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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04773-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04773-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04773-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04773-00
Accionante: ANA YOLANDA SALAZAR CONTRERAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional. Sanción moratoria.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por Ana Yolanda Salazar Contreras
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Ana Yolanda Salazar Contreras, a través de apoderado judicial, solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva en
conexidad con el principio pro homine, cuya vulneración le atribuyó a la providencia
de 4 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con número de radicación 54001-33-33-012-2024-00117-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
54001-33-33-012-2024-00117-00/01 contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Departamento
Norte de Santander solicitó la nulidad del acto ficto configurado el 25 de octubre de
2023, respecto a las peticiones formuladas ante la parte demandada el 24 de julio de
2023, tendiente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la
Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006 y, a título de restablecimiento del derecho,
que se condene a la demandada reconocer, liquidar y pagar la sanción moratoria

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04773-00
Accionante: Ana Yolanda Salazar Contreras

consagrada en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, en favor de la parte
demandante equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contado desde
los 70 días, a partir de cuándo quedó en firme el acto administrativo que reconoció y
ordenó liquidar el pago de cesantías parciales.

2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cúcuta, autoridad judicial que, mediante providencia de
28 de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Señaló que la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de providencia
de 4 de diciembre de 2025, confirmó la decisión supra.

2.4. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en un defecto fáctico y sustantivo.

2.5. Como fundamento del defecto fáctico señaló que “[…] resulta claro que el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander al desestimar la fecha consignada
en la constancia de solicitud de cesantías, omitió llevar a cabo un análisis probatorio
completo e imparcial, lo que conlleva un quebrantamiento grave y directo del
principio de la verdad material que rige el actuar judicial, desconociendo así que la
valoración probatoria debe regirse por criterios de racionalidad e imparcialidad; de
tal manera que, cada elemento del expediente sea apreciado en conjunto con los
demás y no de manera aislada o arbitraria en garantía del debido proceso. […]”.

2.6. Respecto al defecto sustantivo indicó que “[…] La interpretación de la norma
efectuada por el ad quem resulta abiertamente incompatible con su alcance y sentido.
En efecto, el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 y el artículo 2.4.4.2.3.2.22 de la Ley
1272 de 2018 establecen que el término de los 15 días hábiles inicia cuando el
peticionario radica la documentación completa a través del canal dispuesto para tal fin;
lo que significa que el conteo comienza en el momento exacto en que el docente carga
en el aplicativo Humano en Línea toda la información requerida para el trámite del
auxilio económico, y no cuando la administración decide validar y estudiar la
reclamación por tratarse de una etapa posterior a la radicación formal. […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER, en sentencia del 4 de diciembre de 2025 proferida dentro del
medio de control identificado con No. 54001-33-33-012-2024-00117-01,
transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO PRO HOMINE de la señora ANA YOLANDA SALAZAR
CONTRERAS, al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios
de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo
vigente aplicable al caso concreto.

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Accionante: Ana Yolanda Salazar Contreras

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un
análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el
esclarecimiento de la situación fáctica de la parte accionante y, (ii) aplicando en
debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el
procedimiento administrativo definido para la gestión de las solicitudes de
reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del
Fomag.[…]”. [Negrilla del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 25 de junio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio, al Departamento
de Norte de Santander, a la Fiduprevisora S.A. y al Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Cúcuta.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. La
Nación – Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela.

5.2. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander solicitó declarar
improcedente la acción de tutela al no cumplir con los requisitos generales y
específicos para su procedencia y en el evento en que decida estudiar de fondo el
asunto, se nieguen las pretensiones de la acción de tutela por no existir vulneración
de los derechos fundamentales invocados.

5.3. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta señaló que “[…] la
existencia de un defecto material o sustantivo, un defecto procedimental, ni
cualquier otra causal específica de procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Por el contrario, los cuestionamientos planteados
recaen sobre una decisión distinta y ajena al ámbito funcional de este Juzgado,
circunstancia que impide atribuir a esta autoridad judicial la presunta vulneración de
derechos fundamentales alegada en el escrito de tutela […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre

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Accionante: Ana Yolanda Salazar Contreras

de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y del Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto fáctico y sustantivo.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Accionante: Ana Yolanda Salazar Contreras

de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
8
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Accionante: Ana Yolanda Salazar Contreras

VI.4. El caso concreto

16. La señora Ana Yolanda Salazar Contreras, a través de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva
en conexidad con el principio pro homine, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 4 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicación 54001-33-33-012-2024-00117-00/01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04773-00
Accionante: Ana Yolanda Salazar Contreras

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

16
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha

16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

8

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Accionante: Ana Yolanda Salazar Contreras

reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la accionante alega que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
vulneró sus derechos fundamentales, por haber incurrido, presuntamente, en un
defecto fáctico y sustantivo.

25. Como fundamento del defecto fáctico señaló que “[…] resulta claro que el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander al desestimar la fecha consignada
en la constancia de solicitud de cesantías, omitió llevar a cabo un análisis probatorio
completo e imparcial, lo que conlleva un quebrantamiento grave y directo del
principio de la verdad material que rige el actuar judicial, desconociendo así que la
valoración probatoria debe regirse por criterios de racionalidad e imparcialidad; de
tal manera que, cada elemento del expediente sea apreciado en conjunto con los
demás y no de manera aislada o arbitraria en garantía del debido proceso. […]”.

26. Respecto al defecto sustantivo indicó que “[…] La interpretación de la norma
efectuada por el ad quem resulta abiertamente incompatible con su alcance y sentido.
En efecto, el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 y el artículo 2.4.4.2.3.2.22 de la Ley
1272 de 2018 establecen que el término de los 15 días hábiles inicia cuando el
peticionario radica la documentación completa a través del canal dispuesto para tal fin;
lo que significa que el conteo comienza en el momento exacto en que el docente carga
en el aplicativo Humano en Línea toda la información requerida para el trámite del

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04773-00
Accionante: Ana Yolanda Salazar Contreras

auxilio económico, y no cuando la administración decide validar y estudiar la
reclamación por tratarse de una etapa posterior a la radicación formal. […]”.

27. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.

28. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.

29. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal, confirmó la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

30. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en la providencia
cuestionada:

“[…] 2.6. Caso concreto

Una vez relacionadas y valoradas las pruebas obrantes en el expediente,
procede la Sala a realizar el estudio correspondiente con el fin de resolver el
problema jurídico planteado en esta instancia, circunscrito exclusivamente a
determinar si, respecto de la docente Ana Yolanda Salazar Contreras, se
configuró mora en el reconocimiento y pago de la cesantía parcial reconocida
mediante Resolución No. 02197 del 27 de abril de 2022, y si la administración
incumplió los términos previstos en la Ley 1071 de 2006 y en la sentencia de
unificación de 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado.

A partir del material probatorio y del expediente administrativo, se encuentra
acreditado que la solicitud de cesantía parcial quedó formalmente registrada el
25 de abril de 2022, bajo el número NORTE20220425RN5040342, fecha en la
cual la plataforma Humano en Línea generó el radicado, una vez fueron
cargados y validados todos los documentos exigidos por el FOMAG.
Posteriormente, mediante Resolución No. 02197 del 27 de abril de 2022, la
Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander reconoció la
cesantía parcial a favor de la docente, acto que fue notificado el 28 de abril de
2022, fecha en la que, además, la beneficiaria presentó renuncia a términos, lo
que produjo la ejecutoria inmediata del acto administrativo.

En aplicación de las reglas fijadas en la sentencia de unificación del 18 de julio
de 2018, el término para el pago oportuno de las cesantías asciende a cuarenta
y cinco (45) días hábiles contados desde la ejecutoria del acto administrativo.
Del estudio del expediente se advierte que el pago de la cesantía parcial se

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04773-00
Accionante: Ana Yolanda Salazar Contreras

efectuó el 24 de junio de 2022, esto es, dentro del plazo de 45 días hábiles
contados a partir del 28 de abril de 2022, por lo que no se superó el límite legal
previsto en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

Obra, además, certificación expedida por la Secretaría de Educación – Fondo
Prestacional en la que se indica que entre la radicación completa de la solicitud
(25 de abril de 2022) y la fecha del pago (24 de junio de 2022) transcurrieron 43
días hábiles, concluyendo que la prestación fue reconocida y cancelada dentro
de los términos legales, sin que se genere sanción moratoria. En consecuencia,
se encuentra demostrado que no se configuró mora imputable ni al Fomag ni a
la entidad territorial por concepto del pago de esta cesantía parcial.

Tampoco obra prueba de que se haya causado o pagado suma alguna por
concepto de sanción moratoria, de manera que no existe elemento que permita
tener por desvirtuada la conclusión del a quo en cuanto a la improcedencia de
dicha sanción en el caso concreto.

A efectos de dar claridad al asunto bajo estudio, la Sala analiza la situación
fáctica relevante, la cual se sintetiza en el siguiente cuadro:

Así las cosas, la Sala concluye que no se configuró mora en el pago de las
cesantías de la docente Ana Yolanda Salazar Contreras, y que el a quo valoró
adecuadamente las pruebas obrantes en el expediente y aplicó de manera
correcta la normativa pertinente y la sentencia de unificación del Consejo de
Estado. En consecuencia, la excepción de improcedencia de la sanción
moratoria se encuentra demostrada y la sentencia apelada debe confirmarse en
su integridad. […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04773-00
Accionante: Ana Yolanda Salazar Contreras

31. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

32. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”20.

33. Adicionalmente,esta Sección ha venido sosteniendo que en razón a que la
inconformidad planteada gira en torno a la falta de reconocimiento de la sanción
moratoria, este asunto no involucra la afectación de derechos fundamentales, sino
que tiene una naturaleza eminentemente económica.

34. Lo dicho previamente se fundamenta en que la Corte Constitucional, en sentencia
SU-573 de 201921, precisó que la sanción moratoria no constituye “[…] un derecho
fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional […]”. En esa oportunidad, dicha Corporación expuso lo siguiente:

“[…] 55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna
de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de
las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es
“auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo
en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría
procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración
del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la
finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador
que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos
solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter
netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela
[…]”. (Negrilla fuera del texto)

19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
20
Ibidem
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-573 de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04773-00
Accionante: Ana Yolanda Salazar Contreras

35. A partir de lo anterior, esta Sección22, al igual que las Secciones Tercera,
Cuarta y Quinta de esta Corporación23, ha venido reiterando, de manera pacífica,
que los conflictos en materia de tutela relacionados con el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria están asociados a controversias de índole meramente legal
y económica, por lo que no cumplen con el citado requisito general de procedencia.

36. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

22
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01425-01; de
5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01; de 7 de abril de 2022 expediente número 11001-
03-15-000-2022-01593-00.
23
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 17 de marzo de 2022 expediente número 11001-03-15-000-2022-01048-00;
de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01482-01; de 8 de julio de 2021 expediente número
11001-03-15-2021-02351-00; de 20 de mayo de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01836-00.

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