RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04714-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04714-00

Fecha
21 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04714-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias, por las razones consignadas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida el Quince (15) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026) por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del proceso ejecutivo con radicado 20-001-33-33-002-2013-00517-03, promovido por el accionante contra la Nación – Fiscalía General de la Nación. TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta sentencia, dicte un auto de reemplazo en el aludido asunto ejecutivo que en derecho corresponda. CUARTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. QUINTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04714-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

21 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintiuno (21) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-04714-00
Accionante : Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Accionado : Tribunal Administrativo del Cesar y Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Valledupar
Vinculados : Nación – Fiscalía General de la Nación
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial. Actualización de la liquidación de
un crédito en proceso ejecutivo. Retención en la fuente a patrimonios
autónomos
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada
por Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias contra el Tribunal Administrativo
del Cesar y el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar, con ocasión de la vinculación de la Nación – Fiscalía General de la Nación,
por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la
tutelante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela

2. El Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias, por conducto de apoderado
judicial, interpuso la presente acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-04714-00
Accionante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Cesar y el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar,
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con el auto del
15 de enero de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del
proceso ejecutivo con radicado No. 20001-33-33-002-2013-00517-00.

3. Por consiguiente, solicitó lo siguiente:

«SEGUNDA: […] [dejar] sin efectos la providencia judicial proferida el 15 de enero de
2026.
TERCERA: Como consecuencia, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CESAR Y EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE VALLEDUPAR, que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
del fallo de tutela, se efectué el estudio judicial pertinente del proceso ejecutivo No.
20001333300220130051700».

1.3. Hechos

4. De acuerdo con los documentos que obran en el expediente y lo expuesto por la

accionante, se tiene que, el Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias, en calidad
de cesionario de los derechos reconocidos a favor de Félix Guillermo Sardo
Bohórquez y otros dentro del proceso de reparación directa con radicado núm. 20001-
33-33-002-2013-00517, promovió proceso ejecutivo contra la Nación – Fiscalía
General de la Nación, con el propósito de adelantar el cobro coercitivo de la condena
impuesta en la sentencia del Veintinueve (29) de Junio de Dos Mil Diecisiete (2017),
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

5. Mediante auto del Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), el Juzgado

Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar libró mandamiento de
pago a favor del Fideicomiso ejecutante. Por auto del Veinte (20) de Enero de Dos Mil
Veintidós (2022), se ordenó seguir adelante con la ejecución.

6. El Veintinueve (29) de Junio de Dos Mil Veintidós (2022), el Juzgado aprobó la

liquidación del crédito por la suma $ 573.386.567,66. Posteriormente, el Ocho (8) de
Junio de Dos Mil Veintitrés (2023), aprobó la liquidación de costas procesales por valor
de $ 40.137.000 y puso en conocimiento de las partes la constitución de un depósito
judicial por $ 583.312.754, del cual, ordenó entregar al Fideicomiso ejecutante la suma
de $ 555.102.106.

2

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-04714-00
Accionante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

7. Mediante auto del 15 de abril de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del

Circuito Judicial de Valledupar, luego de valorar el pago parcial, actualizó la liquidación
del crédito, con fundamento en el informe rendido por la contadora adscrita a los
juzgados administrativos del circuito, la cual, ascendió a la suma de $ 19.002.482,06.

8. Contra dicha providencia, el accionante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación. Argumentó, de un lado, que solo se recibió un total de $
555.102.106 y no los $ 576.095.785 que fueron imputados; y, de otro lado, que, dentro
del pago efectuado por la entidad ejecutada, se practicaron retenciones en la fuente
por concepto de «Retefuente – Otros» y «Retefuente», por valores de $ 363.842 y $
20.621.251, respectivamente, pese a que, en su criterio, los patrimonios autónomos y
los fondos de capital privado no son sujetos de dicha retención.

9. Mediante auto del Dieciséis (16) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), el
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar no repuso su
decisión y concedió el recurso de apelación.

10. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto del Quince (15) de Enero de

Dos Mil Veintiséis (2026), confirmó la decisión de primera instancia. Señaló que, la
inconformidad relacionada con la retención practicada carece de vocación de
prosperidad, pues, tal circunstancia no está consignada en el título base de ejecución
y debe ventilarse mediante la reclamación que el Fideicomiso presente ante la Fiscalía
General de la Nación, en su calidad de agente retenedor.

11. El accionante consideró que, la anterior decisión adolece de los defectos
sustantivo y procedimental, porque interpretó incorrectamente las normas1,
desconoció las disposiciones legales vigentes, además de validar la retención en la
fuente a pesar de estar expresamente prohibida en el artículo 23-1 del Estatuto
Tributario, sin exponer un argumento que justifique tal determinación.

II. TRÁMITE PROCESAL

12. Por satisfacer los requisitos formales, mediante auto del veintitrés (23) de junio de

dos mil veintiséis (2026) el Despacho admitió la acción de tutela, dispuso notificar la
decisión a las autoridades accionadas y vinculó a la Nación – Fiscalía General de la

1 Para el efecto, el accionante aduce que, se dejó de aplicar los artículos 1634, 1635 y 1653 del Código Civil.

3

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-04714-00
Accionante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Nación, por integrar el extremo pasivo del proceso ejecutivo dentro del cual se
profirieron las providencias cuestionadas.

2.1. Contestaciones de la acción

2 sostuvo que, los argumentos del
13. 2.1.1. El Tribunal Administrativo del Cesar

accionante solo evidencian un desacuerdo con las decisiones de instancia y persiguen
reabrir, por vía de tutela, un debate ya resuelto, sin que se advierta vulneración de
derecho fundamental alguno, dado que, la providencia cuestionada se fundó en la
valoración de las pruebas obrantes en el proceso ejecutivo.

14. 2.1.2. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar 3 realizó un recuento el trámite surtido dentro del proceso ejecutivo núm.
20001-33-33-002-2013-00517-00 y se opuso a las pretensiones de la demanda, al
considerar que, a lo largo del proceso se garantizaron todas las etapas y recursos
previstos en la ley, sin que se configure alguna de las causales de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales.

15. 2.1.3. La Nación – Fiscalía General de la Nación adujo que, las providencias

cuestionadas fueron proferidas por la autoridad judicial accionada y no por esa
entidad, motivo por el cual, adujo carecer de legitimación en la causa por pasiva.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud

de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.

3.2. La acción de tutela

17. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos

2 Índice 00013, expediente Samai.
3 Índice 00014, expediente Samai.

4

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-04714-00
Accionante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo
evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Cuestión preliminar - La providencia objeto de estudio

18. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a

cuestionar tanto la providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Valledupar que se aprobó la liquidación del crédito, como la del Tribunal Administrativo
del Cesar que confirmó dicha determinación, el estudio se enfocará únicamente en
esta última.

19. Lo anterior, en atención a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela,

aunado al carácter excepcional y restrictivo de la procedencia de este mecanismo para
cuestionar providencias judiciales. En tal medida, le corresponde a este Cuerpo
Colegiado establecer si el auto que desató la alzada incurrió en alguna de las causales
específicas decantadas por la jurisprudencia constitucional, pues, de lo contrario, se
convertiría en una instancia adicional.

20. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de

segunda instancia expedida el Quince (15) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026) por
el Tribunal Administrativo del Cesar, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a
la actuación.

3.4. Problema jurídico

21. Se contrae a determinar si el presente asunto supera el examen de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela, para estudiar de fondo la acción
constitucional planteada contra el auto del Quince (15) de Enero de Dos Mil Veintiséis
(2026), proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar.

22. En caso afirmativo, corresponde analizar si la referida providencia incurrió en la

causal especifica de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

5

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-04714-00
Accionante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

denominada decisión sin motivación4, lo cual, haya lesionado el debido proceso del
accionante.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales

23. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 y de la Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado6, es posible acudir a la acción
de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió
dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

24. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese

4 Si bien el accionante invocó los defectos sustantivo y procedimental, esta Sala de Decisión, en ejercicio de su

facultad de interpretar los argumentos expuestos en la demanda estudiará el reproche a la luz del defecto de
decisión sin motivación, en tanto, considera que la situación fáctica planteada encuadra en dicha causal específica
de procedencia de la acción de tutela.

En efecto, debe tenerse en cuenta que, los argumentos de los defectos invocados se concretan en el mismo punto,
es decir, la inadecuada imputación del pago del ejecutado, pues, desconoció los artículos 1634 y 1635 del Código
Civil, así como el artículo 23-1 del Estatuto Tributario.

De suerte que, para verificar tales planteamientos, es necesario analizar la construcción argumental realizada en
la providencia cuestionada y, en consecuencia, establecer la premisa normativa utilizada por el Tribunal accionado;
situación que se echa de menos, pues, de entrada, se advierte su ausencia.
5 Sentencia C-590 de 2005.
6 Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García

González.
6

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-04714-00
Accionante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso
proceso de selección que hace la Corporación.

25. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo a adoptar
una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del
precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de
hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

26. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que, (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio del actor, en una indebida
aplicación normativa frente a la imputación del pago en un proceso ejecutivo, al
haberse tenido en cuenta el valor retenido en la fuente a pesar que el acreedor no es
contribuyente de renta, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso; (ii) contra la decisión objeto de censura no
procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, teniendo en cuenta que, entre la providencia censurada y la presentación
de la tutela no ha transcurrido más de seis (6) meses; y (v) el fallo acusado no es de
tutela.

27. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

7

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-04714-00
Accionante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

del asunto bajo para determinar si se configura alguna causal específica de la acción
de tutela contra providencia judicial.

3.6. Decisión sin motivación

28. Sea lo primero precisar que, la motivación de las providencias judiciales es una

manifestación de transparencia y ética en el ejercicio de la función judicial, en la
medida que, ofrece a los usuarios de la justicia las razones fácticas y normativas por
las cuales se adoptan las decisiones adoptadas en el marco de los procesos, de modo
que, se explique el razonamiento del operador de justicia.

29. La jurisprudencia constitucional7 ha estimado que la providencia judicial proferida

sin motivación incurre en el cuando:

Posteriormente, la sentencia T-233 de 2007 precisó las pautas a las que se supedita el
examen de la configuración del referido defecto. El fallo advirtió que la ausencia de
motivación no se estructura ante cualquier divergencia con el razonamiento del juez, sino,
únicamente, cuando su argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente
insuficiente o inexistente. Esto, porque el respeto del principio de autonomía judicial
impide que el juez de tutela se inmiscuya en meras controversias interpretativas. Su
competencia, ha dicho la Corte, “se activa únicamente en los casos específicos en que la
falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del
juez, es decir, en una arbitrariedad”.

Lo que debe tenerse en cuenta, finalmente, es que la estipulación de la falta de motivación
como causal de procedencia de la tutela contra sentencias propende por la salvaguarda
del derecho de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de
justicia, cuestión que, adicionalmente, les permite ejercer su derecho de contradicción.
Así, al examinar un cargo por ausencia de motivación de una decisión judicial, el juez de
tutela deberá tener presente que el deber de presentar las razones fácticas y jurídicas que
sustentan un fallo es un principio de la función judicial que, de transgredirse, supone una
clara vulneración del debido proceso. (Negrillas y subrayado propios)

3.7 Análisis del caso concreto

30. En el asunto sub examine, el accionante aduce que, la providencia de Quince (15)

de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026) proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar incurrió en los defectos sustantivo y procedimental, de suerte que, se lesionó
el debido proceso.

31. En el sub lite se observa que, el accionante, en calidad de cesionario, promovió

proceso ejecutivo para el cobro coercitivo de la condena impuesta a la Nación-Fiscalía
General de la Nación en la sentencia del Veinte (20) de Abril de Dos Mil Dieciséis
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, y

7 Sentencias T-041 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

8

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-04714-00
Accionante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

confirmada en providencia del Veintinueve (29) de Junio de Dos Mil Diecisiete (2017)
(exp.20-001-33-33-002-2013-00517-03).

32. Adelantado el trámite de rigor, se observa que, el Diecinueve (19) de Septiembre

de Dos Mil Veintidós (2022) la Fiscalía General de la Nación constituyó un depósito
judicial por $ 583.312.7548, del cual, se ordenó su fraccionamiento en dos títulos; uno
de $ 28.210.648 para cubrir las costas procesales que no fueron objeto de cesión; y
otro de $ 555.102.106 para satisfacer el capital y los intereses cobrados en el proceso
objeto de queja constitucional9.

33. Mediante auto del Quince (15) de Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024), el Juzgado

Segundo Administrativo Oral de Valledupar negó la solicitud de terminación del
proceso formulada por la entidad ejecutada, así como, se pronunció respecto a la
actualización del crédito allegada por el fidecomiso demandante. Para lo cual, y con
sustento en el informe rendido por el Profesional Universitario Grado 12 del Tribunal
Administrativo del Cesar, determinó que, la liquidación del crédito ascendía a la suma
de $ 14.521.510,98 de capital y $ 4.480.971,07 de intereses.

34. Frente a dicha decisión, el aquí accionante presentó recurso de reposición y en

subsidio apelación, pues, argumentó que, en la liquidación se imputó como pago a la
obligación la suma de $ 576.095.785, cuando en la cuenta solo recibió la suma de $
555.102.106, de suerte que, el crédito debido resulta ser mayor. Adicionalmente,
indicó que esa disparidad obedece a la retención en la fuente de $ 363.842 y $
20.621.251 realizada por la Fiscalía General de la Nación, respecto a lo cual, dijo:

«[…] [E]s necesario aclarar que, mi representado NO es sujeto de retenciones, por lo
que, erróneamente, el deudor realizó dichas deducciones; situación que vulnera
gravemente a la parte actora quien no debía sufrir dicha carga por un error del deudor.

En tal medida, ha de considerarse lo descrito por el Departamento de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) en Oficio No. 14710 del 11 de noviembre de 20201, que
establece:

“… al tratarse de una cesión efectuada con cargo a un patrimonio autónomo,
vehículo que, en principio, no es contribuyente del impuesto sobre la renta y
complementarios – en virtud de la transparencia fiscal regulada en el artículo
102 del Estatuto Tributario –, el pago o abono en cuenta efectuado a dicho
patrimonio autónomo no es objeto de retención en la fuente a título del citado

8 Folio 252, archivo 092 expediente 20-001-33-33-002-2013-00517-03.
9 Auto del Ocho (8) de Junio de Dos Mil Veintitrés (2023).

9

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-04714-00
Accionante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

impuesto.”

En conclusión, el FIDEICOMISO INVERSIONES ARITMÉTIKA SENTENCIAS, parte
actora dentro del proceso de la referencia y cesionario de los derechos litigiosos de la
sentencia cuya ejecución se busca en el proceso de la referencia NO es sujeto de
retenciones, y por ende la entidad no debió efectuar dicha carga, por lo que no puede
entenderse como pagado un dinero no ingresado por un error exclusivo de la parte
deudora, es decir, el valor real pagado y que deberá imputarse es de $555.102.106.»

35. Desde esa perspectiva, el motivo de inconformidad del ejecutante se concretaba

en que, a su juicio, no era procedente imputar a la obligación el valor retenido por
cuestiones tributarias, ya que, no es agente responsable del impuesto de renta.

36. Ahora bien, en la providencia cuestionada en esta sede constitucional, esto es, el

auto de Quince (15) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026), el Tribunal accionado
desató el anterior recurso, para lo cual consideró:

«[…] Entonces, para decidir el recurso de la parte ejecutante, considera el Despacho
que las operaciones aritméticas realizadas en la liquidación practicada por la Profesional
Universitario grado 12, adscrita a los Juzgados administrativos de este Circuito,
corresponde en su totalidad a lo ordenado en el auto del 22 de octubre de 2021 – que
libró mandamiento de pago - y 20 de enero de 2022 – que ordenó seguir adelante con
la ejecución; debido a que se tuvo en cuenta el valor de la condena impuesta en las
sentencias de primera y segunda instancia de fecha 20 de abril de 2016 proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar y 29 de junio de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, respectivamente.

Igualmente, se tuvo en cuenta los intereses moratorios que se causaron desde que la
obligación de se [sic] hizo exigible y se aplicó el pago que realizó la entidad ejecutada
el 19 de septiembre de 2022 por valor de $604.306.433, suma de la cual se imputó al
proceso ejecutivo que nos ocupa, el monto de $576.095.785, ya que, recuérdese, los
$28.210.648 fueron trasladados al proceso ejecutivo iniciado por el Dr. CARLOS JOSE
DAZA DAZA, en calidad de apoderado del señor FELIX GUILLERMO SARDO
BOHORQUEZ, por corresponder a las costas procesales (auto del 8 de junio de 2023).

En ese sentido, la inconformidad planteada por la parte recurrente relacionada con que
la liquidación realizada por la profesional adscrita a los Juzgados administrativos de este
Circuito tuvo en cuenta el monto total que canceló la entidad ejecutada sin advertir que
no era sujeto de retención, no tiene vocación de prosperidad; además, la situación
advertida (no ser sujeto de retención) no se encuentra consignada en el título base de
ejecución, centrándose en aspectos que como lo indicó la contadora en el informe
del 5 de julio de 2024, deberá ventilarse mediante reclamación que presente el
FIDEICOMISO INVERSIONES ARITMETIKA SENTENCIAS ante la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, como agente de retención.

En conclusión, se confirmará la decisión contenida en el auto del 15 de abril de 2024,
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, en
10

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-04714-00
Accionante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

virtud de la cual se negó la solicitud de terminación del proceso que presentó la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y se actualizó la liquidación del crédito conforme
al valor que determinó la liquidación del crédito presentada por la contadora adscrita a
ese Despacho judicial.» (negrilla de esta Sala).

37. En ese orden, la providencia cuestionada se realizó una breve narración respecto

de los actos procesales tenidos en cuenta por el profesional que realizó la liquidación
del crédito, e hizo hincapié en que, para efectos del crédito imputado se tuvo en cuenta
el valor de $ 576.095.785.

38. En lo relacionado con la inconformidad respecto a la retención en la fuente y la

imputación de ese valor a la deuda cobrada, la autoridad judicial se limitó a afirmar
que ese argumento no tenía vocación de prosperidad, por cuanto, (i) tal situación no
estaba incluida en el título base de la ejecución y (ii) de acuerdo con lo señalado por
la contadora, ese reparo debía ventilarse directamente ante la Fiscalía.

39. En ese contexto, esta Sala de Decisión advierte que, el juzgado no introdujo en su

decisión motivación suficiente para sustentar su decisión, en la medida que, se limitó
a remitirse a lo que habría sido manifestado por la contadora para adoptar su decisión,
sin exponer las razones jurídicas según las cuales, consideró procedente computar a
la deuda cobrada el valor que fue retenido por razones tributarias, cuando el acreedor
no tiene la calidad de contribuyente de renta; cuestionamiento que, precisamente, fue
planteado por el accionante en su recurso.

40. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, la Ley Estatutaria de Administración de

Justicia10, en su artículo 55 establece:

[…] En las decisiones judiciales, se deberá utilizar una pulcritud y sencillez del lenguaje
que facilite la comprensión de los destinatarios; la claridad, pertinencia, concreción y
suficiencia de la argumentación que fundamenta la decisión, el análisis de los
hechos y las pruebas que respaldan las providencias judiciales y el respeto por las
garantías del debido proceso, se tendrán en cuenta como factores esenciales en la
evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de jueces y magistrados.
(Subrayado y negrilla propios)

41. Además, la Corte Constitucional ha precisado que, «[…] la exposición de las razones que

llevaron a tomar una determinada decisión se erige como la mejor garantía para distinguir lo legal de
lo arbitrario. Por ello, los jueces deben identificar en sus decisiones cuáles son las razones de hecho y
de derecho que están empleando para la resolución de un caso, porque en un Estado social y
democrático de derecho están prohibidas las decisiones basadas en el poder puramente personal y es

10 Ley 270 de 1996.

11

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-04714-00
Accionante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

apenas lógico que los operadores judiciales estén obligados a exponer de manera clara cuáles son las
bases lógicas y silogísticas de sus fallos […]» 11.

42. En ese orden de ideas, en la providencia objeto de estudio no se observa la
construcción de un argumento que sustente el motivo por el cual, el accionante debe
acudir directamente ante el deudor a reclamar la suma retenida; por ejemplo, no citó
ninguna norma de naturaleza civil, tributaria, administrativa, entre otras, que justifique
tal decisión.

43. Además, se advierte que, el accionado trasladó la definición de la cuestión jurídica

planteada por el recurrente a su contraparte como agente retenedor, de conformidad
con lo dicho por la contadora en el informe rendido.

44. Sobre el particular, llama la atención que, el Despacho se remitió a lo expuesto por

«la contadora» que, debe recordarse, es un profesional de apoyo que carece de
función jurisdiccional, por lo que, en primer lugar, no es el funcionario judicial
habilitado por el ordenamiento jurídico para definir una situación jurídica, como lo es,
determinar si el valor retenido debe o no computarse a la deuda cobrada; y, en
segundo lugar, sus informes deben ser valorados a la luz de ciencia o técnica en la
que fue requerida, y no para definir puntos de derecho, como el planteado por el actor,
pues, en este último contexto, corresponde al juez adoptar la decisión que en derecho
corresponda.

45. De otra parte, la providencia cuestionada mencionó tangencialmente que, el
recurso no estaba llamado a prosperar porque la situación de no ser agente de
retención en la fuente no estaba consignada en el título. Situación que, también es
insuficiente a nivel argumental, pues, no explicó el por qué es procedente computar al
saldo insoluto el valor retenido por razones tributarias, cuando el acreedor no tiene la
calidad de contribuyente de renta.

46. Además, debe tenerse en cuenta que, una cosa es la obligación contenida en un

título ejecutivo, y otra distinta es cómo esa deuda es saldada, a partir de las reglas de
imputación del crédito contenidas en el Código Civil. De manera que, remitirse al
mismo documento para decir que es impróspera la alzada, deriva en una falacia del
principio de identidad, situación que, torna deficiente la aparente razón expuesta.

11 Corte Constitucional. Sentencia T – 237 de 2011.

12

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-04714-00
Accionante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

47. Bajo tales derroteros, esta Sala de Decisión, encuentra que, la providencia
cuestionada carece de motivación suficiente y, en consecuencia, es imposible verificar
si el auto incurrió en los defectos endilgados por el accionante, ya que, al no haber
realizado una selección normativa como sustento de su decisión, no puede evaluarse
si resulta razonable dicha aplicación.

48. Además, en el evento que, esta Corporación se pronunciara respecto a la existencia

o no de un defecto sustantivo o procedimental, tendría que solventar la ausencia de
motivación, situación que, conllevaría a desnaturalizar el carácter subsidiario y
residual de la acción de tutela, puesto que, se estaría realizando un juicio propio del
juez natural convirtiéndose en una instancia adicional.

49. Por lo tanto, ante la omisión advertida, el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió

en causal denominada «decisión sin motivación» al momento de desatar la alzada (20-
001-33-33-002-2013-00517-03) y, en consecuencia, vulneró el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia del accionante.

50. Por lo expuesto, la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales al

debido proceso y al acceso a la administración de justicia del accionante. Por lo tanto,
dejará sin efectos la sentencia proferida el Quince (15) de Enero de Dos Mil Veintiséis
(2026). En consecuencia, se ordenará al Tribunal Administrativo del Cesar proferir una
decisión de reemplazo, en la que resuelva la cuestión planteada en el recurso de
apelación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
51. Esta determinación no orienta a que la autoridad judicial deba adoptar una decisión

favorable o desfavorable a lo pedido por la parte demandante. Lo que impone es el
deber de exponer de manera suficientemente razonada la decisión de segunda
instancia, de cara a atender los argumentos de inconformidad planteados en la
apelación.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Constitución Política,

13

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-04714-00
Accionante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

FALLA:

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia del Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias, por las
razones consignadas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida el Quince (15) de Enero
de Dos Mil Veintiséis (2026) por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del
proceso ejecutivo con radicado 20-001-33-33-002-2013-00517-03, promovido por el
accionante contra la Nación – Fiscalía General de la Nación.

TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar que, dentro de los veinte
(20) días siguientes a la notificación de esta sentencia, dicte un auto de reemplazo en
el aludido asunto ejecutivo que en derecho corresponda.

CUARTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.