Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04674-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04674-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04674-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
24 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04674-00
Accionantes: Moris Ángel Sánchez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04674-00
Accionante: Moris Ángel Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Tutela contra
actuaciones en proceso de cobro coactivo. Requisitos generales y especiales de procedencia.
Inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Moris Ángel Sánchez, José Álvaro
Ángel Sánchez, Carlos Julio Sánchez, Enrique Ángel Sánchez, Reinaldo Ángel
Sánchez, Yuli Milena Borja Ángel, María Emilgen Ángel Sánchez, Lucy Eleana
Marroquín Sánchez y Nubia Ángel Sánchez en contra del Tribunal Administrativo del
Tolima.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El abogado Carlos Arturo Rodríguez Alarcón 1, quien manifestó actuar como
apoderado judicial de Moris Ángel Sánchez, José Álvaro Ángel Sánchez, Carlos Julio
Sánchez, Enrique Ángel Sánchez, Reinaldo Ángel Sánchez, Yuli Milena Borja Ángel,
María Emilgen Ángel Sánchez, Lucy Eleana Marroquín Sánchez y Nubia Ángel
Sánchez, presentó acción de tutela con el propósito de obtener la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
a la igualdad, a la familia y a la reparación 2, los cuales estimó vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Tolima, con ocasión de la sentencia del 24 de octubre de
2024, mediante la cual confirmó el fallo proferido el 9 de marzo de 2021 por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado núm. 73001-33-33-001-2017-00235-
02.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04674-00
Accionante: Moris Ángel Sánchez y otros
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. Marco Fidel Ángel Sánchez, de 30 años de edad, salió de su residencia el 22 de
diciembre de 2007, luego de culminar sus labores agrícolas, para reunirse con unos
amigos en el municipio de Rovira, Tolima, sin que desde entonces se volviera a tener
conocimiento de su paradero.
2.2. Ante su desaparición, sus familiares iniciaron su búsqueda y conocieron que, en
la noche del 22 de diciembre de 2007, se habían escuchado disparos en el sector
conocido como La Recebera, entre las veredas Martínez y Boquerón. Posteriormente,
el Ejército Nacional informó que, en desarrollo de un combate con integrantes de un
grupo guerrillero, había fallecido un presunto subversivo, quien correspondía a Marco
Fidel Ángel Sánchez. Su cuerpo fue entregado a la familia varios días después, pese
a que inicialmente había sido inhumado como persona no identificada.
2.3. El 24 de diciembre de 2007, el Comando del Ejército Nacional reportó
oficialmente que tropas del Batallón Contraguerrilla No. 6 Pijaos sostuvieron un
enfrentamiento armado en el que resultó muerto un presunto integrante de un grupo
insurgente, lo que dio lugar a la apertura de actuaciones disciplinarias y penales en la
jurisdicción penal militar.
2.4. Con posterioridad, los familiares de Marco Fidel Ángel Sánchez denunciaron ante
la Fiscalía General de la Nación que su muerte no ocurrió en combate, sino que habría
correspondido a una ejecución extrajudicial atribuida a integrantes del Ejército
Nacional, quienes presuntamente lo presentaron falsamente como guerrillero dado de
baja en combate.
2.5. En el curso de la investigación penal se recaudaron elementos de prueba, entre
ellos la declaración de un indiciado que señaló que la víctima fue conducida mediante
engaños al lugar de los hechos, donde integrantes del Ejército Nacional le causaron la
muerte y posteriormente alteraron la escena para simular un enfrentamiento armado.
2.6. Como consecuencia de lo anterior, la investigación fue reorientada por el delito de
homicidio en persona protegida y asignada a la Unidad de Derechos Humanos de la
Fiscalía General de la Nación. Finalmente, el 24 de octubre de 2016, la Fiscalía
Cuarta de dicha Unidad presentó escrito de acusación contra Edwin Hermides
Posada Posada y otros procesados por los delitos de homicidio en persona protegida
y concierto para delinquir.
2.7. Con ocasión de lo anterior, la parte actora promovió demanda en ejercicio del
medio de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional, con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente
responsable por los perjuicios materiales y morales, por la muerte de Marco Fidel
Ángel Sánchez por acción de miembros del pelotón “Depredador”, adscrito al Batallón
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Accionante: Moris Ángel Sánchez y otros
de Infantería No. 18 “Jaime Rooke”, en actos irregulares que no forman parte del
servicio.
2.8. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Ibagué bajo el radicado número 73001-33-33-001-2017-00235-00,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 9 de marzo de 2021, declaró probada
de oficio la excepción de caducidad del medio de control, tras considerar que
conforme a la documental presentada en el proceso, no existió duda que el señor
Marco Fidel Ángel Sánchez murió a manos de integrantes del Ejército Nacional en
circunstancias que aún eran objeto de investigación en el proceso penal, por lo que
los demandantes conocían esta situación desde el principio, es decir, advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial al Estado desde el año 2008, sin
embargo, no lo hicieron dentro del término señalado en la ley.
Concluyó que atendiendo la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en este caso, se configuraba el fenómeno de la caducidad, porque el hecho
que causó el daño tuvo que ser conocido por los demandantes desde el 14 de julio de
2008 y la demanda se presentó hasta el 2 de agosto de 2017, término que ni siquiera
pudo ser suspendido con la solicitud de conciliación extrajudicial, pues, para ese
momento ya había vencido el término para presentar la demanda a través del medio
de control de reparación directa.
2.9. Inconforme con dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación. El
Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 24 de octubre de 2024,
confirmó el fallo de primera instancia.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
Como pretensiones la parte actora solicitó:
“PRIMERO: Que sean AMPARADOS y/o TUTELADOS, los derechos
fundamentales invocados derivados de la responsabilidad patrimonial del Estado
a favor de la señora MORIS ÁNGEL SÁNCHES (sic) Y OTROS, los cuales fueron
vulnerados dentro del MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA en
contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO
NACIONAL, por la decisión de segunda instancia del 24 de OCTUBRE de 2.024,
bajo el Radicado No. 73001-33-33-001-2017-00235-01, proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, PONENTE: MAGISTRADO LUIS
EDUARDO COLLAZOS OLAYA, quien CONFIRMÓ la sentencia de primera
instancia fallada por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE IBAGUÉ, TOLIMA, declarando la excepción de caducidad.
En consecuencia, de lo anterior,
SEGUNDA: Se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del 29 de mayo
de 2.025 (sic), bajo el Radicado No. 73001-33-33-001-2017-00235-01, proferido
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, PONENTE: MAGISTRADO
LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA, y en su lugar, se ordene al accionado
dictar una nueva decisión de reemplazo acogiendo los siguientes puntos:
• Garantizar los derechos invocados por las accionantes efectuando un análisis
juicioso de la CADUCIDAD del MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04674-00
Accionante: Moris Ángel Sánchez y otros
DIRECTA citado, desde una perspectiva favorable y flexible a los intereses de las
víctimas por tratarse de un delito grave que se constituye de lesa humanidad.
• Que se realice un análisis juicioso del material probatorio obrante en el proceso
por tratarse de un caso particular debido a las circunstancias de tiempo, modo y
lugar de ocurrencia de los hechos, donde hubo participación de la RIME 5 con el
aporte de inteligencia para fraguar la EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL U
HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA del señor MARCO FIDEL ÁNGEL
SÁNCHEZ.
TERCERA: Que se ordene por la Secretaría General, se libren las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991”3.
Como fundamento de sus pretensiones, sostuvo que la decisión cuestionada
desconoció el precedente contenido en la sentencia de unificación emitida el 29 de
enero de 2020 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que estableció que el
término de caducidad comienza a contarse desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y que dicho término no se aplica
cuando existen situaciones que hayan impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción.
Asimismo, indicó que la providencia censurada omitió aplicar la sentencia SU-241 de
2024 proferida por la Corte Constitucional, en la que se señaló que “la sola ocurrencia
del hecho dañoso no es suficiente para iniciar el cómputo del término de caducidad, y
que el juez debe realizar una valoración de las circunstancias particulares del caso,
analizando: (i) la calidad de los accionantes como sujetos de especial protección
constitucional por haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos; (ii) el
momento en que las víctimas tuvieron la posibilidad real de advertir que la pretensión
de reparación directa resultaba procedente; y (iii) la posibilidad material de las
víctimas de acudir a la justicia dada su situación de vulnerabilidad” 4.
Adujo que se configuró un defecto fáctico dado que el tribunal desconoció el cúmulo
de pruebas obrantes en el plenario que mostraban con certeza que la víctima directa
Marco Fidel Ángel Sánchez fue ejecutado extrajudicialmente por miembros del
Ejército Nacional, configurándose un delito de lesa humanidad, por lo que debía
otorgársele un tratamiento especial al caso. Afirmó que, pese a que el tribunal hizo
mención a la tesis unificada vigente para ese momento, de cara al análisis probatorio,
no aplicó adecuadamente el parámetro allí definido, dado que determinó que el
término empezó a correr cuando la víctima se entera por el simple hecho de presentar
ante la Fiscalía la denuncia para que se investigaran los hechos y los presuntos
responsables de la muerte de su familiar, cuando la única respuesta oficial por parte
del Ejército siempre se sostuvo en operaciones militares lícitas, y no cuando
efectivamente se tiene la certeza que los miembros del Ejército Nacional participaron
en medio de una operación militar irregular, situación que se probó más adelante por
medio de la investigación penal ordinaria.
3
Ibid.
4
Ibid.
4
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Accionante: Moris Ángel Sánchez y otros
Manifestó que en la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, no se
advierte por ningún lado un control de convencionalidad, teniendo en cuenta la
gravedad de los hechos, ya que prescindió de las disposiciones internacionales
contenidas en tratados ratificados por Colombia, y en tal medida reconocidas como
vigentes en el país, que “eran necesarias para efectuar una interpretación sistemática
de la normatividad aplicable al presente caso de la EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL u
HOMICIDIO de MARCO FIDEL ÁNGEL SÁNCHEZ”5.
En relación con el requisito de inmediatez, la parte actora sostuvo que, aunque la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 24 de octubre de 2024 y la acción de
tutela se promovió durante el primer semestre de 2026, la aparente tardanza se
encontraba plenamente justificada.
Expuso, en primer lugar, que los accionantes residen en zonas rurales de los
departamentos del Tolima y Quindío, donde las dificultades de acceso a servicios de
telefonía e internet les impiden conocer oportunamente las decisiones judiciales y
acceder con facilidad a asesoría jurídica. En segundo lugar, afirmó que, debido a su
condición de campesinos y trabajadores rurales en situación de vulnerabilidad, no
contaban con los recursos económicos ni con acceso inmediato a un profesional del
derecho que los orientara sobre la procedencia y los términos para interponer la
acción de tutela. Asimismo, indicó que, por ser familiares de una presunta víctima de
ejecución extrajudicial, ostentan la condición de víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos, lo que exige una valoración flexible del requisito de inmediatez.
Finalmente, sostuvo que la presunta vulneración de sus derechos fundamentales se
mantiene en el tiempo, en tanto las providencias cuestionadas les impiden acceder a
la administración de justicia.
Adujo que, con fundamento en la SU-108 de 2018, en el presente caso concurren
circunstancias que justifican la presentación de la tutela por fuera del término
ordinariamente exigible, derivadas de la imposibilidad razonable para promoverla
oportunamente y de la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentran los
accionantes.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 23 de junio de 20266, el despacho de la magistrada ponente admitió
la acción de tutela; vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Ibagué y a la Nación-Ministerio de Defensa Ejército
Nacional; solicitó a la autoridad judicial accionada el envío del expediente del proceso
ordinario; requirió al abogado Carlos Arturo Rodríguez Alarcón para que aportara
nuevos poderes especiales conferidos por los accionantes, en los que indique el
número de radicado y los datos del proceso ordinario en el que se profirió la
5
Ibid.
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96FE0472E91707C0.
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Accionante: Moris Ángel Sánchez y otros
providencia en contra de la cual se presenta la acción de tutela; ordenó la notificación
a las partes, y dispuso la suspensión de los términos.
Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Ministerio de Defensa-Ejército Nacional7 se opuso a las pretensiones de la
acción bajo el argumento de que no se configuró la vulneración alegada. Indicó que,
el hecho que la parte actora se encuentre inconforme con las actuaciones procesales,
sustanciales y procedimentales surtidas, no las hace ilegales, máxime teniendo en
cuenta que cada etapa surtida tanto en primera como en segunda instancia
cumplieron a cabalidad lo establecido en la norma, atendiendo a la naturaleza del
medio de control.
4.2. El abogado Carlos Arturo Rodríguez Alarcón 8 allegó los poderes con la
corrección indicada por el despacho.
4.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué 9, a través de la
ponente de la sentencia de primera instancia proferida en el proceso ordinario
cuestionado, sostuvo que en la decisión adoptada por ese despacho se procedió de
buena fe, dentro de los parámetros legales y jurisprudenciales, y que cada una de las
actuaciones procesales desplegadas dentro del medio de control de reparación
directa objeto de debate en esta acción constitucional, fueron debidamente
notificadas a las partes y se realizaron las publicaciones correspondientes en el
sistema SAMAI para su respectiva consulta. Por lo anterior, advirtió que en ningún
momento se vulneraron los derechos fundamentales alegados por el actor.
Adicionalmente, aportó copia del expediente digital.
4.4. El Tribunal Administrativo del Tolima10 solicitó declarar la improcedencia de la
acción por no superar los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez.
Sostuvo que la presente acción de tutela pretende convertir el trámite constitucional
en una instancia adicional para controvertir decisiones adoptadas por la jurisdicción
contencioso administrativa. Indicó que el debate se circunscribió a la verificación de
los presupuestos para acudir al medio de control de reparación directa por la presunta
responsabilidad del Estado en la muerte de Marco Fidel Ángel Sánchez, aspectos que
fueron analizados y definidos por los jueces naturales, en consecuencia, afirmó que el
asunto carece de relevancia constitucional y que las providencias cuestionadas no
evidencian arbitrariedad ni vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso o de acceso a la administración de justicia.
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Accionante: Moris Ángel Sánchez y otros
Por otra parte, indicó que no se supera el requisito de inmediatez en la medida en que
la decisión cuestionada fue expedida el 24 de octubre de 2024 y la presente acción de
tutela se radicó en junio del presente año, es decir, 1 año y 8 meses después de que
adquiriera firmeza la decisión que aquí pretende debatirse, sin que se observen
circunstancias concretas que impidieran a las partes acudir a la acción de tutela. Lo
anterior, teniendo en cuenta que estaban asesorados judicialmente en el proceso
contencioso administrativo, ejercieron los medios ordinarios correspondientes para
controvertir la decisión que declaró la caducidad del medio de control de reparación
directa.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
Moris Ángel Sánchez, José Álvaro Ángel Sánchez, Carlos Julio Sánchez, Enrique
Ángel Sánchez, Reinaldo Ángel Sánchez, Yuli Milena Borja Ángel, María Emilgen
Ángel Sánchez, Lucy Eleana Marroquín Sánchez y Nubia Ángel Sánchez son los
titulares de los derechos fundamentales que afirman les fueron vulnerados, en su
condición de demandantes dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado núm. 73001-33-33-001-2017-00235-02.
2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto el Tribunal Administrativo del Tolima fue la autoridad que profirió la
decisión que, según los tutelantes, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
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Accionante: Moris Ángel Sánchez y otros
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela12 y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 14.
4.1. Inmediatez
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la
premisa de que su objeto no es otro que la protección inmediata de los derechos
fundamentales.
Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta
como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica
que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 15, según
11
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de
tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de
fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que
se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que
generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el
fallo censurado no sea de tutela
13
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en
el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
15
La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente
sentido:
“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso
dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el
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Accionante: Moris Ángel Sánchez y otros
las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose
de acciones de tutela contra providencias judiciales, la garantía de los principios que
dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad 16, al punto que la Corte
Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6)
meses17.
El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias
fácticas que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las
siguientes variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante
una situación excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en
mención:
“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos
de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de
la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual (…)”18.
término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa,
el juez está en la obligación de verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que
se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que
desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la realización de la justicia,
por lo que este requisito debe ser más exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es una providencia judicial
precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones
judiciales estaría siempre a la espera de una controversia constitucional”.
16
Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos:
“la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el
análisis de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada, pues ´la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´.
En otras palabras, ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las
decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin
límite de tiempo… En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y
cual el alcance de [e]stos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de
justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme
inestabilidad jurídica´”. || Sobre este punto, ver también las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de
2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
17
Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han
definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este
criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que,
explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también en
las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a
partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya
mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de 2013 y
T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía
judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y
proporcional, toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la
tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la
acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”.
18
Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la
Corte Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de
2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
9
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04674-00
Accionante: Moris Ángel Sánchez y otros
La jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito de inmediatez se
supera cuando “[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta vulneración”19.
Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el término razonable
que define la inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente” 20.
En este escenario, el examen de inmediatez en el trámite de tutela en contra de
providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el
hecho generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de la
misma seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales. La
jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la afectación que surge de
una providencia ocurre cuando la parte lo conoce, lo que resulta identificable desde el
trámite de perfeccionarse su notificación y ejecutoria.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
inmediatez, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo del Tolima vulneró sus garantías fundamentales al proferir la
sentencia del 24 de octubre de 2024 dentro del proceso de reparación directa
adelantado bajo el radicado número 73001-33-33-001-2017-00235-02. En concreto,
la inconformidad de la parte actora radicó en que, en su sentir, la decisión incurrió en i)
desconocimiento del precedente judicial y constitucional, ii) defecto fáctico y, iii)
defecto sustantivo.
5.2. Ahora bien, del análisis de las pruebas allegadas al trámite de tutela y en especial
de la revisión del expediente digital en el aplicativo Samai, es pertinente tener en
cuenta que la sentencia del 24 de octubre de 2024 proferida en el trámite del proceso
de reparación directa se notificó a las partes mediante correo electrónico enviado el
30 de octubre de 202421. Por lo tanto, conforme a la constancia secretarial que
reposa en el índice 000016 del aplicativo SAMAI del proceso ordinario 22, la
mencionada decisión cobró ejecutoria el 8 de noviembre siguiente.
Habida cuenta de ello, la Sala constató que la solicitud de amparo fue radicada el 16
de junio de 202623, es decir, transcurridos un (1) año, siete (7) meses y ocho (8) días
19
Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
20
Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de
2014.Resaltado fuera del texto original.
21
Índice 00015 del expediente digital de reparación directa radicado 73001-33-33-001-2017-00235-02 en el
aplicativo SAMAI, certificado BA648651DDBB3A3F FB720F9C26E835EF 01633A69C664B29A
735E4124E6D1C03.
22
Índice 00016 del expediente digital de reparación directa radicado 73001-33-33-001-2017-00235-02 en el
aplicativo SAMAI, certificado 5658D649B7E5D4D6 EAE6116563EC0352 E0189A55E0039F16
F40D48E8E529F9DE.
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0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04674-00
Accionante: Moris Ángel Sánchez y otros
posterior a la ejecutoria de la aludida sentencia, lapso superior al establecido por la
jurisprudencia constitucional.
5.3. Ahora bien, como se indicó, la jurisprudencia constitucional ha permitido
flexibilizar dicho lapso cuando en el caso concreto se presenten circunstancias
fácticas o situaciones excepcionales que justifiquen la inactividad del accionante para
acudir ante el juez de tutela. Algunas de aquellas situaciones son las siguientes: “(i)
cuando exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es
actual”24.
En este punto se pone de presente que, para justificar la flexibilización del requisito de
inmediatez, la parte actora sostuvo que los accionantes residen en zonas rurales con
limitaciones de acceso a servicios de comunicación y asesoría jurídica, son
campesinos en condición de vulnerabilidad y familiares de una presunta víctima de
ejecución extrajudicial, circunstancias que, a su juicio, ameritan una valoración
flexible de dicho presupuesto. Agregó que la vulneración de sus derechos
fundamentales se mantiene en el tiempo, al persistir la afectación de su derecho de
acceso a la administración de justicia.
Adicionalmente, con el escrito de tutela, aportó una declaración juramentada en la que
uno de los accionantes25 indicó que no habían presentado la solicitud de amparo
porque: i) no tenían conocimiento de que existía una alternativa para cuestionar la
decisión del tribunal; ii) pertenecen a una población vulnerable de escasos recursos
en la que las comunicaciones se dificultan; iii) tuvieron que afrontar la muerte de su
madre, sin que pudiera tener acceso a la administración de justicia.
Al respecto, la Sala considera que se encuentra objetivamente acreditado el
incumplimiento del requisito de inmediatez, y si bien la parte actora alegó ser víctima
de un crimen de lesa humanidad, derivado de la ejecución extrajudicial de su familiar,
y sostuvo que enfrenta barreras geográficas, económicas, sociales y educativas que
dificultan su acceso oportuno a la jurisdicción, tales circunstancias, por sí solas, no
justifican automáticamente la extemporaneidad en la interposición de la acción de
tutela; además, no se acreditó de manera concreta ninguna de las situaciones
excepcionales mencionadas.
23
Índice 00002 expediente de primera instancia del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 531512E5D41667C3
29DEE438308654EF 12F8770197882376 1DC99C0399F5A5B7.
24
Cfr. sentencias: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de
2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
25
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 46CEF580C355124A DAF1DCEA7A8F3C4D
3C5AD9AD2244B255 C0071E7D856AB1C6, páginas 102 y 103.
11
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04674-00
Accionante: Moris Ángel Sánchez y otros
Además, aunque la parte actora afirmó que la transgresión de sus derechos
fundamentales persiste en el tiempo, lo cierto es que la acción de tutela fue
presentada con el propósito específico de que se dejara sin efectos la sentencia del
24 de octubre de 2024; sin embargo, en la providencia judicial cuestionada no se
adoptaron medidas orientadas a conjurar la situación alegada por la demandante; por
el contrario, se trató de un proceso estrictamente indemnizatorio por el daño imputado
al Estado, de modo que cualquier yerro atribuido a dicha sentencia debió ser
cuestionado en forma oportuna, sin que la naturaleza del daño discutido en el proceso
ordinario justifique la interposición extemporánea de la acción de tutela.
Por otra parte, la Sala considera necesario precisar que, si bien la condición de sujeto
de especial protección constitucional exige una valoración más comprensiva de las
barreras materiales que puedan dificultar el acceso efectivo a la administración de
justicia, también impone a la parte actora el deber de acreditar razonablemente las
causas que le impidieron actuar con la debida diligencia procesal.
Así las cosas, para la Subsección los argumentos planteados por la parte actora no
son suficientes para flexibilizar el estudio de la inmediatez, pues no demuestran la
configuración de una situación o circunstancia especial que justifique su inactividad.
Por el contrario, hacen que se pierda el carácter de urgencia de la protección de los
derechos invocados, máxime si se tiene en cuenta que en el proceso ordinario fueron
representados por un profesional del derecho.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado, por no
superar el requisito de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Moris
Ángel Sánchez, José Álvaro Ángel Sánchez, Carlos Julio Sánchez, Enrique Ángel
Sánchez, Reinaldo Ángel Sánchez, Yuli Milena Borja Ángel, María Emilgen Ángel
Sánchez, Lucy Eleana Marroquín Sánchez y Nubia Ángel Sánchez contra el Tribunal
Administrativo del Tolima, por no superar el requisito de inmediatez, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
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0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04674-00
Accionante: Moris Ángel Sánchez y otros
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF
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