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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04772-00

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04772-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Miryam María Caro Ferraro, Fabian Darío Arias Caro, Sandra Patricia Arias Caro, Martha Liliana Arias Caro, Alexis David Arias Caro, Natalia Arias Caro, Astrid Elena Arias Caro, Luz Miryam Arias Caro, Lina Mercedes Arias Caro, Jonathan Feber Arias Cano, Luz Aley Benitez Flórez en nombre propio y en representación de su hijo menor Juan Diego Arias Benítez en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Segunda de Decisión, por no superar los requisitos de inmediatez ni subsidiariedad, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04772-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

3 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04772-00
Accionantes: Miryam María Caro Ferraro y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04772-00
Accionante: Miryam María Caro Ferraro y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Inmediatez y subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Miryam María Caro Ferraro, Fabian Darío
Arias Caro, Sandra Patricia Arias Caro, Martha Liliana Arias Caro, Alexis David Arias
Caro, Natalia Arias Caro, Astrid Elena Arias Caro, Luz Miryam Arias Caro, Lina Mercedes
Arias Caro, Jonathan Feber Arias Cano, Luz Aley Benitez Flórez en nombre propio y en
representación de su hijo menor Juan Diego Arias Benítez contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia-Sala Segunda de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Miryam María Caro Ferraro, Fabian Darío Arias Caro, Sandra Patricia Arias Caro, Martha
Liliana Arias Caro, Alexis David Arias Caro, Natalia Arias Caro, Astrid Elena Arias Caro,
Luz Miryam Arias Caro, Lina Mercedes Arias Caro, Jonathan Feber Arias Cano, Luz Aley
Benitez Flórez en nombre propio y en representación de su hijo menor Juan Diego Arias
Benítez, actuando a través de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral 1, los cuales estiman
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, con
ocasión de la sentencia proferida el 24 de junio de 2025, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado núm. 05001-33-33-030-2013-01214-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04772-00
Accionante: Miryam María Caro Ferraro y otros

2.1. La señora Martha Liliana Arias Caro hermana del señor Juan Camilo Arias Cano
acudió el 21 octubre de 2008 ante la Fiscalía General de la Nación, en busca de una
medida de protección que los blindara de las múltiples amenazas y graves riesgos que
sus vidas corrían en el barrio Belencito Corazón de la comuna 13, señalando que la
persecución de la que eran víctimas se debía a que el señor Juan Camilo rechazo el
ofrecimiento de ser integrante de un grupo al margen de la ley en su barrio. La Fiscalía
General de la Nación en respuesta, exhortó a la Policía Nacional para que tomase las
medidas pertinentes para salvaguardar su vida y la de su núcleo familiar.

2.2. La parte actora indicó que la Policía Nacional, en acatamiento a la solicitud de
protección, fue en algunas oportunidades a la vivienda de Juan Camilo Arias Caro, sin
realizar estudio de seguridad o un seguimiento a los eventos que habían generado tal
medida, reduciéndose la medida de seguridad a unas esporádicas visitas y en poco
tiempo al olvido de la medida de protección.

2.3. Manifestó que los hermanos Edison de Jesús y Juan Camilo Arias Caro fueron
víctimas de atentados ocurridos los días 14 y 17 de mayo de 2011 en su residencia,
ubicada en el barrio Belencito Corazón de la comuna 13 de Medellín, razón por la cual
Juan Camilo solicitó nuevamente a la Fiscalía General de la Nación medidas de
protección para él y su núcleo familiar. Señalaron que, aunque la Fiscalía requirió a la
Policía Nacional para adoptar acciones de seguridad, esta se limitó a realizar visitas
esporádicas sin efectuar un estudio de riesgo ni implementar medidas eficaces.
Finalmente, afirmó que el 1 de octubre de 2011 Juan Camilo Arias Caro fue asesinado por
integrantes de organizaciones delincuenciales de la comuna 13, pese a las reiteradas
amenazas denunciadas y a las solicitudes de protección formuladas con anterioridad.

2.4. Con ocasión de lo anterior, los aquí accionantes presentaron demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales y morales
causados por la muerte de Juan Camilo Arias Caro, al ser víctima de sicariato.

2.5. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Treinta Administrativo del Circuito
de Medellín bajo el radicado número 05001-33-33-030-2013-01214-00, autoridad judicial
que, mediante sentencia del 12 de noviembre de 2019, accedió a las pretensiones de la
demanda al concluir que la Policía Nacional incurrió en una actuación omisiva al
suspender desde el 2 de julio de 2011 las rondas y visitas de protección que venía
realizando al domicilio de Juan Camilo Arias Caro, sin justificar esa decisión ni practicar
un nuevo estudio de seguridad. Destacó que dicha omisión resultaba más grave si se
tenía en cuenta que, tras los atentados sufridos por la víctima y el homicidio de su
hermano Edison de Jesús Arias Caro, las medidas de protección debían reforzarse y no
reducirse. En consecuencia, determinó que, para la fecha del homicidio de Juan Camilo
Arias Caro, el 1 de octubre de 2011, las medidas de protección no se encontraban en
ejecución, circunstancia que facilitó la materialización del riesgo que finalmente ocasionó
su muerte.

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Accionante: Miryam María Caro Ferraro y otros

2.6. Inconformes con dicha decisión, las partes interpusieron recurso de apelación, cuyo
conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad que
mediante fallo del 24 de junio de 2025 revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar,
negó las súplicas del escrito inicial. El ad quem consideró que, de conformidad con el
material probatorio que obraba en el expediente, el señor Arias Cano no habitaba en la
comuna 13 de Medellín para la época de los hechos, por lo que las demandadas no
podían prever la realización del ataque en su contra y, en todo caso, se configuró el
eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de un tercero.

2.7. El 18 de julio de 2025, los demandantes del proceso ordinario interpusieron recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la referida providencia de segundo
grado, para lo cual invocaron diversas sentencias proferidas por esta Corporación. En
criterio de la parte recurrente, las providencias fueron desconocidas por el ad quem, a
pesar de que representan el concepto del hecho exclusivo de la víctima como eximente
de responsabilidad y las características de sus requisitos esenciales.

2.8. El asunto se identificó bajo el radicado número 11001-03-26-000-2025-00119-00
(73414) y correspondió al despacho del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez, de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien, mediante auto del 15
de diciembre de 2025, rechazó de plano el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, bajo el argumento de que las sentencias citadas por la parte actora no
correspondían a: (i) decisiones dictadas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, y (ii) tampoco decisiones dictadas por esta Sección para unificar asuntos
de su conocimiento. Adicionalmente, adujo que, analizados los fallos invocados, estos no
fueron dictados por esta Corporación en ejercicio de su función de unificación de
jurisprudencia, en cuanto no se adoptaron criterios nuevos y no se fijaron reglas de
derecho, sino que se reiteraron las fijadas con antelación por el Consejo de Estado.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

Como pretensiones la parte actora solicitó:

“Solicito con todo respeto honorables Consejeros, se amparen los derechos
constitucionales fundamentales al Acceso a la Administración de Justicia, al Derecho
a la Igualdad, al Derecho al Debido Proceso y al Derecho Fundamental a obtener una
Reparación Integral, el Derecho al trato Igual, conculcados por la Sentencia del 24 de
junio de 2025, del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión,
donde fuere ponente el Honorable Magistrado, Dr. JAIVER CAMARGO ARTEAGA,
notificada personalmente por medios electrónicos el 26 de junio de la misma
anualidad, y por medio de la cual se revocó la Sentencia de primer grado del 12 de
noviembre de 2019, proferida por el Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín, mediante la cual se habían reconocido parcialmente las
pretensiones de la demanda; proceso que cursó bajo el radicado No.
05001333303020130121401, disponiendo que en su lugar que(sic) se profiera dentro
de un término razonable, providencia de reemplazo que adopte las actuaciones
necesarias tendientes a tener como probada la responsabilidad extracontractual de
los demandados por el fallecimiento del señor JUAN CAMILO ARIAS CARO”2.

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Ibid.
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Accionante: Miryam María Caro Ferraro y otros

Como fundamento de sus pretensiones, sostuvo que la decisión cuestionada incurrió en
los siguientes defectos:

3.1. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria (dimensión negativa):
Sostiene que la autoridad judicial omitió valorar integralmente el acervo probatorio que
acreditaba la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía General de la Nación y de la
Policía Nacional por la muerte de Juan Camilo Arias Caro. Afirma que el fallo desconoció
las pruebas que demostraban las fallas del servicio, particularmente la ausencia de un
estudio de seguridad, la suspensión injustificada de las medidas de protección y la
posición de garante de las entidades demandadas, para concluir, sin sustento suficiente,
que el daño obedeció exclusivamente al hecho de un tercero o de la propia víctima.
Asimismo, reprocha que la sentencia de segunda instancia no explicara por qué dichas
fallas resultaban insuficientes para atribuir responsabilidad al Estado, pese a que, según
afirma, tales aspectos habían quedado acreditados y no fueron controvertidos en la
apelación.

3.2. Desconocimiento del precedente: Alega que el fallo se apartó de la jurisprudencia
consolidada de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
sobre la responsabilidad estatal por omisión del deber de protección frente a amenazas
conocidas. Señala que la providencia aplicó indebidamente las eximentes de
responsabilidad consistentes en el hecho exclusivo de la víctima y el hecho de un tercero,
sin verificar los presupuestos exigidos por la jurisprudencia ni ponderar las fallas del
servicio acreditadas.

La parte actora sostiene que la providencia reprochada desconoció el precedente fijado
por la Sección Tercera del Consejo de Estado en las sentencias del 15 de abril de 2010
(Rad. 1997-06651-01 (17894)), 19 de junio de 2013 (Rad. 1998-00241-01 (27952)), 27 de
marzo de 2014 (Rad. 2003-01249-01 (29332)), 18 de mayo de 2017 (Rad. 1994-09953-01
(36386)) y 20 de marzo de 2018 (Rad. 2006-03260-01 (42791)), así como la Sentencia
T-288 de 2021 de la Corte Constitucional, al concluir que el daño obedeció al hecho
exclusivo de la víctima y de un tercero, sin aplicar la jurisprudencia sobre el deber de
protección de las autoridades frente a riesgos previamente conocidos.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 23 de junio de 20263, el despacho de la magistrada ponente admitió la
acción de tutela; vinculó en calidad de terceros con interés la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Treinta
Administrativo Oral del Circuito de Medellín; solicitó a la autoridad judicial accionada el
envío del expediente del proceso ordinario; requirió al abogado Emmanuel Arias Franco
para que aportara poder judicial que lo faculte para iniciar esta acción constitucional en
representación de las señoras Sandra Patricia Arias Caro, Luz Miryam Arias Caro y Luz
Aley Benitez Flórez; requirió a la parte actora para que diera cumplimiento al artículo 37

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del Decreto 2591 de 1991; ordenó la notificación a las partes, y dispuso la suspensión de
los términos.

Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Segunda de Decisión 4, por
intermedio del magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó negar el amparo al
sostener que la sentencia del 24 de junio de 2025 fue adoptada con fundamento en el
análisis del material probatorio y de las normas aplicables al caso, sin vulnerar derecho
fundamental alguno. Asimismo, informó que concedió el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte actora, el cual fue rechazado de
plano por el Consejo de Estado, decisión que posteriormente acató.

4.2. El Ministerio de Defensa-Policía Nacional5 solicitó declarar improcedente y negar
el amparo al sostener que la providencia cuestionada no vulneró los derechos
fundamentales invocados, pues durante el proceso de reparación directa se respetaron
las garantías del debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad
procesal. Señaló que el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó, con fundamento
en el material probatorio, que no se configuró una falla en el deber de protección, ya que
las autoridades adoptaron medidas de seguridad y la víctima asumió voluntariamente un
riesgo al desplazarse al lugar donde existían amenazas sin informar a las autoridades, lo
que permitió establecer el hecho exclusivo de un tercero como causal eximente de
responsabilidad. Finalmente, afirmó que la acción de tutela es improcedente por no
acreditarse un perjuicio irremediable.

4.3. La Fiscalía General de la Nación6 solicitó declarar improcedente la acción de tutela
y su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, al sostener
que la presunta vulneración de los derechos fundamentales proviene de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y no de una actuación atribuible a esa
entidad. Asimismo, afirmó que la parte actora no acreditó la configuración de los
requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, en particular la relevancia constitucional y la existencia de alguno de los
defectos alegados, por lo que la acción pretende reabrir un debate ya resuelto por la
jurisdicción contencioso-administrativa. Por último, sostuvo que dentro del proceso de
reparación directa se respetaron las garantías del debido proceso y que no se evidenció
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.

4.4. El abogado Emmanuel Arias Franco 7 allegó los poderes conferidos por Sandra
Patricia Arias Caro, Luz Miryam Arias Caro y Luz Aley Benítez Flórez. Adicionalmente, en
cumplimiento del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 manifestó bajo la gravedad de

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Accionante: Miryam María Caro Ferraro y otros

juramento que sus representados no han presentado otra acción constitucional respecto
de los mismos hechos.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
Miryam María Caro Ferraro, Fabian Darío Arias Caro, Sandra Patricia Arias Caro, Martha
Liliana Arias Caro, Alexis David Arias Caro, Natalia Arias Caro, Astrid Elena Arias Caro,
Luz Miryam Arias Caro, Lina Mercedes Arias Caro, Jonathan Feber Arias Cano, Luz Aley
Benitez Flórez en nombre propio y en representación de su hijo menor Juan Diego Arias
Benítez son los titulares de los derechos fundamentales que afirman les fueron
vulnerados, en su condición de demandantes dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el radicado núm. 05001-33-33-030-2013-01214-01.

2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Segunda de Decisión fue la
autoridad que profirió la decisión que, según los tutelantes, vulneró sus derechos
fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

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Accionante: Miryam María Caro Ferraro y otros

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 8 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 9 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto10.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.

4.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la premisa
de que su objeto no es otro que la protección inmediata de los derechos
fundamentales.

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta
como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica que
la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 12, según las condiciones de

8
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 9
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
10
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 11
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 12
La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente
sentido:
“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad
no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este
plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.

De acuerdo
con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y
adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el término para interponer la acción de tutela
no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo
[e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna
forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un
elemento determinante para la realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser más exigente. Así, cuando el
objeto de la tutela es una providencia judicial precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito se abordara con
laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia constitucional”. 7

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Accionante: Miryam María Caro Ferraro y otros

tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose de acciones de tutela
contra providencias judiciales, la garantía de los principios que dirigen la administración
de justicia exige mayor rigurosidad 13, al punto que la Corte Constitucional ha definido la
razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6) meses14.

El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas
que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes
variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante una situación
excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en mención:

“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial
de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por
sus derechos, continúa y es actual (…)”15.

La jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito de inmediatez se supera
cuando “[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que generó la presunta vulneración”16. Respecto a este
punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el término razonable que define la
inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente”17.

13
Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos:
“la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis de
inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues ´la
firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´. En otras palabras, ser
laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las decisiones judiciales estaría
siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario
de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de [e]stos, con lo cual se
produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y
ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica´”. || Sobre este punto, ver también
las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre
otras.
14
Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han definido
como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este criterio a partir
de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que, explícitamente, “(…)
la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente”.
(Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también en las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo
anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo
deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las
sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de 2013 y T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá
ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue
presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían
resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría
considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”.
15
Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la Corte
Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de 2006; T-166
de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
16
Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
8

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04772-00
Accionante: Miryam María Caro Ferraro y otros

En este escenario, el examen de inmediatez en el trámite de tutela en contra de
providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el hecho
generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de la misma
seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales. La jurisprudencia
constitucional es diáfana al determinar que la afectación que surge de una providencia
ocurre cuando la parte lo conoce, lo que resulta identificable desde el trámite de
perfeccionarse su notificación y ejecutoria.

4.2. Subsidiariedad

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo 86
Superior como presupuesto general de procedencia de esta, al establecer que “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su
vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de
1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo
principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe acudir a los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten idóneos y eficaces para
su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta a la
que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta
los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y iii) que los ciudadanos
observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma
de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial18.
Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó los
siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por
no superar el requisito de subsidiariedad:

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).

Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para
“obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias
de la respectiva jurisdicción”19, los tutelantes no pueden pretender que el juez
constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el conflicto.

En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta improcedente
cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por negligencia,

17
Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de 2014.Resaltado
fuera del texto original.
18
Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.
9

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04772-00
Accionante: Miryam María Caro Ferraro y otros

descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente resuelto. En tal sentido,
desde los primeros pronunciamientos de la Corporación Constitucional, se ha indicado:

“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo
evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de
tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso,
tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues
esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce
para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional”20.

Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues la
acción de tutela no puede usarse como un mecanismo accesorio para reabrir términos de
caducidad vencidos, pues con esto se vulneraría la seguridad jurídica y desvirtuaría su
propósito. Quien alegue la vulneración de sus derechos fundamentales debe haber
agotado previamente los mecanismos de defensa previstos en la ley. Esto responde al
principio de subsidiariedad, que impide que la tutela se convierta en una instancia
adicional del proceso judicial o en un medio para corregir omisiones y errores de las
partes.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con los requisitos de
inmediatez ni de subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora sostuvo que el Tribunal
Administrativo de Antioquia-Sala de Segunda de decisión, al proferir la sentencia de 24 de
junio de 2025 incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al omitir el
análisis integral del acervo probatorio que, a su juicio, acreditaba la responsabilidad
extracontractual de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional por la muerte
de Juan Camilo Arias Caro. Señaló que la autoridad judicial desconoció las pruebas
relacionadas con la ausencia de un estudio de seguridad, la suspensión injustificada de
las medidas de protección y la posición de garante de las entidades demandadas, para
concluir que el daño obedeció exclusivamente al hecho de un tercero o de la propia
víctima, sin explicar por qué dichas fallas resultaban insuficientes para atribuir
responsabilidad al Estado.

Asimismo, alegó el desconocimiento del precedente, al considerar que la providencia se
apartó de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional sobre el deber de protección frente a amenazas conocidas, pues aplicó
indebidamente las eximentes de responsabilidad por el hecho exclusivo de la víctima y de
un tercero, sin verificar los presupuestos jurisprudenciales fijados en las sentencias de la
Sección Tercera del 15 de abril de 2010, 19 de junio de 2013, 27 de marzo de 2014, 18 de
mayo de 2017 y 20 de marzo de 2018, así como en la Sentencia T-288 de 2021 de la
Corte Constitucional.

20
sentencia SU-111 de 1997, reiterado, entre otras, en las sentencias T-1588 de 2000, T-983 de 2001, T-1217 de 2003,
T-1140 de 2005, T-1009 de 2006, T-373 de 2007, T-472 de 2008, T-175 de 2011 y T-882 de 2009.
10

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04772-00
Accionante: Miryam María Caro Ferraro y otros

5.2. Ahora bien, del análisis de las pruebas allegadas al trámite de tutela y en especial de
la revisión del expediente digital en el aplicativo Samai, es pertinente tener en cuenta que
la sentencia del 24 de junio de 2025 proferida en el trámite del proceso de reparación
directa se notificó a las partes mediante correo electrónico enviado el 26 de junio de
202521. De modo que dicha providencia quedó ejecutoriada el 4 de julio de 2025 y el
asunto fue devuelto al juzgado de origen el 7 de julio siguiente 22.

A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Segunda de Decisión cobró
ejecutoria el 4 de julio de 2025. Habida cuenta de ello, la Sala constató que la solicitud de
amparo fue radicada el 19 de junio de 2026 23, es decir, transcurridos once (11) meses y
quince (15) días posteriores a la ejecutoria de la aludida sentencia, lapso superior al
establecido por la jurisprudencia constitucional, motivo por el cual resulta forzoso concluir
que la tutela no superó el requisito de inmediatez.

5.3. Ahora bien, como se indicó, la jurisprudencia constitucional ha permitido flexibilizar
dicho lapso cuando en el caso concreto se presenten circunstancias fácticas o
situaciones excepcionales que justifiquen la inactividad del accionante para acudir ante el
juez de tutela. Algunas de aquellas situaciones son las siguientes: “(i) cuando exista un
motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados
con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la
vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual” 24.

5.4. En este punto se pone de presente que, la parte actora sostiene que el requisito de
inmediatez se encuentra satisfecho, pues la acción de tutela fue promovida dentro de un
término razonable contado desde la firmeza de la última providencia que puso fin al
proceso. Explica que, aunque la sentencia cuestionada fue notificada el 26 de junio de
2025, posteriormente interpuso recurso extraordinario de unificación, el cual fue
rechazado mediante auto notificado el 19 de diciembre de 2025 y ejecutoriado el 15 de
enero de 2026, por lo que el término de seis meses para acudir a la tutela debía
contabilizarse a partir de esta última fecha.

5.5. No obstante, aun si se aceptara el planteamiento de la parte actora según el cual el
término de inmediatez debe contabilizarse a partir de la ejecutoria del auto que rechazó el

21
Índice 00017 del expediente digital de reparación directa radicado 05001-33-33-030-2013-01214-01 en el aplicativo
SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
22
Índice 00018 del expediente digital de reparación directa radicado 05001-33-33-030-2013-01214-01, en el aplicativo
SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
23
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, con certificado 7C5249A7C02EDEA1 01E2FD48463E79EE
A7F7F7625243E1AD 44F4FA00CD2AE8F2.
24
Cfr. sentencias: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de 2006;
T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04772-00
Accionante: Miryam María Caro Ferraro y otros

recurso extraordinario de unificación, ello no conduce a tener por superado el requisito de
subsidiariedad.

En efecto, la Sala pone de presente que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 246
del CPACA, el recurso de súplica procede contra los autos dictados por el magistrado
ponente, así:

“3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios, los
rechace o declare desiertos”.

Por lo tanto, al revisar el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
adelantado por la parte actora bajo el radicado número 11001-03-26-000-2025-00119-00
(73414), se observa que el auto del 15 de diciembre de 2025 se notificó por estado el 19
de diciembre de 2025 y se devolvió al tribunal de origen el 21 de enero de 2026, sin que el
interesado hubiera impugnado la decisión.

5.6. En ese orden, la Sala considera que la parte accionante omitió agotar la totalidad de
los mecanismos judiciales de defensa que tenía a su alcance antes de acudir al juez
constitucional. En efecto, el recurso de súplica constituía un instrumento procesal idóneo
para cuestionar la legalidad y corrección del auto que rechazó el recurso extraordinario de
unificación y obtener un pronunciamiento del órgano colegiado sobre la procedencia de
dicho medio de impugnación. Por consiguiente, mientras ese mecanismo permaneciera
disponible, no podía entenderse satisfecho el requisito de subsidiariedad que gobierna la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Situación que impide al juzgador constitucional resolver de fondo el asunto, en la medida
que estaría invadiendo el ámbito de competencia del juez de la causa, y desconociendo el
escenario jurídico en el que se podían, en principio, discutir aquellas reclamaciones
iusfundamentales.

5.7. Conforme a lo señalado, la Sala advierte que la parte actora incumplió con el requisito
de subsidiariedad, pues disponía de un mecanismo judicial adecuado para la protección
de sus derechos fundamentales, consistente en el instrumento procesal de la corrección
de providencia. En este sentido, la cuestión planteada debía ser resuelta por el juez
natural del proceso, sin que corresponda al juez constitucional intervenir en dicho asunto.
Por lo tanto, la acción de tutela no puede ser utilizada como un medio sustitutivo de los
recursos ordinarios y extraordinarios, salvo que se demuestre su ineficacia o insuficiencia
para garantizar los derechos invocados, circunstancia que no se configura en este caso.

5.8. En consecuencia, la Subsección considera que la presente acción de tutela se torna
improcedente, pues aceptar lo contrario, implicaría reemplazar los mecanismos
ordinarios previstos por el legislador para la protección de los derechos, y suplir la
inactividad de la parte que no hizo uso de estos oportunamente. La solicitud de amparo
constitucional es de carácter supletorio y residual, lo que conlleva a que no sea utilizada
como un elemento alternativo de aquellos a los que el legislador ha determinado para
solución de conflictos, por cuanto estos mecanismos establecen las pautas conforme

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Accionante: Miryam María Caro Ferraro y otros

deben debatirse y darle solución a las controversias que se deriven de providencias
judiciales.

5.9. Por otro lado, la solicitud de amparo tampoco resulta procedente como mecanismo
transitorio de protección, ya que la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara la flexibilización de la regla de procedencia.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado, por no superar
los requisitos de inmediatez ni subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Miryam
María Caro Ferraro, Fabian Darío Arias Caro, Sandra Patricia Arias Caro, Martha Liliana
Arias Caro, Alexis David Arias Caro, Natalia Arias Caro, Astrid Elena Arias Caro, Luz
Miryam Arias Caro, Lina Mercedes Arias Caro, Jonathan Feber Arias Cano, Luz Aley
Benitez Flórez en nombre propio y en representación de su hijo menor Juan Diego Arias
Benítez en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Segunda de Decisión, por
no superar los requisitos de inmediatez ni subsidiariedad, conforme lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

SABF

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