Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04724-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04724-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04724-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: María Gloria Gómez Garzón.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04724-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por no cumplir
con el requisito de inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La señora María Gloria Gómez de Garzón, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con el fin de
que se declarara la nulidad: i) de la Resolución núm. 8388 de 18 de
diciembre de 2002, por medio de la cual la extinta Cajanal EICE resolvió
el recurso de apelación contra el acto negativo presunto derivado de la
falta de respuesta a la petición de reconocimiento de pensión gracia
presentada el 2 de octubre de 2001 y, ii) de la Resolución RDP 028116
de 16 de septiembre de 2014, a través de la cual la UGPP aclaró y “[…]
decretó la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 36063 de 2 de
noviembre de 2005, con la que se le había concedido dicha prerrogativa
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a la accionante de manera transitoria por 4 meses hasta que presentara
la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esto
en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Penal
del Circuito de Bogotá el 1°. De agosto de 2005 […]” y, a título de
restablecimiento del derecho se ordenara reconocer, liquidar y pagar la
mencionada prerrogativa conforme a las previsiones de la Ley 114 de
1913.
1.2. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia de 20 de
octubre de 2021 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que:
i) dentro del expediente no se encontró prueba alguna que permitiera
inferir “[…] que los nombramientos que tuvo la demandante a partir del
año 1973 tienen carácter nacionalizado y/o territorial, pues a pesar de
que se allegaron los actos administrativos de nombramiento, estos no
ofrecen la claridad e información mínima necesaria que permitan inferir
que las plazas que ocupó eran de carácter territorial, pues solo se
menciona su nombre y lugar de ubicación […]”; ii) aunque la señora María
Gloria Gómez de Garzón contaba con más de 50 años de edad, no logró
acreditar los 20 años de servicio como maestra nacionalizada o territorial,
ya que, por el contrario, quedó probado que casi la totalidad de su vida
laboral ejerció una plaza de carácter nacional, y en razón de ello no era
posible reconocer la pensión gracia pretendida; iii) adicionalmente, el
acto administrativo que dejó sin efectos la resolución por la cual se
reconoció el derecho pensional a la actora, no estaba precedido de actos
ilegales o fraudulentos y, iv) era procedente que la entidad declarara la
pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por el cual se
reconoció el derecho en litigio, ya que, por un lado, la parte actora no
acreditó que hubiere dado inicio a la acción ordinaria ante esta
jurisdicción, y por otro, porque no cumplió con todos los requisitos para
acceder a ella.
1.3. Inconforme con la decisión anterior la parte accionante presentó
recurso de apelación.
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1.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante providencia de 7 de noviembre de 2024 confirmó la sentencia
de primera instancia, al considerar que “[…] las únicas vinculaciones de
la demandante (incluida la anterior al 31 de diciembre de 1980), se
derivaron de una decisión autónoma y propia del Ministerio de Educación,
para que aquella ocupara una plaza de su propia planta de personal […]”,
razón por la cual resultaba acertado concluir que no se cumplió con el
requisito fundamental de “[…] acreditar 20 años de labor oficial educativa
territorial o nacionalizada, lo que le impide automáticamente adquirir el
derecho a la pensión gracia […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada le negó “[…] el derecho
adquirido que tiene a la pensión gracia al no aplicar las Leyes 114/1913,
116/1928, 37/1933 y 91 de 1989 […]”.
Aseguró que cumplió con los requisitos exigidos en “[…] las leyes 114/1913,
116/1928, 37/1933 y 91 de 1989 […]”, referente a tener 20 años de servicio en
el magisterio, 50 años de edad, tener una buena conducta y no haber hecho
parte del grupo excluido en el # 3 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, “[…]
por estar disfrutando en 1913 pensión o recompensa militares a causa de su
participación en el conflicto de los mil días […]”.
Afirmó que la accionada aplicó una ley inexistente que niega la pensión gracia
a los educadores nacionales, ignorando todas las leyes que si la conceden a
los docentes que han trabajado para la Nación.
Adujó que la autoridad accionada y la UGPP incurrieron en “[…] prevaricato al
no aplicar la Constitución en lo referente al derecho fundamental a la igualdad
[…]”.
Asimismo, señaló que de acuerdo con la Ley 43 de 1975, los docentes
nacionales que sirvieron a la “[…] nación entre 1981 y 1993 accedieron a la
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pensión gracia por ser nacionales entre 1981 y 1993 (sustitución patronal) o
sea por haber servido a la nación, lo cual confirma que las Leyes116/28 y
37/1933 se expidieron solo para los docentes nacionales de secundaria, a
quienes, por más de 50 años, CAJANAL otorgó la Pensión Gracia, antes de
que apareciera la incoherente S-699/97 […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Bueno Señor Juez el pedido de amparo es sobre el derecho
fundamental a la igualdad Y SE DECLARE QUE:
• No hay diferencia entre un docente nacional y un docente territorial
nacionalizado
Trato igualitario que declara nuestra constitución en su artículo 13 y según
la sentencia T-406/92 la constitución es norma de normas y debe ser
aplicada de inmediato y que según la sentencia C-084 de 1999 no hay
diferencia entre un docente nacional y un docente territorial nacionalizado
o sea que si no hay diferencia es que son iguales.
• Aplicando el derecho fundamental a la igualdad, ordenar a la U.G.P.P. y
al Consejo de Estado proceder de acuerdo con las Leyes 114/1913,
116/1928, 37/1933 y 91 de 1989 respecto a mi derecho adquirido a la
pensión gracia
Por lo tanto, solicito a Usted el favor, aplicando el derecho fundamental a
la igualdad, ordenar a la U.G.P.P. y al Consejo de Estado proceder de
acuerdo con las Leyes 114/1913, 116/1928, 37/1933 y 91 de 1989
respecto a mi derecho adquirido a la pensión gracia, leyes que por su no
aplicación en las solicitudes incoadas los convierten en sujetos que violan
el artículo 413 del código penal o sea son funcionarios que han
prevaricado […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 7 de julio de 2026, se admitió la presente acción de tutela y
se vinculó al Tribunal Administrativo del Caquetá y a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, en calidad de terceros con interés directo en el resultado del
proceso.
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III. INTERVENCIONES
1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, porque lo pretendido por la parte accionante es reabrir un
debate que ya fue discutido por el juez natural del asunto.
Asimismo, indicó que la providencia cuestionada no incurrió en defecto
sustantivo, sino que por el contrario se ajustó a derecho.
Afirmó que de la revisión del proceso se observó que a la parte accionante se
le garantizaron sus derechos de contradicción y defensa.
Adicionalmente solicitó que se nieguen las pretensiones de la presente acción
constitucional porque no vulneró ningún derecho fundamental de la parte
accionante.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Respecto del requisito general de inmediatez, la jurisprudencia constitucional
ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida como
un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los derechos
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)
y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
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fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no tenga previsto
un término de caducidad para su presentación, es necesario que se invoque
tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de
transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la
protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia
del mecanismo […]”4 .
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y de seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse
injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional5.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, precisó que, en tratándose
de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado como
razonable es el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela.
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional7 ha establecido excepciones a la
aplicación del presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y
justificarse por el accionante en cada caso particular8 , así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
4
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto
de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Sentencia T-584 de 2011.
8
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
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terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”9.
En el presente caso, se tiene que lo pretendido por la parte actora a través de
esta acción de tutela es controvertir la sentencia de segunda instancia de 7 de
noviembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número de radicación 18001-23-40-000-2021-
00086-01.
Por tanto, para efectos de determinar el cumplimiento del requisito de
inmediatez de la presente acción de tutela se tendrá en cuenta la fecha de
notificación de la sentencia de 7 de noviembre de 2024, por ser la decisión que
puso fin a la litis.
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, de acuerdo con las constancias
obrantes en el proceso objeto de tutela identificado con el número de
radicación 18001-23-40-000-2021-00086-01, la notificación de la providencia
de 7 de noviembre de 2024 se surtió el día 9 de diciembre de ese mismo año;
mientras que la acción de tutela se presentó el 19 de junio de 2026, es decir
con posterioridad al plazo de seis (6) meses establecidos por esta Corporación
como término razonable.
Ahora bien, para la Sala los argumentos expuestos por la parte actora para
justificar el cumplimiento del requisito de la inmediatez carecen de vocación
de prosperidad, por cuanto el hecho de que la vulneración de los derechos
fundamentales eventualmente podrían persistir en el tiempo no significa que
automáticamente se omita el examen de este requisito general de
procedibilidad, puesto que es menester que la parte accionante demuestre
que padece de una situación de especial vulnerabilidad o que se encuentra
en un estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad o
9
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
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incapacidad física10; circunstancias que claramente no se presentan en el
caso de que nos ocupa.
En este contexto, cabe señalar que, aunque es cierto que excepcionalmente
se tiene por satisfecho el requisito de la inmediatez pese a que se haya
ejercido la acción constitucional por fuera del término de seis (6) meses, la
realidad es que dicha habilitación se encuentra fundada en circunstancias
reales que imposibilitaban al extremo accionante acudir a la administración de
justicia para solicitar la protección de los derechos fundamentales que
estimaba vulnerados.
Así las cosas, la Sala concluye que no evidencia justificación alguna para la
tardanza en la presentación de la solicitud de amparo, ni tampoco situación
que se enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la
jurisprudencia constitucional que puedan justificar su presentación por fuera
del término establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de marzo de 2021,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número: 11001-03-15-000-2021-00641-00.
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TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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