Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04708-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04708-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04708-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04708-00
Accionante: ELEAZAR ORTIZ BEYTAR
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Hecho superado cuando la autoridad satisface lo solicitado sin que medie la orden
del juez. PETICIÓN-Circunstancias en que se entiende vulnerado el derecho. PETICIÓN-Respuesta de fondo, clara,
congruente y oportuna.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Eleazar Ortiz Beytar contra el Tribunal
Administrativo del Chocó.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 18 de junio de 2026, Eleazar Ortiz Beytar, en nombre propio, formuló acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición y debido
proceso administrativo. Los hechos se fundamentan en que el accionante el 21 de mayo
de 2026 presentó una petición ante el Tribunal Administrativo del Chocó solicitando
información y documentos relacionados con la provisión del cargo de escribiente que
quedó vacante desde el 1 de mayo de 2026; sin embargo, a la fecha de interposición de
la acción de tutela, la entidad no había emitido respuesta de fondo, clara, oportuna ni
completa, pese a haber transcurrido el término legal de diez días hábiles previsto en la
Ley 1755 de 2015, situación que, según el accionante, vulnera sus derechos
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04708-00
Accionante: Eleazar Ortiz Beytar
Acción de tutela–Primera instancia
fundamentales señalados, además de impedir el ejercicio del control ciudadano y la
transparencia en la provisión del cargo público.
En virtud del amparo, el accionante solicitó textualmente:
«PRIMERA.
Amparar mis derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Chocó.
SEGUNDA.
Ordenar al Tribunal Administrativo del Chocó que, dentro del término perentorio
que fije el despacho, emita respuesta de fondo, clara, precisa y congruente
respecto de las solicitudes radicadas el 21 de mayo de 2026.
TERCERA.
Ordenar que la respuesta sea notificada al suscrito en el correo electrónico
indicado, dejando constancia de su envío.»
2. Hechos relevantes
El señor Eleazar Ortiz Beytar señala que el 21 de mayo de 2026 presentó, por medio de
correo electrónico, varias solicitudes de información al Tribunal Administrativo del Chocó
relacionadas con la provisión del cargo de escribiente de esa corporación, el cual quedó
vacante de manera definitiva a partir del 1.º de mayo de 2026 como consecuencia de la
renuncia a la carrera judicial y posterior jubilación de quien ocupaba dicho empleo, la
señora Sara Ashook Ricard.
Explica que, mediante los derechos de petición radicados, solicitó información acerca de
la existencia de alguna convocatoria o citación para proveer el referido cargo vacante;
copia del acta de Sala Plena en la que se hubiera dispuesto la citación para efectuar el
nombramiento; copia del acta de Sala en la cual se hubiera realizado el nombramiento;
copia digital de los reglamentos internos del Tribunal Administrativo del Chocó; e
información sobre si el cargo había sido efectivamente provisto al finalizar el 30 de abril
de 2026.
Afirma que, al momento de presentar la acción constitucional, el Tribunal Administrativo
del Chocó no había emitido una respuesta de fondo, clara, completa ni oportuna respecto
de ninguna de las solicitudes formuladas. Sostiene que la entidad accionada guardó
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Accionante: Eleazar Ortiz Beytar
Acción de tutela–Primera instancia
silencio pese a haber transcurrido el término legal previsto para resolver peticiones de
información y entrega de documentos.
El accionante indica que la conducta omisiva de la autoridad demandada desconoce los
plazos establecidos en la Ley 1755 de 2015, según la cual las solicitudes de información
y de documentos deben ser resueltas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su
recepción. En su criterio, dicho término había sido ampliamente superado sin que
existiera justificación alguna por parte de la entidad requerida.
Dicha situación dio lugar a la interposición de la acción de tutela el 18 de junio de 2026
por parte del señor Eleazar Ortiz Beytar.
3. Fundamentos de la acción
El accionante fundamentó la acción en los artículos 23, 29 y 86 de la Constitución Política
y la Ley 1755 de 2015, señalando que las autoridades están obligadas a emitir respuestas
oportunas, claras, de fondo y debidamente notificadas. Asimismo, afirma que las
solicitudes de información y copias deben resolverse dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su recepción.
4. Trámite procesal
El 23 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela 1 y se ordenó su notificación al
accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, se solicitó al Tribunal
Administrativo del Chocó remitir copia digital del expediente del proceso de petición
adelantado por Eleazar Ortiz Beytar.
En su escrito de contestación 2, el Tribunal Administrativo del Chocó se opuso a las
pretensiones de la tutela al señalar que la situación que motivó su interposición ya fue
superada, toda vez que el 21 de junio de 2026 se emitió respuesta de fondo, clara,
precisa, congruente y completa a la petición presentada por el señor Eleazar Ortiz Beytar,
suministrándole la información y documentación solicitadas. En consecuencia, sostuvo
que desapareció la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados y que
1 SAMAI, índice 5.
2 SAMAI, índice 12 y 13.
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Accionante: Eleazar Ortiz Beytar
Acción de tutela–Primera instancia
se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, dado que durante el trámite de la acción se satisfizo
materialmente la pretensión del accionante. Por tal razón, solicitó al Consejo de Estado
declarar la carencia actual de objeto y denegar el amparo, aportando como pruebas la
respuesta emitida al derecho de petición y los documentos remitidos al peticionario.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si existe una carencia actual de objeto por hecho
superado, en atención a que la autoridad accionada afirma haber dado respuesta a la
petición cuya falta de contestación dio origen a la presente acción constitucional.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
Carencia actual de objeto por hecho superado
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que sí, estando en curso la tutela se
dictare una resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes. La carencia actual de objeto por hecho
superado se configura cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo se
satisface lo solicitado en el amparo, de modo que la pretendida orden de tutela no es
necesaria y, por ello, el juez debe concluir la actuación 3.
Derecho de petición
3 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013.
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Accionante: Eleazar Ortiz Beytar
Acción de tutela–Primera instancia
El artículo 23 Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a
obtener pronta resolución. Al legislador le compete reglamentar el ejercicio de este
derecho ante los particulares para garantizar derechos fundamentales. La presentación
de peticiones ante las autoridades implica el ejercicio de este derecho, sin necesidad de
invocarlo, y mediante él se puede solicitar el reconocimiento de un derecho; la
intervención de una entidad o funcionario; la resolución de una situación jurídica; la
prestación de un servicio, el requerimiento de una información; la consulta, examen o las
copias de documentos; la formulación de consultas, quejas, denuncias, reclamos y la
interposición de recursos. La presentación de peticiones es gratuita y no requiere la
representación de abogado (art. 14 CPACA, adicionado por la Ley 1755 de 2015).
La persona que presente una petición deberá designar la autoridad a la que la dirige.
También deberá indicar su nombre o el de su apoderado o representante, si es el caso,
la dirección para notificaciones, el objeto de la petición y las razones que la fundamentan,
la relación de los documentos para iniciar el respectivo trámite y la firma, si fuere
necesario (art. 16 CPACA, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015). Por su
parte, la autoridad deberá responder la petición -siempre que esta cumpla los requisitos-
, de manera completa y de fondo, en el plazo de quince días. Si se trata de una solicitud
de documentos, el plazo es de diez días. Para la atención de consultas el plazo es de
treinta días. Estos términos no se aplican a los procedimientos administrativos que tienen
una regulación especial (art. 15 CPACA, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015).
La respuesta de la autoridad frente a una petición, además de ser oportuna y de fondo,
debe ser clara, congruente con lo solicitado y se debe notificar al peticionario. No
obstante, el deber de responder a una petición no implica acceder a lo solicitado, pues
ello dependerá de que la ley así lo permita y de lo que se pruebe en la respectiva
actuación administrativa. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del
derecho fundamental previsto en el artículo 23 Constitución Política4.
4 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1998.
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Accionante: Eleazar Ortiz Beytar
Acción de tutela–Primera instancia
Caso concreto
La parte accionante considera que el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró sus
derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo, con ocasión de la
falta de respuesta a las solicitudes de información y documentos que radicó el 21 de mayo
de 2026, mediante las cuales requirió información relacionada con la provisión del cargo
de escribiente vacante en esa corporación, así como copias de las actas
correspondientes y de los reglamentos internos del Tribunal.
No obstante, la Sala advierte que, de acuerdo con la contestación allegada por la
autoridad accionada dentro del presente trámite constitucional, el 21 de junio de 2026 el
Tribunal Administrativo del Chocó emitió respuesta de fondo, clara, precisa y completa a
la petición formulada por el señor Eleazar Ortiz Beytar, suministrándole la información y
documentación requeridas dentro del ámbito de su competencia. Asimismo, indicó que
dicha respuesta fue comunicada al interesado, por lo que la situación que dio origen a la
presente acción de tutela desapareció durante el trámite constitucional.
En ese sentido, la autoridad accionada sostuvo que se configuró una carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que la pretensión principal del accionante fue
satisfecha con la respuesta otorgada al derecho de petición, razón por la cual solicitó
declarar improcedente el amparo y tener como prueba la respuesta emitida y los
documentos remitidos al peticionario.
Así las cosas, como la autoridad judicial accionada efectuó lo pretendido por el accionante
en el escrito petitorio elevado a la autoridad judicial accionada y en el marco de la
presente acción constitucional, se configura un hecho superado y, en consecuencia, se
debe declarar la carencia actual de objeto y la cesación de la actuación respecto del
Tribunal Administrativo del Chocó, en la medida en que lo pretendido con el amparo ya
se encuentra satisfecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04708-00
Accionante: Eleazar Ortiz Beytar
Acción de tutela–Primera instancia
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la
acción de tutela promovida por el señor Eleazar Ortiz Beytar contra el Tribunal
Administrativo del Chocó.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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