Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04734-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04734-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04734-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
14 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: José Ángel Bonilla Coneo.
Parte accionada: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04734-00.
Asunto: Acción de tutela contra autoridades. Se ampara el derecho
fundamental de petición.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El accionante fue designado por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena como integrante de una comisión escrutadora para
las elecciones del 8 de marzo de 2026.
1.2. Con ocasión de la grave afectación de salud de su padre, quien
requirió hospitalización en UCI y una cirugía de corazón abierto, presentó
el 5 de marzo de 2026 una solicitud de exclusión de la comisión,
acompañada de los respectivos soportes médicos y documentos que
acreditaban el parentesco.
1.3. Esta petición fue negada por el Tribunal sin un pronunciamiento
expreso sobre la causal de la grave enfermedad del padre.
Posteriormente, el 7 de marzo, aportó una incapacidad médica expedida
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por EPS SURA para los días 7 y 8 de marzo y solicitó nuevamente su
exclusión, pero se le informó que el Tribunal no era competente y que
debía acudir directamente a la autoridad electoral correspondiente.
1.4. La incapacidad médica fue aceptada por la autoridad electoral y no
se generó ninguna actuación posterior relacionada con dicha
designación.
1.5. Más adelante, fue designado nuevamente como integrante de
comisión escrutadora para las elecciones presidenciales del 31 de mayo
de 2026, tanto para la primera como para la eventual segunda vuelta.
Tras obtener una nueva incapacidad médica del 29 al 31 de mayo de
2026, presentó una nueva solicitud de exclusión a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, quien remitió la petición al Tribunal Superior de
Cartagena, al considerar que este era competente para resolverla.
1.6. La respuesta recibida a esta petición consistió en una comunicación
por correo en la cual se le indicó que las excusas no aceptadas por la
Presidencia debían someterse a consideración de la mesa
correspondiente.
1.7. El 1 de junio de 2026 presentó una solicitud de información sobre las
actuaciones adelantadas frente a sus diferentes peticiones, sin obtener
una respuesta a la fecha de interposición de la acción constitucional.
1.8. En la Resolución No. 175 del 17 de junio de 2026 se mantuvieron
vigentes las designaciones para la segunda vuelta presidencial.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, petición, igualdad y acceso a
la administración de justicia por “[…] una serie de actuaciones y omisiones
desplegadas por las autoridades accionadas durante distintos momentos de
los procesos electorales desarrollados en el año 2026, consistentes, entre
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otras, en la ausencia de decisiones expresas frente a solicitudes formuladas
por el suscrito, respuestas contradictorias respecto de la autoridad competente
para resolverlas, falta de motivación suficiente en determinadas actuaciones y
la omisión de respuesta de fondo a la solicitud de información radicada el 1 de
junio de 2026. […]”.
Aseguró que “[…] la vulneración alegada no se limita a un hecho consumado
o superado, sino que continúa produciendo efectos jurídicos actuales […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Amparar mis derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO, DERECHO DE PETICIÓN, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD y DIGNIDAD
HUMANA.
SEGUNDA: Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, a su Presidencia y a su Secretaría General que, dentro del
término que se señale en el fallo, den respuesta integral, clara, precisa,
congruente y de fondo a la solicitud de información radicada por el suscrito
el día 1 de junio de 2026, pronunciándose expresamente sobre cada uno
de los puntos allí planteados.
TERCERA: Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
remitir copia íntegra de los actos administrativos, resoluciones,
memorandos, conceptos, correos electrónicos institucionales y demás
documentos relacionados con las solicitudes de exclusión, relevo,
incapacidades médicas y demás actuaciones adelantadas respecto del
suscrito durante los procesos electorales del año 2026.
CUARTA: Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
informar expresamente cuál fue la decisión adoptada respecto de cada
una de las solicitudes presentadas por el suscrito durante el año 2026,
principalmente las presentadas el 5 y 7 de marzo, así como el 29 de
mayo de 2026, indicando los fundamentos jurídicos, probatorios y fácticos
que sustentaron dichas determinaciones, así como su situación jurídica
actual frente a las designaciones electorales efectuadas para la segunda
vuelta presidencial.
QUINTA: Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
abstenerse de mantener situaciones de incertidumbre jurídica derivadas
de la ausencia de decisiones expresas, motivadas y oportunamente
comunicadas respecto de solicitudes de exclusión, relevo, incapacidades
médicas o excusas formuladas por servidores judiciales designados para
funciones electorales.
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SEXTA: Como garantías de no repetición, ordenar al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena adoptar las medidas administrativas
necesarias para asegurar que las solicitudes presentadas por servidores
judiciales designados para funciones electorales sean resueltas mediante
decisiones expresas, motivadas, oportunamente comunicadas y
sustentadas en las disposiciones legales aplicables a cada caso concreto,
evitando respuestas contradictorias sobre la competencia para resolverlas
o la ausencia de pronunciamientos formales.
SÉPTIMA: Adoptar las demás medidas que el Honorable Consejo de
Estado considere necesarias para el restablecimiento efectivo de los
derechos fundamentales vulnerados y para prevenir la repetición de las
conductas que dieron origen a la presente acción constitucional.
OCTAVA: Que se vincule a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL para que se pronuncie sobre los hechos y pretensiones
de la presente acción de tutela y se pronuncie sobre los hechos materia
de la presente acción constitucional y sobre las actuaciones surtidas
respecto de las solicitudes presentadas por el suscrito, y lo referente al
artículo 108 del Decreto 2241 de 1986 […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 7 de julio de 2026, se admitió la presente acción de tutela y
se vinculó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en calidad de tercero
con interés directo en el resultado del proceso.
III. INTERVENCIONES
1. El Secretario General del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
solicitó declarar la carencia actual de objeto y precisó que “[…] la solicitud
invocada por el accionante fue presentada el 29 de mayo de 2026, cuando el
proceso de conformación de las listas de comisiones escrutadoras por parte
de la Sala Plena del Tribunal ya había culminado y las correspondientes listas
habían sido remitidas a las autoridades electorales competentes para la
organización y desarrollo de la jornada electoral […]”.
Al respecto afirmó que “[…] En ese contexto, para la fecha de radicación de la
petición, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena había agotado
la actuación que legalmente le correspondía dentro del procedimiento de
integración de las comisiones escrutadoras, razón por la cual carecía de
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competencia para introducir modificaciones, sustituciones o reorganizaciones
sobre las listas previamente conformadas y remitidas […]”.
Por lo que indicó que “[…] cualquier situación relacionada con renuncias,
impedimentos, relevos o sustituciones de jurados y miembros de las
comisiones escrutadoras en la etapa inmediatamente anterior a las elecciones
debía ser puesta en conocimiento de las instancias electorales encargadas de
la coordinación y ejecución del proceso electoral, particularmente de la Mesa
Institucional de Coordinación Electoral y de las autoridades de la Registraduría
Nacional del Estado Civil competentes para adoptar las determinaciones
requeridas en esa fase del proceso […]”.
Concluyendo que “[…] no puede atribuirse al Tribunal una supuesta
vulneración de derechos fundamentales derivada de la falta de adopción de
una decisión respecto de una solicitud cuya atención ya no se encontraba
dentro de su ámbito competencial […]”.
Por lo cual afirmó que cualquier orden dirigida a modificar o dejar sin efectos
la designación del accionante carecería de utilidad práctica y sería de
imposible cumplimiento. Asimismo, la acción de tutela no es el mecanismo
para reabrir procesos electorales concluidos ni para obtener pronunciamientos
retrospectivos o académicos sobre actuaciones ya consolidadas. Por ello,
consideró que se ha configurado una carencia actual de objeto, al haber
desaparecido las circunstancias que dieron origen a la solicitud de amparo.
2. El accionante se pronunció sobre el anterior informe del Secretario General
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con el fin de solicitar
que se tenga en cuenta que “[…] la culminación del proceso electoral no tiene
la virtualidad de extinguir el deber constitucional y legal que recae sobre toda
autoridad pública de resolver las solicitudes que le son presentadas […]”.
3. La Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que se configura la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y adujo “[…] que las
actuaciones reprochadas por el ACCIONANTE se encuentran en cabeza del
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Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que tiene a su cargo la
designación de los miembros de las comisiones escrutadoras de la citada
circunscripción electoral, función en la que no tiene injerencia la RNEC […]”.
Solicitó que se niegue la acción de tutela por ausencia de afectación de los
derechos fundamentales de su parte.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos
fundamentales del actor por no emitir una respuesta de fondo a sus
solicitudes como escrutador designado para los procesos
electorales de marzo, mayo y junio de 2026.
3. Caso concreto
La Sala encuentra que el accionante sustenta la vulneración de sus derechos
fundamentales en la inconsistencia de las respuestas a sus solicitudes: (i) del
5 y 7 de marzo de 2026 en las que aportó una incapacidad médica expedida
por EPS SURA para los días 7 y 8 de marzo; (ii) del 29 de mayo de 2026 en la
que remitió una incapacidad médica para los días del 29 al 31 de mayo de
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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2026 y nueva solicitud de exclusión; y (iii) solicitud del 1 de junio de 2026 de
información sobre las actuaciones adelantadas.
La Sala advierte que el presente análisis se circunscribirá exclusivamente a
determinar si se vulneró el derecho fundamental de petición, esto es, si la
autoridad accionada emitió una respuesta de fondo, clara, congruente,
oportuna y puesta en conocimiento del peticionario. En consecuencia, no
corresponde a esta sede constitucional examinar el acierto o la conveniencia
del contenido material de las respuestas, pues el núcleo esencial del derecho
de petición no comprende el derecho a obtener una decisión favorable a las
pretensiones del solicitante, y si el peticionario discrepa del sentido de las
contestaciones o considera insuficiente su fundamentación no configura, por
sí misma, una vulneración del artículo 23 de la Constitución, sino que
constituye un asunto que, de ser el caso, deberá ventilarse a través de los
mecanismos judiciales o administrativos previstos para controvertir el
contenido de tales decisiones.
En cuanto a la primera petición, relacionada con los comicios del 8 de marzo
de 2026, la Sala encuentra que fue contestada en forma negativa por el
Tribunal, además de que la incapacidad médica fue valorada y aceptada por
la autoridad electoral como lo afirmó el accionante.
De la misma forma, la segunda solicitud relacionada con la nueva incapacidad
médica, vigente del 29 al 31 de mayo de 2026, remitida por la Registraduría
Nacional del Estado Civil al Tribunal Superior de Cartagena, al considerar que
este era competente para resolverla, el accionante afirma que la respuesta
recibida consistió en una comunicación por correo en la cual se le indicó que
las excusas no aceptadas por la Presidencia debían someterse a
consideración de la mesa correspondiente. De igual forma, el accionante
precisa que las designaciones para la segunda vuelta presidencial se
mantuvieron vigentes mediante la expedición y comunicación de la Resolución
No. 175 del 17 de junio de 2026.
En cuanto a la tercera solicitud, para la Sala es procedente analizar su
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contenido, el cual se transcribe a continuación:
“[…] Solicito se dé respuesta individual, expresa, clara, precisa, congruente y de fondo a
cada uno de los siguientes interrogantes, indicando las normas, actos administrativos,
antecedentes y adjuntar los soportes documentales que fundamentan cada respuesta:
1. Indique cuál fue la decisión adoptada respecto de la solicitud presentada por el suscrito
relacionada con la grave situación de salud de mi padre, identificando el acto administrativo
mediante el cual fue resuelta, su número, fecha y autoridad que la profirió.
2. Explique de manera detallada las razones jurídicas, fácticas y probatorias por las cuales
dicha solicitud no fue acogida favorablemente.
3. Indique expresamente si la solicitud relacionada con la grave situación de salud de mi
padre fue analizada a la luz del artículo 108 del Decreto Ley 2241 de 1986.
4. En caso afirmativo, explique detalladamente las razones jurídicas, fácticas y probatorias
por las cuales se concluyó que la situación acreditada no encuadraba dentro de la causal
de grave enfermedad del padre prevista en dicha disposición.
5. En caso negativo, explique las razones por las cuales no fue aplicado o considerado el
artículo 108 del Decreto Ley 2241 de 1986 al momento de resolver la solicitud presentada
por el suscrito.
6. Indique expresamente si la Corporación considera que la causal consistente en la grave
enfermedad de mi padre prevista en el artículo 108 del Decreto Ley 2241 de 1986 resulta
inaplicable a los integrantes de comisiones escrutadoras o claveros designados por el
Tribunal Superior de Cartagena y, en caso afirmativo, señale la norma jurídica que sustenta
dicha interpretación.
7. Indique cuáles fueron las pruebas aportadas por el suscrito que fueron valoradas para
resolver la solicitud relacionada con la situación de salud de mi padre y cuáles fueron
descartadas, precisando las razones para ello.
8. Sírvase indicar si al momento de resolver la solicitud presentada por el suscrito
relacionada con la grave situación de salud de mi padre fue valorado el permiso
remunerado concedido por la autoridad nominadora para los días 6 y 9 de marzo de 2026
y, en caso afirmativo, explique qué incidencia tuvo dicho documento dentro del análisis
efectuado por esa Corporación; en caso negativo, indique las razones por las cuales dicho
documento no fue tenido en cuenta.
9. Indique cuál fue la decisión adoptada respecto de la incapacidad médica presentada por
el suscrito para el proceso electoral desarrollado en marzo de 2026, identificando el acto
administrativo correspondiente.
10. Indique las razones jurídicas por las cuales se informó al suscrito que el Tribunal
Superior de Cartagena no era competente para conocer de dicha solicitud.
11. Señale la norma o normas específicas que sustentan la posición institucional según la
cual el Tribunal carecía de competencia para resolver solicitudes de exclusión
fundamentadas en incapacidades médicas de personas previamente designadas por la
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propia Corporación.
12. Indique si la Corporación considera que una incapacidad médica vigente y expedida
por una entidad prestadora de salud constituye una causal suficiente para relevar
temporalmente a una persona designada para cumplir funciones electorales y, en caso
negativo, identifique la norma jurídica que sustenta dicha conclusión.
13. Indique cuál es el criterio institucional actualmente vigente para determinar cuándo una
incapacidad médica o una situación grave de salud de un familiar permite relevar a una
persona designada para cumplir funciones electorales.
14. Indique cuál fue la decisión adoptada frente a la solicitud de exclusión presentada el
día 29 de mayo de 2026 con ocasión de la incapacidad médica vigente hasta el 31 de mayo
de 2026.
15. En caso de haber sido rechazada dicha solicitud, identifique el acto administrativo
mediante el cual se adoptó tal decisión, indicando número, fecha, autoridad competente y
fundamentos jurídicos y fácticos.
16. Indique la fecha, hora, dirección electrónica, medio de notificación y soporte documental
mediante los cuales fue comunicada o notificada al suscrito la decisión adoptada respecto
de la solicitud presentada el 29 de mayo de 2026.
17. En caso de no existir acto administrativo alguno respecto de la solicitud presentada el
29 de mayo de 2026, explique las razones por las cuales no se produjo una decisión formal
de fondo.
18. Informe si actualmente continúo designado como integrante de comisión escrutadora,
escrutador, remanente o clavero para la eventual segunda vuelta presidencial prevista para
el 21 de junio de 2026.
19. Remita copia íntegra de todos los actos administrativos, resoluciones, memorandos,
conceptos, correos electrónicos institucionales y demás documentos elaborados con
ocasión del estudio de las solicitudes presentadas por el suscrito durante los procesos
electorales del año 2026.
20. Informe cuántas solicitudes de exclusión, relevo, excusa o reemplazo fueron
presentadas por servidores judiciales para los procesos electorales de marzo y mayo de
2026.
21. Informe cuántas de dichas solicitudes fueron aceptadas y cuántas fueron rechazadas.
22. Informe cuántas solicitudes sustentadas en incapacidades médicas fueron aceptadas
y cuántas fueron rechazadas.
23. Informe cuántas solicitudes fundamentadas en situaciones graves de salud de
familiares fueron aceptadas y cuántas fueron rechazadas.
24. Explique detalladamente el procedimiento utilizado por esa Corporación para
seleccionar a los servidores judiciales que integran las comisiones escrutadoras y ejercen
funciones de claveros.
25. Indique si dicha selección se realiza mediante sorteo, reparto, designación discrecional
o cualquier otro mecanismo.
26. En caso de existir sorteo o mecanismo aleatorio de selección, remita copia de las actas,
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registros, soportes, bases de datos, informes o documentos que acrediten la forma en que
se realizó la selección correspondiente a los procesos electorales del año 2026.
27. Informe cuántos magistrados, magistrados auxiliares, secretarios, oficiales mayores,
sustanciadores, escribientes y demás empleados adscritos a las Salas Civil-Familia y
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, así como al Tribunal
Administrativo de Bolívar, fueron designados como escrutadores, claveros o integrantes de
comisiones escrutadoras para los procesos electorales celebrados durante el año 2026,
discriminando la información por corporación, sala, cargo desempeñado y función electoral
asignada.
28. Explique las razones jurídicas y normativas por las cuales la Registraduría Nacional del
Estado Civil remitió la solicitud presentada por el suscrito a la Secretaría General del
Tribunal Superior de Cartagena por considerarla competente para conocer y tramitar el
asunto, mientras que esa Corporación sostuvo que carecía de competencia para resolverlo,
indicando expresamente cuál de las dos entidades considera actualmente que ostenta
dicha competencia y la norma que sustenta tal conclusión.
29. Certifique si la solicitud presentada por el suscrito fue incluida dentro de las nuevas
excusas que, según los considerandos de la Resolución No. 150 de 2026, fueron
analizadas individualmente por la Presidencia del Tribunal.
30. En caso de que la solicitud presentada por el suscrito no hubiera sido incluida dentro
de aquellas sometidas a estudio por la Presidencia, explique las razones jurídicas y
administrativas que justificaron dicho tratamiento diferencial.
31. Certifique si respecto de la solicitud de exclusión presentada por el suscrito el día 29
de mayo de 2026 existió decisión expresa de aceptación, rechazo, archivo, abstención o
cualquier otra determinación administrativa y, en caso afirmativo, remita copia íntegra de
dicha actuación indicando la fecha de su expedición y la forma en que fue comunicada o
notificada.
32. Sírvase dar respuesta punto por punto y no de forma general, en atención al artículo
16 del parágrafo único de la ley 1437 de 2011, pronunciándose de forma clara, de fondo,
precisa y coherente, acorde a mis peticiones y dentro del término de ley.
33. Peticiono que, si se llegare a responder por fuera de los tiempos establecidos por el
Legislador, se me justifique jurídicamente, las razones por las cuales no se realiza dentro
de los términos de ley establecidos […]”
Para la Sala resulta evidente que en el expediente no obra prueba de la
respuesta emitida frente a esta última solicitud. No obstante, dicha
circunstancia no releva al juez constitucional de analizar el contenido de cada
una de las peticiones formuladas, toda vez que varias de ellas ya habían sido
atendidas en las respuestas otorgadas a solicitudes anteriores. Incluso, el
propio accionante se ha pronunciado sobre el contenido de dichas
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contestaciones y las explicaciones suministradas por la entidad accionada en
el trámite de la presente acción de tutela, lo que permite advertir que conoce
la posición asumida por la administración respecto de una parte significativa
de sus requerimientos.
De acuerdo con lo anterior, las preguntas 1 a 19 y 29 a 32, las cuales están
relacionadas con la solicitud de exclusión del accionante como miembro de la
comisión escrutadora para los comicios celebrados el 8 de marzo y el 31 de
mayo de 2026, se advierte que fueron oportunamente atendidas. En efecto,
las respuestas emitidas abordaron los planteamientos formulados y explicaron
las razones por las cuales, dada la proximidad de las jornadas electorales, no
resultaba posible efectuar modificaciones en la integración de las comisiones
escrutadoras.
El hecho de que el accionante no comparta el sentido de las respuestas, su
motivación o la posición institucional asumida por el Tribunal, no implica, por
sí mismo, la vulneración del derecho fundamental de petición. Lo anterior, por
cuanto este derecho se satisface con la emisión de una respuesta de fondo,
clara, congruente y puesta en conocimiento del interesado, sin que ello
suponga que la autoridad deba resolver favorablemente las solicitudes
formuladas ni acoger las apreciaciones o pretensiones del peticionario.
Precisado lo anterior, la Sala estima oportuno señalar que el artículo 23 de la
Constitución Política establece que todas las personas tienen derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener de ellas pronta resolución. Se trata de un
derecho fundamental de toda persona cuya garantía se considera satisfecha
cuando el peticionario obtiene una contestación que cumple con las
características de ser oportuna, clara, congruente, efectiva, eficazmente
notificada2.
2 Sentencia de 2 de mayo de 2012 y sentencia T-377 de 20000 que fijan el alcance del derecho
de petición y las condiciones en que se debe darle contestación. Las principales características
del derecho y otras subreglas se advierten en las sentencias T-578 de 1992, T-567 de 1992,
T-382 de 1993, T-572 de 1994, T-113 de 1995, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996,
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En el presente caso, para la Sala resulta es claro que el actor no ha recibido
una respuesta de fondo a su solicitud del 1 de junio de 2026, en cuanto a las
preguntas 20 a 28, pese a que ha transcurrido el término legal previsto para
ello, lo que constituye la vulneración del derecho fundamental de petición.
En razón a lo anterior, la Sala amparará el derecho fundamental de petición
de la accionante y, en consecuencia, ordenará al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena responder de fondo las preguntas 20 a 28 de la petición
del 1 de junio de 2026.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la accionante
y, en consecuencia, ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena dar respuesta a las preguntas 20 a 28 de la petición del actor
presentada el 1 de junio de 2026, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta sentencia, de conformidad con lo
señalado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
T-312 de 1999, T-415 de 1999; T-1889 de 2001; T-1160 de 2001, T-306 de 2002, T-1100 de
2006, T-108 de 2006, T-147 de 2006, T-442 de 2006, T-431 de 2007, entre otras.
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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