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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04741-00

Fecha
29 de julio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04741-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DESVINCULAR a la Gobernación del Chocó – Secretaría de Educación Departamental y a la Fiduprevisora S.A. (vocera del FOMAG) del trámite de amparo por no contar con interés. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Cipriana Palacios Palacios, cuya protección persigue remover los obstáculos que impiden el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la seguridad social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Quibdó (Chocó) – Oficina de Apoyo Judicial del Chocó que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, adelante y culmine la búsqueda exhaustiva de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso núm. 27001-23-31-000-2001-00709-00/01. Para tal efecto, deberá: (i) consultar los inventarios y registros del Archivo Central, los libros de sentencias, los archivos de secretaría y relatoría y los sistemas de información disponibles; (ii) solicitar a las dependencias y autoridades judiciales que intervinieron en el proceso, incluida la que conoció la segunda instancia, las copias que puedan conservar; y (iii) verificar, si resulta necesario, el tratamiento archivístico dado a esas providencias y la existencia de registros sobre su transferencia, conservación o eventual eliminación. Si localiza una o ambas sentencias, deberá remitir copia auténtica a la señora Cipriana Palacios Palacios dentro de los cinco (5) días siguientes. Si, agotadas todas esas actuaciones, la búsqueda resulta infructuosa, deberá elaborar un informe documentado sobre las gestiones realizadas y sus resultados, comunicarlo a la accionante y remitirlo al Tribunal Administrativo del Chocó, para que este adelante, en el marco de sus competencias, las actuaciones que correspondan frente a la pérdida de las providencias judiciales. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. QUINTO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04741-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

29 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: CIPRIANA PALACIOS PALACIOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela por vulneración al derecho fundamental de petición.
Ampara y ordena, en primera medida, continuar la búsqueda del expediente
solicitado; una vez sea ubicado, tramitar la solicitud de desarchivo y allegar las
providencias requeridas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ANTECEDENTES

La demanda

1. En nombre propio, la señora Cipriana Palacios Palacios presentó acción de tutela
contra la Dirección Seccional de Administración Judicial de Quibdó (Chocó) - Oficina
de Apoyo Judicial del Chocó y el Tribunal Administrativo del Chocó, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido
proceso, a la dignidad humana y a la pensión. Lo anterior, con ocasión de la
presunta “[…] falta de entrega del expediente bajo el radicado No
27001233100020010070901 […]”1.

Hechos relevantes

2. El 31 de octubre de 2025, desde la dirección electrónica
tailorytaliana27@gmail.com, la señora Cipriana Palacios Palacios solicitó a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Quibdó (Chocó) – Oficina de
Apoyo Judicial del Chocó2 “[…] el desarchivo del proceso entre la suscrita contra
Gobernación del Choco Y Otros, que se efectuó en el tribunal administrativo del
Choco” y “[…] Copia de las respectivas sentencias de primera y segunda instancia”3.

3. Sin embargo, la accionante alegó que, para la fecha de la interposición de la
presente acción de tutela, la autoridad destinataria de la petición no había emitido
una respuesta de fondo. Añadió que dicha omisión “[…] afect[ó] el trámite que vengo
adelantando ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CHOCO-FONDO

1
Folio 2 del escrito de tutela.
2
Al correo electrónico ofapoyoqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co.
3
Obra en certificado DFBE9FC3D48649AB 59EEEFB616599446 C0B4C21FB950CC92
6D9E6F8DAC7606F0, folio 1, índice 2 de Samai.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: Cipriana Palacios Palacios
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y Otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

NACIONAL PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO “FOMAG, con
relación a mis cesantías parciales y pensión de jubilación”4.

Pretensiones

4. La parte accionante solicita lo siguiente:

“PRIMERO: CONCEDER, la tutela de los derechos fundamentales DERECHO
DE PETICIÓN – DEBIDO PROCESO – DIGNIDAD HUMANA- PENSION, de
CIPRIANA PALACIOS PALACIOS, identificada con la cedula No […] de Quibdó.

SEGUNDA: ORDENAR A DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL OFICINA DE APOYO JUDICIAL DEL CHOCO – TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CHOCO – que en un plazo no superior a cuarenta (48)
horas contados desde la notificación de la providencia, (i) Proceda desarchivo
del proceso entre la suscrita contra Gobernación del Choco Y Otros, que se
efectuó en el tribunal administrativo del Choco bajo el radicado No
27001233100020010070901 (ii) Copia de las respectivas sentencias de primera
y segunda instancia bajo el radicado No 27001233100020010070901

TERCER: VINCULAR a la SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, para que informe los errores que hay en mi
historia laboral en la plataforma humano en línea. Y la necesidad de las
sentencias que se profirieron en el radicado No 27001233100020010070901,
con el propósito que se hagan las correcciones en mi historia laboral y pueda
tramitar mis cesantías parciales y mi pensión de jubilación

CUARTO: PREVENIR A LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL OFICINA DE APOYO JUDICIAL DEL CHOCO – TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CHOCO para que no vuelva a incurrir en las omisiones
que dieron lugar a la presentación de esta acción”5.

Fundamentos de la demanda de tutela

5. La parte demandante indicó que la falta de respuesta a lo solicitado afecta sus
derechos fundamentales a la seguridad social y solicitó la vinculación del Tribunal
Administrativo del Chocó, el Departamento del Chocó – Secretaría de Educación
Departamental y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG). En particular, señaló que requiere copia de los fallos de primera y
segunda instancia proferidos al interior del proceso de radicado núm. 27001-23-31-
000-2001-00709-00/01 “[…] con el propósito de corregir mi historia laboral en la
plataforma humano en línea, para poder tramitar mis cesantías parciales y pensión
de jubilación, a la cual tengo derecho […]”6.

Trámite de tutela

6. A través de auto del 22 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y, en consecuencia, ordenó notificar a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Quibdó (Chocó) - Oficina de Apoyo Judicial
del Chocó y el Tribunal Administrativo del Chocó en calidad de accionados, y les

4
Folio 1 del escrito de tutela.
5
Folio 2 del escrito de tutela.
6
Folio 1 del escrito de tutela.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: Cipriana Palacios Palacios
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y Otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

concedió 2 días contados a partir de la notificación para que se pronunciaran sobre
las pretensiones y los hechos objeto de tutela. De igual manera, dispuso vincular
como terceros con interés a la Gobernación del Chocó – Secretaría de Educación,
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Consejo
Seccional de la Judicatura del Chocó.

Intervenciones

7. De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Apoyo Judicial del
Chocó, la apoderada de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Quibdó (Chocó) alegó que resolvió de fondo la solicitud que fundamenta la acción
de tutela y envió la contestación a la dirección de correo electrónico señalada por la
peticionaria7. Adjuntó pantallazos de la respuesta remitida el 19 de junio de 2026 a
través del correo ofapoyoqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co, en la cual se le puso de
presente a la señora Palacios Palacios que no había sido posible localizar el
expediente requerido en las instalaciones del archivo central, y que la mora en la
consecución de lo pedido obedecía a serios traumatismos presentados en la
búsqueda del proceso, ocasionados por el traslado del archivo central a nuevas
instalaciones.

8. Igualmente, se le indicó que, a pesar de lo anterior, se continuaría con la
búsqueda del expediente hasta tanto fuera posible su desarchivo. En virtud de la
respuesta brindada, solicitó “[…] indicar que, en la presente acción tutelar, no existe
vulneración alguna, por considerarse un hecho superado, al dar respuesta de fondo
a la petición objeto de la presente acción”.

9. Posteriormente, la entidad presentó un memorial ante la Secretaría General de
esta Corporación para complementar su intervención inicial. Señaló que, el 27 de
junio de 2026, el servidor judicial encargado de localizar el expediente remitió a la
Dirección Seccional un informe sobre las actuaciones adelantadas para atender de
fondo la solicitud, circunstancia que también fue comunicada a la peticionaria. La
entidad adjuntó dicho informe y sostuvo que este demostraba que no había actuado
de manera negligente ni había desatendido la petición, sino que, por el contrario,
había coordinado gestiones con otras dependencias para ubicar el expediente.

10. En informe, el magistrado Ariosto Castro Perea, integrante del Tribunal
Administrativo del Chocó, explicó que conoció de la petición presentada por la
accionante hasta la notificación del auto admisorio de la presente demanda
constitucional, dado que la solicitud se radicó, vía correo electrónico, en la Oficina
de Apoyo Judicial del Chocó, entidad que hace parte de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial del Chocó. Manifestó que puso de presente la
situación al secretario del Tribunal Administrativo del Chocó, quien, por medio de
oficio del 30 de junio de la presente anualidad, informó que la petición objeto de
tutela no había sido allegada a la Secretaría del cuerpo colegiado, y que el proceso
objeto de postulación se encontraba a disposición de la Oficina de Apoyo Judicial,
en el archivo general.

7
Índice 9 de Samai.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: Cipriana Palacios Palacios
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y Otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

11. En este contexto, afirmó que correspondía a dicha oficina dar respuesta
oportuna a la petición y añadió que el Tribunal no ha vulnerado el derecho de
petición de la solicitante, en atención a que no se probó que la solicitud hubiese sido
radicada ante dicha autoridad judicial. Por lo anterior, solicitó denegar las
pretensiones de la acción de tutela en lo que al Tribunal Administrativo del Chocó
respecta.

12. El secretario de Educación del Departamento del Chocó expresó que en el
escrito de tutela no le fue atribuida vulneración iusfundamental alguna a la
Secretaría de Educación del Departamento del Chocó y adicionó que la entidad no
ha ejecutado ninguna conducta ni incurrido en omisión que quebrante los derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y a la dignidad humana de la
accionante, en virtud de que los hechos de narrados tienen origen en un proceso
administrativo “[…] donde el directamente vinculado en este caso es EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTROS, como entidad encargada de emitir
providencia o donde se encuentra el expediente”.

13. En ese sentido, aseveró que la entidad no ha amenazado ni vulnerado los
derechos de la tutelante y solicitó su desvinculación del trámite de tutela al
encontrarse probada la falta de legitimación en la causa por pasiva.

14. En memorial allegado el 21 de julio de la presente anualidad, la gerente jurídica
del fondo de prestaciones de la Fiduprevisora S.A. (vocera del FOMAG) afirmó
que no es responsable del quebrantamiento del derecho fundamental de la actora,
pues no existe nexo de causalidad entre la entidad y la omisión, acción o amenaza
de la garantía constitucional de la accionante. En ese sentido, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de amparo y su desvinculación por carecer de
legitimación en la causa por pasiva.

CONSIDERACIONES

Competencia

15. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
instancia de impugnación, conforme al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problema jurídico y metodología de la decisión

16. Corresponde a la Sala determinar si la respuesta remitida el 19 de junio de 2026
por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Quibdó (Chocó) – Oficina
de Apoyo Judicial del Chocó atendió de manera clara, precisa, congruente y
completa la solicitud presentada por la señora Cipriana Palacios Palacios el 31 de
octubre de 2025, relacionada con el desarchivo del proceso radicado núm. 27001-
23-31-000-2001-00709-00/01 y la entrega de las sentencias de primera y segunda
instancia. De ser así, deberá establecerse si se configuró la carencia actual de
objeto por hecho superado; de lo contrario, se determinará si subsiste la vulneración
del derecho fundamental de petición.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: Cipriana Palacios Palacios
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y Otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

17. Asimismo, en caso de comprobarse que la solicitud no fue atendida
materialmente, la Sala establecerá si la imposibilidad de acceder al expediente y a
las providencias requeridas afectó los derechos fundamentales al debido proceso y
a la seguridad social de la accionante, en la medida en que dichos documentos
serían necesarios para adelantar los trámites relacionados con la corrección de su
historia laboral, el reconocimiento de sus cesantías parciales y la obtención de la
pensión de jubilación.

18. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará: (i) el
contenido y alcance del derecho fundamental de petición y de la carencia actual de
objeto por hecho superado; (ii) los requisitos de procedencia de la acción de tutela;
y (iii) el caso concreto, en el que examinará tanto la suficiencia de la respuesta
emitida como su incidencia en los derechos al debido proceso y a la seguridad social
de la accionante.

Del derecho fundamental de petición y carencia actual de objeto

19. El artículo 23 de La Constitución Política reconoce el derecho fundamental de
toda persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, ya sea por
motivos de interés general o particular, y a obtener una respuesta oportuna y
efectiva. La Ley 1755 de 2015 desarrolló dicho derecho. Entre otros aspectos, el
estatuto mencionado establece los requisitos para formular una petición y los
criterios que permiten considerar que ha sido debidamente resuelta. Por su parte,
la jurisprudencia Constitucional ha sintetizado los elementos de este derecho de la
siguiente forma:

Tabla 1. Reglas jurisprudenciales del derecho de petición8
Elementos del derecho fundamental de petición
El derecho de petición protege la posibilidad cierta y efectiva de dirigir a las
Formulación autoridades o a los particulares, en los casos que determine la ley,
solicitudes respetuosas. Dichos sujetos no pueden negarse a recibirlas o
abstenerse de tramitarlas. Los obligados a cumplir con este derecho deben
recibir toda clase de peticiones, a excepción de las irrespetuosas.
El término de respuesta del derecho de petición debe entenderse como un
Pronta tiempo máximo que tiene la administración o el particular para resolver la
resolución solicitud. Según la Ley 1755 de 2015, salvo norma especial, ese plazo
corresponde a 15 días hábiles en las peticiones, a 10 días en la solicitud de
información o documentos o a 30 días en las consultas.
La respuesta a la petición debe ser de fondo. Por lo tanto, debe ser: (i) clara,
Respuesta “inteligible y de fácil comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que “atienda, de
de fondo manera concreta lo solicitado, sin información impertinente” y “sin incurrir
en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii) congruente, es decir, que “abarque la
materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado”, y (iv)
consecuente, lo cual implica “que no basta con ofrecer una respuesta como
si se tratara de una petición aislada (…) sino que, si resulta relevante, debe
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales
la petición resulta o no procedente”.
La respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el
Notificación mecanismo procesal adecuado “para que la persona conozca la resolución

8
Corte Constitucional, Sentencias C-951 de 2014 y SU-543 de 2023.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: Cipriana Palacios Palacios
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y Otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de
notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. Esta obligación genera para la
administración la responsabilidad de actuar con diligencia para que su
respuesta sea conocida.

20. En este contexto, la vulneración del derecho fundamental de petición se
configura cuando la autoridad guarda silencio y omite pronunciarse dentro de los
plazos legalmente establecidos, y cuando pese a emitir una respuesta, esta no
satisface de manera clara, precisa y congruente el contenido de la solicitud
formulada y, por tanto, no puede considerarse como una respuesta de fondo
adecuada o idónea. Igualmente, el hecho de que se brinde una respuesta no implica
la aceptación de lo requerido. Además, el término y la obligación para responder
una solicitud opera para una entidad con independencia de que dentro de esta deba
someterse a diferentes trámites o etapas9. Esto sin perjuicio de que cuando no sea
posible resolver la petición en el plazo legal, la autoridad deberá informar al
interesado, antes de su vencimiento, los motivos de la demora y el nuevo término
razonable para responder, que no podrá exceder el doble del inicialmente previsto10.

21. No obstante, el juez constitucional puede encontrarse con escenarios en los
que, al momento de adoptar una decisión, la situación fáctica que dio lugar a la
acción de tutela por presunta afectación del derecho fundamental de petición ha
desaparecido. En tales casos, se configura la figura de la carencia actual de objeto,
toda vez que cesó la causa que motivó la intervención del juez constitucional, y ya
no subsiste un interés jurídico que justifique una orden de protección.

22. La Corte ha reconocido que dicha figura se presenta cuando durante el trámite
de la acción de tutela desaparecen las circunstancias que originaron la presunta
vulneración de derechos fundamentales, lo que hace innecesario un
pronunciamiento judicial. En tal caso, cualquier pronunciamiento del juez carecería
de eficacia, toda vez que no existe un conflicto jurídico por resolver 10. El Tribunal
Constitucional11 ha identificado tres supuestos para la configuración de la carencia
actual de objeto: (i) hecho superado; (ii) daño consumado o (iii) situación
sobreviniente. En atención a los antecedentes del presente caso, la Subsección se
detendrá a realizar algunas precisiones sobre el hecho superado. En particular, la
hipótesis (i) opera cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental
desapareció porque la autoridad accionada adoptó, de manera voluntaria y
oportuna, las medidas necesarias para restablecer el derecho presuntamente
vulnerado12. En tales casos, la tutela pierde objeto, pues ya no subsiste la situación
lesiva que justifique una intervención del juez constitucional.

23. En suma, frente a la configuración de la carencia actual por hecho superado, el
juez constitucional debe abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo, toda
vez que los hechos que dieron lugar a la interposición del recurso de amparo fueron

9
Corte Constitucional, Sentencia T-105 de 2015.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-200 de 2022. M.P: José Fernando Reyes Cuartas.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-109 de 2022. M.P: Paola Andrea Meneses Mosquera.
12
Corte Constitucional, Sentencias T-226 de 2024, T-244 de 2023 y SU-096 de 2018.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: Cipriana Palacios Palacios
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y Otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

superados, o bien porque las pretensiones del actor fueron satisfechas por
mecanismos distintos a la acción de tutela13.

Análisis del caso concreto

Procedibilidad formal de la acción de tutela

24. A continuación, se examinará si se satisfacen los requisitos de procedibilidad
formal de la acción de tutela.

Legitimación en la causa por activa y por pasiva

25. La señora Cipriana Palacios Palacios cuenta con legitimación en la causa por
activa para formular la acción de tutela, puesto que es la titular de los derechos que
alega como vulnerados. De los soportes allegados al proceso y las respuestas
otorgadas por las autoridades accionadas, se advierte que la accionante radicó una
solicitud el 31 de octubre de 2025 a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Quibdó (Chocó) – Oficina de Apoyo Judicial del Chocó, cuya presunta
falta de respuesta fundamenta la presente demanda de amparo.

26. En cuanto a la Gobernación del Chocó – Secretaría de Educación
Departamental, y a la Fiduprevisora S.A. (vocera del FOMAG), las entidades
solicitaron su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por
pasiva, dado que la petición del 31 de octubre de 2025 no fue dirigida a dichas
autoridades. La Sala accederá a las solicitudes, pues no se acreditó que la
accionante hubiera presentado ante esas entidades la petición que originó la
presente acción de tutela.

Inmediatez

27. De acuerdo con la información suministrada dentro del expediente de tutela, la
parte accionante satisfizo el requisito, pues la petición se formuló el 31 de octubre
de 2025. Ahora bien, tal como lo indicó en la solicitud de amparo e impugnación, la
petición no había sido resuelta, por lo cual la vulneración alegada era actual. En
efecto, se supera el requisito de inmediatez.

Subsidiariedad

28. En relación con el requisito de subsidiariedad, el Decreto 2591 de 1991 indica
que la persona que acuda ante el juez de tutela deberá agotar los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su disposición. En relación con los casos en
los que alega la vulneración del derecho fundamental de petición, la jurisprudencia
constitucional14 ha establecido que “la acción de tutela es el único mecanismo de
defensa judicial idóneo y eficaz para su protección, ya que en el ordenamiento
jurídico colombiano no existe otra alternativa judicial para garantizar su
materialización […]”15.

13
Corte Constitucional, Sentencia SU-771 de 2014. M.P: Martha Victoria Sáchica Méndez.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-191 de 2022, T-206 de 2018 y T-077 de 2018.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-066 de 2024. M.P. Vladimir Fernández Andrade.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: Cipriana Palacios Palacios
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y Otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

29. En el presente caso, la Sala advierte que la señora Cipriana Palacios Palacios
no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para obtener la protección de sus
derechos fundamentales, razón por la cual procederá al estudio de fondo del caso.
Por consiguiente, la acción es procedente y la Sala realizará el estudio sobre la
solicitud formulada por la actora y que presuntamente no fue resuelta por la
Dirección Seccional de Administración Judicial del Chocó – Oficina de Apoyo
Judicial.

Estudio sustantivo de la acción de tutela

30. La señora Cipriana Palacios Palacios interpuso acción de tutela contra la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Quibdó (Chocó) - Oficina de
Apoyo Judicial del Chocó y el Tribunal Administrativo del Chocó, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la
dignidad humana y a la pensión, con ocasión de la supuesta falta de respuesta a la
solicitud elevada el 31 de octubre de 2025, por medio de la cual se requirió “[…] el
desarchivo del proceso entre la suscrita contra la Gobernación del Choco Y Otros,
que se efectuó en el tribunal administrativo del Choco” y “[…] Copia de las
respectivas sentencias de primera y segunda instancia […]”.

31. Por su parte, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Quibdó
(Chocó) sostuvo que la solicitud presentada por la accionante fue atendida mediante
correo electrónico enviado el 19 de junio de 2026, de acuerdo con la información
suministrada por la Oficina de Apoyo Judicial del Chocó. Al respecto, la entidad
remitió el siguiente soporte:

32. No obstante, al verificar el contenido de la contestación, se observa que se le
informó a la accionante que “[…] se han realizado todas las gestiones necesarias,
con miras a localizar tal proceso, empero, no se ha localizado en las instalaciones
del Archivo Central” y que “[…] No obstante, lo anterior, continuamos con la
búsqueda del precitado proceso hasta tanto logremos desarchivarlo”.

33. Posteriormente, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Quibdó
(Chocó) presentó un memorial para complementar su intervención inicial y adjuntó
un informe rendido el 27 de junio de 2026 por la Oficina de Apoyo Judicial del Chocó.
En este se indicó que se habían adelantado las gestiones necesarias para localizar
el expediente en el archivo central y que, al no haber sido posible ubicarlo, se solicitó
a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó verificar la información sobre
su localización. También se informó que la búsqueda continuaría hasta encontrar el
expediente.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: Cipriana Palacios Palacios
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y Otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

34. Con base en lo anterior, la Sala encuentra que, contrario a lo aducido por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Quibdó (Chocó), no es posible
afirmar que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado. Lo
anterior, en virtud de que, si bien es cierto que la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Quibdó (Chocó) – Oficina de Apoyo Judicial del Chocó
envió respuesta a la peticionaria, dicha contestación no satisfizo de manera
adecuada el fondo de la solicitud elevada el 31 de octubre de 2025.

35. Como se constató, la solicitud cuya falta de respuesta se alega se dirigió
particularmente a tramitar el desarchivo del proceso radicado núm. 27001-23-31-
000-2001-00709-00/01 y a obtener copias de las sentencias de primera y segunda
instancia proferidas en el referido proceso, sobre el cual afirmó haber actuado como
parte demandante. En este sentido, a pesar de que la petición fue contestada en el
sentido de informarle a la señora Palacios Palacios que no había sido posible
localizar el expediente requerido, ello no constituye una respuesta de fondo a lo
solicitado.

36. La respuesta del 19 de junio de 2026 no configuró un hecho superado, pues,
aunque informó la imposibilidad de localizar el expediente, no explicó
suficientemente las gestiones realizadas, no fijó un término cierto para culminar la
búsqueda ni señaló el procedimiento aplicable ante su eventual pérdida. En
consecuencia, procede amparar el derecho de petición y ordenar una búsqueda
exhaustiva, la entrega inmediata de las providencias que se localicen.

37. Lo expuesto cobra aún mayor importancia si se tiene en cuenta que, de acuerdo
con lo alegado en el escrito de tutela, la accionante requiere las documentales
solicitadas con el fin de “[…] tramitar mis cesantías parciales y pensión de jubilación,
a la cual tengo derecho […]”16. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que, en ocasiones, la ausencia de respuesta a las solicitudes, además de
vulnerar el derecho de petición, “[…] dificulta el ejercicio de los derechos
prestacionales, pone en peligro el goce de la pensión y en general se amenaza la
efectividad del derecho a la seguridad social […]”17.

38. Ahora bien, la Ley 594 de 200018 establece que el fin de los archivos es disponer
de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea
recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente
de historia, y dispone que constituyen una herramienta indispensable, entre otros,
para la administración de justicia, en la medida que documentan las personas, los
derechos y las instituciones.

39. Igualmente, dicha ley determina los principios generales que rigen la función
archivística desde la creación de los documentos hasta su eliminación o
conservación permanente, y establece la responsabilidad del servidor público en la
organización, conservación uso y manejo de los documentos.

16
Folio 1 del escrito de tutela.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-445 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
18
Ley 594 de 2000. “Por la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.”

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: Cipriana Palacios Palacios
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y Otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

40. En particular, frente a la custodia y conservación de documentos contenidos en
expedientes judiciales, el Consejo Superior de la Judicatura ha regulado lo atinente
a la gestión documental en la Rama Judicial por medio del Acuerdo PCSJA25-12272
de 202519, cuyo artículo 23 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 23. Funciones la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de
las Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones
administrativas. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las
Direcciones Seccionales de Administración Judicial o Coordinaciones
Administrativas, como coordinadores de los Archivos de gestión y responsables
de los Archivos centrales y documentación del Archivo Histórico, ubicados
dentro de sus circunscripciones territoriales, tendrán las siguientes funciones:

[…] 3. Administrar, preservar, controlar y custodiar los expedientes y
documentos físicos del Archivo central e histórico y garantizar las condiciones
que permitan su adecuada conservación. Para ello deben proveer los depósitos
con las características y dotación adecuadas, según lo indicado en el Sistema
Integrado de Conservación de la Rama Judicial, donde se ubicarán los Archivos
centrales e históricos.

4. Garantizar la disponibilidad de los documentos y expedientes físicos y
electrónicos de los Archivos Centrales e Históricos cuando sean requeridos,
para ello deben organizar y atender los servicios de consulta, reproducción total
o parcial de documentos, su desglose y expedición de certificaciones,
considerando las restricciones de acceso de carácter constitucional y/o legal
que puedan recaer sobre la información […]”20.

41. La obligación de administrar, preservar, custodiar y garantizar la disponibilidad
de los expedientes judiciales no constituye un deber meramente formal u
organizativo. Su finalidad consiste en asegurar que las personas puedan recuperar
la información necesaria para acreditar situaciones jurídicas y ejercer sus derechos.
Por ello, cuando una autoridad tiene a su cargo un archivo, no satisface sus
obligaciones con la simple manifestación de que el documento no fue localizado,
pues las consecuencias de la pérdida, desorganización o deficiente custodia
institucional no pueden trasladarse al ciudadano. En tales circunstancias, la
autoridad debe desplegar una búsqueda diligente, informar de manera concreta las
actuaciones adelantadas y, si se confirma la pérdida total o parcial, activar los
mecanismos de reconstrucción correspondientes.

42. Como se evidencia, dentro de las funciones de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Quibdó (Chocó) – Oficina de Apoyo Judicial se
encuentran las estipuladas en el precitado artículo, en lo que respecta a la gestión
documental de los expedientes judiciales.Desde esa perspectiva, la respuesta
ofrecida a la señora Cipriana Palacios Palacios resulta insuficiente. Aunque la
Dirección Seccional le comunicó que no había localizado el expediente y que
continuaría buscándolo, no precisó las fuentes consultadas, las actuaciones
realizadas, el término para culminar la búsqueda ni el procedimiento que adelantaría
si se confirmaba su pérdida. En consecuencia, la contestación no solucionó el objeto
de la petición ni ofreció una ruta cierta para acceder a las sentencias solicitadas.

19
Acuerdo PCSJA25-12272 de 2025. “Por el cual se actualiza la Política de gestión documental y
archivo para la Rama Judicial y se definen los lineamientos para su implementación”.
20
Íbid.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: Cipriana Palacios Palacios
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y Otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Por el contrario, mantuvo indefinidamente el obstáculo originado en la imposibilidad
de ubicar un expediente cuya custodia y disponibilidad correspondían a la propia
Rama Judicial.

43. Esta omisión adquiere relevancia constitucional porque las providencias
requeridas no tienen para la accionante una finalidad meramente informativa: fueron
solicitadas para corregir su historia laboral y adelantar los trámites relacionados con
el reconocimiento de sus cesantías parciales y de la pensión de jubilación. En
consecuencia, la falta de acceso a esos documentos impide que la actora aporte
elementos determinantes para solicitar prestaciones comprendidas en el sistema de
seguridad social. Así, la respuesta incompleta no solo vulnera el derecho
fundamental de petición, sino que también produce una afectación actual del
derecho a la seguridad social, en su dimensión de acceso efectivo, porque obliga a
la accionante a soportar las consecuencias de una falla archivística institucional y le
impide avanzar en el procedimiento dirigido al reconocimiento de sus derechos
prestacionales. Por tanto, la protección constitucional no puede limitarse a ordenar
una nueva contestación formal, sino que debe remover el obstáculo mediante
medidas efectivas de búsqueda, entrega y, de ser necesario, reconstrucción de las
providencias judiciales.

44. En esta lógica, la Sala considera necesario amparar el derecho fundamental de
petición de la señora Palacios Palacios para, con ello, remover los obstáculos que
se presentan para el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales a la
seguridad social y al debido proceso administrativo. Sin embargo, se advierte que
la solución de este caso y las órdenes a impartir responden a circunstancias
particulares y especiales que requieren un remedio judicial complejo.

Remedios judiciales

45. Con relación a la conservación de archivos, la Corte Constitucional ha
establecido que es deber de las autoridades administrar, proteger, guardar y
custodiar adecuadamente sus archivos, y que, en consecuencia, so pena de
vulnerar los derechos fundamentales del peticionario, las autoridades no podrán
alegar la imposibilidad de suministrar la información solicitada porque esta ha
desaparecido o se ha extraviado de sus archivos21. Al estudiar casos de extravío o
pérdida de expedientes administrativos cuyo contenido resulta decisivo para
acceder al reconocimiento de derechos o prestaciones, el Alto Tribunal ha fijado que
quien administra o custodia el archivo o la base de datos adquiere la calidad de
garante de dicha información.22

46. En el presente asunto, la falta de ubicación del expediente no permite concluir
automáticamente que este se perdió. Para establecer qué ocurrió con la
documentación, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Quibdó –
Oficina de Apoyo Judicial del Chocó deberá agotar dos verificaciones
complementarias. Primero, tendrá que adelantar una búsqueda material y
exhaustiva del expediente y, de manera independiente, de las sentencias

21
Corte Constitucional, Sentencia T-007 de 2022. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: Cipriana Palacios Palacios
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y Otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

solicitadas, mediante la consulta de los depósitos, inventarios documentales, actas
de transferencia, registros de préstamo y movimiento, libros de sentencias, archivos
de secretaría y relatoría, sistemas de información y dependencias que intervinieron
en la primera y segunda instancia. Segundo, deberá determinar el tratamiento
archivístico aplicado al proceso, para lo cual tendrá que establecer si la
documentación recibida por el Archivo Central correspondía al expediente original
o a una copia y consultar la Tabla de Retención Documental —TRD23 — o la Tabla
de Valoración Documental —TVD24— aplicable.

47. Esta comprobación es necesaria porque los artículos 49 y 50 del Acuerdo
PCSJA25-12272 de 2025 regulan supuestos diferentes. El artículo 50 autoriza la
depuración de las copias de expedientes judiciales terminados y archivados una vez
transcurridos veinte años desde el documento más reciente, pero condiciona esa
actuación a que se conserve el expediente original y a que la eliminación quede
documentada mediante el acta y el inventario correspondientes. Por tanto, si se
llegara a establecer que el Archivo Central eliminó una copia del expediente, la
Dirección Seccional deberá identificar dónde se encuentra el original cuya
conservación justificó aquella depuración y obtener de este las sentencias
requeridas. La antigüedad del proceso, por sí sola, no permite presumir que también
podía destruirse el original.

48. Por su parte, el artículo 49 del mismo Acuerdo permite eliminar documentos o
expedientes que hayan cumplido los tiempos previstos en la TRD o TVD y que no
estén destinados a conservación permanente. Sin embargo, esa disposición
tampoco autoriza una destrucción automática por el simple transcurso del tiempo.
La Dirección Seccional deberá verificar la disposición final asignada a la respectiva
serie documental y comprobar que se cumplió integralmente el procedimiento de
eliminación, incluida la existencia del inventario documental, la publicación previa
para observaciones, la aprobación del Comité Nacional de Archivo, el acta de
eliminación y el certificado de destrucción. Para ello deberá consultar los
instrumentos adoptados para los procesos judiciales mediante el Acuerdo
PCSJA25-12273 de 2025 o la TVD aplicable al fondo documental correspondiente.

49. Si existe prueba de una eliminación reglamentaria, la Dirección Seccional
deberá informar a la accionante qué documentación fue eliminada, si se trataba del
original o de una copia, cuál instrumento archivístico autorizó esa actuación y cuáles
son las actas e inventarios que la respaldan. Aun en ese supuesto, deberá buscar
las sentencias en las demás fuentes institucionales, porque pueden conservarse
copias auténticas en los libros de providencias, la Secretaría o Relatoría del
Tribunal, el despacho que profirió la decisión, el Consejo de Estado o los archivos

23
La TRD es la Tabla de Retención Documental. Es el instrumento que clasifica las series y subseries
documentales producidas por cada dependencia y establece: i) cuánto tiempo deben permanecer en
el archivo de gestión y en el archivo central; ii) si después deben conservarse totalmente,
seleccionarse, reproducirse o eliminarse; y iii) qué procedimiento debe cumplire para su disposición
final.
24
La TVD es la Tabla de Valoración Documental. Cumple una función semejante, pero se aplica
principalmente a fondos documentales antiguos o acumulados que se ofrmaron cuando no existía
una TRD debidamente aprobada. Permite establecer su valor jurídico, administrativo, histórico o
cultural, el tiempo de conservación y su destino final.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: Cipriana Palacios Palacios
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y Otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

de las partes. De encontrarse una o ambas sentencias, deberán entregarse
inmediatamente, sin condicionar su expedición a la recuperación de la totalidad del
expediente.

50. En cambio, si no existe evidencia de una eliminación reglamentaria, si los
registros archivísticos indican que el expediente debía conservarse o si, pese a
haberse eliminado una copia, no puede localizarse el original que debía permanecer
disponible, la situación deberá calificarse como una posible pérdida total o parcial.
En tal evento, la Dirección Seccional deberá elaborar un informe documentado en
el que exponga las diligencias efectuadas, los instrumentos archivísticos
consultados, las piezas recuperadas y los documentos faltantes, y remitirlo
inmediatamente al Tribunal Administrativo del Chocó. Esta dependencia no puede
limitarse a manifestar que desconoce la ubicación del expediente, pues, de acuerdo
con el artículo 23 del Acuerdo PCSJA25-12272 de 2025, es responsable de
administrar, preservar, custodiar y garantizar la disponibilidad de los documentos
conservados en el Archivo Central.

51. En ese sentido, se amparará el derecho fundamental de petición de la señora
Cipriana Palacios Palacios y se ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Quibdó (Chocó) - Oficina de Apoyo Judicial del Chocó
que adelante y culmine la búsqueda exhaustiva de las sentencias de primera y
segunda instancia proferidas en el proceso núm. 27001-23-31-000-2001-00709-
00/01. Para tal efecto, deberá: (i) consultar los inventarios y registros del Archivo
Central, los libros de sentencias, los archivos de secretaría y relatoría y los sistemas
de información disponibles; (ii) solicitar a las dependencias y autoridades judiciales
que intervinieron en el proceso, incluida la que conoció la segunda instancia, las
copias que puedan conservar; y (iii) verificar, si resulta necesario, el tratamiento
archivístico dado a esas providencias y la existencia de registros sobre su
transferencia, conservación o eventual eliminación. Si localiza una o ambas
sentencias, deberá remitir copia auténtica a la señora Cipriana Palacios Palacios
dentro de los cinco (5) días siguientes. Si, agotadas todas esas actuaciones, la
búsqueda resulta infructuosa, deberá elaborar un informe documentado sobre las
gestiones realizadas y sus resultados, comunicarlo a la accionante y remitirlo al
Tribunal Administrativo del Chocó, para que este adelante, en el marco de sus
competencias, las actuaciones que correspondan frente a la pérdida de las
providencias judiciales.

52. En cuanto al Tribunal Administrativo del Chocó, la Sala no concederá el amparo
en su contra, toda vez que la solicitud de desarchivo y entrega de las sentencias fue
presentada exclusivamente ante la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Quibdó – Oficina de Apoyo Judicial del Chocó, sin que se acreditara su radicación
o remisión al referido Tribunal. En efecto, esta autoridad judicial solo tuvo
conocimiento de la petición con ocasión de la notificación del auto admisorio de la
acción de tutela, por lo que no puede atribuírsele una omisión en su trámite o
respuesta ni, por consiguiente, la vulneración de los derechos fundamentales
invocados. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las actuaciones que, en el marco
de sus competencias, deba adelantar si la búsqueda de las providencias resulta
infructuosa y la Dirección Seccional le informa sobre su posible pérdida.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: Cipriana Palacios Palacios
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y Otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DESVINCULAR a la Gobernación del Chocó – Secretaría de Educación
Departamental y a la Fiduprevisora S.A. (vocera del FOMAG) del trámite de amparo
por no contar con interés.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Cipriana
Palacios Palacios, cuya protección persigue remover los obstáculos que impiden el
ejercicio efectivo de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y
a la seguridad social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Quibdó (Chocó) – Oficina de Apoyo Judicial del Chocó que, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la notificación de esta providencia, adelante y culmine la
búsqueda exhaustiva de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas
en el proceso núm. 27001-23-31-000-2001-00709-00/01. Para tal efecto, deberá: (i)
consultar los inventarios y registros del Archivo Central, los libros de sentencias, los
archivos de secretaría y relatoría y los sistemas de información disponibles; (ii)
solicitar a las dependencias y autoridades judiciales que intervinieron en el proceso,
incluida la que conoció la segunda instancia, las copias que puedan conservar; y
(iii) verificar, si resulta necesario, el tratamiento archivístico dado a esas
providencias y la existencia de registros sobre su transferencia, conservación o
eventual eliminación. Si localiza una o ambas sentencias, deberá remitir copia
auténtica a la señora Cipriana Palacios Palacios dentro de los cinco (5) días
siguientes. Si, agotadas todas esas actuaciones, la búsqueda resulta infructuosa,
deberá elaborar un informe documentado sobre las gestiones realizadas y sus
resultados, comunicarlo a la accionante y remitirlo al Tribunal Administrativo del
Chocó, para que este adelante, en el marco de sus competencias, las actuaciones
que correspondan frente a la pérdida de las providencias judiciales.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

QUINTO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04741-00
Accionante: Cipriana Palacios Palacios
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y Otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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