Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04717-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04717-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04717-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04717-00
Accionante: Yazmín del Socorro Sánchez Bozón
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y Otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela. Subtema 1: Carencia actual de objeto – hecho superado. Sentido del fallo
de tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Yazmín del Socorro Sánchez
Bozón en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena y otro.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El 18 de junio de 20262, la tutelante interpuso esta acción constitucional en procura
de la protección de su derecho fundamental de petición, el cual consideró vulnerado
por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Décimo
Administrativo de Santa Marta, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 47-001-3333-005-2020-00089-00/01. Lo anterior,
por cuanto radicó petición el 05 de mayo de 2026, en la cual solicitó que se le
notificara la decisión tomada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, autoridad
que había enviado el expediente al despacho de origen sin la correspondiente
notificación. Hasta el momento de la radicación del presente amparo constitucional,
la petición no había sido respondida.
2.- Hechos
2.1.- La actora es parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 47-001-3333-005-2020-00089-00/01, radicado contra el Distrito de
Santa Marta3.
1
Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 295A335CFBD5FD4E
9A28BEB7C8EC1977 F03979C4F61FF8CB 83CA7A95DF683CEE.
2
Obra información en SAMAI, en el índice 1: “REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL jueves, 18 de
junio de 2026 con secuencia: 7570”.
3
A folio 3 del escrito de tutela, en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 295A335CFBD5FD4E
9A28BEB7C8EC1977 F03979C4F61FF8CB 83CA7A95DF683CEE.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04717-00
Accionante: Yazmín del Socorro Sánchez Bozón
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y Otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
2.2.- El pasado 05 de mayo del 2026, la señora Sánchez Bozón presentó una
solicitud ante el Tribunal Administrativo del Magdalena — Despacho 004 y el
Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta, la cual fue radicada en las
direcciones de correo electrónico respectivas y en el aplicativo SAMAI.
2.3.- En la solicitud, la actora manifestó que4, de conformidad con el aplicativo
SAMAI, el expediente había sido enviado al despacho de origen, es decir, al
Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta; sin embargo, no existía notificación
alguna sobre la decisión del Tribunal del Magdalena, por lo que solicitó que se
subsanara la omisión.
2.4.- Desde el día en que radicó la solicitud y hasta el momento de interposición de
la presente acción constitucional, la parte actora no ha recibido respuesta.
3.- Fundamentos de la acción de tutela
La tutelante considera que las autoridades judiciales accionadas vulneraron su
derecho fundamental de petición, por desconocer los términos constitucionales y
legales para dar respuesta a la solicitud del 05 de mayo de 2026, en la que pidió
que se subsanara la falta de notificación de la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena5.
4.- Pretensiones de la acción
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“Con fundamento en los hechos expuestos, solicito al señor Juez(a) tutelar
mis derechos fundamentales y ordenar lo siguiente:
1. DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Magdalena –Despacho 004
y Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta, han vulnerado mi derecho
fundamental de petición.
2. TUTELAR el derecho fundamental de petición
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Magdalena –Despacho 004 y
Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo
conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia colombiana”6.
4
A folio 9 del escrito de tutela, en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 295A335CFBD5FD4E
9A28BEB7C8EC1977 F03979C4F61FF8CB 83CA7A95DF683CEE.
5
A folio 1, Ibíd.
6
A folio 2, Ibíd.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04717-00
Accionante: Yazmín del Socorro Sánchez Bozón
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y Otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1.- Mediante auto del 19 de junio de 20267, el despacho ponente admitió la acción
de tutela, dispuso la notificación a las partes y tuvo como pruebas los documentos
arrimados con la solicitud de amparo. Asimismo, solicitó a las autoridades judiciales
accionadas la remisión, en medio digital, del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho 47-001-3333-005-2020-00089-00/01.
5.2.- El Tribunal Administrativo del Magdalena dio respuesta a la presente acción
de tutela el 02 de julio de 20268. En el escrito solicitó que se declare la carencia
actual de objeto por hecho superado, toda vez que la pretensión principal de la
acción de tutela —consistente en obtener la notificación de la sentencia de segunda
instancia y dar respuesta a las solicitudes de la actora— fue completamente
satisfecha por la autoridad accionada durante el trámite constitucional.
Para fundamentar lo anterior, el Tribunal acreditó que, mediante auto del 26 de junio
de 2026, se aceptó la revocatoria de poder presentada por la accionante y se ordenó
notificarle directamente la sentencia dictada el 11 de febrero de 2026 a su correo
personal; trámite de notificación electrónica que fue ejecutado efectivamente el 30
de junio de 2026. En consecuencia, al haber cesado la presunta vulneración del
derecho fundamental de petición y carecer de objeto cualquier orden judicial
posterior, se cumplen los presupuestos jurisprudenciales para que el juez
constitucional declare la superación del hecho.
5.3.- El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta9 solicitó declarar
la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales por parte del despacho.
Para ello, argumentó que el derecho de petición invocado por la accionante se
fundamentó en la solicitud radicada y dirigida exclusivamente ante el Tribunal
Administrativo del Magdalena (autoridad competente para resolverla, por tratarse
de actuaciones de segunda instancia), de la cual solo tuvo conocimiento al ser
notificado de la tutela. No obstante, emitió respuesta informativa a la ciudadana e
hizo entrega del expediente digital al Tribunal para que este procediera a resolver
7
Obra auto en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 4, con certificado3E877F409A647357 65AAB80224A0F19D
3E9789FD2F6A7D3F 0EA6F45E4DCC84C7.
8
Obra contestación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 12, con certificado D6987BC87D48BFCF
3EC33FBF9987BF26 B4CAE5FD831A07F5 EA89A60B54E6F5C2.
9
Obra contestación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 11, con certificado 4D43876A99354169
952BC650DCC83D77 E643D7A4DBBC7312 5C5AD001EF34FBC5.
4
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Accionante: Yazmín del Socorro Sánchez Bozón
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y Otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
de fondo. Finalmente, en cumplimiento de la orden impartida en el auto admisorio
de la presente acción constitucional, el Juzgado remitió el enlace digital del
expediente ordinario10.
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Yazmín
del Socorro Sánchez Bozón en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena y
del Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13
del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales
reclamados por la parte actora o si, por el contrario, existe carencia actual de objeto
por configurarse un hecho superado o por ausencia del requisito lógico––jurídico.
3.- Carencia actual de objeto por hecho superado en el caso concreto
3.1.- Se debe destacar, en primer lugar, que la Corte Constitucional, en repetidas
ocasiones11, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando,
frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida
por el juez se torna inane. Específicamente, esta figura ocurre cuando se presenta
un daño consumado12, un hecho superado13 o una situación sobreviniente14.
10
Obra enlace digital del expediente ordinario en el archivo digital de SAMAI, en el índice 11, certificado F28D7169781A0F1D
8FF9B24DBF6D2A12 C46F5E46448AD630 739964F827B406EE.
11
Corte Constitucional, sentencia T-038 de 2019.
12
Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez no
puede emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se consume el peligro. Sobre el
asunto, consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional. M.P. Alexei Julio Estrada.
13
Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se apercibe cuando, como consecuencia
del obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Se configura si se
realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, por lo que resulta inocua cualquier
intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.
Sobre los casos en que cesó la vulneración de derechos fundamentales ver las sentencias de la Corte Constitucional T-970
de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio), T021 de 2017 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre
otras. En lo relacionado con la terminación de la afectación, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece “[s]i, estando
en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada,
se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
14
Se evidencia en aquellos casos en que, sin que haya una actuación previa de la accionada, la protección solicitada no se
hace relevante, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía o porque la nueva situación no da lugar
a conceder el derecho. La Corte empezó a diferenciar, a través de su jurisprudencia, una tercera modalidad de carencia actual
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04717-00
Accionante: Yazmín del Socorro Sánchez Bozón
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
3.2.- En el caso concreto, la tutelante cuestiona, en esencia, que el Tribunal
Administrativo del Magdalena y el Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta
vulneraron su derecho fundamental de petición, por desconocer los términos
constitucionales y legales para dar respuesta a la petición radicada el 05 de mayo
de 2026, en la cual solicitaba subsanar la falta de notificación de la decisión
adoptada por el Tribunal y su envío al despacho de origen.
Sin embargo, con posterioridad a la admisión de esta tutela, se advierte que el
Tribunal Administrativo del Magdalena dio respuesta a la solicitud de la parte actora
el 30 de junio de 2026, mediante la notificación 27997, la cual fue remitida al correo
jazminsanchezbozon@gmail.com. Así se puede evidenciar a continuación15:
3.3.- Con base en lo anterior, se concluye que en el caso concreto —en relación con
el Tribunal Administrativo del Magdalena— se configuró la carencia actual de objeto
por la ocurrencia de un hecho superado, en tanto que, con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela, la autoridad accionada revisó el caso y subsanó
la omisión de notificación de la providencia. Tal determinación le resta relevancia
de objeto, cuando acaece un hecho posterior a la demanda. Por ejemplo, las sentencias T-988 de 2007 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), T-585 de 2010 (M.P Humberto Antonio Sierra Porto), T-200 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada), T-481
de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos), entre otras.
15
A folio 4 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 12, con certificado D6987BC87D48BFCF 3EC33FBF9987BF26
B4CAE5FD831A07F5 EA89A60B54E6F5C2.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04717-00
Accionante: Yazmín del Socorro Sánchez Bozón
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y Otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
jurídica a los argumentos esgrimidos en esta sede constitucional, en la medida en
que se evidencia que el Tribunal atendió la solicitud de la señora Sánchez Bozón.
Esto hace inocuo cualquier pronunciamiento de fondo sobre los cargos elevados
por la parte actora.
3.4.- En consecuencia, la Sala declarará improcedente el amparo en relación con el
Tribunal Administrativo del Magdalena por configurarse carencia actual de objeto
por hecho superado.
4.- Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad: ausencia del
requisito lógico — jurídico
4.1.- La Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela fue estatuida por
el Constituyente de 1991 con el objeto de ser un mecanismo de protección
inmediato, efectivo, concreto y subsidiario de los derechos fundamentales, cuando
quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los términos del artículo 86
constitucional y del artículo 1º del Decreto 2591 de 199116. Esta protección
“consistirá en una orden para que aqu[e]l respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo”.
En esa medida, ha señalado la Alta Corte Constitucional que, en atención a una
interpretación sistemática de la Carta Política y de los artículos 5º y 6º del referido
decreto, el “amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas,
cuando no existe una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda
endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en
cuestión”17. Lo anterior, en tanto “(…) para que la acción de tutela sea procedente
requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u
omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…)”18, ya
que, “sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental
no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (…)”19.
Así las cosas, ante la ausencia del requisito lógico — jurídico esencial, como lo es la
existencia de una acción u omisión respecto de la cual se pueda efectuar el juicio
16
Corte Constitucional, sentencias T-130 de 2014 y T-883 de 2008.
17
Sentencia T-130 de 2014.
18
Ibid.
19
Ibid.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04717-00
Accionante: Yazmín del Socorro Sánchez Bozón
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de vulneración de derechos fundamentales, el mecanismo tuitivo resulta
improcedente.
4.2.- En criterio de la Corte Constitucional, si bien toda persona tiene derecho a
elevar solicitudes respetuosas ante la administración o contra particulares, es
requisito indispensable para obtener el fin perseguido con la acción de tutela,
demostrar, así sea de forma sumaria, que se presentó la petición20. En el caso
concreto, la Sala encuentra que el Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta
no recibió la solicitud de la señora Sánchez Bozón. Por lo tanto, a pesar de que la
acción constitucional se dirigió también contra esta autoridad judicial, la solicitud no
fue radicada ante ella, sino exclusivamente ante el Tribunal Administrativo del
Magdalena. Así se pudo determinar al constatar que la dirección de correo
electrónico jadm10smta@notificacionesrj.gov.co es inexistente, pues la solicitud allí
enviada por la accionante rebotó21. Al verificar la información de notificaciones del
despacho, y de conformidad con los datos que suministra la Rama Judicial así como
con los formatos de documentos del Juzgado22, el correo de notificaciones correcto
es j10admsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co23.
4.3.- En estas condiciones, resulta evidente que no se satisface el presupuesto
lógico—jurídico necesario para el análisis de la presunta vulneración del derecho
fundamental invocado, toda vez que la petición no fue radicada ante el Juzgado
Décimo Administrativo de Santa Marta. En consecuencia, no existe acción u omisión
atribuible a dicha autoridad judicial que permita estructurar una amenaza o
vulneración del derecho fundamental de petición alegado por la actora.
4.4.- Con fundamento en las consideraciones expuestas, y ante la ausencia del
requisito lógico—jurídico, la Sala declarará improcedente el amparo constitucional
objeto de estudio en relación con el Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
20
Sentencia T 489 de 2011.
21
A folio 13 del escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 295A335CFBD5FD4E
9A28BEB7C8EC1977 F03979C4F61FF8CB 83CA7A95DF683CEE.
22
En el índice 11, con certificado4D43876A99354169 952BC650DCC83D77 E643D7A4DBBC7312 5C5AD001EF34FBC5.
23
Información disponible en https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-010-administrativo-de-santa-marta/125
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04717-00
Accionante: Yazmín del Socorro Sánchez Bozón
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y Otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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