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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04750-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04750-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Segundo.- Desvincular del trámite constitucional al Consejo Superior de la Judicatura por falta de legitimación en la causa por pasiva. Tercero.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia. Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04750-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04750-00
Accionante: JULIETH CARREÑO ARCHILA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Solicitud presentada en
ejercicio del derecho de petición. Carencia actual de objeto por
hecho superado

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Julieth Carreño Archila, quien actúa en nombre propio,
contra el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de junio de 2026, la parte accionante solicitó al juez constitucional la protección
de su derecho fundamental de petición que considera vulnerado por la autoridad
accionada.

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“1. Se tutele mi derecho fundamental de petición.

2. Como consecuencia de lo anterior, se le ordene a la RAMA JUDICIAL – CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL que dentro del término de las CUARENTA Y OCHO
(48) HORAS siguientes a la notificación del fallo de tutela de respuesta clara,
precisa y de fondo al ítem “petición adicional” de la reclamación administrativa, esto
es, que responda a lo siguiente:

"PRIMERO: Se expida certificación laboral que acredite el tiempo laborado en la
Rama Judicial por la Sra. JULIETH CARREÑO ARCHILA identificada con la C.C.
No. 1.193.474.502 de Cúcuta discriminando tiempo de vinculación, el nombre del
cargo, nombre del despacho, fecha de inicio y fecha final de vinculación por
cargo.
SEGUNDO: En cuanto a la remuneración percibida por la Sra. JULIETH
CARREÑO ARCHILA, se expida certificación en la que se delimite por cada cargo
ejercido:

1) Cuáles son los factores constitutivos de salario y las prestaciones sociales
reconocidas y pagadas (primas, cesantías, vacaciones, etc.). Indicando además
la normatividad aplicable y remitiendo la liquidación realizada mes a mes de las

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04750-00
Accionante: Julieth Carreño Archila

prestaciones desde que la Sra. JULIETH CARREÑO ARCHILA, se vinculó a la
Rama Judicial a la fecha.

2) Cuáles son las remuneraciones reconocidas y pagadas que no se reconocen
como factor salarial y en consecuencia, no se tiene en cuenta su valor dentro de
la liquidación de las prestaciones sociales (entre ellas, la bonificación judicial
creada por el Decreto 0383 de 2013)

3) La justificación vigente para no reconocer y pagar la bonificación judicial creada
por el Decreto 0383 de 2013 como factor salarial.”

Notificando la respuesta a mi correo julietharchila17@gmail.com”.

2. Hechos

La accionante manifestó que el 13 de marzo de 2026, bajo el núm. EXDESAJBO26-
6476, radicó “reclamación administrativa” para el reconocimiento y pago de la
bonificación como factor salarial. Precisó que, en ejercicio del derecho de petición
en el mismo escrito incluyó un acápite que denominó “petición adicional” con el
objeto de que se le expidiera una certificación laboral con la especificación de los
factores salariales y no salariales percibidos.

Señaló que mediante Resolución núm. DESAJBOR26-3416 de 25 de marzo de
2026, la administración contestó lo referente al reconocimiento y pago de la
bonificación salarial. Sin embargo, omitió pronunciarse sobre las solicitudes del
acápite de “petición adicional”, circunstancia que se mantuvo incluso al resolverse
el recurso de reposición1.

Indicó que a la fecha de presentación de la presente acción no se ha emitido
respuesta de fondo a la precitada petición adicional.

3. Fundamentos de la acción

La accionante citó el artículo 13 y 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el
artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, con el fin de demostrar que toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y recibir una
respuesta en el término señalado por el legislador.

Adicionalmente, citó la Sentencia T-007 de 2022 que estableció que ese derecho
fundamental tiene cuatro elementos como son: “i) el derecho de toda persona,
natural y jurídica, a presentar solicitudes respetuosas —escritas y verbales— ante
las autoridades públicas y las organizaciones e instituciones privadas, sin que estas
puedan negarse a recibirlas y tramitarlas. ii) el derecho a obtener una respuesta
clara, precisa y de fondo, lo cual exige un pronunciamiento congruente, consecuente
y completo en relación con cada uno de los aspectos planteados. Lo anterior, con
independencia de que la respuesta sea favorable o desfavorable a lo solicitado. iii)
el derecho a recibir una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos
establecidos en la ley y, iv) el derecho a la notificación de lo decidido”.

Finalmente, afirmó que la vulneración se mantiene y agrava al no recibir respuesta
alguna, lo cual implica que se ha incurrido en flagrante vulneración al derecho en
cita, toda vez que la respuesta además de ser pronta y sustancial debe ser puesta
en conocimiento del peticionario.

1 Lo cual se realizó por Resolución DESAJBOR26-9004 de 20 de mayo de 2026.

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Accionante: Julieth Carreño Archila

4. Trámite procesal

Por medio de auto de 24 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar a la accionante y a la autoridad accionada. De igual
modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de
lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso. La Secretaría
General de esta Corporación libró los oficios correspondientes el 26 de junio de
2026.

Mediante auto de 9 de julio de 2026, se dispuso vincular a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá y a la Oficina de Nómina de la Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, cuya comunicación se surtió el 15 de julio de
2026.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura

Mediante radicado PCSJO26-866 de 2 de julio de 2026 alegó la falta de legitimación
en la causa por pasiva y manifestó que actúa como el órgano de gobierno y
administración de la rama judicial, sin embargo, aclaró que el legislador
desconcentró varias de sus atribuciones y de manera específica, es a las
Direcciones Seccionales de Administración Judicial, a quien corresponde definir el
reconocimiento y pago de los emolumentos y prestaciones sociales con relación del
personal que trabaja en los despachos judiciales de su jurisdicción territorial, así
como también la expedición de certificados, corrección de los mismos,
reconocimiento y demás situaciones que deriven del pago o descuentos de nómina.

Manifestó que no es el llamado a responder las órdenes que se expidan con el fin
de amparar las garantías constitucionales del accionante, por cuanto no se no
aportó prueba que permita establecer que en efecto se radicó una petición ante esa
Corporación.

Con fundamento en lo anterior, solicitó la desvinculación del trámite de tutela, al
considerar que no tuvo participación en los hechos que dieron lugar a la presunta
vulneración del derecho fundamental invocado, toda vez que en el material
probatorio allegado se estableció que la petición aludida fue atendida por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

5.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

A través de la unidad de asistencia legal presentó informe con radicado
DEAJALO26-6565 de 1 de julio de 2026 y manifestó que es la Dirección Seccional
de Administración judicial de Bogotá y no a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (nivel central), a quien corresponde soportar la presunta amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Indicó que solicitó información a la Unidad de Talento Humano de la Dirección y a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y que ésta
última mediante correo electrónico del 26 de julio de 2026, informó que en efecto, la
actora trabajó en despachos adscritos a dicha Seccional y anexó la certificación
laboral de la accionante que aparece expedida a solicitud del interesado el 1 de julio
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de 2026. Por último, solicitó la desvinculación del trámite por falta de legitimación
por pasiva.

5.3. Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá

La entidad a través del grupo de apoyo a las acciones constitucionales indicó que
respecto de la petición de 13 de marzo de 2026 y frente a la vinculación de 9 de julio
de 2026, procedió a rendir informe entregando a la accionante la información
solicitada en la -petición adicional- relacionada con su tiempo de vinculación laboral,
cargos desempeñados, certificaciones e información salarial y prestacional
solicitada, remitiendo además los soportes documentales pertinentes para atender
de fondo los requerimientos elevados.

Indicó que teniendo en cuenta que emitió por medio de correo electrónico de 21 de
julio 2026 el informe requerido por la accionante correspondía declarar la
improcedencia de la acción de tutela, al encontrarse el asunto bajo hecho superado
por carencia actual de objeto.

5.4. La Oficina de Nómina de la Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

En el escrito de contestación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial solicitaron su desvinculación por falta de
legitimación en la causa.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción,
de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en
caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada” 2.

Así las cosas, la Sala negará las solicitudes presentadas pues revisados los correos
electrónicos a los cuales se envió la petición objeto de tutela, se advierte varias
cuentas que son administradas por la accionada, razón por la cual, no procede su
desvinculación.

En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura se advierte que procede su
desvinculación, en atención a que se observa que no tiene injerencia en la supuesta

2 Sentencia T-005 de 2022.

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Accionante: Julieth Carreño Archila

vulneración de derechos fundamentales, en tanto, no se radicó petición alguna ni
participó en el trámite administrativo.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si las autoridades accionadas vulneraron el
derecho fundamental de petición de la señora Julieth Carreño Archila por la
supuesta falta de respuesta de fondo a la solicitud adicional presentada el 13 de
marzo de 2026, o si operó la carencia actual de objeto por configurarse un hecho
superado.

4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.

5. Estudio y solución del caso concreto

La señora Julieth Carreño Archila, quien actúa en nombre propio, presentó acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por considerar vulnerado su derecho fundamental de
petición, con ocasión de la falta de respuesta a lo que denominó una “petición
adicional”, incorporada en la reclamación administrativa radicada el 13 de marzo de
2026.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de tutela, se advierte
en dicha solicitud adicional que la parte actora pidió lo siguiente:
“PETICIÓN ADICIONAL

Adicional a lo anterior, se solicita respetuosamente lo siguiente:

PRIMERO: Se expida certificación laboral que acredite el tiempo laborado en la Rama
Judicial por la Sra. JULIETH CARREÑO ARCHILA identificada con C.C No.
1.193.474.502 de Cúcuta discriminando el tipo de vinculación, el nombre del cargo,
nombre del despacho, fecha de inicio y fecha final de vinculación por cargo.

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SEGUNDO: En cuanto a la remuneración percibida por la Sra. JULIETH CARREÑO
ARCHILA, se expida certificación en la que se delimite por cada cargo ejercido:

1) Cuáles son los factores constitutivos de salario y las prestaciones sociales
reconocidas y pagadas (primas, cesantías, vacaciones, etc.). Indicando además la
normatividad aplicable y remitiendo la liquidación realizada mes a mes de las
prestaciones desde que la Sra. JULIETH CARREÑO ARCHILA se vinculó a la Rama
Judicial a la fecha.

2) Cuáles son las remuneraciones reconocidas y pagadas que no se reconocen como
factor salarial y en consecuencia, no se tiene en cuenta su valor dentro de la
liquidación de las prestaciones sociales (entre ellas, la bonificación judicial creada por
el Decreto 0383 de 2013)

3) La justificación vigente para no reconocer y pagar la bonificación judicial creada por
el Decreto 0383 de 2013 como factor salarial”.

En el curso de la acción de tutela, las autoridades accionadas demostraron haber
otorgado respuesta a la peticionaria. En efecto, la Dirección Seccional de
Administración de Justicia acreditó que en correo enviado a la interesada el 21 de
julio de 2026, informó:

“En atención a la acción de tutela de la referencia, me permito informar que en cuanto al
literal PRIMERO se corre traslado a la funcionaria
jcastanva@cendoj.ramajudicial.gov.co, para lo de su competencia.

Respecto al literal SEGUNDO, me permito hacer las siguientes precisiones:

1) La liquidación realizada mes a mes de las prestaciones de la señora Julieth Carreño
Archila fue notificada el 7 de abril de 2026 junto con la Resolución DES’’AJBOR3416
del 25 de marzo de 2026, en cuatro (4) archivos (Nómina del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2023, Nómina del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, Nómina del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2024 (sic), Nómina del 1 de enero al 31 de marzo de 2026),
en la cual se especifican, los fatores constitutivos de salario y las prestaciones sociales
reconocidas.

2) En cuanto a los numeral 2 y 3, la respuesta a los mismos se encuentra inmersa en la
parte motiva de la resolución DESAJBOR26-3416 del 25 de marzo de 2026.

En consecuencia, esta Dirección Seccional ha dado respuesta clara y de fondo a la
petición impetrada.”

La Sala evidencia que el correo fue enviado a la dirección electrónica informada en
el escrito de solicitud objeto de esta acción constitucional.

Es de precisar que si bien, frente al primer punto (certificación laboral) adujo que lo
enviaba al competente, la Sala encuentra que en el correo de respuesta se adjuntó
la certificación pedida, que da cuenta de los cargos ocupados, el despacho judicial
al cual estaba adscrito, el tipo de nombramiento y la fecha de vinculación y
desvinculación.
En ese escenario, se advierte que con el correo enviado el 21 de julio de 2026, la
accionada se pronunció frente a lo pedido en el escrito de 13 de marzo de 2026.

Por lo tanto, la Sala concluye que en el asunto bajo estudio se configura la carencia
actual de objeto por hecho superado3, en la medida que el hecho que motivó la

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La Corte Constitucional ha precisado que el hecho superado se configura cuando durante el trámite de tutela
la parte accionada atiende satisfactoriamente las pretensiones que motivaron la solicitud de amparo. “En otras

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interposición de la acción de tutela cesó con la expedición de la respuesta de fondo
y sus anexos de 21 de julio de 2026. De ahí, que al desaparecer la causa que dio
origen al ejercicio del mecanismo constitucional, se torna inocua cualquier orden del
juez de tutela.

En consecuencia, se declarará la configuración de una carencia actual de objeto por
hecho superado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial.

Segundo.- Desvincular del trámite constitucional al Consejo Superior de la
Judicatura por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Tercero.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho
superado, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el
mismo diera orden alguna. Es importante precisar que en estos casos le corresponde al juez de tutela constatar
que: (i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela (ii) y que
la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar), voluntariamente” (sentencia SU-522 de 2019).
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