Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04766-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04766-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04766-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04766-00
Accionante: Rodrigo Azriel Maldonado Paris y otro
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar el amparo porque no se acreditó el defecto endilgado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de
tutela1 presentada por los señores Rodrigo Azriel Maldonado Paris y William
Maldonado París, quienes actúan en nombre propio, contra la Sección Primera del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la expedición
de las providencias del 22 de febrero de 2024 y 11 de diciembre de 2025, al interior
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-
23-41-000-2019-00484-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Los señores William Maldonado París y Rodrigo Azriel Maldonado París
promovieron una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Hábitat, con el fin de que se
declarara la nulidad de la Resolución 004 del 26 de octubre de 2018, por medio de la
cual el Agente Liquidador «declara la terminación de la existencia legal de la sociedad
SIMAH LTDA, EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, NIT 900149501-4»
3. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, autoridad judicial que, mediante providencia del 13 de agosto
de 2020 resolvió rechazar la demanda con fundamento en lo preceptuado en el
artículo 169 del CPACA, al considerar que el acto administrativo no era susceptible de
control judicial al ser de ejecución, en la medida que no creó, modificó ni extinguió
ninguna situación administrativa.
1 Acción de tutela presentada el 2 de junio de 2026.
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4. En sede de apelación, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
providencia del 22 de febrero de 2024, confirmó la decisión de primera instancia, al
considerar que la parte actora no demandó los actos administrativos cuya ilegalidad
sustentaba en la demanda. En consecuencia, concluyó que existía una proposición
jurídica incompleta, toda vez que, aun en el evento de declararse la nulidad del acto
acusado, permanecerían incólumes los demás actos administrativos respecto de los
cuales los demandantes formularon sus inconformidades. De este modo, reiteró que
el acto administrativo demandado no creaba, modificaba ni definía una situación
jurídica particular frente a la parte actora que la legitimara para promover el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
5. La parte actora dentro del término de ejecutoria presentó una solicitud de adición de
la sentencia porque no tuvo en cuenta que la excepción de inepta demanda no era
causal de rechazo; pasó por alto que existían mecanismos procesales para sanear las
falencias en los requisitos formales de la demanda; omitió surtir el trámite del artículo
171 del CPACA, y emitió un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia a pesar
de que no se habían surtido las etapas del proceso que correspondía agotar.
6. Con ocasión de lo anterior, la Sección Primera del Consejo de Estado por medio del
proveído del 11 de diciembre de 2025 resolvió negar la solicitud de adición, al estimar
que abordó y decidió el problema jurídico planteado en la segunda instancia, de tal
suerte que no era válido afirmar que había omitido la resolución de ninguno de los
puntos formulados por el demandante en el recurso de apelación ni ningún otro que
de acuerdo con la ley debiera ser objeto de pronunciamiento.
7. A partir de lo anterior, indicó que lo pretendido por la parte actora era que se
examinara nuevamente la validez de las razones que fundamentaron el rechazo de la
demanda, razón por la que precisó que la figura de la adición de autos o sentencias
no podía ser utilizada como un medio para reabrir el debate judicial ya concluido, pues
su finalidad se limitaba exclusivamente a corregir omisiones o imprecisiones
materiales dentro de la providencia.
2.2. Fundamento jurídico
8. La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
procedimental absoluto, al rechazar la demanda de plano, pues a su juicio, se le
privó de la facultad legal de reformar la misma, y se anticipó el fallo de ineptitud
definitiva sin permitir el uso de las etapas del juicio como de las herramientas
procesales de corrección que la ley garantiza.
9. En ese sentido, aseguró que el despacho judicial accionado se apartó por completo
del procedimiento, en la medida que considera que «el control oficioso fue tan severo
que aniquiló las garantías procesales de rango legal y constitucional (subsanación y
reforma) vehículos procesales que habrían permitido integrar debidamente la
denominada; proposición jurídica».
2.3. Pretensiones
10. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
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PRIMERA: DECLARAR LA NULIDAD del auto interlocutorio de fecha - 22 de febrero
de 2024 - y su auto complementario /niega adición de fecha - 11 de diciembre de 2025
• proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante el cual confirmó el
rechazo de la demanda dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho, radicado - 25000234100020190048401 - ahora bajo la declaración oficiosa de
la excepción previa:” inepta demanda por proposición jurídica incompleta”.
SEGUNDA: ORDENAR a la Sección Primera del Consejo de Estado que dentro de un
término perentorio profiera una nueva decisión de segunda instancia ajustada al
artículo 328 del Código General del Proceso, y respetando las garantáis del debido
proceso.
TERCERA: DISPONER que, en la nueva providencia, la Sección Primera del Consejo
de Estado se circunscriba a la competencia estricta del artículo 328 del Código General
del Proceso y, en consecuencia, revoque el rechazo de plano dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al haber quedado demostrado que el acto de cierre no
es de mera ejecución.
CUARTA: ORDENAR que el expediente sea devuelto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que este, como juez de primera instancia y en aplicación del artículo
170 del CPACA, proceda a calificar la demanda (…)»
2.4. Intervenciones
11. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 23 de junio de
2026 en el que se ordenó notificar a la Sección Primera del Consejo de Estado como
accionado y a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la
Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Hábitat como terceros interesados
en el resultado del proceso.
12. La Sección Primera del Consejo de Estado después de hacer un recuento de
las actuaciones surtidas sostuvo que confirmó el rechazo de la demanda, al considerar
que el acto administrativo demandado no creó ni definió situación jurídica alguna
frente a los demandantes, que los habilitara para formular el medio de control de
nulidad y restablecimiento de derecho.
13. A partir de lo anterior, precisó que a pesar de que existió diferencia en ambas
instancias, en cuanto a la calificación de la tipología del acto demandado, lo cierto es
que coincidieron en que la resolución demandada no era susceptible de control
judicial, circunstancia que configura el supuesto del numeral 3 del artículo 169 del
CPACA.
14. Así las cosas, indicó que la acción de tutela es improcedente por falta del requisito
de relevancia constitucional porque lo que pretendía la parte actora con su
interposición era una instancia adicional o en su defecto pidió que se niegue el amparo
al no estar acreditado el defecto endilgado.
15. La Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Hábitat manifestó que la
acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, razón por la que se debe
declarar improcedente, pues la decisión que pretende infirmar a través del presente
mecanismo se notificó por estado el 13 de enero de 2026.
16. De otra parte, solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
17. No se rindieron más informes.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
19. Sobre el particular, se tiene que la Secretaría Distrital de Hábitat de la Alcaldía
Mayor de Bogotá solicita la desvinculación del presente proceso por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al respecto la Sala encuentra mérito suficiente
para acceder a la solicitud, en la medida que no actuó como parte dentro del proceso
ordinario porque la demanda fue rechazada de plano.
20. En ese orden de ideas, la Sala procederá a desvincular del presente trámite a la
Secretaría Distrital de Hábitat de la Alcaldía Mayor de Bogotá, conforme a lo expuesto
en precedencia.
3.3. Problema jurídico
21. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si la Sección Primera del Consejo de Estado, al proferir la providencia del 22 de febrero
de 20243, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, al incurrir en el defecto procedimental absoluto.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
22. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue
creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer
tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o
subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
23. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios
y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
2 Reglamento interno del Consejo de Estado.
3
Es menester advertir que, si bien la parte actora pretende a través del presente mecanismo constitucional infirmar
el auto del 11 de diciembre de 2025, lo cierto es que su reproche se encuentra dirigido a la decisión del 22 de
febrero de 2024, razón por la que la Sala estima necesario pronunciarse solo respecto de esta última, la cual quedó
ejecutoriada el 16 de enero de 2026.
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controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que
la carta le impone.
24. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus
derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio
entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces
para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
25. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que
el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii)
que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.5.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde la ejecutoria de la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 16
de enero de 2026 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 16 de junio de
2026.
26. Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien el accionante pretende, mediante el
presente mecanismo constitucional, controvertir la decisión del 22 de febrero de 2024,
lo cierto es que esta solo adquirió firmeza el 16 de enero de 2026. Ello obedece a que,
dentro del término de ejecutoria, la parte actora presentó una solicitud de adición, la
cual fue resuelta mediante providencia del 11 de diciembre de 2025. En ese sentido,
la Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de inmediatez.
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3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental del debido
proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir en el defecto procedimental
absoluto, al incurrir en el defecto procedimental absoluto que se encuentra
razonadamente fundamentado.
27. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto procedimental absoluto como causal de procedibilidad de
tutela contra providencia judicial
Al respecto, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la autoridad que
ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del procedimiento
judicial establecido4. La jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto
puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto, y (ii)
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto5.
En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte Constitucional
que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia: «[…] “se aparta[n]
por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto
específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente
–desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del procedimiento
establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de
las partes del proceso” 6 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio,
natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los
sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda
o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión
de fondo y la violación a los derechos fundamentales”7 […]».
Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo
de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente
a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda corregir
la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro
del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del caso;
y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales8.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto procedimental absoluto
en el caso concreto
28. La parte actora alega que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental absoluto, al rechazar la demanda de plano y le privó de la facultad legal
de reformar la demanda, y se anticipó el fallo de ineptitud definitiva sin permitir el uso
4 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
5 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
6 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
8 Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de
2014.
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de las etapas del juicio como de las herramientas procesales de corrección que la ley
garantiza.
29. Sobre el particular, se tiene que la Sección Primera del Consejo de Estado, en la
providencia cuestionada consideró:
« 4.4.1. Como se reseñó, en la demanda promovida por los señores William y Rodrigo
Azriel Maldonado París, quienes invocaron su calidad de socios y acreedores laborales
de la sociedad SIMAH Ltda., se solicitó la declaratoria de nulidad de la resolución 004
de 26 de octubre de 2018, expedida por el Agente Liquidador de dicha sociedad, “por
medio de la cual se declara la terminación de la existencia legal de la sociedad SIMAH
Ltda., en liquidación forzosa administrativa”.
(…)
4.4.2. En orden a determinar si el acto administrativo acusado era susceptible de ser
demandado por quienes actúan como parte actora en este trámite, es indispensable
transcribir su contenido a saber:
(…)
De acuerdo con lo anterior, por una parte, se advierte que, dentro del trámite de
liquidación forzosa de la sociedad SIMAH LTDA., se expidieron los siguientes actos
administrativos:
• Resolución 512 del 6 de mayo de 2014, mediante la cual la sociedad fue objeto de
toma de posesión para liquidar, dictada por la Subsecretaría del Hábitat.
• Resolución 001 de septiembre 19 de 2014, luego modificada por medio de la resolución
002 de diciembre 16 de 2014, de aceptación y rechazo de reclamaciones formuladas.
Por otra parte, se tiene que el acto administrativo acusado – Resolución 004 de 26 de
octubre de 2018- expresamente señala: (i) que su naturaleza corresponde a la de un
acto administrativo de carácter general; (ii) que su objeto se limita a informar al público
del cumplimiento de las actuaciones de la liquidación, circunstancia que permite que se
declare la terminación de la existencia legal de la sociedad SIMAH LTDA., y (iii) que se
trata de un acto que “da impulso al proceso liquidatorio”, razón por la que no proceden
recursos en su contra.
Ahora bien, es preciso reiterar que, a la luz de la argumentación expuesta en la demanda
y en el recurso de apelación, se evidencia que los actores en realidad pretenden
controvertir lo decidido en las resoluciones 512 del 6 de mayo de 2014 y 001 de
septiembre 19 de 2014, esta última modificada por medio de la resolución 002 de
diciembre 16 de 2014, actos administrativos respecto de los cuales, como se explicó
supra, no se está solicitando su nulidad en el presente proceso.
(…)
4.4.3 Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que en el presente asunto existe una
incongruencia entre los fundamentos de derecho y el concepto de la violación frente al
acto del cual se pretende la nulidad, puesto que la inconformidad y falencias que para
ello se argumentan en realidad se dirigen contra los actos que fueron expedidos dentro
del proceso de liquidación forzosa administrativa, como el que primeramente ordenó la
toma de posesión y los que, posteriormente, aceptaron y rechazaron las reclamaciones
formuladas por los interesados en la sociedad intervenida.
En esos términos, se advierte que, al no ser demandados en este proceso los actos
cuya ilegalidad argumenta la parte actora, nos encontramos ante una proposición
jurídica incompleta, pues en la eventualidad de que se declare la nulidad del acto
acusado, se mantendrían incólumes los actos frente a los cuales los demandantes están
presentando sus inconformidades. Ello, además, conduce a la Sala a concluir que en
este caso estaría configurada la falta de legitimación en la causa por activa, al no existir
relación entre, de una parte, el acto administrativo cuya nulidad se solicita, y de otra, lo
argumentado en el concepto de violación y/o lo solicitado como restablecimiento del
derecho, los cuales, como se ha explicado, apuntan en realidad a decisiones
administrativas distintas a la aquí demandada.
(…)
En ese orden, como quedó visto, la parte actora instauró la demanda contra la resolución
004 de 26 de octubre de 2018, “Por medio de la cual se declara la terminación de la
existencia legal de la sociedad SIMAH LTDA., EN LIQUIDACIÓN FORZOSA
ADMINISTRATIVA, NIT 900149501-4”, en la cual claramente se lee que ella fue dictada
con fundamento en los Decretos 663 de 1993 y 2555 de 2010, y se declara que todo el
proceso de liquidación forzosa de la sociedad SIMAH LIMITADA se cumplió en debida
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forma y como consecuencia de ello se termina la existencia legal de la sociedad
intervenida, y se informa sobre dicha declaración a toda la comunidad.
(…)
En consecuencia, en el presente caso se encuentra configurada la proposición jurídica
incompleta a nivel del petitum de la demanda, por la falta de relación entre el acto
administrativo cuya nulidad se pretende y la causa petendi; además de lo cual, ratifica
la Sala que el acto administrativo acusado no crea ni define alguna situación jurídica
frente a la parte actora que le habilite para demandar en nulidad y restablecimiento de
derecho.
4.4.4. La anterior conclusión encuentra sustento en la consideración conforme la cual,
según se ha decantado en esta providencia, los actos administrativos dictados en el
marco de un proceso de liquidación forzosa administrativa que sí son susceptibles de
control judicial corresponden a aquel por el cual se ordena la toma de posesión, se
designa al liquidador, o se decide sobre la aceptación, rechazo, prelación o calificación
de créditos. En ese orden, si los sujetos que se consideran con derechos respecto de
una sociedad que se encuentra incursa en un proceso de liquidación forzosa
administrativa evidencian posibles irregularidades en la expedición de estos actos, lo
que corresponde es que aquellos formulen demanda en su contra ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo cumpliendo previamente todos los requisitos de
procedibilidad para tal fin.
(…)»
30. De las transcripciones la Sala considera que la autoridad judicial no incurrió en
ninguna irregularidad procesal, puesto que, contrario a lo manifestado por la parte
actora en la demanda de tutela, la decisión estuvo precedida de un estudio jurídico
encaminado a establecer cuál era el verdadero objeto de la demanda, el contenido y
alcance del acto administrativo acusado.
31. En ese sentido, concluyó que los cargos formulados no recaían sobre la
Resolución 004 de 2018, acto administrativo cuya nulidad se solicitó, sino sobre otras
resoluciones que no fueron demandadas, de ahí que se configuró una proposición
jurídica incompleta.
32. De modo que, es a partir de dicho análisis que el Alto Tribunal consideró que existía
una incongruencia entre el acto acusado y los fundamentos de la demanda,
circunstancia que configuraba una proposición jurídica incompleta, pues aun cuando
eventualmente se declarara la nulidad de la Resolución 004 de 2018, permanecerían
vigentes los actos administrativos que contenían las decisiones cuya legalidad
realmente cuestionaban los demandantes.
33. De otra parte, la Sala considera que, la circunstancia de que la Sección Primera
del Consejo de Estado hubiera concluido que la demanda era inepta por existir una
proposición jurídica incompleta no implica, per se, que estuviera obligada a conceder
una oportunidad para reformarla. Máxime cuando la autoridad judicial precisó que el
acto demandado no creaba ni definía una situación jurídica frente a la parte actora que
la habilitara para acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
34. Así las cosas, la Sala considera que la providencia cuestionada se encuentra
ampliamente sustentada, razón por la que no se evidencia que la autoridad judicial
hubiera omitido una etapa esencial del proceso o desconocido las formas propias del
juicio como lo alega la parte actora en la demanda.
35. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece del defecto
procedimental absoluto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la
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finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.
36. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es de
corrección sino de validez9, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los derechos
fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento es arbitrario
o caprichoso.
37. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a negar
el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Desvincular a la Secretaría Distrital de Hábitat de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído.
Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por los señores Rodrigo Azriel
Maldonado Paris y William Maldonado París en contra de la Sección Primera del
Consejo de Estado, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
9
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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