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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04770-01

Fecha
8 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04770-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1º) Confírmase la sentencia del 16 de julio de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04770-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

8 de septiembre de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, ocho (8) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-04770-01
Demandante: GABRIEL CUERVO ZAMORA
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA PROFERIDAS
EN OTRO PROCESO DE ACCIÓN DE TUTELA. SE
CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó las sentencias que declararon improcedente una
acción de tutela anterior promovida para obtener la corrección de su historia laboral y el
reconocimiento de una pensión de vejez. La Sala confirmará la improcedencia del amparo porque
no se acreditó la excepción de cosa juzgada fraudulenta que habilita el control de fallos de tutela.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 16 de julio de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
en la que se decidió:

“PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela formulada por el señor
Gabriel Cuervo Zamora (...)”. (mayúsculas y negrillas del original – archivo
disponible en medio magnético en el índice 00018 del aplicativo SAMAI en
primera instancia).

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 22 de junio de 20261, el señor Gabriel Cuervo Zamora
promovió proceso de acción de tutela en contra de la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado Veintisiete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales
del debido proceso, seguridad social, salud, petición, habeas data e igualdad,
consagrados en los artículos 29, 48, 23, 30 y 13 de la Constitución Política, los cuales

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Índice 00001 del aplicativo SAMAI.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04770-01
Demandante: Gabriel Cuervo Zamora
Acción de tutela – Impugnación fallo

consideró vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas el 25 de agosto y el 24 de
septiembre de 2025 dentro del proceso de acción de tutela no. 11001-33-35-027-2025-
00282-00/01.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) le reconoció
una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez mediante la Resolución no.
SUB71192 del 11 de marzo de 2022, pese a que, a su juicio, tenía derecho al
reconocimiento de la prestación pensional si se contabilizaban todos los periodos
laborados.

2) En el año 2025 promovió acción de tutela contra Colpensiones y Tromoplas SA para
obtener la corrección de su historia laboral y el reconocimiento pensional.

3) El conocimiento de ese proceso correspondió al Juzgado Veintisiete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, quien mediante sentencia del 25 de agosto de 2025 declaró
improcedentes los reclamos relacionados con la seguridad social y el habeas data, por
considerar que la parte actora podía acudir a la jurisdicción ordinaria y no acreditó un
perjuicio irremediable; además, negó el amparo del derecho de petición porque
Colpensiones había contestado las solicitudes de corrección de la historia laboral y de
reconocimiento pensional.

4) El actor impugnó esa decisión y la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 24 de septiembre de 2025,
confirmó la improcedencia porque el proceso ordinario laboral era idóneo y eficaz para
controvertir los actos de Colpensiones y obtener la corrección de la historia laboral;
asimismo, concluyó que no estaba demostrada la configuración de un perjuicio
irremediable.

2. Fundamentos de la vulneración

La parte actora enfiló sus reparos contra las sentencias del 25 de agosto y del 24 de
septiembre de 2025 proferidas en el proceso de acción de tutela con radicación no.

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Demandante: Gabriel Cuervo Zamora
Acción de tutela – Impugnación fallo

11001-33-35-027-2025-00282-00/01, por cuanto, a su juicio, no se ajustaron a la verdad
y desconocieron los derechos fundamentales invocados.

En términos generales, insistió en que Colpensiones y Tromoplas SA no conservan
información completa sobre los periodos que laboró entre 1972 y 1992 y que, de
contabilizarse las semanas faltantes, sería beneficiario del régimen de transición y tendría
derecho a la pensión de vejez.

Las autoridades judiciales no aplicaron las sentencias T-079 de 2016 y SU-428 de 2024
de la Corte Constitucional ni tuvieron en cuenta la irrenunciabilidad de los derechos
adquiridos en materia pensional.

El demandante consideró que los jueces de tutela desconocieron los precedentes
constitucionales que invocó, valoraron de manera equivocada los documentos relativos a
sus relaciones laborales y le negaron injustificadamente la protección de sus derechos
pensionales.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó lo siguiente:

“Agradezco Señor Magistrado que usted imparta Justicia por los hechos
narrados, con base en las pruebas aportadas que son irrefutables, Corregir mi
Historia laboral en 48 horas en mi Derecho a mi historia laboral completa Ley
Habeas Data y de manera inmediata, en un término de 48 horas a que hacen
referencia todos los puntos de la situación fáctica proceda a conceder mi
Derecho a la Pensión, al Mínimo Vital, en la Ley 100/93, artículos 33,36, acuerdo
049.”. (archivo disponible en medio magnético en el índice 00004 del aplicativo
SAMAI).

4. Actuación de primer grado

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto del 24 de junio de 2026, admitió
la acción de tutela, notificó a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y vinculó a Colpensiones y a Tromoplas S.A., con el fin de que
presentaran informe sobre los hechos que dieron lugar a la solicitud de amparo (índice
00005 del aplicativo SAMAI).

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5. Sentencia de primera instancia

El 16 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia que
declaró improcedente el amparo solicitado (índice 00018 del aplicativo SAMAI).

El a quo consideró que la demanda estaba dirigida contra dos sentencias de tutela y que
el actor no alegó ni acreditó que estas fueran producto de fraude o de una maniobra
artificiosa o engañosa que comprometiera la legitimidad del trámite constitucional.

Por el contrario, advirtió que los reparos de la demanda expresaban inconformidad con
el razonamiento jurídico y probatorio mediante el cual los jueces anteriores declararon
improcedente el amparo.

Agregó que tampoco se cumplió el requisito de inmediatez, porque entre la notificación
de la sentencia del tribunal del 24 de septiembre de 2025 y la presentación de la nueva
tutela el 22 de junio de 2026 transcurrieron casi nueve meses, sin que el demandante
justificara la tardanza.

6. Impugnación

El actor presentó impugnación el 22 de julio de 20262, y el recurso le fue concedido
mediante auto del 4 de agosto de 20263.

La parte demandante afirmó, en términos generales, que la sentencia de primera
instancia no se ajustó a la Constitución, a la ley, a las sentencias de unificación de la
Corte Constitucional ni a los instrumentos internacionales que protegen los derechos
económicos adquiridos.

Reiteró que cumplió los presupuestos para obtener la pensión de vejez de conformidad
con el régimen de transición y que no puede renunciar a los derechos derivados de las
cotizaciones que afirma haber efectuado.

La impugnación no formuló reparos concretos contra las razones por las cuales el a quo
concluyó que la acción de tutela se dirigía contra sentencias de igual naturaleza, no se

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Índice 00021 del aplicativo SAMAI.
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Índice 00023 del aplicativo SAMAI.

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configuraba cosa juzgada fraudulenta y tampoco se cumplía el presupuesto de
inmediatez.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto y 3) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. Delimitación del asunto

La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las providencias proferidas
por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y por el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, lo cierto es que
los argumentos de reproche de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido de
la sentencia de segunda instancia, esto es, la providencia que confirmó la decisión que
declaró improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora contra
Colpensiones y Tromoplas SA.

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Demandante: Gabriel Cuervo Zamora
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Lo anterior, aunado a que esa providencia fue la que finalizó el proceso y ante la
eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial encargada
de cumplir la orden y dictar un auto de reemplazo sería la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En suma, el análisis de la Sala se
circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia, la parte actora acude a esta vía constitucional con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales del debido proceso, seguridad social, salud,
petición, habeas data e igualdad, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia
del 24 de septiembre de 2025, proferidas por la autoridad judicial demandada en el
proceso de acción de tutela no. 11001-33-35-027-2025-00282-01.

En los términos en que fue planteada la controversia, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, por las razones que pasan
a exponerse:

3.1 Improcedencia de la acción de tutela contra fallos proferidos en procesos de
igual naturaleza

La Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 indicó que se ha admitido la
procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces cuando incurran
en graves falencias que las hagan incompatibles con la Constitución y afecten los
derechos fundamentales de las partes.

No obstante, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los
principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica y la
naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo.”.

Ahora bien, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de ese alto tribunal para que
opere es necesario que se acrediten los requisitos generales y específicos de
procedibilidad señalados para tales efectos.

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Demandante: Gabriel Cuervo Zamora
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Dichos requisitos específicos de procedibilidad se estudiarán, una vez se tengan por
superados los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:

i) La cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la
posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes, ii) se cumpla el requisito
de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado, a partir del hecho que originó la vulneración, iii) cuando se trate de una
irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia que se impugna, que
resulte lesiva de las garantías constitucionales del actor, iv) el actor identifique de manera
razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, v) se
cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio
irremediable y, vi) la sentencia que se impugna en sede de tutela no corresponda, a su
vez, a una sentencia que haya definido una acción de tutela.

Sobre este último punto la Corte ha señalado que es necesario que la providencia judicial
cuestionada no sea una sentencia de tutela pues los debates sobre la protección de los
derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida.

Al respecto y en tratándose de acciones de tutela contra sentencias de tutela, en
sentencia SU-627 de 2015, la Corte señaló que para determinar la viabilidad o no del
recurso de amparo se debe tener en cuenta lo siguiente:

“(a) ‘Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla
general es la de que no procede’.

(b) ‘Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional’.

(c) ‘Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional,
cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación’. (negrillas de la Sala).

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De manera complementaria, en la sentencia T-023 de 2023 la Corte Constitucional reiteró
que el fraude en las actuaciones procesales se presenta cuando las partes o el juez
utilizan el proceso con fines ilegales o dolosos y con ello afectan los derechos de terceros
y el bien social de la administración de justicia.

3.2 Improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto

1) En el asunto de la referencia, la parte actora cuestionó la sentencia del 24 de
septiembre de 2025, mediante la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión que declaró improcedente otra
acción de tutela dirigida a obtener la corrección de su historia laboral y el reconocimiento
de la pensión de vejez.

2) No obstante, el demandante no alegó ni demostró que dichas providencias hubiesen
sido producto de un fraude procesal, ni que en su expedición hubiera mediado una
actuación artificiosa o engañosa destinada a alterar el sentido de la justicia u obtener una
decisión contraria al orden constitucional.

3) Tampoco afirmó que los jueces o las partes hubieran utilizado información falsa,
ocultado pruebas determinantes, alterado las reglas de competencia o desplegado una
maniobra dolosa para obtener los fallos cuestionados.

4) Por el contrario, sus reparos se limitan a expresar inconformidad con las conclusiones
a las que arribaron los jueces de tutela, particularmente, en cuanto consideraron que la
corrección de la historia laboral y el reconocimiento pensional debían reclamarse ante la
jurisdicción ordinaria laboral, no se acreditó un perjuicio irremediable y Colpensiones
contestó las solicitudes del actor.

5) En ese contexto, la Sala constató que la acción de tutela de la referencia no satisfizo
los presupuestos excepcionales que habilitan el control de una sentencia de tutela por
esta vía, pues no se configura ni siquiera de manera indiciaria el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta y la pretensión del actor se orientó, en realidad, a reabrir una
controversia pensional ya resuelta por los jueces constitucionales.

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6) Así, la pretensión del demandante se dirige a convertir este mecanismo constitucional
en una instancia adicional para revisar la interpretación y la valoración probatoria
efectuadas en el proceso anterior, lo cual desnaturaliza el carácter subsidiario y
excepcional de la acción de tutela y desconoce los límites fijados por la jurisprudencia
constitucional.

7) Aunado a lo expuesto, la Sala advierte que la sentencia cuestionada que definió de
manera definitiva la acción de tutela anterior fue proferida el 24 de septiembre de 2025 y
notificada el 26 de septiembre siguiente, mientras que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 22 de junio de 2026; por consiguiente, aun si el término se
contabiliza desde la fecha de notificación informada por la autoridad demandada,
transcurrieron casi nueve meses hasta la presentación de esta acción, lapso que supera
el término que ordinariamente ha considerado razonable esta Corporación para
controvertir providencias judiciales mediante la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1º) Confírmase la sentencia del 16 de julio de 2026 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

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Demandante: Gabriel Cuervo Zamora
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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