó sus servicios como docente
mediante órdenes de prestación de servicios y, posteriormente, estuvo vinculada
al servicio educativo oficial en provisionalidad y propiedad6.
5. El 24 de septiembre de 2021, solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
prevista en la Ley 33 de 1985. La petición fue negada mediante la Resolución
1.210-54-01870 del 13 de junio de 2022, al considerar que su vinculación al
FOMAG ocurrió después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y que,
por ello, le resultaba aplicable el régimen de prima media, respecto del cual no
4
Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-002-
2023-00184-00/01, promovido contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y el departamento del Valle del Cauca.
5
Trascripción literal que puede contener errores.
6
De lo acreditado en el expediente se tiene que la accionante prestó sus servicios mediante
órdenes de prestación de servicios, en periodos discontinuos, entre el 20 de enero de 1997 y el
19 de diciembre de 2003. Posteriormente, estuvo vinculada en provisionalidad del 16 de
diciembre de 2003 al 21 de agosto de 2005, del 24 de octubre de 2005 al 30 de julio de 2006 y
del 6 de octubre de 2006 al 30 de agosto de 2007. Finalmente, el Formato Único para la
Expedición de Certificados de Historia Laboral, expedido por el FOMAG el 24 de junio de 2021,
registró periodos de vinculación en propiedad a partir del 28 de agosto de 2008 y hasta la fecha
de expedición de la certificación, con las interrupciones allí consignadas. Al revisar el documento,
el juzgador de primera instancia advirtió que el periodo comprendido entre el 6 de octubre de
2006 y el 30 de agosto de 2007 correspondía a 10 meses y 26 días, y no a 1 año, 10 meses y 26
días, como aparecía certificado. Asimismo, estableció que los periodos laborados en propiedad
sumaban 10 años, 1 mes y 15 días, y no 12 años, 9 meses y 28 días.
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acreditaba las 1.300 semanas de cotización exigidas.
6. Con ocasión de la negativa, la accionante promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
departamento del Valle del Cauca. Solicitó la nulidad de la resolución
mencionada y, como restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y primas devengados
durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, junto con los
ajustes, intereses y demás conceptos correspondientes.
7. Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2024, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga declaró probada la
falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento del Valle del Cauca
y negó las pretensiones de la demanda.
8. En el estudio realizado, el juzgado concluyó que la vinculación de la
demandante como docente mediante contratos de prestación de servicios desde
el 20 de enero de 1997 permitía aplicarle el régimen pensional previsto en la Ley
33 de 1985. Para verificar el cumplimiento de sus requisitos, contabilizó los
periodos laborados bajo esa modalidad, así como los acreditados en
provisionalidad y propiedad.
9. No obstante, negó el reconocimiento pensional porque consideró que,
para el 24 de septiembre de 2021, fecha de presentación de la solicitud, la
demandante había acreditado 16 años, 3 meses y 19 días de servicio, tiempo
inferior a los 20 años exigidos por la Ley 33 de 1985. Para efectuar la sumatoria,
tuvo en cuenta los periodos laborados mediante contratos de prestación de
servicios y las vinculaciones en provisionalidad y propiedad, dilucidó las
inconsistencias advertidas en el Formato Único para la Expedición de
Certificados de Historia Laboral y descartó la acumulación de periodos
simultáneos.
10. Finalmente, el juzgado indicó que la posibilidad de reconocer la pensión
bajo el régimen de prima media de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 ya había
sido examinada en la Resolución 1.210-54-01870 del 13 de junio de 2022. Agregó
que las pruebas aportadas al proceso tampoco permitían concluir que la
demandante cumplía el requisito de 1.300 semanas de cotización, pues, para la
fecha de la solicitud pensional, acreditaba aproximadamente 838,72 semanas.
Por ello, concluyó que no había lugar a declarar la nulidad del acto administrativo
demandado.
11. La demandante apeló la decisión. Como fundamento, sostuvo que había
prestado sus servicios como docente desde el 20 de enero de 1997, mediante
órdenes de prestación de servicios, y que posteriormente continuó vinculada al
servicio educativo oficial. Afirmó que esos periodos, junto con los aportes
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realizados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
demostraban más de 20 años de servicio y más de 1.000 semanas cotizadas.
Por ello, solicitó aplicar los principios de favorabilidad y primacía de la realidad
sobre las formalidades, revocar la sentencia y reconocer la pensión prevista en
la Ley 33 de 1985.
12. Mediante sentencia del 12 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca confirmó la decisión de primera instancia. Coincidió con el
juzgado en que la vinculación docente mediante órdenes de prestación de
servicios desde el 20 de enero de 1997 permitía aplicar a la demandante el
régimen previsto en la Ley 33 de 1985. Sin embargo, concluyó que no acreditó
los 20 años de servicio exigidos por esa disposición.
13. Al efectuar su propia sumatoria, el tribunal estableció que, para el 24 de
junio de 20217, la docente acumulaba 16 años y 6 días de servicio. En particular,
calculó que el periodo comprendido entre el 6 de octubre de 2006 y el 30 de
agosto de 2007 correspondía a 10 meses y 24 días, y que el tiempo laborado en
propiedad equivalía a 10 años, 1 mes y 14 días. Por tanto, coincidió con el
juzgado en que los totales consignados en el Formato Único de Historia Laboral
no correspondían a los extremos temporales allí registrados.
1.3. Sustento de la vulneración
14. Inconforme con la decisión adoptada en segunda instancia, la accionante
sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto
fáctico en su dimensión negativa, porque omitió valorar la Certificación
Electrónica de Tiempos Laborados, CETIL, expedida por la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca, pese a que dicho documento obraba en los
anexos de la demanda ordinaria.
15. Señaló que la certificación acreditaba su vinculación continua con la
Secretaría de Educación entre el 6 de octubre de 2006 y el 10 de noviembre de
2021, así como la realización de aportes al sistema pensional por conducto del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. A su juicio, ese periodo,
sumado a los servicios reconocidos por el Tribunal con anterioridad al 6 de
octubre de 2006, demostraba el cumplimiento de los 20 años exigidos por la Ley
33 de 1985.
7
Al respecto, se precisa que el 24 de junio de 2021 corresponde a la fecha de expedición del
Formato Único para la Expedición de Certificados de Historia Laboral, mientras que el 24 de
septiembre de 2021 corresponde a la fecha en la que la accionante solicitó el reconocimiento
pensional. Aunque el juzgado verificó el tiempo de servicio con referencia a esta última fecha, el
tribunal limitó su sumatoria a los periodos registrados en la certificación laboral del 24 de junio de
2021 y señaló que no obraba prueba que acreditara la continuidad de la vinculación después de
esa fecha. En consecuencia, estimó incumplida la carga probatoria prevista en el artículo 167 del
Código General del Proceso y confirmó la negativa de las pretensiones.
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16. Afirmó que la autoridad judicial efectuó la sumatoria con fundamento en el
Formato Único para la Expedición de Certificados de Historia Laboral del 24 de
junio de 2021, sin confrontarlo con la certificación CETIL, que, según aseguró,
acreditaba la continuidad de su vinculación hasta el 10 de noviembre siguiente.
Agregó que este último documento fue expedido por la autoridad pública
encargada de certificar su historia laboral y que, por ello, su contenido estaba
amparado por las presunciones de autenticidad y veracidad.
17. En ese orden, sostuvo que la omisión fue determinante para el sentido de
la decisión, pues el reconocimiento pensional dependía de establecer si cumplía
el requisito de tiempo de servicio. Por ello, consideró que el Tribunal debía valorar
la certificación CETIL y explicar su incidencia en la sumatoria de los periodos
laborados antes de concluir que no reunía los requisitos para acceder a la
prestación.
1.4. Intervenciones
18. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, solicitó declarar
improcedente la acción, porque la accionante pretendía reabrir la discusión
probatoria resuelta por el juez natural. Agregó que no se configuró el defecto
fáctico alegado, pues la información consignada en la certificación CETIL
coincidía con la contenida en la certificación expedida por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, valorada por el Tribunal, de manera que no
existía un tiempo adicional de servicios por contabilizar.
19. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Guadalajara de Buga reseñó las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho y remitió el enlace del expediente digital.
20. El departamento del Valle del Cauca solicitó negar el amparo respecto
de esa entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que la
tutela se dirigió contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y que la accionante no le atribuyó alguna actuación u omisión
relacionada con la vulneración alegada.
21. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitó declarar improcedente la acción
y sostuvo que carecía de legitimación en la causa por pasiva, porque el
cuestionamiento recaía sobre una decisión judicial. Añadió que el asunto no tenía
de relevancia constitucional, dado que la accionante pretendía replantear una
controversia pensional y probatoria ya resuelta por la jurisdicción competente.
1.5. Sentencia de primera instancia
22. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de
julio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
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requisito general de relevancia constitucional.
23. Consideró que la accionante pretendía reabrir el debate probatorio
resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito
de que el juez constitucional examinara nuevamente el tiempo de servicio
acreditado y determinara si reunía los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985
para obtener el reconocimiento pensional.
24. Explicó que, de conformidad con la sentencia SU -215 de 2022 de la Corte
Constitucional, la tutela contra providencias judiciales constituye un juicio de
validez y no de corrección, por lo que no puede utilizarse como una instancia
adicional para controvertir la valoración de las pruebas o la interpretación jurídica
efectuada por el juez natural.
25. En ese sentido, concluyó que el cuestionamiento no planteaba un
problema estrictamente constitucional, sino la inconformidad de la actora con la
conclusión del Tribunal sobre la insuficiencia del tiempo de servicio demostrado.
1.6. Impugnación
26. Inconforme con la decisión, la accionante impugnó la sentencia, pues
consideró que el asunto sí tiene relevancia constitucional. Aclaró que no
pretendía controvertir simplemente la negativa del reconocimiento pensional, sino
la presunta omisión del Tribunal en la valoración de una prueba determinante
para establecer el tiempo de servicio.
27. Reiteró que la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados, CETIL,
obraba en el expediente ordinario y acreditaba, según afirmó, su vinculación
continua como docente oficial entre el 6 de octubre de 2006 y el 10 de noviembre
de 2021. Sostuvo que dicho periodo, sumado a los demás tiempos reconocidos
en el proceso, permitía completar los 20 años de servicio exigidos por la Ley 33
de 1985.
28. Señaló que el Tribunal únicamente valoró el Formato Único para la
Expedición de Certificados de Historia Laboral del 24 de junio de 2021 y concluyó
que no existía prueba de la continuidad de su vinculación después de esa fecha,
sin mencionar, confrontar o explicar por qué descartaba la información contenida
en la certificación CETIL. A su juicio, esa omisión configuró un defecto fáctico en
su dimensión negativa y comprometió sus derechos al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y a la seguridad social.
29. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia de tutela de
primera instancia, conceder el amparo y ordenar al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca proferir una nueva decisión en la que valore integralmente los
elementos aportados para acreditar el cumplimiento de los requisitos
pensionales.
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II. CONSIDERACIONES
30. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia del amparo solicitado, pero por no encontrarse acreditado el
requisito de subsidiariedad, de conformidad con los motivos que pasan a
explicarse a continuación.
2.1. Caso concreto
La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
31. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún
defecto especial11 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
32. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
33. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
34. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
10
A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv)
inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los
hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la
misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública
de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
11
Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv)
defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento
del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
35. La Sala advierte que la señora Aura Milena Rojas Andrade está legitimada
en la causa por activa, porque integra la parte demandante dentro del medio de
control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía. Por
otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, está
legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión cuestionada a
través del presente trámite.
36. Ahora, aunque el a quo no emitió pronunciamiento sobre las solicitudes de
desvinculación presentadas, corresponde en esta instancia resolver lo pertinente.
En ese sentido, se negarán las formuladas por el departamento del Valle del
Cauca y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron vinculados con ocasión del
interés que les asiste en el resultado del trámite, dado que integraron el extremo
demandado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la sentencia cuestionada.
37. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales12: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo13 y eficaz14; y, ii) como mecanismo de protección
transitoria.
38. En el presente asunto, la accionante atribuyó al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca un defecto fáctico en su dimensión negativa, porque omitió
valorar la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados, CETIL. Según afirmó,
dicho documento acreditaba su vinculación continua como docente oficial desde
el 6 de octubre de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2021, periodo que, sumado
a los servicios anteriores, le permitía completar los 20 años exigidos por la Ley
33 de 1985.
39. En principio, se advierte que el reproche involucra un debate probatorio
relacionado con la determinación del tiempo de servicio, ya resuelto por los
jueces naturales. Sin embargo, el problema central recae en la subsidiariedad,
pues la supuesta omisión de valorar la certificación CETIL no fue planteada en el
recurso de apelación, pese a que la accionante tuvo la oportunidad de hacerlo.
12
Sentencia T-183 de 2024.
13
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
14
La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
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40. En efecto, aunque ese documento fue relacionado como prueba en la
demanda ordinaria y en la demanda del proceso ordinario la actora afirmó que
continuaba vinculada al servicio educativo oficial, en el recurso de apelación no
explicó el alcance que ahora le atribuye ni alegó que esa prueba acreditara una
vinculación continua hasta el 10 de noviembre de 2021, pese a que tuvo la
oportunidad de hacerlo.
41. Además, en la sentencia del 16 de diciembre de 2024, el juzgado concluyó
que la demandante no había acreditado los 20 años de servicio y corrigió las
inconsistencias encontradas en el Formato Único para la Expedición de
Certificados de Historia Laboral. Pese a ello, en la apelación la actora no
cuestionó la supuesta falta de valoración de la CETIL, no confrontó su contenido
con el formato utilizado por el juzgado ni señaló que esa prueba permitiera
superar las inconsistencias advertidas.
42. La recurrente sostuvo, en términos generales, que los periodos laborados
mediante órdenes de prestación de servicios, su posterior vinculación al servicio
educativo oficial y los aportes realizados al FOMAG demostraban más de 20 años
de servicio. También invocó los principios de favorabilidad y primacía de la
realidad sobre las formalidades. Sin embargo, no identificó la certificación CETIL
ni alegó que el juzgado hubiera omitido valorarla.
43. En esas condiciones, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
resolvió la controversia conforme a los reparos planteados en la apelación.
Examinó los periodos mencionados por la recurrente, efectuó su propia sumatoria
y concluyó que la docente había acreditado 16 años y 6 días de servicio.
Asimismo, señaló que no obraba un documento que demostrara la continuidad
de su vinculación después del 24 de junio de 2021.
44. Por tanto, no es posible atribuirle al Tribunal la vulneración alegada por no
resolver un cuestionamiento probatorio que no fue puesto en su conocimiento en
la oportunidad procesal correspondiente. La accionante tenía la carga de exponer
en la apelación la supuesta omisión del juzgado y explicar la incidencia concreta
de la certificación CETIL en la sumatoria del tiempo de servicio, con el fin de que
el juez de segunda instancia pudiera pronunciarse al respecto.
45. En ese sentido, la tutela no es el escenario para desarrollar por primera
vez la confrontación entre la certificación CETIL y el Formato Único para la
Expedición de Certificados de Historia Laboral, ni para establecer si aquel
documento acredita una vinculación continua hasta noviembre de 2021. Ese
debate correspondía al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y,
particularmente, al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que negó
el reconocimiento pensional.
46. La circunstancia de que se discuta una prestación pensional no releva a la
parte interesada de emplear debidamente los mecanismos ordinarios ni convierte
9
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la tutela en una instancia adicional. Tampoco se acreditaron circunstancias que
le hubieran impedido formular oportunamente el cuestionamiento probatorio ni la
existencia de un perjuicio irremediable que permita superar el incumplimiento
advertido.
47. Sobre este punto, es importante precisar que la acción de tutela, dada su
naturaleza subsidiaria, «pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios
para la resolución de las controversias jurídicas, se convierta en un instrumento
supletorio cuando no se han utilizado oportunamente dichos medios, o sea una
instancia adicional para reabrir debates concluidos»15.
48. En relación con lo anterior, esta Sección considera pertinente recordar
que, en la sentencia de unificación SU-103 de 2022, la Corte Constitucional
precisó que la tutela resulta improcedente cuando el presunto perjuicio deriva de
la propia inacción procesal de la parte actora o de su renuencia a hacer uso
adecuado de los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico. Así,
cuando el solicitante omite exponer oportunamente sus argumentos o subsanar
deficiencias dentro del proceso ordinario, no puede luego pretender resolver tales
omisiones a través del amparo constitucional.
49. Se reitera que, la acción de tutela no puede ser utilizada para corregir los
errores en los que incurrió la parte actora o su apoderado en el proceso ordinario,
pues, la incuria en el ejercicio de los mecanismos procesales que tenía a su
disposición excluye la posibilidad de que la acción tutelar pueda operar.
2.2. Conclusión
50. La Sala confirmará la providencia proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado que declaró la improcedencia del amparo, pero por los
motivos indicados anteriormente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 9 de julio del 2026, dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia del
amparo constitucional, pero por los motivos indicados en la parte considerativa
de esta providencia.
15
Sentencias SU-712 de 2013 y C-132 de 2018, Corte Constitucional.
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SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el
departamento del Valle del Cauca y la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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