Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04659-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04659-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04659-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C, primero (1) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04659-01
Accionante: Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda La Y – Asoyerural.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y otro.
Tema: Derechos al debido proceso, igualdad. Acción de tutela. Auto que
se abstiene de dar apertura a Incidente de desacato. Relevancia
Constitucional. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 30 de julio de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, mediante la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
La Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda La Y – ASOYERURAL, a través de
apoderado, promovió acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a los derechos de las
víctimas y al debido proceso electoral, que considera vulnerados con la providencia
del 24 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro
del incidente de desacato promovido en relación con la acción de tutela, a la que se
le asignó el radicado 50001-23-33-000-2026-00083-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que promovió acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral por la omisión
en culminar el procedimiento administrativo por inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía relacionado con la Circunscripción Transitoria Especial de Paz No. 7 y
el Tribunal Administrativo del Meta concedió el amparo y ordenó al Consejo Nacional
Electoral culminar el procedimiento administrativo correspondiente, decisión que fue
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confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.- Archivo Central.
Que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de la sentencia,
expidió la Resolución 1392 de 2026, sin embargo, no resolvió el fondo del
procedimiento, no analizó las denuncias, no evaluó pruebas y no adoptó decisiones
sobre el censo electoral, y, por el contrario, afirmó que el CNE que no tenía
competencia para investigar trashumancia en elecciones nacionales.
Que una de las magistradas del CNE salvó su voto frente a la Resolución,
argumentando que se «debió incorporar la variable de trashumancia electoral dentro
del análisis de los cruces de información realizados, realizar actuaciones adicionales
de verificación orientadas a esclarecer los patrones de movilidad electoral
advertidos dentro de la CITREP 7 y, adoptar una decisión acorde con el deber
funcional de proteger la transparencia y regularidad del sufragio, incluso ante
ausencia de un mandato normativo expreso».
Que inició incidente de desacató ante el incumplimiento de la orden y, el Tribunal
Administrativo del Meta se abstuvo de iniciar el incidente y dio por cumplida la
sentencia.
Considera que la decisión del Tribunal incurrió en desconocimiento del precedente,
en específico las sentencias T-406 de 1992 y SU-047 de 1999 de la Corte
Constitucional, en las cuales se establece que las órdenes impartidas en sede de
tutela deben ser acatadas de manera estricta por las autoridades.
Igualmente, considera que se desconoció la cosa juzgada constitucional, pues el
Tribunal carecía de competencia para sustituir y modificar la orden impartida, puesto
que, dentro de la sentencia de tutela se precisó que la orden consistía en emitir una
verdadera decisión de fondo dentro del procedimiento administrativo.
Afirma que mientras existan dudas razonables sobre el cumplimiento efectivo de la
orden, el Juez constitucional debe ejercer sus poderes de cumplimiento, impulsar el
incidente de desacato y adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena
ejecución del fallo; sobre todo, teniendo de presente que el CNE no podía expedir
un simple acto administrativo sin agotar las actuaciones necesarias para verificar,
investigar y decidir de fondo las denuncias de transhumancia electoral presentadas.
Finalmente, asegura que se presentó la configuración del desacato según lo
establecido en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, y que se presenta una
dimensión institucional más grave, puesto que el incumplimiento de la orden judicial
no solo afecta los derechos fundamentales protegidos en la tutela, sino también la
integridad del proceso electoral, pues este se desarrolló sobre un censo electoral
potencialmente irregular, lo que contamina de ilegalidad el resultado electoral al no
haberse depurado previamente las inscripciones cuestionadas.
PRETENSIONES
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• Archivo Central.
Que se amparen los derechos invocados; que se deje sin efectos la providencia
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Meta dio por cumplida la sentencia
de tutela y se abstuvo de iniciar el trámite de desacato; y en consecuencia, que se
ordene al Tribunal Administrativo del Meta y «al Consejo de Estado» dar trámite al
incidente de desacato y emitir una nueva decisión con las consideraciones del caso.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 10 de julio de 2026, se admitió la acción de tutela; se negó la medida provisional
solicitada; se vinculó como terceros con interés al Consejo Nacional Electoral y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil; y se ordenó efectuar las notificaciones
correspondientes.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Meta manifestó que la providencia cuestionada está
fundamentada fáctica, jurídica y jurisprudencialmente, y que lo pretendido por la
parte actora es que se reabra un trámite ya finalizado y, que se dé un debate que
actualmente está revestido de cosa juzgada.
Que de las pruebas obrantes en el expediente de tutela y de la normativa aplicable
al tema, se dedujo que el CNE había dado cumplimiento a la orden constitucional
impartida y, que por ende, resultaba innecesario continuar con el trámite del
incidente de desacato.
Que no se cumple el requisito de relevancia constitucional, y por tanto, solicitó que
declare improcedente la acción, o que en defecto, se nieguen las pretensiones.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B dijo que la participación
de la Subsección había sido en el trámite de la acción de tutela, en el cual se
protegieron los derechos de la parte actora, sin embargo, de las pretensiones y
hechos derivados de la presente acción constitucional en cuanto a la negativa del
Tribunal de dar apertura al incidente de desacato, no se encuentra la legitimación
en la causa por pasiva de la Sala, por lo que solicitó su desvinculación del proceso.
POSICIÓN DE LOS VÍNCULADOS
La Registraduría Nacional adujo que no es responsable de proteger los derechos
señalados por el accionante, puesto que no fungió como juez natural dentro del
proceso administrativo en el que se profirieron las decisiones cuestionadas.
Solicitó que se le desvincule de la presente acción.
El Consejo Nacional Electoral manifestó que la acción pretende reabrir una
controversia que ya fue analizada por el juez natural del incidente de desacato, para
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debatir la legalidad jurídica y material de la Resolución 1392 de 2026, por - Archivo
lo queCentral.
se
estaría desbordando el ámbito constitucional del desacato.
Que debe recordarse que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, y que se
creó como un mecanismo para proteger derechos fundamentales, por lo que no es
suficiente mencionar una posible afectación, sino que es estrictamente necesario
demostrar como la decisión proferida afecta el derecho, y que en el presente caso,
se debe probar como el acto administrativo incurrió en un error en el análisis jurídico.
Que el auto tutelado reviste un análisis detallado del contenido de la orden impartida,
de las actuaciones desarrolladas por el CNE, el alcance jurídico del incidente de
desacato y el cumplimiento material de la orden judicial, por lo que no se evidencia
la vulneración a ningún derecho fundamental invocado por la parte actora.
Solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional
SENTENCIA IMPUGNADA
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 30 de julio de
2026, declaró improcedente la acción por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.
Afirmó que el anterior requisito se cumple cuando se acredita que el asunto gira en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deben ser definidos por otras jurisdicciones.
Que en el caso de tutelas contra providencias judiciales dicho requisito se entiende
superado cuando la providencia cuestionada afecta las garantías constitucionales y
no puede usarse el amparo como una instancia adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.
Que en el presente caso la tutela carece de la carga mínima argumentativa, puesto
que no se desarrollaron los defectos en los que presuntamente incurrió la autoridad
judicial. Que, por el contrario, que se evidencia que la parte actora tiene una simple
inconformidad respecto de la decisión adoptada.
Que la falencia argumentativa evidenciada no puede ser subsanada por el juez de
tutela, puesto que la jurisprudencia ha sido clara en cuanto al cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad, además, que evidenció que la tutela estaba siendo
utilizada como una instancia adicional, pues los argumentos expuestos en el
presente proceso ya habían sido resueltos por el Tribunal en el auto que se abstuvo
de dar trámite al incidente.
IMPUGNACIÓN
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La parte actora impugnó la decisión, pues considera que sí cumple con- el Archivo Central.
requisito
de relevancia constitucional, y que no pretende convertir la acción de tutela como
una tercera instancia, por el contrario, que busca que se garantice la efectividad de
una orden constitucional que ya fue impartida y confirmada.
Que la sentencia impugnada asumió que se trataba de una tutela destinada a revisar
nuevamente el fallo, puesto que la estudió desde la perspectiva de una tutela contra
providencia judicial, y que realmente lo que se está exigiendo es que la providencia
ejecutoriada sea cumplida exactamente en los términos en que fue proferida.
Reitera los argumentos expuestos en el escrito inicial, tales como, que el Tribunal
no puede modificar ni restringir el alcance de la orden dada en la providencia, y que,
no se puede reducir la orden a la simple expedición de una resolución, confundiendo
una decisión de fondo con el «cumplimiento integral».
Solicitó que se revoque la sentencia y en su lugar, se acceda a las pretensiones.
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-128/21,
se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial, esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.
(:..) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, […]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedencia cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde definir si se encuentra cumplido el requisito de
relevancia constitucional, que no se halló satisfecho en la sentencia recurrida, pues
solo de ser así, habría lugar a analizar las inconformidades expuestas por la
accionante.
La Corte Constitucional7 en su jurisprudencia ha establecido que el requisito de la
relevancia constitucional se encuentra satisfecho cuando: i) el asunto tiene la
entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; ii) la controversia no se limita a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y iii) se justifica razonablemente la existencia de una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Igualmente, el máximo tribunal constitucional8 ha sostenido que dicha exigencia
tiene como finalidades mantener la independencia y autonomía judicial; evitar que
la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional y restringir el ejercicio de
la acción de tutela a debates relacionados con derechos fundamentales.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
7 Corte Constitucional, SU-215 de 2022.
8 Sentencia T-352 de 2025.
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La Sala considera que le asiste razón a la primera instancia al decir que no se
cumple el mencionado requisito, pues lo pretendido no es demostrar la vulneración
de derechos fundamentales mediante la incursión en causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, sino que lo
argumentado por el accionante se dirige a reabrir un debate jurídico ya resuelto, es
decir, a que en sede de la presente tutela se determine que el CNE no cumplió con
la orden impartida por las autoridades judiciales y por ende que se debe abrir el
incidente de desacato; asunto sobre el cual ya se pronunció el juez competente.
La accionante alega un desconocimiento del precedente judicial, en específico de
las sentencias T-406 de 1992 y SU-047 de 1999 de la Corte Constitucional, en las
cuales se establece que las órdenes impartidas en sede de tutela deben ser
acatadas de manera estricta por las autoridades; y el resto de los argumentos están
orientados a exponer porqué considera que el CNE no cumplió con la orden dada
en la sentencia y cómo el Tribunal al abstenerse en abrir el incidente de desacato
reinterpretó dicha orden.
Lo anterior, da cuenta de que la parte actora no cumple con una carga
argumentativa mínima que demuestre la incursión en alguna causal específica o
que pruebe los errores en los que pudo incurrir el auto del 24 de marzo de 2026, así
como tampoco se acredita una verdadera afectación de derechos fundamentales.
En ese sentido, no se está ante la vulneración de alguna garantía fundamental, sino
que se observa una diferencia con el criterio aplicado por el juez natural, quien en
el auto tutelado abordó de forma completa cada uno de los puntos necesarios para
sustentar su decisión. Explicó la finalidad de los incidentes de desacato, las
facultades del juez constitucional, las órdenes que se dieron en la sentencia y la
resolución proferida por el CNE, además sustentó el auto jurídica, normativa y
probatoriamente.
Debe entonces recordarse que la tutela fue instituida para lograr la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por las autoridades o los
particulares en los casos previstos en la ley, mas no como una instancia adicional
en la que pueda reabrirse un debate netamente legal con el fin de imponer una
solución que resulta más favorable al peticionario y desconocer la autonomía e
independencia del juez de la causa.
En consecuencia, se confirmará la sentencia del 30 de julio de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, a través de la cual se declaró improcedente
la acción, al no cumplirse el requisito de relevancia constitucional, conforme a la
parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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• Archivo Central.
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de julio de 2026 por el Consejo
de Estado, Sección Primera conforme a la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en
la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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