Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04666-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04666-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04666-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04666-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
24 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia y
subsidiariedad-Improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Cuantum Soluciones Financieras S.A.
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Cartagena.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
La sociedad Cuantum Soluciones Financieras S.A., por conducto de apoderado judicial,
promovió acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales
estima vulnerados por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena y el
Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso ejecutivo identificado con el
radicado núm. 13001-33-33-007-2014-00305-00/01, con ocasión de los autos proferidos
el: (i) 2 de diciembre de 2024, (ii) 20 de enero de 2025; (iii) 6 de marzo de 2025; y (iv) 5 de
mayo de 2025, por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena; así
como el auto del 12 de marzo de 2026, dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
2. Hechos
De conformidad con el escrito de tutela 1 y los documentos allegados al expediente, se
expone la siguiente relación fáctica:
2.1. Mediante sentencia del 3 de agosto de 2016, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Cartagena, dentro del proceso de reparación directa identificado con el
radicado núm. 13001-33-33-007-2014-00305-00, condenó al Instituto Nacional
1
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 4EF45A8BF03A4951 EBF197099E3CF7FF BA648523F4A4F756
EE6C22DC7FD41AFA.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Penitenciario y Carcelario -INPEC- al pago de una indemnización por valor de
$1.045.742.822 COP, a favor del señor Luis Franklin Uparela y otros.
2.2. La sociedad Cuantum Soluciones Financieras S.A., mediante una cesión parcial de
derechos económicos, adquirió el 70% de los derechos económicos reconocidos en favor
de los beneficiarios del proceso de reparación directa: Luis Franklin Aguilar Uparela,
Mónica Patricia Cardona Soto, Weider Steven Aguilar Sarmiento, Franklin Jesús Aguilar
Sarmiento, Shelcea Patricia Aguilar Cardona, Martha María Uparela Vásquez, Luis
Manuel Aguilar Dominguez, Yoana del Carmen Aguilar Uparela, Arnold Alexander Aguilar
Uparela, Osman Eduardo Aguilar Uparela, Ronald Aguilar Uparela y Yesid Yamid Aguilar
Uparela2.
2.3. Mediante Resolución No. 002223 del 5 de abril de 2021, el INPEC 3 reconoció a la
sociedad Cuantum Soluciones (Nit. 900.242.548-7) como cesionaria del 70% de los
derechos económicos concedidos en sentencia, por lo que ordenó girarle la suma de
$934.689.754,60 y el 30% restante, es decir, $400.581.323,40 a la abogada Elsa Esther
Pérez Ortega.
2.4. Posteriormente, la sociedad Cuantum Soluciones Financieras SA promovió proceso
ejecutivo contra el INPEC, con el fin de obtener el cumplimiento íntegro de la condena
impuesta mediante la sentencia del 3 de agosto de 2016, al considerar que la entidad
ejecutada efectuó un pago incompleto.
2.5. Mediante auto de 1° de marzo de 20234, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Cartagena libró mandamiento a favor de Cuantum Soluciones Financieras SA
y contra el INPEC por valor de $385.278.086, más los intereses moratorios causados.
2.6. La parte ejecutante presentó la liquidación del crédito por un valor total de
$710.019.6335.
2.7. Mediante auto del 27 de agosto de 2024 6, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Cartagena negó la solicitud de terminación del proceso por pago total de la
obligación presentada por la parte ejecutada y modificó la liquidación del crédito allegada
por la parte ejecutante, fijándola en la suma de $629.220.388.
2.8. Mediante auto del 2 de diciembre de 2024 7, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Cartagena, en ejercicio del control de legalidad y con fundamento en el
aforismo según el cual los autos ilegales no atan al juez ni a las partes, dejó sin efectos el
numeral segundo del auto del 27 de agosto de 2024, modificó la liquidación del crédito
2
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 9EA3B1E732073889 0E64DC774B4A0304 C2E22AFF92B52D45
D38F5158D1CC5D34, p. 1-2.
3
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 9EA3B1E732073889 0E64DC774B4A0304 C2E22AFF92B52D45
D38F5158D1CC5D34, p. 3-12.
4
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 9EA3B1E732073889 0E64DC774B4A0304 C2E22AFF92B52D45
D38F5158D1CC5D34, p. 13-30.
5
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 9EA3B1E732073889 0E64DC774B4A0304 C2E22AFF92B52D45
D38F5158D1CC5D34, p. 31-32.
6
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 9EA3B1E732073889 0E64DC774B4A0304 C2E22AFF92B52D45
D38F5158D1CC5D34, p. 33-43.
7
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 9EA3B1E732073889 0E64DC774B4A0304 C2E22AFF92B52D45
D38F5158D1CC5D34, p. 44-50.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
presentada por la parte ejecutante, de conformidad con el artículo 446 del Código General
del Proceso, y la fijó en la suma de $440.454.272, monto cuyo pago ordenó al INPEC.
Lo anterior obedeció a que advirtió que la liquidación elaborada por la profesional
contable adscrita a los juzgados administrativos, que sirvió de fundamento para el auto
del 27 de agosto de 2024, había tomado como base el 100% del valor reconocido en la
sentencia que prestaba mérito ejecutivo, pese a que la parte ejecutante únicamente era
titular del 70 % del capital. En consecuencia, la profesional contable elaboró una nueva
liquidación, la cual fue acogida por la autoridad judicial.
2.9. Inconforme con esa decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición.
Sostuvo que la nueva liquidación modificó de manera errónea tanto el capital adeudado
como el cálculo de los intereses moratorios, por lo que afirmó que el valor total de la
obligación ascendía a $707.563.383.
2.10. Mediante auto del 20 de enero de 2025 8, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Cartagena decidió no reponer el auto de 2 de diciembre de 2024.
Explicó que la liquidación presentada por la recurrente incurrió en error, por cuanto no
tuvo en cuenta que los intereses moratorios corrieron desde el 8 de septiembre hasta el 7
de diciembre de 2016, así como entre el 26 de agosto de 2017 hasta el 22 de diciembre de
2020. Respecto a la señora Mónica Patricia Cardona Soto, precisó que los intereses
operaron desde el 8 de septiembre de 2016 y el 7 de diciembre de 2016, y posteriormente
entre el 22 de mayo de 2019 al 22 de diciembre de 2020.
Con fundamento en los cálculos consignados en una tabla, concluyó que el saldo insoluto
del capital adeudado a favor de la hoy accionante, luego de imputar los pagos efectuados
mediante las Resoluciones núms. 004887 del 29 de octubre de 2020 y 002223 del 5 de
abril de 2021, ascendía a $249.825.922. A partir de esa suma proyectó los intereses
moratorios hasta el 28 de mayo de 2024, los cuales fijó en $190.628.350. En
consecuencia, estableció que el valor total adeudado correspondía a $440.454.272.
2.11. La parte actora interpuso recurso de apelación 9 contra el auto de 20 de enero de
2025. Manifestó su desacuerdo con la fecha a partir de la cual el juzgado consideró que
se produjo la segunda causación de intereses moratorios, pues, en su criterio, esta debía
contarse desde el 17 de julio de 2017, de conformidad con un oficio expedido por el
INPEC.
De igual forma, sostuvo que la principal diferencia entre la liquidación elaborada por la
profesional de apoyo contable y la presentada por la parte ejecutante radicaba en el
monto del capital insoluto. Mientras la primera partía de la suma de $249.825.922, la
recurrente afirmaba que dicho capital ascendía a $348.123.467.
Agregó, en un ejercicio de transparencia procesal, que al presentar la demanda incurrió
en un error al determinar el valor del capital, el cual fue reproducido en el mandamiento de
8
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 9EA3B1E732073889 0E64DC774B4A0304 C2E22AFF92B52D45
D38F5158D1CC5D34, p. 60-70.
9
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 9EA3B1E732073889 0E64DC774B4A0304 C2E22AFF92B52D45
D38F5158D1CC5D34, p. 71-82.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
pago. Por ello, estimó necesario corregir la liquidación del crédito, aunque no en los
términos acogidos por el juzgado, sino conforme a los cálculos que aportó, según los
cuales la obligación ascendía a $707.563.383.
2.12. Mediante auto de 6 de marzo de 202510, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Cartagena rechazó por improcedente el recurso de apelación, al considerar
que este se dirigía contra una providencia que resolvía un recurso de reposición, de
conformidad con lo previsto en el artículo 243A del CPACA y el numeral 4 del artículo 318
del Código General del Proceso.
El juzgado explicó que el auto del 2 de diciembre de 2024 no resolvió aspectos nuevos
frente a la providencia inicialmente recurrida ni se configuraba alguna de las excepciones
previstas en la ley.
2.13. Contra esta decisión, la parte actora formuló recurso de reposición y en subsidio
queja11.
Expuso que la controversia se originó con el auto del 2 de diciembre de 2024, mediante el
cual el juzgado modificó de oficio la liquidación del crédito, decisión frente a la cual
interpuso oportunamente recurso de reposición.
Asimismo, sostuvo que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 446 del Código
General del Proceso y el parágrafo 2 del artículo 243 del CPACA, era procedente el
recurso de apelación contra el auto que modifica de oficio la liquidación del crédito, así
como respecto de los demás autos apelables conforme a otros estatutos procesales en
materia ejecutiva.
En ese orden, afirmó que el auto del 2 de diciembre de 2024 era susceptible de apelación
y que la negativa del juzgado a conceder dicho recurso vulneraba sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia.
En respaldo de su postura invocó la Sentencia T-023 de 2024.
2.14. Mediante auto de 5 de mayo de 2025 12, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Cartagena decidió no reponer el auto de 6 de marzo de 2025 y concedió, en
cambio, el recurso de queja, por lo que ordenó remitir el expediente al Tribunal
Administrativo de Bolívar.
El juzgado reiteró que la apelación formulada contra el auto del 20 de enero de 2025 era
improcedente, dado que no es viable conceder dicho recurso contra las providencias que
resuelven un recurso de reposición.
10
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 9EA3B1E732073889 0E64DC774B4A0304 C2E22AFF92B52D45
D38F5158D1CC5D34, p. 83-85.
11
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 9EA3B1E732073889 0E64DC774B4A0304 C2E22AFF92B52D45
D38F5158D1CC5D34, p. 86-89.
12
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 9EA3B1E732073889 0E64DC774B4A0304 C2E22AFF92B52D45
D38F5158D1CC5D34, p. 90-93.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
2.15. En auto de 12 de marzo de 202613, el Tribunal Administrativo de Bolívar modificó el
numeral primero del auto del 6 de marzo de 2025 -no de 2024, como por error se indicó en
la providencia-, en el sentido de rechazar por improcedente el recurso de apelación
interpuesto por la accionante contra el auto del 20 de enero de 2025, con fundamento en
el artículo 318 del Código General del Proceso.
En consecuencia, concluyó que el recurso de apelación había sido correctamente
denegado, con base en la siguiente tesis:
“El Despacho estimará que de conformidad con el artículo 318 del CGP y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, es improcedente el recurso de apelación
contra la decisión que resuelve la reposición interpuesta. Por lo cual, modificará el
numeral primero del auto S-201 del seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro
(2024), y en ese sentido considerará bien denegado el recurso de apelación
presentado por la parte actora contra la decisión adoptada por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Cartagena por medio del cual resolvió rechazar por
improcedente el recurso interpuesto contra el auto contra el Auto 09 del 20 de
enero de 2025.”
Asimismo, señaló:
“Ahora bien, revisado el recurso de queja en contenido, se advierte que la parte
recurrente invocó como argumento que al tratarse de una providencia que proveyó
sobre la modificación de la liquidación de crédito, es procedente la apelación
contra la misma citando el artículo 446 del Código General del Proceso que habla
acerca de las reglas para tener en cuenta al momento de efectuar la liquidación del
crédito y adicional explica que conforme el Artículo 243 del CPACA es viable
apelar otros autos regulado en otros estatutos procesales, en este caso el código
general del proceso.”
Finalmente, precisó que la controversia debía resolverse no solo a la luz del CPACA, sino
también del artículo 318 del Código General del Proceso, norma de la cual se desprende
que el auto que resuelve un recurso de reposición no es susceptible de recurso.
En ese sentido, concluyó:
“Conforme lo anterior la apelación contra el auto que resuelve la reposición frente
a la liquidación del crédito en un proceso ejecutivo no procede, dado que: (i) La
norma expresamente lo excluye. (ii) la jurisprudencia de la corporación de cierre
contenciosa administrativa ha reiterado que admitirla generaría una doble
instancia indebida y afectaría la celeridad propia del proceso ejecutivo.
Visto lo anterior no le asiste razón al recurrente al afirmar que es procedente la
apelación, por cuanto el escrito de apelación no fue dirigido contra la providencia
que resolvió sobre la modificación de la liquidación de crédito, sino contra la
providencia que resolvió sobre la reposición de que se interpuso.
Ahora si bien el recurso de apelación contra la providencia el Auto S-201 de fecha
06 de marzo de 2025 que resolvió la reposición fue rechazado por improcedente
por el juez de instancia, se debe aclarar que los argumentos esgrimidos por el A-
quo no corresponden a los aplicables al caso, en el sentido de basarse en el
artículo 243A del CPACA, sino que debe sustentarse la improcedencia en cuanto
no se encuentra contemplada la posibilidad conforme el artículo 318 del CGP.”
(Subrayas añadidas).
13
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 9EA3B1E732073889 0E64DC774B4A0304 C2E22AFF92B52D45
D38F5158D1CC5D34, p. 94-99.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora formuló las siguientes pretensiones, que se transcriben de manera literal,
incluso con los errores del original. Los resaltados corresponden al texto de la solicitud:
“La solicitud de amparo constitucional en esta situación en particular es el único
mecanismo para proteger los derechos fundamentales quebrantados, por lo tanto,
el mecanismo de amparo de la acción de tutela es la herramienta idónea para
evitar que se configure un perjuicio irreparable con las decisiones judiciales que
vulneraron las derechos y garantías procesales.
PRIMERA: Solicito respetuosamente se conceda la Protección a los Derechos
Fundamentales al DEBIDO PROCESO, así como el ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, en favor de la sociedad CUANTUM
SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.
SEGUNDA: Solicito respetuosamente que se ordene al JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA que, en un término de
Cuarenta y Ocho (48) horas deje sin efectos todas las actuaciones surtidas desde
el Auto 468 de fecha 02 de diciembre de 2024 (inclusive este), mediante el cual
dicho despacho modificó la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo.
TERCERA: Solicito respetuosamente que en el evento de no acceder a la
pretensión anterior, se deje sin efectos el Auto 468 de fecha 02 de diciembre de
2024 en lo que respecta a la liquidación del crédito, y profiera una nueva
providencia debidamente motivada en la que explique de manera clara y razonada
el método de imputación del pago utilizado para determinar la obligación
pendiente por pagar, con indicación de la norma jurídica aplicada, garantizando el
derecho de contradicción de la sociedad CUANTUM SOLUCIONES
FINANCIERAS S.A.
CUARTA: Solicito respetuosamente y de manera subsidiaria, que en el evento de
no acceder a lo solicitado, se ordene al HONORABLE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR que en el ejercicio de sus funciones de segunda
instancia, avoque el conocimiento del fondo de la controversia relativa a la
liquidación del crédito, disponiendo los mecanismos procesales necesarios para
garantizar el derecho de la sociedad CUANTUM SOLUCIONES FINANCIERAS
S.A. a que la liquidación sea revisada materialmente por una instancia superior.
(…)”
En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, la parte actora sostuvo que la
controversia no se circunscribía a una diferencia de criterio interpretativo ni a una
discrepancia sobre la aplicación de una disposición normativa. Por el contrario, afirmó
que se trataba de una irregularidad procesal que afectó sus derechos fundamentales y
garantías procesales, incidió en el cálculo del monto de la obligación y de los intereses
causados, y condujo a una reducción considerable de la acreencia reconocida a su favor,
sin que el operador judicial accediera a corregirla. Agregó que había agotado los recursos
procesales disponibles.
En ese sentido, señaló que el asunto tenía relevancia constitucional, debido a que el
juzgado accionado modificó la liquidación del crédito y alteró el monto del capital insoluto
mediante una metodología que no explicó ni motivó, y que, además, condujo a un
resultado incompatible con las reglas de imputación de pagos. Añadió que la reducción
del valor de la acreencia, sin motivación suficiente y sin permitir que la decisión fuera
revisada por el superior funcional, vulneró los derechos fundamentales invocados.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Aunque el escrito de tutela no fue presentado con la debida organización, de su contenido
se desprende que la inconformidad principal radica en que el juzgado administrativo
determinó que el capital insoluto ascendía a $249.825.922, en lugar de $348.123.467.
Esta circunstancia dio lugar a que la liquidación total se aprobara por $440.454.272, sin
que, a juicio de la accionante, existiera un fundamento jurídico o probatorio, distinto de la
liquidación elaborada por la profesional contable, que explicara la diferencia.
La parte actora sostuvo que la discrepancia se originó en un error metodológico,
consistente en la inaplicación de las reglas previstas en el artículo 1653 del Código Civil.
Afirmó que dicho yerro fue avalado por el juzgado accionado, sin que este explicara su
fundamento ni se pronunciara sobre los cálculos alternativos aportados.
A partir de lo anterior, la accionante formuló los siguientes cargos:
3.1. Defecto fáctico por omisión en la valoración del material probatorio. La parte
actora sostuvo que el juzgado accionado incurrió en un error verificable que debió advertir
al resolver el recurso de reposición, oportunidad en la cual aquella aportó una tabla con el
cálculo que consideraba correcto.
Insistió en que, de conformidad con el artículo 1653 del Código Civil, el pago debía
imputarse primero a los intereses y, posteriormente, al capital remanente. De la aplicación
de esta regla, en su criterio, se seguía que el capital insoluto ascendía a $348.123.467.
Afirmó que dicho elemento fue omitido por el despacho judicial, lo cual configuró el
defecto alegado, pues, al resolver la reposición, guardó silencio sobre el cálculo aportado
y no expuso razones dirigidas a desvirtuar su exactitud. Agregó que el juzgado no
identificó ningún error en la liquidación presentada por la parte ejecutante ni señaló cifra
alguna que hubiera sido aplicada de manera incorrecta.
Según la accionante, el despacho se limitó a reproducir el resultado obtenido por la
profesional contable y a afirmar que el saldo insoluto era distinto del propuesto por la parte
actora, sin explicar el procedimiento mediante el cual arribó a esa conclusión.
En consecuencia, sostuvo que el juez dejó de valorar pruebas oportunamente aportadas
que eran determinantes para resolver el asunto. Esta omisión ocasionó una reducción
considerable del capital que servía de base para la liquidación y, a su vez, incidió
negativamente en el cálculo de los intereses moratorios.
3.2. Falta de motivación. La parte actora alegó que el juzgado accionado no explicó de
manera detallada, suficiente y ajustada a la ley la forma en que debían imputarse los
pagos, el método empleado para efectuar la liquidación ni la norma jurídica en la cual se
sustentó.
Señaló que las providencias cuestionadas se limitaron a exponer el resultado de la
operación, sin establecer una conexión lógica entre los hechos acreditados, el
procedimiento de liquidación y el derecho aplicable.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
3.3. Defecto sustantivo. La accionante sostuvo que las autoridades judiciales incurrieron
en defecto sustantivo, debido a que no aplicaron la regla de imputación de pagos prevista
en el artículo 1653 del Código Civil. En su criterio, actuaron en contravía del tenor literal
de esa disposición o la interpretaron de manera que desnaturalizaron su alcance.
3.4. Irregularidad en el trámite de los recursos. De otra parte, la accionante alegó que
el juzgado dio trámite al recurso de reposición interpuesto contra el auto del 2 de
diciembre de 2024, pese a que el recurso principal e idóneo era el de apelación, de
conformidad con el numeral 3 del artículo 446 del Código General del Proceso.
En consecuencia, sostuvo que, al haberse interpuesto reposición contra el auto que
modificó de oficio la liquidación del crédito, el juzgado, en garantía del acceso a la
administración de justicia, debió rechazarla de plano por improcedente, con el fin de evitar
el vencimiento del término para formular la apelación. Alternativamente, de acuerdo con
el artículo 42 del Código General del Proceso y en aplicación de los principios de
favorabilidad, lealtad procesal, buena fe, tutela judicial efectiva y prevalencia del derecho
sustancial, debió adecuar el recurso y remitirlo al superior para que resolviera la
apelación.
No obstante, según la actora, el juzgado guardó silencio sobre esta circunstancia, resolvió
de fondo un recurso procesalmente ineficaz y solo rechazó la apelación cuando ya había
vencido la oportunidad para interponerla.
Agregó que, aunque reconocía que “se erró” al formular el recurso de reposición, la
vulneración de sus derechos y garantías procesales se originó en la actuación del propio
juzgado, al avalar un cálculo que, en su criterio, no se ajustaba a la ley.
Por tanto, afirmó que el rechazo de la apelación la obligaba a soportar una pérdida
patrimonial considerable como consecuencia de un formalismo que desplazó la justicia
material, vulneró sus derechos fundamentales y le ocasionó un perjuicio irreparable.
3.5. Violación directa de la Constitución. Finalmente, la parte actora alegó la
vulneración directa de los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, porque la
actuación judicial careció de una decisión debidamente motivada, fundada en las pruebas
obrantes en el proceso y sustentada en la disposición legal aplicable a la imputación de
pagos.
En consecuencia, sostuvo que la acción de tutela no solo era procedente, sino necesaria,
debido a la existencia de una falla en la actuación judicial.
A modo de conclusión, afirmó que las providencias cuestionadas incurrieron en los
siguientes defectos:
“defectos fáctico por omisión absoluta en la valoración de la liquidación aportada por
la parte accionante); defecto sustantivo por inaplicación flagrante de la regla de
imputación de pagos del artículo 1653 del Código Civil y Ausencia de Motivación al
validar un resultado matemático dogmático y desprovisto del nexo lógico, así como
violación Directa a la Constitución por la vulneración de los artículos 29 y 229 de la
carta magna”.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 19 de junio de 2026 14, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela formulada contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena; vinculó como tercero con
interés al INPEC; requirió a las autoridades judiciales accionadas, para que quien tuviera
a su cargo, remitiera copia del expediente identificado con el radicado número 13001-33-
33-007-2014-00305-00/01 y se reconoció personería a los apoderados de la parte actora.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.2 El Tribunal Administrativo de Bolívar15 allegó copia del expediente ordinario surtido
ante ese despacho.
4.3. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena 16 solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, con fundamento en las siguientes
razones:
De una parte, sostuvo que sus actuaciones se sustentaron en las normas procesales
aplicables y garantizaron los derechos de contradicción y defensa de las partes.
En cuanto a la presunta aplicación indebida de las reglas de imputación de pagos, señaló
que la liquidación del crédito no obedeció a una actuación arbitraria, sino a la valoración
integral de los elementos obrantes en el proceso. Añadió que el hecho de que el resultado
técnico-contable no coincidiera con las expectativas de la parte interesada no implicaba,
por sí solo, la existencia de una omisión o una indebida valoración probatoria.
Respecto de la alegada falta de motivación de las providencias cuestionadas, afirmó que
estas contenían las razones que sustentaban el sentido de lo resuelto, lo cual permitió a
las partes comprender su alcance y ejercer los mecanismos de impugnación previstos en
el ordenamiento jurídico.
Por otra parte, indicó que no se configuró un cierre arbitrario de los medios de
impugnación, pues el rechazo del recurso de apelación interpuesto contra el auto del 20
de enero de 2025 obedeció a su improcedencia, de conformidad con el Código General
del Proceso. Agregó que la parte interesada pudo acudir al recurso de queja, el cual fue
tramitado y resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
De igual manera, frente al argumento según el cual debió rechazarse de plano el recurso
de reposición interpuesto contra el auto del 2 de diciembre de 2024 o adecuarse su
trámite al de apelación, explicó que, de conformidad con el artículo 318 del Código
General del Proceso, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez.
Por consiguiente, su interposición no era improcedente y el despacho carecía de facultad
para rechazarlo de plano o reconducirlo oficiosamente hacia otro medio de impugnación.
14
Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 07C712E73D44DBE3 4C36DA7A61EE6475 0E6B47DB1E917024
25AECD72FAF14B64.
15
Índice 00008 del aplicativo SAMAI.
16
Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado 40743433A08609BB 872C67F07E8841F1 22029887DC386DAD
8AF1A8FA1FE92C66.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que los cuestionamientos planteados por la
sociedad accionante reflejaban una inconformidad con el criterio jurídico y técnico
adoptado, mas no la configuración de alguno de los defectos que habilitan la intervención
excepcional del juez constitucional.
Finalmente, sostuvo que no se cumplía el requisito de relevancia constitucional, pues la
controversia no trascendía el ámbito de la legalidad, sino que se circunscribía a una
discusión relacionada con la liquidación del crédito, la interpretación de las reglas de
imputación de pagos y la valoración probatoria efectuada dentro del proceso ejecutivo, sin
que se evidenciara una afectación directa, grave y actual de los derechos fundamentales
invocados.
4.4. El Tribunal Administrativo de Bolívar17 se pronunció respecto del auto del 12 de
marzo de 2026, en el sentido de indicar que la apelación formulada no se había dirigido
contra la providencia que resolvió sobre la modificación de la liquidación del crédito, sino
contra la que estudió la reposición presentada. Así las cosas, en tanto las providencias
que resuelven sobre la reposición no son susceptibles de nuevos recursos, la
consecuencia era el rechazo, como fue argumentado. Por último, indicó que la tutela no
versaba sobre un asunto de relevancia constitucional, pues se buscaba discutir asuntos
de índole jurídico y procesal abordados por las autoridades accionadas.
4.5. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario18 -INPEC- solicitó declarar su falta
de legitimación en la causa por pasiva, pues la competencia para resolver las
inconformidades de la parte actora era del Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez que la
sociedad Cuantum Soluciones Financieras SA es titular de los derechos fundamentales
que estima vulnerados, en su condición de demandante en el trámite ejecutivo seguido a
sentencia en el radicado 13001-33-33-007-2014-00305-00/01.
2.2. De igual manera, está acreditada la legitimación en la causa por pasiva, en tanto el
Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Cartagena son las autoridades judiciales que profirieron las decisiones que según la parte
actora vulneraron sus derechos fundamentales.
17
Índice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado 5E70A7D87426A467 EE228BB523AB02B9 F28CB38C033EA286
1806938656481C41.
18
Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado 6E364BB9A4CF576E A907DDC33C1915A3 9BC65D8D895D9EFF
D0ECDD05D8003520.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 19 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela20 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto21.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”22.
19
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
21
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”23.
En línea con lo anterior, en la Sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
23
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
en la sociedad o en el orden jurídico; y iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 24.
4.2. Subsidiariedad
Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se
desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 25.
Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el amparo
se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios que el
legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: (i)
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de
defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos atiendan un mínimo de
diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial 26.
De forma más reciente, la Corte Constitucional ha rememorado “escenarios en los que las
tutelas contra providencia judicial se tornan improcedentes por ausencia del principio de
subsidiariedad, en concreto cuando: (i) el asunto se encuentra en trámite; (ii) no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y (iii) se usa para
revivir etapas procesales en las cuales se dejaron de emplear los recursos o etapas
procesales previstos en el ordenamiento jurídico. En igual sentido, la Sala Plena precisó
que la improcedencia de la tutela por falta de acreditación de la subsidiariedad también
opera cuando ‘el asunto que dio lugar al defecto no haya sido previamente alegado’
(…)”27.
Esta interpretación rígida del requisito de subsidiariedad tiene como sustento el mismo
debido proceso, en tanto las etapas, procedimientos y recursos del proceso son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales. Asimismo, garantiza la autonomía
e independencia judicial28.
24
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
25
“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a
su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
26
Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-177 de 2025, M.P. Juan Carlos Cortés González.
28
Ibidem.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
5. Caso concreto
La Sala abordará de manera diferenciada los reproches dirigidos contra las decisiones
proferidas por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
5.1. Subsidiariedad frente a las decisiones del Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Cartagena:
La parte actora dirigió la acción de tutela contra las siguientes decisiones proferidas por el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena:
(i) el auto del 2 de diciembre de 2024, mediante el cual se modificó la liquidación
del crédito;
(ii) el auto del 20 de enero de 2025, por medio del cual no se repuso la decisión
anterior;
(iii) el auto del 6 de marzo de 2025, a través del cual se rechazó el recurso de
apelación interpuesto;
(iv) el auto de 5 de mayo de 2025, mediante el cual no se repuso la decisión
cuestionada y se concedió el recurso de queja.
En esencia, la accionante alegó los siguientes defectos: (i) defecto fáctico, por omisión en
la valoración del material probatorio, al considerar que el capital insoluto ascendía a
$348.123.467 y no al valor determinado por el juzgado, sin atender la liquidación
presentada por la ejecutante; (ii) falta de motivación, porque no se explicó de manera
suficiente la forma en que debían imputarse los pagos ni el método utilizado para efectuar
la liquidación; (iii) defecto sustantivo, por la inaplicación de la regla de imputación de
pagos prevista en el artículo 1653 del Código Civil; y (iv) violación directa de los artículos
29 y 229 de la Constitución Política, como consecuencia de los anteriores defectos.
A partir de estos planteamientos, la Sala advierte que, en realidad, los reparos se dirigen
principalmente contra los autos del 2 de diciembre de 2024 y del 20 de enero de 2025,
mediante los cuales el juzgado se pronunció sobre la liquidación del crédito.
No obstante, del propio relato efectuado por la parte actora se desprende que contra el
auto que modifica de oficio la liquidación del crédito procede el recurso de apelación, de
conformidad con el numeral 3 del artículo 446 del Código General del Proceso. Pese a
ello, dicho mecanismo de defensa judicial no fue ejercido oportunamente.
En ese orden, la Sala observa que era en esa etapa procesal donde la parte debía ejercer
plenamente su derecho de defensa y exponer los argumentos que ahora plantea en sede
constitucional. En consecuencia, concluye que no agotó los medios ordinarios de defensa
previstos al interior del proceso judicial.
Sobre este aspecto, la parte actora sostiene que el recurso de apelación constituía el
medio principal e idóneo para controvertir la decisión. En esa medida, afirma que el
juzgado, en garantía del acceso a la administración de justicia, debió: (i) rechazar de
plano el recurso de reposición por improcedente, con el fin de evitar el vencimiento del
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
término para interponer la apelación; o (ii) con fundamento en el artículo 42 del Código
General del Proceso y en aplicación de los principios de favorabilidad, lealtad procesal,
buena fe, tutela judicial efectiva y prevalencia del derecho sustancial, adecuar el trámite y
remitir el asunto al superior funcional para que resolviera el recurso de apelación.
Sin embargo, la Sala no pasa por alto que fue la propia parte actora quien optó por
interponer el recurso de reposición, de manera que la valoración acerca de su utilidad o
inutilidad corresponde exclusivamente a su esfera de actuación procesal. Del mismo
modo, no encuentra fundamento para sostener que dicho recurso debió rechazarse de
plano por improcedente, pues el juzgado sustentó su procedencia en los artículos 236 y
242 del CPACA.
En ese contexto, si el recurso de reposición era procedente, no resultaba viable acudir a
mecanismos de adecuación o corrección procesal, como el previsto en el parágrafo del
artículo 318 del Código General del Proceso. En efecto, la Sala no advierte que la
reposición hubiera sido manifiestamente improcedente, precisamente porque su
procedencia encontraba sustento en el artículo 242 del CPACA.
Bajo ese entendido, la acción de tutela no está concebida para reabrir etapas procesales
que las partes dejaron precluir, subsanar omisiones atribuibles a su propia actuación o
convertirse en una instancia adicional para plantear controversias que pudieron
formularse oportunamente ante el juez natural. Asimismo, la accionante no acreditó la
existencia de circunstancias excepcionales que permitieran flexibilizar el requisito de
subsidiariedad. En particular, no ostenta la condición de sujeto de especial protección
constitucional ni demostró la configuración de un perjuicio irremediable que justificara la
intervención inmediata del juez de tutela, pese a haberlo alegado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela respecto
de las decisiones proferidas por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Cartagena, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
5.2. Falta de relevancia constitucional frente al auto del 12 de marzo de 2026 del
Tribunal Administrativo de Bolívar
La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional respecto del auto del 12 de marzo de 2026 proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, toda vez que la parte actora no formuló reproches concretos
dirigidos contra esa providencia. Como se expuso en precedencia, sus cuestionamientos
se concentran, en realidad, en los autos del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Cartagena mediante los cuales se resolvió la liquidación del crédito.
En efecto, aunque el escrito de tutela desarrolla una argumentación amplia y
estructurada, de su contenido no se desprende de qué manera los defectos alegados se
predican de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, cuya
motivación estuvo circunscrita a explicar las razones por las cuales el recurso de
apelación fue correctamente denegado.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Ahora bien, la Sala observa, de oficio, que el tribunal atribuyó de manera inadecuada el
contenido de una cita a una providencia de esta Corporación. Sin embargo, esa
circunstancia no fue planteada por la parte actora como fundamento de la solicitud de
amparo, quien, como se indicó, dirigió sus reparos exclusivamente contra la liquidación
del crédito efectuada por el juzgado de conocimiento.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta la
simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su
carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe
aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración29.
Por consiguiente, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite ordinario.
Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo
pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada30, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 31.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por no
superar el requisito de relevancia constitucional en relación con la providencia en
mención.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
29
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
30
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
31
Ibidem.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04666-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Cuantum
Soluciones Financieras SA contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena, por no satisfacer los requisitos de
relevancia constitucional ni de subsidiariedad.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
LMSG
17
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.