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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04725-00

Fecha
24 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04725-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Paula Andrea Sarmiento Osorio, Hernán David Restrepo Sarmiento, Marlyn Tatiana Angulo Sarmiento y Hernán de Jesús Restrepo Gutiérrez contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por no superar el requisito de relevancia constitucional, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04725-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

24 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04725-00
Accionante: Paula Andrea Sarmiento Osorio y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04725-00
Accionantes: Paula Andrea Sarmiento Osorio y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Paula Andrea Sarmiento Osorio,
Hernán David Restrepo Sarmiento, Marlyn Tatiana Angulo Sarmiento y Hernán de
Jesús Restrepo Gutiérrez en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Paula Andrea Sarmiento Osorio, Hernán David Restrepo Sarmiento, Marlyn Tatiana
Angulo Sarmiento y Hernán de Jesús Restrepo Gutiérrez, actuando en nombre
propio, promovieron acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a
la tutela judicial efectiva, a la igualdad en la aplicación del derecho y a la reparación
integral de las víctimas, los cuales estimaron vulnerados por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca con ocasión de la sentencia proferida el 15 de mayo de 2026,
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado núm.
76147-33-33-001-2020-00087-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. La parte actora afirmó que el 16 de junio de 2019, Paula Andrea Sarmiento Osorio
sufrió un accidente de tránsito mientras conducía una motocicleta por la calle 9 con
carrera 10 del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca.

2.2. Según los accionantes, el accidente ocurrió cuando la motocicleta pasó sobre un
reductor de velocidad que no estaba debidamente demarcado y se encontraba
cubierto de arena y tierra, circunstancias que habrían impedido su identificación
oportuna y ocasionado la pérdida de control del vehículo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04725-00
Accionante: Paula Andrea Sarmiento Osorio y otros

2.3. La parte actora señaló que Paula Andrea Sarmiento Osorio sufrió lesiones en la
rodilla izquierda, por las cuales recibió atención en diferentes centros asistenciales y,
el 13 de septiembre de 2019, fue sometida a una cirugía de reconstrucción de
ligamentos.

2.4. Por lo anterior, los accionantes presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra el municipio de Roldanillo, con el fin de que se
declarara su responsabilidad por los perjuicios derivados del accidente. Alegaron que
el daño era imputable a la entidad territorial por la presunta omisión en el
mantenimiento y la señalización del reductor de velocidad.

2.5. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Cartago, bajo el radicado núm. 76-147-33-33-001-2020-00087-00/01. Mediante
sentencia del 18 de julio de 2024, la autoridad judicial accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al considerar acreditada una falla del servicio por la
deficiente señalización y el deterioro de la pintura del reductor, así como el nexo
causal entre dicha omisión y el accidente. En consecuencia, declaró patrimonialmente
responsable al municipio de Roldanillo, reconoció perjuicios morales, daño a la salud
y lucro cesante consolidado, y negó las demás pretensiones.

2.6. Inconforme con la decisión, el municipio de Roldanillo interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, apelación. Mediante auto 817 del 9 de agosto de 2024, el
Juzgado rechazó por improcedente la reposición y concedió la apelación en el efecto
suspensivo.

2.7. Mediante sentencia del 15 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones, al concluir que la conducta de la demandante fue la causa exclusiva del
daño, pues desatendió la señal que advertía la presencia del reductor y transitaba a
una velocidad superior a la permitida.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

3.1. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la
igualdad y a la reparación integral. En consecuencia, pidió dejar sin efectos la
sentencia del 15 de mayo de 2026 y ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca que profiriera una nueva decisión, en la que respetara el marco del recurso de
apelación, valorara integralmente las pruebas y aplicara correctamente la culpa
exclusiva de la víctima.

3.2. Como fundamento de la solicitud, sostuvo que el Tribunal excedió el marco de la
apelación, pues, aunque desestimó el argumento del municipio relacionado con los
demás accidentes sufridos por Paula Andrea Sarmiento Osorio, revocó la sentencia
con fundamento en una valoración oficiosa del Informe Policial de Accidente de
Tránsito -IPAT-, su croquis y las hipótesis 112 y 116.

Afirmó que la autoridad judicial atribuyó al IPAT un alcance probatorio que no tenía, al
considerar demostrados el desconocimiento de las señales de tránsito y el exceso de
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velocidad, pese a que dicho documento no constituía una prueba técnica suficiente
sobre la mecánica del accidente ni permitía establecer la culpa exclusiva de la víctima.

3.3. También señaló que el Tribunal omitió valorar integralmente las pruebas
relacionadas con la falla del servicio. En particular, cuestionó que descartara los
testimonios de Luis Alberto Ospina Trujillo y Javier Toro Aguirre por no haber
presenciado la caída, sin examinar sus declaraciones sobre las condiciones del lugar
y la señalización del reductor. Agregó que no valoró adecuadamente las respuestas
municipales sobre su construcción comunitaria y el deterioro de la demarcación.

En ese contexto, adujo que la culpa exclusiva de la víctima fue aplicada
indebidamente, pues no existía prueba suficiente de que su conducta hubiera sido la
causa única del accidente. A su juicio, el Tribunal debió examinar la posible
concurrencia causal entre la conducta de la víctima y la omisión atribuida al municipio.

3.4. Finalmente, manifestó que la sentencia carecía de motivación suficiente, porque
no explicó por qué el croquis y las hipótesis del IPAT acreditaban la adecuada
señalización del reductor, el exceso de velocidad y la ausencia de incidencia causal
de la actuación municipal. Por ello, sostuvo que el Tribunal otorgó al informe policial
un valor concluyente y desplazó los demás medios de prueba.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 22 de junio de 20261, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; vinculó en calidad de terceros con interés al Municipio de
Roldanillo, Valle del Cauca y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Cartago; solicitó a las autoridades judiciales accionadas la remisión del expediente
del proceso ordinario; ordenó la notificación a las partes y dispuso la suspensión de
los términos.

Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2 solicitó negar el amparo.
Sostuvo que la sentencia cuestionada se fundó en las pruebas incorporadas al
proceso, la normativa aplicable y la jurisprudencia vigente, y que fue proferida con
observancia de las garantías del debido proceso.

Agregó que la acción de tutela no procede para controvertir una providencia judicial
por la sola discrepancia con sus fundamentos. En su criterio, la parte actora pretende
obtener una nueva decisión que confirme la sentencia de primera instancia, porque no
comparte las razones por las cuales se resolvió el recurso de apelación.

4.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartago 3 señaló que la
sentencia de primera instancia se sustentó en la jurisprudencia sobre responsabilidad
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Accionante: Paula Andrea Sarmiento Osorio y otros

estatal por falla en el mantenimiento, control y señalización de las vías, así como en la
valoración conjunta del material probatorio.

Indicó que se acreditaron las lesiones sufridas por Paula Andrea Sarmiento Osorio y
la omisión del municipio de Roldanillo frente al reductor de velocidad, cuya
construcción no contaba con soporte contractual y cuya señalización presentaba
deterioro. Añadió que los testimonios recaudados daban cuenta de la presencia de
tierra, la deficiente demarcación y la ocurrencia de otros accidentes en el sector.

Concluyó que, aunque el reductor fue instalado por la comunidad, el municipio
incumplió sus deberes de vigilancia, control y señalización, por lo que la intervención
del tercero no constituía una causa extraña exonerativa. Finalmente, remitió el
expediente digital al Consejo de Estado.

4.3. El municipio de Roldanillo4 solicitó su desvinculación del trámite constitucional
por falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que la acción de tutela se
dirigió contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y que los cuestionamientos formulados recaen exclusivamente sobre esa decisión y
las actuaciones de la autoridad judicial accionada.

Afirmó que no profirió la providencia cuestionada, no intervino en su expedición y
carece de competencia para modificarla, revocarla o dejarla sin efectos. Por ello,
señaló que no existe una acción u omisión atribuible a esa entidad que pueda
constituir la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

También indicó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y residual, por lo
que no puede utilizarse para controvertir una sentencia judicial, salvo que se acrediten
los requisitos generales y específicos de procedencia fijados por la jurisprudencia
constitucional. Precisó que corresponde al juez de tutela verificar tales presupuestos,
sin que el municipio tenga competencia para pronunciarse sobre el fondo de la
providencia cuestionada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
Paula Andrea Sarmiento Osorio, Hernán David Restrepo Sarmiento, Marlyn Tatiana
Angulo Sarmiento y Hernán de Jesús Restrepo Gutiérrez son las titulares de los
derechos fundamentales que afirman les fueron vulnerados en su condición de

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04725-00
Accionante: Paula Andrea Sarmiento Osorio y otros

demandantes dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado núm. 76147-33-33-001-2020-00087-00/01.

2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva por cuanto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue la autoridad que
profirió la decisión que, según el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 5 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela6 y otros de carácter específico, que tocan con
la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto7.

5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
7
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en
el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Accionante: Paula Andrea Sarmiento Osorio y otros

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 8.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 9.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

8
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
9
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Accionante: Paula Andrea Sarmiento Osorio y otros

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y
generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y
fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto10.

5. Caso concreto

La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Del examen del escrito de tutela se observa que la parte actora cuestiona, en
esencia, la sentencia del 15 de mayo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, al considerar que excedió el marco del recurso de apelación y
valoró indebidamente el Informe Policial de Accidente de Tránsito, su croquis y las
hipótesis 112 y 116.

En particular, sostuvo que, aunque el Tribunal desestimó el argumento del municipio
relacionado con los demás accidentes sufridos por Paula Andrea Sarmiento Osorio,
revocó la sentencia de primera instancia con fundamento en una valoración oficiosa
del IPAT. A su juicio, dicho documento no constituía una prueba técnica suficiente
sobre la mecánica del accidente ni permitía establecer el desconocimiento de las
señales de tránsito, el exceso de velocidad o la culpa exclusiva de la víctima.

Asimismo, señaló que la autoridad judicial omitió valorar integralmente las pruebas
relacionadas con la falla del servicio. En concreto, cuestionó que descartara los
testimonios de Luis Alberto Ospina Trujillo y Javier Toro Aguirre por no haber
presenciado la caída, sin examinar sus declaraciones sobre las condiciones del lugar
y la señalización del reductor. También sostuvo que no valoró adecuadamente las
respuestas municipales sobre su construcción por la comunidad y el deterioro de la
demarcación.

De igual forma, afirmó que la culpa exclusiva de la víctima fue aplicada
indebidamente, pues no existía prueba suficiente de que su conducta hubiera sido la
causa única y determinante del accidente. En su criterio, el Tribunal debió analizar la

10
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Accionante: Paula Andrea Sarmiento Osorio y otros

posible concurrencia causal entre la conducta de la víctima y la omisión atribuida al
municipio.

Finalmente, manifestó que la sentencia carecía de motivación suficiente, porque no
explicó por qué el croquis y las hipótesis del IPAT acreditaban la adecuada
señalización del reductor, el exceso de velocidad y la ausencia de incidencia causal
de la actuación municipal. Por ello, sostuvo que el Tribunal otorgó al informe policial
un valor concluyente y desplazó los demás medios de prueba.

5.2. Ahora bien, del análisis de la providencia cuestionada se advierte que, mediante
sentencia del 15 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
valoró el IPAT, su croquis y los testimonios recaudados en los siguientes términos:

“Por lo tanto y de las pruebas que anteceden resulta posible tener por acreditado
que el 16 de junio de 2019 en el municipio de Roldanillo, a la altura de la calle 9
con carrera 10, ocurrió un siniestro vial en el que según quedó plasmado en el
informe policial del accidente de tránsito A000962554, resultó lesionada la
demandante Paula Andrea Sarmiento Osorio, con varias laceraciones
superficiales en su cuerpo y una lesión de importancia en su rodilla izquierda.

Ahora bien, llama la atención de la Sala que en la sentencia apelada no se realizó
mención alguna de la importante información sobre la manera como ocurrieron
los hechos que envolvieron el referido siniestro contenida en el informe policial
antedicho, pese a haberse incorporado como prueba en el plenario, según se
pudo observar de la lectura del acta de audiencia de pruebas del 22 de noviembre
de 2023.

Dicha información consistió en señalar como «hipótesis del accidente de
tránsito», las correspondientes a «no acatar las indicaciones de las señales
existentes en el momento del accidente» por parte de la demandante como
conductora de la motocicleta accidentada y «conducir aparentemente a velocidad
mayor de la permitida según el servicio o sitio del accidente».

Situaciones que de manera evidente señalan como causa directa del siniestro
vial, la propia conducta negligente de la demandante representada en dos
situaciones específicas: desobedecer las señales de tránsito presentes en el
lugar del accidente y conducir con exceso de velocidad.

Al respecto debe decirse que a partir de la revisión del croquis del lugar del
siniestro presente en el ya referido informe policial de accidente de tránsito y que
figura en párrafos anteriores, el agente de tránsito Andrés Romero dibujó de
manera muy clara que previo al lugar donde se encontraba ubicado el reductor de
velocidad, se encontraba colocada una señal de tránsito que alertaba de su
presencia a continuación en la vía, lo que confirma la materialización de ambas
hipótesis comoquiera que de haber acatado la referida señal, la demandante
hubiera reducido su velocidad y con ello, se lograba evitar la materialización del
accidente en el que se vio comprometida su propia integridad.

Por otra parte, se tiene que las declaraciones de los testigos citados a la
audiencia de pruebas celebrada por el juzgado, no constituyeron medios de
convicción sobre la manera como ocurrió el accidente de tránsito analizado en el
presente caso, pues, se reitera, ninguno presenció su materialización, puesto que
los señores Luís Alberto Ospina Trujillo y Javier Toro Aguirre llegaron posterior a
su ocurrencia y la señora Rosalba Domínguez Rivera no estuvo en ningún

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momento en el lugar de los hechos y lo que le consta se lo informó la misma
demandante.”11

A partir de esa valoración probatoria, el Tribunal concluyó que la conducta de la
demandante constituyó la causa adecuada del daño y descartó su imputación al
municipio de Roldanillo:

“En este sentido y conforme las consideraciones previas, a efectos de evaluar la
responsabilidad de la administración en el presente caso se tiene que la causa
adecuada del daño fue la conducta imprudente de la señora Sarmiento Osorio
quien no solo ignoró la señal de tránsito que avisaba de la existencia de un
reductor de velocidad a continuación en la vía donde transitaba, sino que,
además, transitaba con exceso de velocidad.

Por lo tanto, se concluye que el daño no fue causado por una omisión de la
administración en el cumplimiento de su deber de señalización de las vías, sino
por la propia conducta de la víctima, con lo que, liberó de responsabilidad a la
entidad demandada.”12

Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial consideró configurada la culpa
exclusiva de la víctima, al estimar que su conducta fue exterior, imprevisible e
irresistible para la administración:

“Frente a estos hechos, considera la Sala que las conductas desplegadas por la
señora Sarmiento Osorio configuran el eximente de responsabilidad de culpa
exclusiva de la víctima, en los términos establecidos por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, pues fue su conducta imprudente la que permitió la
materialización del accidente del cual resultó lesionada. Pues su actuar fue
determinante, idóneo y exclusivo para la producción del daño.

Así las cosas, se acreditó que la conducta de la víctima fue exterior al actuar de la
administración, en tanto provino de una decisión autónoma y voluntaria de la
conductora de la motocicleta. Resultó además imprevisible para las autoridades
municipales, ya que, de acuerdo con el material probatorio, existía una señal de
tránsito que avisaba de la existencia del reductor de velocidad y de haberla
acatado no hubiera ocurrido el siniestro. Y fue también irresistible, al tratarse de
una acción personal de la víctima, que no podía ser evitada por quienes tienen a
su cargo el mantenimiento y señalización de las vías municipales. Bajo estos
presupuestos, se configura plenamente el eximente de responsabilidad por culpa
exclusiva de la víctima.

(…)

Por todo lo expuesto, se reitera que las pruebas allegadas al plenario fueron
contundentes en demostrar que el daño devino como consecuencia exclusiva del
propio actuar de la víctima y no derivó de la acción u omisión de la entidad
territorial demandada, ni siquiera de manera parcial, con lo que deviene el
consecuente descarte de un señalamiento de responsabilidad a cargo de la
accionada.

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Índice 00013 del aplicativo SAMAI del proceso de reparación directa identificado con radicado núm. 76147-33-
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Índice 00013 del aplicativo SAMAI del proceso de reparación directa identificado con radicado núm. 76147-33-
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Accionante: Paula Andrea Sarmiento Osorio y otros

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada, para en su lugar negar las
pretensiones de la demanda por configurarse una causal eximente de
responsabilidad atribuible al hecho exclusivo de la víctima.”13

La decisión cuestionada se sustentó, principalmente, en que las hipótesis
consignadas en el IPAT y su croquis permitían inferir que la demandante desatendió
la señal que advertía la presencia del reductor y transitaba a una velocidad superior a
la permitida. El Tribunal consideró que, de haber acatado dicha señal, habría reducido
la velocidad y evitado el accidente. A su vez, descartó los testimonios recaudados
como prueba de la mecánica del siniestro, debido a que ninguno de los declarantes
presenció su ocurrencia. Con fundamento en estos elementos y en la teoría de la
causalidad adecuada, concluyó que la conducta de la víctima fue determinante,
idónea y exclusiva en la producción del daño, por lo que declaró configurada la culpa
exclusiva de la víctima y descartó la incidencia, incluso parcial, de una acción u
omisión del municipio de Roldanillo.

5.3. En ese contexto, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca expuso de manera suficiente, clara y razonada las razones por las cuales
concluyó que no se configuró una falla del servicio imputable al municipio de
Roldanillo. En efecto, valoró el IPAT, su croquis y las hipótesis allí consignadas, a
partir de las cuales estimó que la demandante desatendió la señal que advertía la
presencia del reductor y transitaba a una velocidad superior a la permitida.

Asimismo, consideró que los testimonios recaudados no permitían establecer la
mecánica del accidente, debido a que ninguno de los declarantes presenció su
ocurrencia. Con fundamento en esos elementos y en la teoría de la causalidad
adecuada, concluyó que la conducta de la víctima fue determinante, idónea y
exclusiva en la producción del daño, por lo que declaró configurada la culpa exclusiva
de la víctima, descartó cualquier incidencia causal, incluso parcial, atribuible al
municipio y, por esa razón, revocó la sentencia de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda.

Pues bien, los elementos señalados permiten concluir que el debate probatorio y
jurídico fue examinado por el juez competente y que la decisión cuestionada contó
con sustento fáctico y normativo. Tampoco se advierte que hubiera sido adoptada de
manera arbitraria o carente de motivación, ni que durante el trámite ordinario se
hubieran vulnerado los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

5.4. Por el contrario, se observa que la parte accionante formuló reparos asociados a
los defectos alegados; sin embargo, los argumentos expuestos resultan insuficientes
frente a los requisitos desarrollados por la Corte Constitucional respecto de los
defectos que habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En esas condiciones, su inconformidad se circunscribe a un
debate de legalidad sobre la competencia y la interpretación normativa adoptadas por
el juez ordinario, sin que se demuestre una vulneración de derechos fundamentales.

13
Índice 00013 del aplicativo SAMAI del proceso de reparación directa identificado con radicado núm. 76147-33-
33-001-2020-00087-01 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, certificado CDC118B357BE22C8
2935DED4DE46CA12 9FC51EB3540772A8 A75722BCC82230A6.
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Sobre este punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa
y explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se
requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter
arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que
permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 14.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.

5.5. Ahora bien, respecto al defecto fáctico alegado por la parte accionante a la luz del
requisito de relevancia constitucional, es preciso recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se configura cuando “resulta evidente que el apoyo probatorio
en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente
inadecuado (...)”15 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la valoración
probatoria hecha por el juez en su providencia”16.

En esa medida, la indebida valoración de las pruebas, ya sea, desde su dimensión
positiva o negativa17, solo adquiere relevancia constitucional cuando el yerro es
ostensible, flagrante y manifiesto, y tiene la entidad suficiente para incidir en el sentido
de la decisión adoptada18. Por ello, para que se configure este defecto es
indispensable identificar la prueba que no fue valorada o que fue apreciada de manera
irrazonable, así como demostrar que tal irregularidad tenía la potencialidad de
modificar el resultado de la decisión judicial cuestionada.

En ese orden, los argumentos relacionados con la configuración de un defecto fáctico
no exponen una irracionabilidad en la interpretación probatoria por parte de la
autoridad judicial accionada, sino que pretenden, nuevamente, insistir en mostrar una

14
Sentencia SU215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de 1999,
T-1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.
17
Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las
que se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella, abarca
supuestos como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba trascendentales frente
a la decisión adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en los que el juez
se encuentre habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las circunstancias del caso se derive la
obligación de hacerlo para esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La dimensión positiva del defecto fáctico
puede abarcar supuestos tales como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre que las mismas hubieren sido
determinantes del sentido de la decisión; ii) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conduzcan
a demostrar los hechos en que se fundamenta la providencia judicial que se cuestiona en tutela”.
18
Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“(…) El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión,
pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería
contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita
de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones.(…)”. (Resaltado de la Sala).
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solución distinta al caso concreto de manera favorable a los intereses del tutelante,
pues no advierten reparos concretos, de carácter iusfundamental en contra del
análisis realizado por la autoridad judicial.

La controversia planteada por la parte actora se centra en cuestionar la valoración
probatoria efectuada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del
proceso de reparación directa. Aunque invoca la configuración de un defecto fáctico
por omisión valorativa, los argumentos expuestos evidencian, principalmente, su
inconformidad con el alcance otorgado a los testimonios de Luis Alberto Ospina
Trujillo y Javier Toro Aguirre, así como con la apreciación de las pruebas relacionadas
con la construcción, el mantenimiento, la señalización y el estado del reductor de
velocidad. Tales cuestionamientos corresponden al ámbito propio del proceso
ordinario y no revelan, por sí solos, una vulneración autónoma de derechos
fundamentales. La acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional
destinada a reabrir debates probatorios resueltos por el juez competente.

En este caso, se observa que la sentencia cuestionada examinó expresamente el
IPAT, su croquis, las hipótesis 112 y 116, los testimonios recaudados y las respuestas
emitidas por el municipio de Roldanillo. Asimismo, explicó las razones por las cuales
consideró que las declaraciones testimoniales no permitían establecer la mecánica
del accidente, debido a que ninguno de los declarantes presenció su ocurrencia, y
concluyó que el IPAT daba cuenta de la existencia de una señal preventiva y de una
conducta imprudente atribuible a la víctima. Por tanto, no se advierte una omisión
probatoria evidente que habilite la intervención del juez constitucional.

Lo expuesto resulta suficiente para relevar a la Sala del análisis de este cargo, pues la
parte actora no desarrolló sus argumentos en función del defecto fáctico invocado. En
efecto, se limitó a cuestionar el valor asignado a determinados medios de prueba y a
sostener que otros elementos debieron conducir a una conclusión distinta, sin explicar
de qué manera su presunta omisión configuró un defecto constitucional ni por qué las
pruebas señaladas tenían la entidad suficiente para modificar la conclusión según la
cual la conducta de la víctima fue la causa exclusiva del daño.

5.6. Así las cosas, resulta claro que la parte actora pretende imponer su interpretación
sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como reiterar su
discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en el
trámite del proceso primigenio.

En efecto, la acción de tutela formulada está encaminada a continuar con el debate
surtido en el trámite de instancia, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco de esta, sin esbozar las razones concretas por
las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada,
lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada
se sustenta en el principio de autonomía judicial.

Cabe recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y

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entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de
una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique,
como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una
instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada19, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 20.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado, por no superar el
requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Paula
Andrea Sarmiento Osorio, Hernán David Restrepo Sarmiento, Marlyn Tatiana Angulo
Sarmiento y Hernán de Jesús Restrepo Gutiérrez contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por no superar el requisito de relevancia constitucional, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

ECG

19
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
20
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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