Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04760-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04760-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04760-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
21 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintiuno (21) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-04760-001
Accionante : Carlos Ángel Cárdenas Acosta
Accionados : Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA) y
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra acto administrativo, conformación de lista de
auxiliares de la justicia
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por el señor Carlos Ángel Cárdenas Acosta contra el Consejo Superior de
la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
(URNA) y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
trabajo, libre ejercicio de la profesión u oficio y mínimo vital.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la parte actora frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a
la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El señor Carlos Ángel Cárdenas Acosta, quien actúa en nombre propio, interpuso
el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, libre ejercicio de la profesión u
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Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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oficio y mínimo vital, presuntamente vulnerados por el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
3. Por consiguiente, solicita ser inscrito en la lista de auxiliares de la justicia para los
oficios de partidor, liquidador, síndico y administrador de bienes.
1.3 Hechos2
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
parte accionante, se puede evidenciar que, el señor Carlos Ángel Cárdenas Acosta
se postuló para integrar la lista de auxiliares de la justicia en los oficios de partidor,
liquidador, síndico y administrador de bienes, correspondiente al período
comprendido entre el Primero (1) de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025) y el Treinta
y Uno (31) de Marzo de Dos Mil Veintisiete (2027).
5. Mediante Resolución núm. DESAJBOR24-10705 del Veinte (20) de Diciembre de
Dos Mil Veinticuatro (2024), la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá conformó la lista de auxiliares de la justicia. El actor no fue incluido para los
oficios mencionados, según por no acreditar el requisito de experiencia exigido en
el Acuerdo PSAA15-10448 de 2015.
6. Inconforme con esa decisión, interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
apelación. Para sustentar su inconformidad, afirmó que, ejerce la profesión de
abogado desde el Veintiocho (28) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017) y que
aportó documentos que acreditaban más de 5 años de experiencia profesional, así
como, su inclusión en la lista de auxiliares de la justicia para el período 2023-2025.
7. Mediante Resolución núm. DESAJBOR25-8962 del Treinta y Uno (31) de
Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá decidió no reponer el acto recurrido, al estimar que, de los
documentos aportados por el tutelante no acreditaron los 5 años de experiencia
profesional requeridos.
8. A través de la Resolución núm. URNAR26-165 del Once (11) de Junio de Dos Mil
Veintiséis (2026), la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
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Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
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Justicia confirmó esa determinación. Explicó que, la certificación suscrita por el actor
no demostraba la prestación efectiva de servicios a terceros y que su inclusión en
la lista de auxiliares correspondiente a la vigencia 2023-2025 solo acreditaba su
admisión, pero no el ejercicio de la actividad. Además, precisó que, los documentos
allegados con el recurso no podían ser valorados, pues, el Acuerdo PSAA15-10448
de 2015 no contempla la subsanación de requisitos después del cierre de la
convocatoria. En consecuencia, concluyó que, la negativa en la inclusión en la lista
se ajustó a las reglas del proceso de selección y garantizó la igualdad entre los
aspirantes.
9. Finalmente, sostuvo que, las autoridades administrativas trasgredieron sus
derechos fundamentales, pues, valoraron indebidamente los documentos aportados
con su inscripción, entre ellos la tarjeta profesional, la certificación de su inclusión
anterior como auxiliar de la justicia y la declaración sobre el ejercicio de la abogacía.
En su criterio, dichos elementos demostraban el cumplimiento de la experiencia
exigida para los oficios a los que se postuló.
II. TRÁMITE PROCESAL
10. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del
Veinticuatro (24) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026) admitió la presente acción
de tutela y se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Bogotá.
2.1 Contestación de la acción
11. 2.1.1 El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia3 solicitó declarar improcedente la tutela
de la referencia, al considerar que no cumple con el requisito de subsidiariedad. En
ese sentido precisó que, la controversia recae sobre actos administrativos de
carácter particular, expedidos dentro de la convocatoria para conformar la lista de
auxiliares de la justicia, cuya legalidad puede controvertirse ante la jurisdicción del
contencioso administrativo mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Agregó que, en ese trámite, el actor puede solicitar la
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Visible a índice 9 de SAMAI.
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suspensión provisional de las decisiones cuestionadas y plantear los reparos
relacionados con la valoración de la experiencia.
12. Por último, manifestó que, no vulnero derecho fundamental alguno del
demandante, pues, la actuación administrativa respetó las garantías del debido
proceso, toda vez que, el accionante participó en la convocatoria, conoció las
decisiones adoptadas, interpuso los recursos procedentes y obtuvo respuestas
motivadas en ambas instancias. Además, sostuvo que, «[…] la inconformidad del actor
recae realmente sobre el juicio efectuado por la administración respecto del cumplimiento de los
requisitos de inscripción».
13. 2.1.2 La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá 4 expuso
que, la acción resulta improcedente al no satisfacer el requisito de subsidiariedad.
Indicó que, el actor contó con los mecanismos administrativos ordinarios para
cuestionar la decisión que no lo incluyó en la lista de auxiliares de la justicia, los
cuales ejerció y fueron debidamente resueltos. Asimismo, advirtió que, no se
acreditó un perjuicio irremediable que habilitara la procedencia excepcional del
amparo como mecanismo transitorio. Finalmente, afirmó que, no existió una
actuación arbitraria o ilegal atribuible a esa dependencia que vulnerara los derechos
fundamentales del accionante.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
14. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2 La acción
15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
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Visible a índice 10 de SAMAI.
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cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico
16. Se contrae a determinar si la acción de tutela resulta procedente y, en caso
afirmativo, si la Resolución núm. DESAJBOR24-10705 del Veinte (20) de Diciembre
de Dos Mil Veinticuatro (2024), mediante la cual, se conformó la lista de auxiliares
de la justicia y no se incluyó al actor, así como, las decisiones que resolvieron los
recursos interpuestos contra dicho acto, vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, trabajo, libre ejercicio de la profesión u oficio y mínimo
vital.
3.4 Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
17. El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. Sin embargo, no
debe perderse de vista que, aunque el trámite de esta acción es preferente y
sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial,
economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario,
es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en que no exista un
instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces la
protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar la causación de un perjuicio
irremediable.
18. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional5 y ante la naturaleza
eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien depreca
el amparo de un derecho fundamental haya agotado todos los mecanismos de
defensa que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición
de la acción.
19. De lo anotado se puede concluir, entonces que, la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de defensa,
5
Corte Constitucional, sentencia T-480 de 2011, entre otras.
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sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante las autoridades
que presuntamente han quebrantado sus derechos constitucionales fundamentales
a efectos de solicitar de ellas una respuesta favorable o la satisfacción de sus
intereses.
20. De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia de la
acción constitucional frente al caso particular6.
21. Así entonces, también ha previsto la jurisprudencia constitucional que el recurso
de amparo no es procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para
la protección de los derechos. Sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras
herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser
suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues
de lo contrario la acción de tutela procede de manera transitoria.
22. En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos
ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el juez de
tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas de
vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer cesar
una violación a prerrogativas inalienables.
23. Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que, si bien deben ser valoradas en cada caso concreto,
deben acreditarse los siguientes supuestos: «(i) el perjuicio debe ser inminente, es decir,
no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se
cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la persona
afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción
es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna» 7.
24. En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los anteriores requisitos se
hará necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento de
los derechos involucrados a través de medidas inmediatas de protección,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el juez
6
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
7
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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competente decide de fondo la acción correspondiente8.
25. Así mismo, la jurisprudencia constitucional9 ha precisado que, el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues si bien no es dable
exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos donde se discute
la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe demostrar, al menos
someramente, los posibles perjuicios que se llegaren a originar en los hechos que
motivaron la presentación de la solicitud de amparo, por cuanto al juez
constitucional no le concierne probar las circunstancias fácticas en que se
fundamenta la acción de tutela, salvo que sea evidente la inminencia del perjuicio.
3.5 Caso concreto
26. En el asunto sub judice, el señor Carlos Ángel Cárdenas Acosta cuestiona la
Resolución núm. DESAJBOR24-10705 del Veinte (20) de Diciembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), mediante la cual, se conformó la lista de auxiliares de la justicia
para el período comprendido entre el Primero (1) de Abril de Dos Mil Veinticinco
(2025) y el Treinta y Uno (31) de Marzo de Dos Mil Veintisiete (2027), sin incluirlo
para los oficios a los que se postuló. Así mismo, controvierte las decisiones que
resolvieron los recursos interpuestos contra el mencionado acto.
27. En su criterio, las autoridades accionadas valoraron de manera indebida los
documentos aportados con la inscripción, entre ellos la tarjeta profesional, la
certificación de su inclusión en la lista correspondiente a la vigencia 2023-2025 y la
declaración sobre el ejercicio de la abogacía. Por tanto, pretende que se ordene su
inscripción en la referida lista.
28. Así las cosas, es oportuno precisar que, la jurisprudencia constitucional10 ha
señalado que, la acción de amparo resulta improcedente para controvertir actos
administrativos definitivos, por cuanto, el marco jurídico consagra otros mecanismos
judiciales para debatir su presunción de legalidad, que son, en primera medida, los
correspondientes recursos y, posteriormente, los medios de control de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que, se acredite la configuración de
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias AC-2010-00032 del 18 de marzo de 2010, y AC-2010-01795-01 del 9 de
diciembre de 2010.
9
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
10
Sentencia SU-712 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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un perjuicio irremediable, puesto que de acontecer, el amparo constitucional es el
instrumento adecuado para adoptar medidas urgentes en aras de evitarlo.
29. Con base en lo anotado en precedencia, se concluye que, la acción de tutela de
la referencia no colma la exigencia de procedibilidad de subsidiariedad, comoquiera
que, el demandante tenía a su disposición otro mecanismo de defensa judicial como
lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir
las resoluciones que aquí ataca.
30. Al existir un medio adecuado de defensa de los derechos fundamentales, esta
Sala encuentra la necesidad de verificar la idoneidad y la eficacia del mismo, de
modo que, no se haga nugatorio el derecho fundamental del accionante. Sobre el
particular, la Corte Constitucional11 ha manifestado que:
«50. La Corte se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la idoneidad y eficacia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En la providencia T-161 de 2017
se afirmó que “por regla general la acción de tutela no es procedente para controvertir actos
administrativos toda vez que las discrepancias suscitadas por la aplicación o interpretación
de los mismos deben ser dirimidas a través de la jurisdicción contenciosa administrativa”. [...]
51. Esto es así dado que la ley dotó a los procesos que se tramitan ante dicha jurisdicción de
una “perspectiva garantista, dado que amplió la procedencia de las medidas cautelares que
pueden ser decretadas en el ejercicio de cualquier acción propia de esta jurisdicción lo que
admite, entre otras cosas, que la protección de los derechos constitucionales pueda llevarse,
al menos prima facie, de manera efectiva”.
[...]
53. En el punto relativo a las medidas cautelares es importante señalar que el artículo 229 de
la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)- establece la posibilidad de decretar estas medidas [...]. Igualmente,
el artículo 233 de la misma normativa indica que “[l]a medida cautelar podrá ser solicitada
desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso”. Este esquema se
ve reforzado por las medidas cautelares de urgencia que establece el artículo 234 del CPACA
con un trámite abreviado.
54. En conclusión, la acción de tutela en contra de actos administrativos es, por regla general,
improcedente. Esto es así porque el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho cuenta con un régimen de medidas cautelares robusto y garantista. Sin embargo, en
caso de que se evidencie que (i) el medio no es idóneo o efectivo o que (ii) puede configurarse
un perjuicio irremediable, será procedente el amparo»
31. En este caso, tal y como se desprende de la jurisprudencia citada, no se
demuestra que, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sea
en efecto ineficaz para obtener el amparo deprecado por el accionante, sobre todo
considerando que, puede solicitar la adopción de medidas cautelares en los
términos del artículo 233 del CPACA, entre ellas la de urgencia prevista en el artículo
11
Corte Constitucional, sentencia T-156 de 2024, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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234 de la mencionada codificación. Por tanto, el mecanismo ordinario resulta idóneo
para resolver los reparos formulados en la tutela, pues, permite al juez competente
examinar la legalidad de la actuación administrativa y, de ser procedente, adoptar
las medidas necesarias para restablecer el derecho del demandante.
32. Así las cosas, se advierte que, la acción de tutela no se instituyó como un
mecanismo alternativo o una instancia adicional para atender cuestiones que deben
ser dirimidas al interior de otras diligencias judiciales o administrativas.
33. En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa), es aplicable la
preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que
guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a
la cual la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial»12.
34. Finalmente, la Sala destaca que, el ejercicio de la acción de tutela no habilita al
juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni
administrativos, así como tampoco interferir en ellos, a menos que exista un
perjuicio irremediable, o una evidente vulneración al debido proceso, lo cual no fue
acreditado en este asunto, situación que impide asumir que el medio ordinario de
defensa resulta ineficaz para proteger los derechos del accionante y evitar un daño
inminente.
IV. DECISIÓN
35. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el
accionante no acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad de
subsidiariedad de la acción, por tal motivo, declarará la improcedencia de la acción
de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
12
Artículo 86 de la Carta Política.
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FALLA:
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Carlos Ángel Cárdenas Acosta contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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