Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04754-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04754-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04754-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04754-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
24 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04754-00
Accionante: SADY ANDRÉS ORJUELA BERNAL
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Hecho superado cuando la autoridad satisface lo solicitado sin que medie la orden
del juez. PETICIÓN-Circunstancias en que se entiende vulnerado el derecho. PETICIÓN EN ACTUACIÓN JUDICIAL-
Se regula por los códigos procesales y no por la primera parte del CPACA.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Sady Andrés Orjuela Bernal contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena y otro.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
Sady Andrés Orjuela Bernal, actuando en nombre propio, formuló acción de tutela con el
fin de obtener la protección de su derecho fundamental de petición, el cual consideró
desconocidos por el Juzgado 001 Administrativo de Santa Marta (Juzgado 801
Administrativo Transitorio de Valledupar) y el Tribunal Administrativo del Magdalena, al
no dar respuesta de fondo a las solicitudes radicadas los días 8 y 26 de mayo de 2026,
mediante las cuales requirió la expedición de la constancia de ejecutoria de la sentencia
2
Radicación:11001-03-15-000-2026-04754-00
Accionante: Sady Andrés Orjuela Bernal
Acción de tutela–Primera instancia
de segunda instancia proferida el 3 de diciembre de 2025, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 1.
En virtud del amparo, el accionante solicitó textualmente:
«1. Se tutele el derecho fundamental de petición y cualquiera otro que resulte
vulnerado.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al JUZGADO 001
ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA (JUZGADO 801 ADMINISTRATIVO
TRANSITORIO DE VALLEDUPAR y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
MAGDALENA que en el término improrrogable de 48 horas siguientes a la
notificación del fallo de tutela conteste de fondo a los derechos de petición
radicados el ocho (08) de mayo y veintiséis (26) de mayo del 2026, referentes a la
solicitud de expedición de la constancia de ejecutoria de la sentencia de segunda
instancia proferida el tres (03) de diciembre de 2025 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, dentro del proceso 47001-33-33-001-
2022-00531-00, toda vez que mencionan que ya se encuentra ejecutoriada y se
debe solicitar al juzgado de origen, pero no se encuentra en el expediente de
manera clara dicha constancia, siendo este documento necesario para la
asignación de turno de pago con la Fiscalía General de la Nación.
3. Se exhorte a los accionados para que no sigan incurriendo en conductas como
las que hoy son materia de estos.»
2. Hechos relevantes
El señor Sady Andrés Orjuela Bernal señala que, los días 8 y 26 de mayo de 2026, radicó
peticiones ante el Juzgado 001 Administrativo de Santa Marta (Juzgado 801
Administrativo Transitorio de Valledupar) y el Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante las cuales solicitó la expedición de la constancia de ejecutoria de la sentencia
de segunda instancia proferida el 3 de diciembre de 2025, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Manifiesto que dicha constancia resulta necesaria para la asignación del turno de pago
por parte de la Fiscalía General de la Nación, ya que, aunque se le indicó que la sentencia
ya se encontraba ejecutoriada y que debía solicitar la constancia al juzgado de origen,
este documento no obra de manera clara dentro del expediente.
1
Proceso identificado con número de radicación: 47001-33-33-001-2022-00531-00.
3
Radicación:11001-03-15-000-2026-04754-00
Accionante: Sady Andrés Orjuela Bernal
Acción de tutela–Primera instancia
Señaló que, pese al vencimiento del término legal para resolver las solicitudes
presentadas, el Juzgado 001 Administrativo de Santa Marta (Juzgado 801 Administrativo
Transitorio de Valledupar) y el Tribunal Administrativo del Magdalena no han emitido
respuesta de fondo a las peticiones.
3. Fundamentos de la acción
El accionante sostuvo que las autoridades judiciales accionadas vulneraron su derecho
fundamental de petición al no emitir una respuesta de fondo a las solicitudes radicadas
los días 8 y 26 de mayo de 2026, mediante las cuales requirió la expedición de la
constancia de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia proferida el 3 de diciembre
de 2025 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
47001-33-33-001-2022-00531-00.
4. Trámite procesal
El 23 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela2 y se ordenó su notificación al
accionante y a las autoridades judiciales accionadas. Asimismo, se solicitó al Juzgado
001 Administrativo de Santa Marta (Juzgado 801 Administrativo Transitorio de
Valledupar) y al Tribunal Administrativo del Magdalena la remisión digital del expediente
del procedo de nulidad y restablecimiento del derecho.
El Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta contestó la acción de tutela 3 y señaló
que la solicitud de constancia de ejecutoria presentada por el accionante fue reenviada
al Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Valledupar, por ser el despacho en el que
reposa el expediente. En consecuencia, mencionó que no vulneró derecho fundamental
alguno, pues no era el competente para expedir el documento solicitado.
El Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Valledupar contestó la acción de tutela 4 y
señaló que durante el trámite de la presente actuación emitió respuesta de fondo a las
solicitudes del accionante, remitiéndole la constancia de ejecutoria y las copias
requeridas. En consecuencia, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, al considerar plenamente satisfechas las pretensiones del accionante.
2 Cfr. SAMAI, índice 4.
3 Cfr. SAMAI índice 12.
4 Cfr. SAMAI índice 13.
4
Radicación:11001-03-15-000-2026-04754-00
Accionante: Sady Andrés Orjuela Bernal
Acción de tutela–Primera instancia
Finalmente, en su escrito de contestación 5, el Tribunal Administrativo del Magdalena
contestó la acción de tutela y señaló que carece de competencia para expedir la
constancia de ejecutoria solicitada, toda vez que el expediente fue devuelto al juzgado
de origen una vez culminó la segunda instancia. En consecuencia, solicitó su
desvinculación de la presente acción de tutela y que se denegara el amparo respecto de
esa corporación.
Finalmente, el Juzgado 001 Administrativo de Santa Marta y el Juzgado 801
Administrativo Transitorio de Valledupar enviaron copia digital del expediente del proceso
ordinario6.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se configuró un hecho superado que permite la
cesación de la actuación.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
Carencia actual de objeto por hecho superado
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que sí, estando en curso la tutela se
dictare una resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes. La carencia actual de objeto por hecho
5 Cfr. SAMAI índice 15.
6 Cfr. SAMAI, índice 12 y 13.
5
Radicación:11001-03-15-000-2026-04754-00
Accionante: Sady Andrés Orjuela Bernal
Acción de tutela–Primera instancia
superado se configura cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo se
satisface lo solicitado en el amparo, de modo que la pretendida orden de tutela no es
necesaria y, por ello, el juez debe concluir la actuación 7.
Derecho de petición
El artículo 23 C. Pol dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener
pronta resolución. Al legislador le compete reglamentar el ejercicio de este derecho ante
los particulares para garantizar derechos fundamentales. La presentación de peticiones
ante las autoridades implica el ejercicio de este derecho, sin necesidad de invocarlo, y
mediante él se puede solicitar el reconocimiento de un derecho; la intervención de una
entidad o funcionario; la resolución de una situación jurídica; la prestación de un servicio,
el requerimiento de una información; la consulta, examen o las copias de documentos; la
formulación de consultas, quejas, denuncias, reclamos y la interposición de recursos. La
presentación de peticiones es gratuita y no requiere la representación de abogado (art.
14 CPACA, adicionado por la Ley 1755 de 2015).
La persona que presente una petición deberá designar la autoridad a la que la dirige.
También deberá indicar su nombre o el de su apoderado o representante, si es el caso,
la dirección para notificaciones, el objeto de la petición y las razones que la fundamentan,
la relación de los documentos para iniciar el respectivo trámite y la firma, si fuere
necesario (art. 16 CPACA, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015). Por su
parte, la autoridad deberá responder la petición -siempre que esta cumpla los requisitos-
, de manera completa y de fondo, en el plazo de quince días. Si se trata de una solicitud
de documentos, el plazo es de diez días. Para la atención de consultas el plazo es de
treinta días. Estos términos no se aplican a los procedimientos administrativos que tienen
una regulación especial (art. 15 CPACA, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015).
La respuesta de la autoridad frente a una petición, además de ser oportuna y de fondo,
debe ser clara, congruente con lo solicitado y se debe notificar al peticionario. No
obstante, el deber de responder a una petición no implica acceder a lo solicitado, pues
7 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013.
6
Radicación:11001-03-15-000-2026-04754-00
Accionante: Sady Andrés Orjuela Bernal
Acción de tutela–Primera instancia
ello dependerá de que la ley así lo permita y de lo que se pruebe en la respectiva
actuación administrativa. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del
derecho fundamental previsto en el artículo 23 C. Pol 8.
Caso concreto
La parte accionante considera que las autoridades judiciales accionadas vulneraron su
derecho fundamental de petición, con ocasión de la falta de respuesta de fondo a las
solicitudes radicadas los días 8 y 26 de mayo de 2026, mediante las cuales requirió la
expedición de la constancia de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia proferida
el 3 de diciembre de 2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 9.
La Sala advierte que, una vez revisado el expediente de este proceso de tutela, Rad. No.
11001-03-15-000-2026-04754-00, en la plataforma de SAMAI, fue posible evidenciar que
el Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Valledupar allegó soporte de que efectuó lo
pretendido por el accionante.
El 1 de julio 2026, el Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Valledupar expidió la
constancia de ejecutoria del fallo de segunda instancia del 3 de diciembre de 2025
solicitada por el accionante (índice 13, SAMAI. Archivo:
19RECIBEPRUEBAS_Memorial_JUZGADO801ADMINISTRA(.pdf)) y, el mismo día,
realizó el envío de las mismas al correo electrónico de Sady Andrés Orjuela Bernal (índice
13, SAMAI, Archivo: 17RECIBEPRUEBAS_Memorial_Elementosenviados_Ju(.pdf)). Lo
anterior tal como lo evidencia el siguiente registro del expediente mencionado:
8 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1998.
9 Proceso identificado con número de radicación: 47001-33-33-001-2022-00531-00.
7
Radicación:11001-03-15-000-2026-04754-00
Accionante: Sady Andrés Orjuela Bernal
Acción de tutela–Primera instancia
Así las cosas, como la autoridad judicial accionada efectuó lo pretendido por el accionante
en el escrito petitorio elevado a la autoridad judicial accionada y en el marco de la
presente acción constitucional, se configura un hecho superado y, en consecuencia, se
debe declarar la carencia actual de objeto y la cesación de la actuación respecto del
Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado 001 Administrativo de Santa Marta
(Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Valledupar), en la medida en que lo
pretendido con el amparo ya se satisfizo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
8
Radicación:11001-03-15-000-2026-04754-00
Accionante: Sady Andrés Orjuela Bernal
Acción de tutela–Primera instancia
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de
tutela de Sady Andrés Orjuela Bernal contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y
el Juzgado 001 Administrativo de Santa Marta (Juzgado 801 Administrativo Transitorio
de Valledupar).
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.