Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04655-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04655-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04655-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04655-00
Accionante: ARIADNE LORAYNE MENDOZA YEPES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela por derecho de petición ante autoridad judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. El 17 de junio de 2026, Ariadne Lorayne Mendoza Yepes, en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Valledupar y la oficina de talento humano
de Valledupar.
2. Indicó que se desempeña como Profesional Universitario Grado 12 en el Tribunal
Administrativo del Cesar. Manifestó que, el 23 de mayo de 2026, su psiquiatra
tratante emitió recomendaciones médicas que sugieren la necesidad de realizar
teletrabajo y valoración por salud ocupacional.
3. El 25 de mayo de 2026, mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Cesar y a la Oficina de Talento Humano, solicitó
información sobre el proceso para acceder al teletrabajo tres veces por semana y
sobre la valoración por salud ocupacional remitida por la psiquiatra.
4. El 28 de mayo de 2026, la anterior solicitud fue remitida internamente por la
Secretaría General del Tribunal al director ejecutivo Seccional de Administración
Judicial de Valledupar. El 9 de junio de 2026, ante la falta de respuesta y de un
trámite efectivo, envié un nuevo correo informando que intenté realizar la solicitud
formal a través del aplicativo dispuesto en el "ABC de Teletrabajo", pero el sistema
no se encontraba habilitado para mi usuario, adjuntando la prueba técnica del error.
5. Las entidades accionadas no han dado un trámite efectivo ni de fondo a mi
solicitud, a pesar de que la misma se fundamenta en recomendaciones de salud
mental, lo cual pone en riesgo mi integridad y estabilidad laboral.
6. Solicitó amparar el derecho de petición, a la salud y el trabajo en condiciones
dignas. Y en esa medida que se ordene al Tribunal Administrativo del Cesar, a la
Dirección Seccional de Administración Judicial y a la Oficina de Talento Humano de
Valledupar que, en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, den trámite
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04655-00
Accionante: Adriadne Lorayne Mendoza Yepes
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
prioritario y de fondo a mi solicitud de teletrabajo y la valoración por salud
ocupacional basada en la recomendación y orden médica psiquiátrica.
Trámite del amparo
7. En auto de 18 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cesar, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Valledupar y la Oficina de Talento Humano de Valledupar. Adicionalmente, se
ordenó la vinculación como terceros con interés al Consejo Seccional de la
Judicatura del Cesar – Valledupar y su Secretaría; a la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Cesar y sus respectivos despachos; a la dependencia de Asuntos
Laborales de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar; al
asistente - director - seccional de administración judicial del Cesar - Valledupar; a la
secretaria general del Tribunal Administrativo del Cesar Diana Patricia Espinel
Peinado, o quien haga sus veces; al director seccional de Administración Judicial
de Valledupar, Carlos Manuel Echeverri Cuello, o quien haga sus veces, al
magistrado del Tribunal Administrativo del Cesar, Carlos Mario Arango Hoyos, o
quien haga sus veces, y a María Alicia Lorduy de la Espriella.
8. El Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar1 intervino con el fin de indicar
que, conforme la ley estatutaria de la administración de justicia es el tribunal
administrativo del Cesar, nominador, es la autoridad competente para resolver sobre
la petición de teletrabajo. Por lo anterior, entendiendo que la presunta vulneración
a los derechos fundamentales de la accionante no estuvo ni está en cabeza del
Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa que regula la Acción Constitucional de Tutela, esta debe ser dirigida
contra quien presuntamente viole o amenace derechos fundamentales de algún
ciudadano, por acción u omisión. Por tanto, la legitimación constituye un requisito
indispensable, sin el cual no resulta posible para el fallador realizar un
pronunciamiento de fondo en contra de este Consejo Seccional.
9. El presidente del Tribunal Administrativo del Cesar2 indicó que, la
Corporación, en el ámbito de sus competencias, ha dado trámite oportuno y
adecuado a todas y cada una de las solicitudes elevadas por la actora, así como a
las incapacidades médicas y permisos requeridos por la misma hasta la fecha.
Aclaró que, carece de competencia e injerencia para modificar el trámite, evaluación
y aprobación de las solicitudes de teletrabajo, toda vez que el procedimiento, los
canales de radicación y las condiciones para su otorgamiento han sido definidos de
manera centralizada por el Consejo Superior de la Judicatura, autoridad que profirió
el acuerdo PCSJA-12151 de 28 de febrero de 2024 expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura acto administrativo que establece de manera expresa que,
en los primeros diez (10) días hábiles del mes de marzo de cada anualidad, “el
servidor judicial interesado en teletrabajar deberá diligenciar su solicitud en el
aplicativo de teletrabajo dispuesto por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial para este fin”, el cual contiene expresamente el compromiso del interesado
de suministrar los equipos y servicios para ello.
1 Índice samai 9.
2 Índice samai 10.
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Accionante: Adriadne Lorayne Mendoza Yepes
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
10. Estima que la autoridad competente para resolver la petición de la tutelante es
la dirección ejecutiva seccional de administración judicial del Cesar, concretamente
habilitar la plataforma para solicitar la posibilidad del teletrabajo fuera de las fechas
indicadas, de manera excepcional. Concluyó que, no es posible atribuir a este
Tribunal responsabilidad alguna frente a la situación expuesta por la accionante, en
tanto el acceso a la modalidad de teletrabajo no depende de decisiones
discrecionales de esta Corporación, sino del cumplimiento de los lineamientos y
procedimientos previamente establecidos en el mencionado acuerdo, por lo menos
en lo que respecta al acceso al aplicativo para radicar las solicitudes y las fechas en
que pueden elevarlas.
11. Finalizó indicando que, el Tribunal activó las rutas institucionales
correspondientes, orientadas tanto a brindar apoyo a la funcionaria como a
garantizar la adecuada prestación del servicio de administración de justicia, y por lo
tanto solicitó negar el amparo.
12. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Valledupar3 indicó que, en efecto, la tutelante el 25 de mayo del año que cursa,
radicó una petición ante esa Dirección Seccional solicitando información sobre el
proceso para requerir teletrabajo y sobre el procedimiento de valoración por salud
ocupacional. Asimismo precisó que, el 19 de junio del presente año, un profesional
universitario de seguridad y salud en el Trabajo de dicha Seccional remitió por
correo electrónico a la tutelante oficio DESAJVAO26-1174 de esa misma fecha,
mediante el cual dio respuesta a la solicitud. Agregó: “en el oficio DESAJVAO26-
1174 se le indicó a la servidora que fue autorizada valoración médica por parte de
la IPS Aprehsi, quien al finalizar su valoración expediría unas recomendaciones
médicas que serían socializadas con su nominador para su cumplimiento.” Solicitó
negar el amparo pues ya se dio respuesta a la petición de la actora.
CONSIDERACIONES
Competencia
13. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Determinación del problema jurídico
14. A juicio de esta Sala, corresponde establecer si las autoridades accionadas
vulneraron los derechos fundamentales de petición, salud y trabajo en condiciones
dignas de la accionante, con ocasión de la solicitud presentada el 25 de mayo de
2026, mediante la cual pidió información sobre el procedimiento para acceder al
teletrabajo tres veces por semana y sobre la valoración por salud ocupacional
recomendada por su médica tratante. Para tal efecto, la Sala deberá verificar si la
respuesta emitida el 19 de junio de 2026 fue clara, de fondo, congruente y puesta
3 Indice samai 11.
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Referencia: Primera instancia de acción de tutela
en conocimiento de la peticionaria, y si, en consecuencia, se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado respecto del derecho de petición. Asimismo,
precisará si subsiste alguna orden constitucional relacionada con los derechos a la
salud y al trabajo en condiciones dignas.
El derecho de petición y carencia actual de objeto por hecho superado
15. El artículo 23 de la Constitución Política reconoce el derecho fundamental de
toda persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, ya sea por
motivos de interés general o particular, y a obtener una respuesta oportuna y
efectiva. La Ley 1755 de 2015 desarrolló dicho derecho. Entre otros aspectos, el
estatuto mencionado establece los requisitos para formular una petición y los
criterios que permiten considerar que ha sido debidamente resuelta. Por su parte,
la jurisprudencia Constitucional ha sintetizado los elementos de este derecho de la
siguiente forma:
Tabla 1. Reglas jurisprudenciales del derecho de petición4
Elementos del derecho fundamental de petición
El derecho de petición protege la posibilidad cierta y efectiva de dirigir a las
Formulación autoridades o a los particulares, en los casos que determine la ley,
solicitudes respetuosas. Dichos sujetos no pueden negarse a recibirlas o
abstenerse de tramitarlas. Los obligados a cumplir con este derecho deben
recibir toda clase de peticiones, a excepción de las irrespetuosas.
El término de respuesta del derecho de petición debe entenderse como un
Pronta tiempo máximo que tiene la administración o el particular para resolver la
resolución solicitud. Según la Ley 1755 de 2015, salvo norma especial, ese plazo
corresponde a 15 días hábiles en las peticiones, a 10 días en la solicitud de
información o documentos o a 30 días en las consultas.
La respuesta a la petición debe ser de fondo. Por lo tanto, debe ser: (i) clara,
Respuesta “inteligible y de fácil comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que “atienda, de
de fondo manera concreta lo solicitado, sin información impertinente” y “sin incurrir
en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii) congruente, es decir, que “abarque la
materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado”, y (iv)
consecuente, lo cual implica “que no basta con ofrecer una respuesta como
si se tratara de una petición aislada (…) sino que, si resulta relevante, debe
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales
la petición resulta o no procedente”.
La respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el
Notificación mecanismo procesal adecuado “para que la persona conozca la resolución
de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de
notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. Esta obligación genera para la
administración la responsabilidad de actuar con diligencia para que su
respuesta sea conocida.
16. En este contexto, la vulneración del derecho fundamental de petición se
configura cuando la autoridad guarda silencio y omite pronunciarse dentro de los
plazos legalmente establecidos, y cuando pese a emitir una respuesta, esta no
satisface de manera clara, precisa y congruente el contenido de la solicitud
4 Corte Constitucional, Sentencias C-951 de 2014 y SU-543 de 2023.
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formulada y, por tanto, no puede considerarse como una respuesta de fondo
adecuada o idónea.
17. No obstante, el juez constitucional puede encontrarse con escenarios en los
que, al momento de adoptar una decisión, la situación fáctica que dio lugar a la
acción de tutela por presunta afectación del derecho fundamental de petición ha
desaparecido. En tales casos, se configura la figura de la carencia actual de objeto,
toda vez que cesó la causa que motivó la intervención del juez constitucional, y ya
no subsiste un interés jurídico que justifique una orden de protección.
18. La Corte ha reconocido que dicha figura se presenta cuando durante el trámite
de la acción de tutela desaparecen las circunstancias que originaron la presunta
vulneración de derechos fundamentales, lo que hace innecesario un
pronunciamiento judicial. En tal caso, cualquier pronunciamiento del juez carecería
de eficacia, toda vez que no existe un conflicto jurídico por resolver 5. El Tribunal
Constitucional6 ha identificado tres supuestos para la configuración de la carencia
actual de objeto: (i) hecho superado; (ii) daño consumado o (iii) situación
sobreviniente. En atención a los antecedentes del presente caso, la Subsección se
detendrá a realizar algunas precisiones sobre el hecho superado. En particular, la
hipótesis (i) opera cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental
desapareció porque la autoridad accionada adoptó, de manera voluntaria y
oportuna, las medidas necesarias para restablecer el derecho presuntamente
vulnerado7. En tales casos, la tutela pierde objeto, pues ya no subsiste la situación
lesiva que justifique una intervención del juez constitucional-
19. En suma, frente a la configuración de la carencia actual por hecho superado, el
juez constitucional debe abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo, toda
vez que los hechos que dieron lugar a la interposición del recurso de amparo fueron
superados, o bien porque las pretensiones del actor fueron satisfechas por
mecanismos distintos a la acción de tutela8.
Resolución del problema jurídico
20. Con el fin de resolver el problema jurídico se examinará el contenido de la
petición de 25 de mayo de 2026 y el contenido de la respuesta de 19 de junio de
2026. Examinado el expediente, se verifica que, la respuesta de la dirección
ejecutiva se produjo después de la presentación de la petición de amparo
constitucional pero antes de que se profiera sentencia de instancia. Conforme el
escrito de tutela, la petición tenía la siguiente finalidad: “El 25 de mayo de 2026,
mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Cesar y a la Oficina de Talento Humano, solicité información sobre el proceso para
acceder al teletrabajo tres veces por semana y sobre la valoración por salud
ocupacional remitida por la psiquiatra.”9
5 Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2022. M.P: José Fernando Reyes Cuartas.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-109 de 2022. M.P: Paola Andrea Meneses Mosquera.
7 Corte Constitucional, Sentencias T-226 de 2024, T-244 de 2023 y SU-096 de 2018.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-771 de 2014. M.P: Martha Victoria Sáchica Méndez.
9 Folio 1 del escrito de amparo, párrafo 3.
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21. Según lo indicado por la dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Valledupar-Cesar el derecho de petición la actora solicitaba: “me informen como
(sic) es el proceso para solicitar teletrabajo 3 veces por semana de acuerdo con la
recomendación médica” y “adicionalmente me informen como (sic) es el proceso
para una valoración por salud ocupacional remitida por la psiquiatra” 10. En esa
medida, esta Sala concluye, de acuerdo con lo indicado la tutelante, el contenido
del derecho de petición es indagar por el procedimiento para solicitar que se
conceda teletrabajo 3 veces por semana y que se indique el procedimiento para
valoración por salud ocupacional. Conforme lo anterior, se examina el contenido de
la respuesta del pasado 19 de junio, allegada al expediente de tutela.
“Dando respuesta a su solicitud me permito manifestar lo siguiente: que el
pasado 2 de marzo de 2026, se compartió mediante correo institucional el ABC
DE TELETRABAJO PARA LA VIGENCIA 2026 de acuerdo con lo indicado con
el artículo 10 del acuerdo PCSJA24-12151 de 2024 “Por medio del cual se
regula la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial
(…)
En este cronograma se indica que, desde el 2 de marzo al 13 de marzo de 2026
como fecha límite, en la cual se tramitarían solicitudes de teletrabajo,
únicamente a través del aplicativo dispuesto por la entidad
Fuera de ese límite no sería posible acceder al teletrabajo tal como lo expresa
el artículo 10 del Acuerdo PCSJA24-12515 de 2024 (sic), “Por el cual se regula
la modalidad de teletrabajo en la rama judicial”
En su caso, lo correspondiente sería realizar solicitud de trabajo en casa ante
su nominador de acuerdo con las recomendaciones expedidas por su médico
tratante.
En cuanto a su solicitud de valoración por salud ocupacional, puedo manifestar
que ya fue autorizada su valoración por medio de nuestro operados (sic) la IPS
PREHSI GROUP, la cual al finalizar su valoración expedirá unas
recomendaciones médicas que serán socializadas ante su nominador para el
cumplimiento por parte del mismo, la entidad y el servidor judicial”.
22. La respuesta fue remitida al correo de la servidora judicial, en este caso
tutelante.
23. A juicio de esta Subsección, la respuesta fue remitida al correo de notificación
de la actora. La misma fue radicada el 25 de mayo de 2026 y contestada el 19 de
junio del mismo año, es decir, 19 días hábiles después. El contenido de la petición
iba dirigido a indagar por un procedimiento para solicitar acceso a teletrabajo y al
procedimiento de valoración por medicina ocupacional. El contenido de la respuesta
dio la información clara y de fondo a esos dos interrogantes. Si bien se trata de un
derecho de petición de información, el cual, conforme la Ley 1755 de 2015 está
sometido al término de 10 días, lo cierto es que al momento de proferir sentencia de
amparo, la respuesta fue clara y de fondo y atendió a la información requerida,
motivo por el cual se configura una causal para que la sala declare la carencia actual
de objeto por hecho superado.
10Índice samai 11. Certificado 8734FA761881C16D 01CE64134CA1D88E AF3D3184C570538C
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04655-00
Accionante: Adriadne Lorayne Mendoza Yepes
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
24. La jurisprudencia constitucional11 ha indicado que, cuando entre la fecha de
presentación de la acción de tutela y el momento de proferir providencia que ponga
fina a la instancia, se produce la garantía del derecho invocado por parte de la
autoridad accionada, corresponde declarar la carencia de objeto por hecho
superado, puesto que, a juicio de esta Sala se produjo respuesta integral al derecho
de petición de la actora.
25. En relación con los derechos a la salud y al trabajo en condiciones dignas, la
Sala advierte que la presente decisión no implica pronunciamiento sobre la
procedencia material del teletrabajo o del trabajo en casa, pues ese análisis
corresponde a las autoridades competentes conforme al régimen aplicable y a las
recomendaciones que emita salud ocupacional. No obstante, como la entidad
informó que la valoración ocupacional fue autorizada y que las recomendaciones
resultantes serían socializadas con el nominador para su cumplimiento, no se
advierte, en este momento procesal, una omisión actual ni amenaza que amerite
impartir una orden adicional. Sin perjuicio de ello, las autoridades competentes
deberán tramitar las recomendaciones médicas y ocupacionales de la accionante
de manera diligente, oportuna y conforme a la protección reforzada de la salud
mental en el entorno laboral.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO de la presente acción
de tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
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puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
11 Entre muchas otras, Corte Constitucional SU-333 de 2020.
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